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Colombia es un país con una mala fama totalmente inmerecida. Lo he repetido muchas veces después de vivir allí y comprobar que son muchos los que al hablar de ese singular y maravilloso país lo identifican de inmediato con la violencia, el terrorismo, la corrupción, la guerrilla y el narcotráfico. Todo eso era verdad, pero una verdad solo a medias. Porque Colombia es también un país con numerosas y buenas universidades, con una considerable clase media, con varias ciudades de gran tamaño y actividad, con una clase intelectual de reconocida entidad internacional, con buenos periódicos y emisoras de radio y televisión y con una excelente ciudadanía. Pero era también, sí, hasta hace unos días (y lo sigue siendo aún hoy, aunque en menor medida) un país en guerra desde hace más de 50 años.

La guerra colombiana tuvo su origen en los múltiples problemas e injusticias que originaba la propiedad y explotación de la tierra. El líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, defensor de los derechos de un pueblo nunca acostumbrado a sufrir la agresión de un oligarquía todopoderosa, e imposibilitado de poner en marcha movimientos o partidos políticos capaces de permitirle su acceso a los espacios de decisión política, fue asesinado en 1948. Este detonante provocó el nacimiento de la guerrillas campesinas, que en 1964 dieron origen a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) las cuales,  en el momento de la firma de la paz, contaban con 6.300 efectivos armados y más de 7.000 milicianos urbanos y rurales. 

La guerra colombiana tuvo su origen en los múltiples problemas e injusticias que originaba la propiedad y explotación de la tierra

La firma en Cartagena de Indias de los Acuerdos de Paz entre Timoleón Jiménez, alias  Timochenko, y el presidente Santos el pasado día 26 de septiembre pone fin a una guerra que ha causado más de 7 millones de víctimas, entre asesinados (267.000), desaparecidos y desplazados. La negociación de estos Acuerdos, que ha tenido lugar en La Habana, ha durado 4 años y ha contado desde el primer momento con el apoyo de Cuba y Noruega (países garantes del proceso), así como de Venezuela y Chile (países acompañantes de los diálogos). España, que jugó un importante papel en los Acuerdos de Chapultepec de 1992 que pusieron fin a la lucha armada en El Salvador y en los de Esquipulas de 1996, que concluyeron la guerra en Guatemala, no ha jugado en esta etapa final papel alguno en la paz lograda en Colombia. Sí lo jugó, y muy activo, en las malogradas negociaciones con las FARC en la época del presidente Pastrana, que lamentablemente terminaron en un fracaso.

Este hecho no es sino la consecuencia de una debilitación considerable de nuestra presencia en el continente latinoamericano, pese a las importantes inversiones españolas allí concentradas. Parecería que el único aspecto al que se le presta cierto interés es justamente el económico. Y es obvio que ello ha repercutido en una débil relación con los Gobiernos que podríamos denominar “heterodoxos”, es decir, que han buscado y siguen buscando una solución a los problemas de sus pueblos que se separe de la ortodoxia de Washington o del FMI, para entendernos.

España, que jugó un importante papel en los Acuerdos que pusieron fin a la lucha armada en El Salvador y a la guerra en Guatemala, no ha jugado en esta etapa final papel alguno en la paz lograda en Colombia

El caso de Colombia es distinto. El Gobierno actual es de corte conservador, pero en el tema de la negociación con las FARC ha adoptado una posición arriesgada y valiente que posiblemente no haya sido del agrado de la poderosa burguesía local, que sigue exigiendo castigo para la guerrilla, olvidando que ésta no es sino la secuela de una política de prepotencia y explotación que hizo imposible la oposición por otra vía que no fuera la violenta. Y en esas estamos. El expresidente Uribe se encarga de recordarles todos los días a los colombianos que sin sanción no hay arreglo posible. Y posiblemente haya incluso más recónditas explicaciones que hacen inteligible –pero no compartible-- esta posición.

El día 27 se creó una Comisión de Seguimiento e Implementación de los Acuerdos en La Habana, compuesta por el Gobierno, la insurgencia y los dos países garantes. El primer tema que deberán tratar es el de la fecha en que las FARC tendrán que empezar a entregar las armas, concentrarse en las “zonas veredales” y campamentos, y salir de los reductos que ocupan en la selva. La guerrilla tendrá 180 días para disolverse totalmente, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, una vez que haya sido aprobada por el Congreso colombiano, y del levantamiento de las órdenes de busca y captura de los guerrilleros, así como quizás también de su salida de las cárceles. 

La Agenda del Acuerdo consta de seis puntos: 1. Política de desarrollo agrícola; 2. Futura participación de la guerrilla en la política; 3. Garantías de seguridad; 4. Solución al problema de las drogas ilegales y el narcotráfico; 5. Implementación y verificación de los Acuerdos; y 6. Sistema integral de verdad, justicia y reparación.

El primer tema que deberá tratar la Comisión de Seguimiento es el de la fecha en que las FARC tendrán que empezar a entregar las armas

En un interesante análisis, la escritora Laura Restrepo destaca que aplaude el Acuerdo, pero que aún quedan varias cosas en el tintero, como que el ELN deponga las armas y que lo hagan también los paramilitares, los narcos, la delincuencia común y la de cuello blanco. Según Restrepo, no habrá paz sin justicia social y sin presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional. Habrá que depurar el Ejército, llevar a cabo una auténtica reforma agraria y también poner fin a la corrupción. Es decir, que los auténticos problemas empiezan ahora y nadie va a poder garantizar el cumplimiento de estos Acuerdos si no se produce una verdadera movilización ciudadana, porque “los protagonistas de la Historia son los pueblos”. 

Pero será preciso además evitar que los Estados Unidos quieran ejercer un control imperialista sobre la paz y poner un freno a las apetencias de las corporaciones y multinacionales (que están ya aireando megaproyectos de todo tipo en los sectores forestal, minero, hidroeléctrico y agrícola) así como al tradicional apetito de riqueza de la alta burguesía, poco proclive a realizar sacrificios que puedan afectar a sus bolsillos y que serán una necesidad ineludible.  En cuanto al primer punto, no debe olvidarse que EE.UU. esgrime actualmente una política intervencionista en América Latina, que es el principal financiador del Ejército colombiano y que cuenta con 7 bases cedidas por el Gobierno colombiano en su territorio (Acuerdo de 2.009 Obama-Uribe), incluyendo la base de Palanquero, en el Magdalena Medio (los EE.UU. tienen más de 30 bases en Latinoamérica, lo cual ha desatado ya en el pasado duros debates a nivel presidencial en el seno de la UNASUR).

Según Restrepo, no habrá paz sin justicia social y sin presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional

No es menos verdad que los Acuerdos reducirán los espacios del narcotráfico y del cultivo de la droga. Y también que permitirán mejorar la relaciones con Ecuador, donde residen más de 60.000 colombianos refugiados). Y que comportarán el poder disponer de un importante instrumento de desarrollo económico, porque la paz abrirá nuevas e importantes perspectivas a una sociedad deseosa de avanzar sin violencia y que aspira a hacer descender los altísimos niveles de desigualdad existentes y a abrir más espacios al diálogo y la comprensión.

Pero habrá que estar muy atentos, dentro y fuera, a la evolución de este importantísimo paso dado en Colombia en busca de una auténtica paz. El Acuerdo de Cartagena de Indias es de enorme importancia a niveles local, nacional e internacional porque es una lección de hasta dónde pueden llegar el diálogo y la firme voluntad política.  Pero habrá que ver ahora cómo cambian realmente las condiciones socioeconómicas que condujeron a la guerra y que han hecho posible que ésta perdure durante más de 50 años. 

El escritor William Ospina afirma que “una paz sin grandes cambios históricos, una paz que no siembre esperanzas, es un espejismo hecho para satisfacer la vanidad de unos políticos y la hegemonía de unos poderes, pero no para abrirle el horizonte a una humanidad acorralada por la necesidad y el sufrimiento. Un Acuerdo no garantiza la paz, es sólo el marco para construirla”. 

Esperemos que estas palabras no se vean refrendadas en el futuro por los hechos, que las esperanzas abiertas se vean confirmadas por hechos concretos y que lo que pudo, en efecto, ser solo un espejismo, se convierta en una ejemplar realidad para el mundo entero.

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José Luis Dicenta fue embajador de España en Colombia en 1990 y 1991