Hace tiempo que ya no toca el río. Desde que lo represaron, cuenta, tiene un color verdoso, como de difunto. Rudy Estela Posada, campesina y cofundadora del movimiento Ríos Vivos Antioquia, suspira cuando le preguntan sobre los impactos que Hidroituango está provocando en los pueblos ubicados en el Cañón del río Cauca, en Colombia. “Perdimos nuestras casas, nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestro bosque seco tropical. La mayor pérdida que hemos tenido es nuestro arraigo al territorio”.

La conflictividad generada por este megaproyecto hidroeléctrico, que incluye la construcción de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilómetros de largo con capacidad para 20 millones de metros cúbicos de agua, dura ya varios años. Pero el conflicto está en una nueva fase desde que en la madrugada del pasado 28 de abril un derrumbe obstruyó uno de los túneles de desvío de la presa. Los torrentes provocados por la crecida del río como consecuencia de los taponamientos y vaciados de agua, se llevaron por delante puentes, casas, y los medios de vida de cientos de familias de la zona. 

Saltó entonces la primera alarma que poco después se convirtió en emergencia tras varios desprendimientos de tierra, la aparición de grietas en la montaña y filtraciones de agua en la presa. La situación estaba fuera de control. Las autoridades colombianas decretaron la alerta roja y más de 13.000 personas fueron evacuadas permanentemente de forma preventiva: la obra de mayor envergadura del país estaba en riesgo de colapso y se temía que pudiera provocar una avalancha de proporciones catastróficas.

La emergencia social y ambiental es de tal magnitud que en junio la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (ANLA) suspendió provisionalmente la construcción del megaproyecto –a excepción de las obras de contención de la emergencia–, a la espera de que un grupo de peritos expertos determine su viabilidad.

Mientras continúa la alerta roja de evacuación en varios municipios y la incertidumbre permanente para alrededor de 200.000 personas, la Contraloría General de la República ha señalado en un informe lo que las comunidades organizadas en torno a Ríos Vivos vienen denunciando desde hace diez años: que los estudios eran insuficientes e inadecuados, y que fueron realizados “más para cumplir un requisito en el licenciamiento ambiental que para el adecuado desarrollo del proyecto”. El informe recoge 35 irregularidades que ponen en tela de juicio tanto a EPM, la empresa a cargo del proyecto, como a la propia ANLA. Solo así se entiende que hayan pasado por alto 11 fallas geológicas, la cultura y la economía de más de 26.000 personas, y la memoria de entre 500 y 900 víctimas de desaparición forzada del conflicto armado cuyos cuerpos quedarán sin ser localizados bajo el agua.

En la zona de influencia del megaproyecto el 60% de la población es víctima del conflicto armado. A la violencia ocasionada por el conflicto colombiano se suma ahora la provocada por Hidroituango. Es más, para Ríos Vivos, existe una coincidencia histórica entre los hitos temporales de un proceso y otro, de manera que el megaproyecto se habría beneficiado de las masacres y desplazamientos provocados durante las últimas décadas en la zona. Porque entender el conflicto armado es comprender su vínculo con la disputa por el control de unos territorios que resultan estratégicos para los intereses del poder político-económico nacional y transnacional. Un problema estructural, el del acaparamiento del territorio para la profundización del modelo económico, que ha quedado fuera del proceso de paz y que explica en gran medida por qué los asesinatos de líderes sociales se han incrementado de forma alarmante tras la firma del acuerdo en 2016. Solo en los primeros ocho meses de este año han sido asesinados en Colombia 110 líderes sociales. Más del 5% de ellos defendían su territorio frente a los impactos de Hidroituango.

La huella de la marca España 

Cuando en abril de 2011 se constituyó el movimiento Ríos Vivos en Colombia, las comunidades afectadas por Hidroituango ya venían denunciando el señalamiento de líderes sociales opuestos al megaproyecto y la ausencia de información sobre los impactos que éste generaría. El conflicto era manifiesto. Pese a ello, tres meses después Ferrovial Agroman, la filial de construcción de Ferrovial, anunciaba la firma de un contrato por 55 millones de euros para la construcción de los túneles de desviación de la presa. 

Aunque debían estar finalizados para el año 2013, la empresa española acumuló retrasos y sobrecostes en las obras, de manera que el contrato pasó a manos del consorcio colombo-brasileño CCC. Según evidencia ahora el informe de la Contraloría, la modificación del diseño de los túneles que se realizó posteriormente no contaba con la licencia requerida al momento de iniciar las obras. Este dato es importante, porque es precisamente en los túneles de desvío donde se originó la crisis el pasado mes de abril. 

Pero la participación de Ferrovial en Hidroituango no es la única huella de la marca España. En diciembre de 2017 el BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, concedió una línea de crédito de mil millones de dólares a EPM para la construcción de la hidroeléctrica. De ellos, 650 millones provenían de un préstamo otorgado por varios bancos comerciales internacionales e inversores institucionales, entre los que se encuentran BBVA y Santander.

En ese momento los impactos sociales y ecológicos de este megaproyecto –que antes de la emergencia ya había provocado 10 desalojos forzosos y la pérdida de los medios de vida de más de 500 familias– eran más que evidentes. También eran conocidas las campañas de difamación, amenazas, seguimientos y asesinatos cometidos contra integrantes de Ríos Vivos, denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. Sin embargo, nada de esto parece suponer un impedimento para que BBVA siga incluyendo este megaproyecto en su sección sobre “financiación responsable de proyectos”, por un préstamo puente que el banco había concedido ya en el año 2012.

Este caso muestra, una vez más, que tras la rentabilidad de los negocios del IBEX35 se ocultan con frecuencia graves daños socioecológicos y violaciones de derechos humanos. Y no es un caso aislado. El informe “El IBEX 35, en guerra contra la vida” de Ecologistas en Acción recoge otros ejemplos en los que empresas españolas como Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), Acciona y Renovalia están involucradas. La lista es extensa porque el problema es sistémico.

En riesgo de colapso

El caso de Hidroituango encuentra similitudes con otros muchos de los 2.584 conflictos socioecológicos que el Atlas Global de Justicia Ambiental tiene registrados en todo el mundo. Megaproyectos hidroeléctricos, mineros, petroleros, agroindustriales o de infraestructura se imponen en aquellos territorios donde se encuentran los recursos naturales que resultan estratégicos para alimentar una economía global en permanente crecimiento. 

Los patrones de despojo comparten rasgos comunes: alianzas entre el poder político y económico, entre la oligarquía nacional y el capital transnacional, vínculos con fuerzas armadas estatales y no-estatales, y una concatenación de violencias sobre las comunidades locales, consideradas daños colaterales de los intereses económicos de una élite global. Solo se pueden permitir este privilegio quienes se saben protegidos por su poder económico, sus influencias políticas, su capacidad mediática y por marcos jurídicos conniventes con sus intereses. En otras palabras, quienes se saben impunes.

La semana pasada se celebró en Ginebra la cuarta sesión para negociar un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos que contribuya a poner freno a la impunidad de las grandes corporaciones. El proceso, centrado este año sobre la discusión del borrador cero –un documento que ha dejado fuera gran parte de las propuestas de la sociedad civil– sigue sufriendo la obstaculización de la Unión Europea.

Lo que está en juego no es poco. La posibilidad de contar con un marco normativo vinculante y –hay que precisar– adecuado, es crucial para que sea posible establecer responsabilidades civiles y penales a las grandes corporaciones cuando cometen violaciones a los derechos humanos, para disponer obligaciones sobre las instituciones financieras y económicas internacionales, o para que las normas sobre derechos humanos no estén subordinadas a los tratados de comercio e inversión, entre otras cosas. Se trata –haciendo una analogía con Hidroituango– de la necesidad de contar con un dique de contención para una emergencia socioecológica global que cada año se salda con el asesinato de más de 200 personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.

Pero, aquí también, aspirar a resolver el problema pasa necesariamente por atender a sus causas estructurales. Y la cuestión clave en este sentido es que nos encontramos en un momento histórico en el que debemos hacer frente a un escenario global que –como Hidroituango–, está en alerta roja por riesgo de colapso. El IPCC acaba de alertar en su último informe sobre la necesidad de limitar el incremento global de temperatura a 1,5ºC si queremos mantenernos dentro de un nivel de riesgo asumible en un contexto mundial marcado por el cambio climático. Al ritmo actual de emisiones nos quedan 12 años para llegar a este escenario. Apenas una década para emprender transformaciones estructurales en sectores como la agricultura, la industria, la construcción o el transporte, que lleven a una reducción de la demanda energética global. Los países de la Unión Europea, que tienen una responsabilidad histórica indiscutible, deberán reducir sus emisiones al menos un 55% hasta 2030, es decir, una disminución del 7% anual. 

El reto es mayúsculo y la conclusión, clara: acometer esta transformación sin precedentes es incompatible con la lógica de los grandes megaproyectos, con el modelo de acumulación de capital inherente al funcionamiento de las grandes corporaciones, y con la esencia misma de un sistema económico suicida en términos sociales y ecológicos. Ante un futuro próximo marcado por la inevitable reducción de la disponibilidad de energía y materiales, la sociedad civil organizada deberá tener un papel central si queremos aspirar a construir otros modelos socioeconómicos basados en criterios de justicia social y ambiental. Algo así como poner en marcha un desmantelamiento controlado del orden existente, para construir otros sostenibles y equitativos. Un desmantelamiento controlado, como el que demandan las comunidades organizadas del Cañón del Cauca para Hidroituango.

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Miriam García-Torres es miembro de Ecologistas en Acción.  Especializada en estudios socioambientales, ecología política feminista y derechos humanos.