Uno de los hechos más característicos de las economías occidentales desde finales de los años ochenta es la caída continuada de la participación de los salarios sobre la renta, con el consiguiente aumento de las rentas empresariales. La economía española no ha permanecido ajena a este cambio distributivo. 

La literatura ha destacado factores explicativos de diversa índole para explicar esta trayectoria, como son el proceso de globalización de la economía mundial, el predominio de las finanzas y la extensión de su lógica de funcionamiento al conjunto de la economía (la llamada financiarización) o la desregulación del mercado de trabajo y la reducción de la protección social. Asimismo, es posible encontrar en los últimos tiempos un abundante conjunto de trabajos que destacan la importancia del cambio tecnológico a la hora de explicar la desigual evolución de los salarios y su caída en términos agregados, haciendo referencia, particularmente, a los efectos de la robotización y la digitalización. 

Todos estos condicionantes (y algunos más) afectan, en última instancia, a la capacidad de los trabajadores de negociar sus salarios. El llamado poder de negociación ha sido una variable presente en análisis de múltiples disciplinas de ciencias sociales, sin embargo, al tratarse de un concepto marcadamente abstracto y difícil de medir, raramente ha sido cuantificado. La medición cuantitativa de este tipo de variables tan vagas es importante para la investigación (y, por qué no, para el desarrollo de políticas públicas) porque da la posibilidad de realizar estudios estadísticos, con estimaciones y, llegado el caso, comparaciones internacionales. 

Esto mismo es lo que hemos llevado a cabo en un trabajo reciente, en el que elaboramos un índice de capacidad negociadora (Cárdenas y Herrero, 2018). Partiendo de las ideas de estudios anteriores, entendemos que, primero, existe una pugna constante entre asalariados y empresarios por la distribución de la renta, y, segundo, que el poder negociador de los asalariados viene condicionado por dos grandes conjuntos de variables: las características del sistema de relaciones laborales y la estructura y dinámica del mercado de trabajo. 

En concreto, el sistema de relaciones laboralescomprende los marcos de negociación colectiva y los pactos sociales para mejoras retributivas, que se concretan en: (i) el contenido de los acuerdos laborales y su nivel o alcance geográfico, (ii) la capacidad organizativa y reivindicativa de los asalariados. Por otra parte, las características del mercado de trabajoengloban la política laboral y los flujos de entrada y salida de ocupados, que condicionan el grado de subutilización del trabajo, así como el grado de parcialidad, temporalidad y rotación en el puesto de trabajo, esto es: (i) el efecto disciplinario del desempleo, (ii) las características de los puestos laborales ofertados y el peso relativo del empleo atípico, y (iii) el grado de protección social del empleo, la cobertura de la prestación por desempleo y otras prestaciones sociales. 

Decimos que estos elementos conforman el poder negociador porque afectan de manera decisiva a las posiciones de partida de trabajadores y empresarios en la negociación y, desde ahí, a la formación de los salarios. Dicho de otra forma, la fijación salarial y, con ello, la participación de las rentas del trabajo sobre la renta nacional no depende exclusivamente de la productividad y del juego entre oferta y demanda de trabajo en un proceso de libre mercado, también lo hacen del marco institucional. 

Todo esto recoge nuestro índice de capacidad negociadora (ICN), cuya composición mostramos en la tabla 1. Como se ve, el peso de las ocho variables que lo constituyen no es el mismo, ya que, lógicamente, no todas ellas afectan del mismo modo al poder negociador. Este peso viene dado por la relación estadística que cada variable guarda con la participación salarial (la metodología se encuentra disponible en el trabajo original). El período que cubren las variables es 1987-2015, el más amplio que permiten las estadísticas. 

Tabla 1. Índice de Capacidad Negociadora: composición y ponderaciones

Fuente: Elaboración propia (véase texto)

Es necesario resaltar que el ICN capta la dinámica (gráfico 1), por lo que lo importante es su evolución en el tiempo y no su valor bruto (que no tiene significado por sí mismo), ya que lo que pretendemos explicar es el movimiento de la participación salarial en la economía española y no su nivel. 

Gráfico 1. Evolución del índice de capacidad negociadora y la participación salarial (1987-2015) 

Fuente: elaboración propia con datos de Contabilidad Nacional y fuentes presentadas en la Tabla 1

Este componente dinámico explica que variables que han permanecido muy estables a lo largo del periodo, como la tasa de temporalidad o la afiliación sindical, tengan factores de ponderación tan bajos, a pesar de que tradicionalmente se les haya dado más importancia para dar cuenta de la evolución de los salarios. Finalmente, es de destacar el peso que juegan tres variables (el 68% del total): la conflictividad laboral (medida como la relación entre participantes en huelgas y la población activa), que es la variable de relaciones laborales con mayor importancia relativa (19%), la tasa de parcialidad (25%) y los costes del despido (23,7%).

Con estos datos procedemos a cuantificar la relevancia del comportamiento del ICN sobre la caída de la participación salarial a través de una estimación econométrica. Hemos calculado la elasticidad de la participación salarial en la renta ante cambios en el ICN (y comprobado que es estadísticamente significativa) y, con este coeficiente, conseguimos los siguientes resultados. 

• Si tomamos la diferencia entre 2015 y 1987, la cuota salarial ha descendido 4 puntos porcentuales y el ICN explica el 50% del retroceso de la participación salarial. 

Tabla 2. Contribución de la reducción del ICN a la evolución de la participación salarial

Nota: la caída neta excluye el efecto inercia. Las unidades son puntos porcentuales

• Si excluimos el elemento inercial, obtenemos la caída neta de la cuota laboral y, de esta, el porcentaje explicado por el comportamiento del ICN asciende hasta el 81%. Este es, sin duda, el resultado que deseábamos calcular, ya que nos permite observar el efecto de la capacidad negociadora sobre la distribución de la renta. 
• El casi 20% restante se debe a factores transitorios que no se corresponderían estrictamente con la capacidad de negociación, como es el proceso de desajuste entre el salario real y la productividad como consecuencia de cambios inesperados en esta última variable, así como el efecto composición ocurrido en 2008.
• Finalmente, a efectos de contrastar todas las posibilidades, estimamos la caída neta desde el valor máximo alcanzado por la cuota laboral respecto a su valor mínimo, en relación a la misma variación del ICN. En este caso, el porcentaje de la caída de la cuota salarial se reduce al 63%. 
• Si, por el contrario, tomamos la variación desde el valor más alto alcanzado por la cuota laboral (año 1993), la capacidad explicativa del índice asciende hasta el 93%.

Esto nos permite afirmar que la evolución del ICN explica las tres quintas partes del cambio distributivo. Incluso haciendo distintos supuestos su capacidad explicativa se mantiene elevada: entre el 50% y el 93% de la caída de la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional. 

Por lo tanto, la evolución del índice refleja que los profundos cambios acaecidos durante el periodo de estudio en el mercado de trabajo y el marco de relaciones laborales han debilitado la capacidad negociadora de los trabajadores. Especialmente relevantes son la expansión del empleo atípico, la menor protección frente a los despidos o el impulso de la moderación salarial en los acuerdos colectivos. La incidencia de estas variables acumulada durante años no pudo ser compensada por el nivel de conflicto laboral que, aunque elevado, sufrió una caída tendencial y fue comparativamente bajo durante la última crisis económica. 

Del mismo modo, es posible afirmar que la capacidad negociadora no solo es cuantificable, sino que es estadísticamente relevante a la hora de explicar la evolución de la participación salarial. A su vez, de este análisis se derivan algunas consecuencias de política económica. Durante las últimas tres décadas, los años de mayor crecimiento económico no han venido acompañados de incrementos sostenidos de los salarios reales, los cuales han retrocedido en algunos años y siempre han crecido por debajo de la productividad laboral. Varios análisis han diagnosticado la limitación que esto supone para el crecimiento potencial de la economía española, dada la capacidad de las rentas salariales de estimular el consumo y la inversión productiva. Un reforzamiento del poder negociador de los trabajadores no solo puede conducir hacia un aumento de la capacidad adquisitiva de muchas familias que lo necesitan, también hacia una senda de crecimiento equilibrado y a solventar la restricción distributiva a la que se enfrenta la economía en el largo plazo. 

Referencias

Cárdenas, L & Herrero, D. (2018). "Determinantes socio-institucionales de la distribución de la renta. El caso de España (1987-2015)," Working Papers del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), nº 1803, Universidad Complutense de Madrid  

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Luis Cárdenas del Rey, Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 

Daniel Herrero (@dani_herrerou), Universidad Complutense de Madrid (UCM)