El pasado 23 de octubre, la Comisión Europea tomó una decisión sin precedentes en las dos últimas décadas: rechazó los Presupuestos Generales de un Estado miembro, Italia, y le pidió reenviarlos en un plazo de veinte días. El motivo no era otro que, según arguye el gobierno comunitario, las cuentas del país no se ajustan a los objetivos de déficit impuestos desde los despachos de Bruselas. 

La discusión sobre los Presupuestos Generales también ha levantado ampollas en la política española en las últimas semanas. Tras el acuerdo entre PSOE y Podemos para el texto legislativo, la oposición de PP y Ciudadanos inició una batalla política contra las negociaciones en dos sentidos: asegurando, por un lado, que las cuentas se están consumando en fraude de ley –sin trámites parlamentarios– y con el apoyo de fuerzas anticonstitucionales; y apuntando a una suerte de desfase económico que imposibilita el cumplimiento de los objetivos comunitarios. Pablo Casado, líder del PP, llegó a viajar a la capital belga para hacer campaña por esta posición.

Estos son solo algunos de los ejemplos más recientes de cómo los compromisos económicos y de déficit –introducidos en 1997 y desarrollados varias veces después en varias normativas– se han convertido durante los últimos años en el marco que delimita la participación de España en los organismos internacionales. Y no solo en la UE: recientemente, el FMI pidió cautela ante la subida del salario mínimo recordando la necesidad de no abandonar las reformas estructurales y los ajustes. 

A su sombra, sin embargo, existen otros acuerdos y pactos internacionales, incluidos marcos legislativos de obligado cumplimiento, que parecen haber desaparecido de la agenda ante la avalancha mediática y política que envuelve al techo de gasto, el déficit o los presupuestos. Muchos se han abandonado o incumplido de forma sistemática. En el mejor de los casos, se han subordinado a lo que ocurra con los objetivos económicos dominantes. 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Uno de los ámbitos donde existen obligaciones vinculantes para España son los tratados y pactos internacionales que se han ido suscribiendo en las últimas décadas, como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según Paloma García Valera, responsable de incidencia política en Red Acoge, el hecho de que estos tratados sean vinculantes significa que nuestra legislación y, por extensión, las políticas públicas, deben cumplir y tener en cuenta su contenido: “Lo que ocurre es que, en la práctica, los poderes no aplican en muchas ocasiones esas obligaciones internacionales”. 

El último informe alternativo de la plataforma DESC España–a la que pertenece la organización de Paloma García–, presentado en marzo de este año, advertía de la constante desatención de España a las recomendaciones recibidas por parte de los distintos comités de la ONU que velan por la protección y el ejercicio de los derechos. 

Sin ir más lejos, el documento de la plataforma hace referencia expresa a la prioridad absoluta que se ha concedido al cumplimiento de los objetivos de déficit durante los últimos años: “El recorte presupuestario, el techo de gasto, la austeridad o la adopción de medidas políticas y legislativas han supuesto un grave retroceso en muchos de los derechos económicos, sociales y culturales, vulnerando lo recogido en los pactos y tratados”, asegura García Valera. 

Recientemente, España ha sido condenada por los comités de Naciones Unidas en temas como la vivienda, un extremo recogido en el propio examen que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas presentó tras recibir el informe de la plataforma DESC-España y en el que también mostraba su preocupación sobre las medidas regresivas de austeridad, la política fiscal desigual o la exclusión sanitaria.

Migración 

La migración y las políticas de asilo y protección a refugiados es otro de los ámbitos donde se ha desarrollado el incumplimiento sistemático tanto de tratados y legislación internacional como de acuerdos políticos a nivel comunitario. Durante los últimos años, asegura Paloma García, han sido varias las ocasiones en las que Naciones Unidas han expresado una postura contaría a determinadas prácticas en nuestro país, llegando a solicitar la eliminación de la disposición especial de la Ley Mordaza sobre actuaciones en la frontera de Ceuta y Melilla.

Gonzalo Fanjul, director del área de investigación de la fundación porCausa, advierte de la diferencia que existe entre el derecho de asilo y refugio, una norma vinculante que obliga a los países a considerar las necesidades de protección de los individuos cuando pisan su territorio, y los acuerdos políticos que envuelven la política europea cuando de desplazamiento de población se trata. 

Con la llamada crisis de refugiados de 2015 y 2016, la concentración de entradas a Europa a través de un número muy reducido de países llevó a la Comisión a proponer una solución conjunta en este último sentido: una cuota, configurada a través de un acuerdo político sin carácter obligatorio, para intentar solventar la situación. En septiembre de 2017, cuando caducaba el plazo para la reubicación, los Estados de la UE apenas habían acogido a 30.000 de los 160.000 refugiados acordados, y España se situaba en el vagón de cola en su porcentaje de cumplimiento. “Lo que ahí existe, en realidad, es un fracaso moral y político monumental”, señala Fanjul. 

En la frontera sur de España, apunta el investigador, la situación es diferente. Se trata de personas que sí que han llegado a España en primer lugar. Para racionalizar la gestión migratoria, la UE aprobó el Reglamento de Dublín –que fue modificado en varias ocasiones–, una norma de carácter vinculante que establecía que el país de entrada era el que tenía que hacer la consideración de asilo.

“Con las devoluciones en caliente, o con lo ocurrido hace pocos días, cuando se retornó a cerca de 50 personas, lo que se está haciendo es vulnerar el derecho internacional de protección”. Los mecanismos exprés, con los que se resuelve en menos de 24 horas la solicitud de grandes grupos de personas, son prácticas muy poco garantistas para el ejercicio del derecho, asegura. Las devoluciones en caliente –recogidas en la disposición de la Ley Mordaza que menciona Paloma García–, van aún más allá, ya que ofrecen “una interpretación completamente arbitraria de dónde empieza la frontera española”. 

Según apunta Fanjul, estás prácticas no solo no supone un problema para la UE, sino que en muchas ocasiones las ha adoptado como referencia: “España se inventa este modelo de externalización y securitización de la frontera en 2005 y después Europa lo importa y lo aplica al conjunto de la Unión”. En palabras del investigador, es el propio gobierno comunitario el que espolea acuerdos con terceros Estados y retornos no seguros. “Aquí el matiz más importante es que se está haciendo todo lo posible para evitar el ejercicio del derecho”. 

En este sentido, el caso italiano es claro ejemplo de la actitud europea ante esta situación: la llegada al poder en Italia de la ultraderechista Lega Nord ha supuesto un conflicto importante en términos presupuestarios, mientras que la brutal actitud de Matteo Salvini contra los migrantes ha recibido una respuesta mucho más tibia desde Bruselas. 

Ayuda Oficial al Desarrollo

“España se ha convertido en un actor marginal dentro de la Ayuda Oficial al Desarrollo”, comenta Jaime Atienza, responsable de deuda y financiación del desarrollo en Oxfam. Un hito, asegura, que no ha venido motivado –“pese a la creencia generalizada”– por los efectos de la crisis de 2008. La AOD –siglas con las que se conoce a este acuerdo internacional– ha seguido creciendo, aunque de forma lenta, en el conjunto de los donantes de los países desarrollados. O, en el peor de los casos, se ha estancado. España, sin embargo, ha reducido su ayuda desde el año 2010 en un 74%, “algo a lo que no ha llegado nadie más”.

Como consecuencia, la aportación del país a este fondo se sitúo durante 2017 en un insignificante 0,19% de la Renta Nacional Brutal, según datos de Eurostat. Un porcentaje muy alejado de los niveles comunitario –España en el puesto 14 de 28 de donantes europeos– y de la OCDE, y fuera de todo alcance si se tiene como referencia el compromiso no vinculante del 0,7% establecido por la ONU hace casi 40 años. 

Solo recientemente, en septiembre, todos los grupos de Senado acordaron pedir al gobierno un plan para alcanzar el 0,4% de la RNB en Ayuda al Desarrollo para 2020, algo que, según Jaime Atienza, de momento no está presente en las negociaciones de los nuevos Presupuestos que se están manejando en la Cortes. 

“Dada la tendencia de los últimos 8 años, parece muy complicado que España alcance el 0,4% de aportación en 2020”, asegura Atienza. Según datos recopilados por Oxfam, en el año 2015  no se ejecutó cerca del 28% de la ayuda planificada. Durante 2016, cuando la AOD creció casi 0,15 puntos porcentuales, se pusieron en práctica apaños presupuestarios para maquillar los datos, contabilizando como AOD los gastos de atención a los refugiados en el territorio español además de computar una operación de condonación de deuda histórica a Cuba. Según el informe Aid Watch 2017, publicado por la organización CONCORD, España es el país de la UE que más infla su presupuesto de Ayuda al Desarrollo. 

Pobreza

En 2010, la UE puso en marcha la Estrategia Europea 2020, una amalgama de objetivos de desarrollo e integración que debían implementarse y cumplirse durante la siguiente década. En el ámbito de la pobreza, el Consejo de Europa estableció un reto concreto: reducir en el conjunto de la Unión la tasa de pobreza o exclusión (AROPE) en unos 20 millones de personas, de los que entre 1,4 y 1,5 millones debían pertenecer a España. 

Según datos de Eurostat, en los 8 años que han transcurrido desde la aprobación de la agenda, España no solo no ha con seguido reducir sus tasas de pobreza y exclusión, sino que han aumentado. La tasa AROPE ha pasado del 26,1% durante el año 2010 al 26,6% en 2017. Esto supone que en el país haya 200.000 personas más en esta situación en comparación con el momento en el que se diseñó la estrategia. Si se usa como referencia 2008, el año de inicio de la crisis, el déficit es de casi 1,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión y el crecimiento de la tasa cercano al 17%.

“Las políticas para salir de la crisis se han basado básicamente en la reducción del gasto y en el desarrollo de un empleo sin ninguna función inclusiva”, comenta Juan Carlos Llano Ortiz, investigador social de EAPN y autor del reciente informe anual de la plataforma sobre el estado de la pobreza en España. 

En comparación con el resto de países de la Unión Europea, España tiene la peor quinta evolución en la tasa AROPE desde 2008, y en la actualidad somos el sexto país con el peor porcentaje. La tasa de pobreza, el componente más importante dentro de este indicador, nos sitúa como terceros en peores resultados. “De acuerdo, la crisis es europea y afectó al conjunto de la UE. Sin embargo, vemos que los resultados de pobreza y exclusión en los últimos años son muy distintos dependiendo del país, por lo que también habría que poner en cuestión las políticas que se han utilizado para superar la crisis”, comenta Llano Ortiz, que añade: “Para cumplir el acuerdo deberíamos reducir las tasas a una velocidad que no se ha visto nunca”.

Otros objetivos

Además de los compromisos relacionados con la reducción de la pobreza, la Estrategia Europea 2020 contiene otros objetivos en los que España tampoco anda con buen pie cuando apenas quedan dos años para que venzan. Entre otros, un nivel de empleo para el conjunto de la Unión del 75% –en España es del 66%–, un porcentaje de abandono escolar inferior al 10% –18,3% en nuestro país–, o un 20% del consumo energético total mediante fuentes renovables –17,3% en España–.

Algo similar ocurre con los Objetivos de Desarrollo Establecidos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Una evaluación reciente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas desprendía el mal avance de las zonas urbanas en objetivos como el empleo, la igualdad de género o la sostenibilidad. Como consecuencia, ninguna de las poblaciones ha conseguido alcanzar todavía el conjunto del los 17 objetivos de la Agenda de la organización.