Casi 300 feministas de diversos ámbitos avalan un manifiesto donde se solicita la retirada de la demanda para la ilegalización del sindicato OTRAS interpuesta por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla. El juicio comienza el miércoles 14 de noviembre.

En los últimos tiempos el debate sobre el trabajo sexual ha saltado a la esfera pública en la estela de una emergencia feminista sin precedentes, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. No es la primera vez que el debate sobre la prostitución y el trabajo sexual se abre paso dentro del feminismo; pero sí la primera que lo hace con tanta intensidad y atención desde fuera de los círculos propios de los debates feministas y bajo una pretendida unanimidad.

Con el presente manifiesto, las personas abajo firmantes reivindicamos la enorme diversidad de posiciones y de sensibilidades respecto a este debate. Y pedimos que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector –en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico, etc...–. No sin al menos abrir un espacio de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones.

Nuestra petición se basa en las siguientes premisas:

1. El feminismo como tal no tiene una postura unánime; está recorrido por múltiples posiciones y perspectivas que a lo largo de su historia han dado lugar a numerosas corrientes, infinitamente más complejas, ricas e interesantes que un estar a favor o en contra del trabajo sexual.

2. Es un error de partida equiparar la trata de personas con fines de explotación sexual no sólo con la prostitución decidida sino con toda la diversidad de trabajos sexuales que hoy en día se ejercen legalmente en este sector. Entendemos que esta confusión es un grave problema en sí misma que perjudica la lucha contra la trata y especialmente a las víctimas de explotación sexual. Contra la trata con fines de explotación sexual no nos cansamos de exigir (y aquí sí somos unánimes): medidas efectivas, una provisión suficiente de recursos humanos y materiales y la formación de los cuerpos y órganos encargados de llevarlas a cabo.

3. Creemos que no puede impedirse en ningún caso la organización libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. Lo que está en juego es el día a día de muchas personas que encuentran en el trabajo sexual su medio de vida sin la cobertura ni protección mínima de derechos.

4. Desde que la humanidad tiene memoria, se ha pretendido hurtar a las mujeres el derecho a expresarnos con nuestra propia voz. En la mayoría de las ocasiones, el debate sobre el trabajo sexual se produce sin dar voz a las mujeres más directamente implicadas. Es imprescindible que las trabajadoras sexuales tengan voz en este debate, y se les reconozca capacidad de agencia sobre sus decisiones vitales (reconociendo la pluralidad de experiencias y opiniones de quienes se dedican a esta actividad y dentro de los límites que impone la necesidad de trabajar y las escasas opciones disponibles para muchas). Creemos además, que la clandestinidad sólo favorece el estigma y la explotación.

5. Entender que la sindicación de quien realiza trabajos sexuales favorece al proxenetismo es obviar un principio básico del derecho sindical, esto es, que la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras sirve para limitar el poder de la patronal y especialmente a quien pretende aprovecharse y explotar a otros económicamente. La existencia puntual de sindicatos amarillos, de falsos sindicatos, no es un argumento para impedir el derecho a la libertad sindical. Al contrario, la mejor defensa contra ese fenómeno es la proliferación de organizaciones sindicales en todos los sectores laborales. 

6. La realidad de la actividad económica que genera el trabajo sexual (bajo múltiples modalidades) y su legalidad se encuentran actualmente avaladas por nuestro ordenamiento jurídico, como se refleja en múltiples sentencias tanto nacionales como europeas (véase la STJCE de 20 de noviembre del 2001). Por tanto, privar del derecho fundamental a constituir sindicatos y afiliarse a ellos a las personas que prestan servicios en esta actividad –también servicios telefónicos o vía web, actores y actrices, etc...– supone un ataque frontal a un derecho democrático básico de nuestro sistema constitucional, que no debe estar sometido a la intervención previa de la administración en ningún caso. Un derecho consolidado tras siglos de lucha a escala global y consagrado en el derecho internacional. La ilegalización de OTRAS puede sentar un mal precedente que puede utilizarse contra cualquier iniciativa de autoorganización sindical. Estamos seguras de que las personas que han demandado al sindicato OTRAS no tienen intención de beneficiar a la patronal de la prostitución, pero tampoco a la gran patronal y a quienes desde las instituciones o la política abogan por el recorte de derechos y libertades en todos los ámbitos. Unos y otros son los mayores interesados en poner trabas al funcionamiento de los sindicatos.

Por todo lo anterior, pedimos a todas las administraciones públicas, los medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones sindicales que reconozcan la diversidad diversidad de argumentos y sensibilidades de este debate dentro del feminismo. Las personas y colectivos abajo firmantes tenemos posiciones y enfoques muy diversos (jurídicos, sindicales, filosóficos, sociales, políticos, etc.) respecto al trabajo sexual, pero con este manifiesto nos unimos para defender el derecho de todas las mujeres a sindicarse libremente para la defensa de sus intereses.

Pedimos en concreto a la organización COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A MUJERES y la PLATAFORMA 8 DE MARZO DE SEVILLA que retiren su demanda para la ilegalización del sindicato OTRAS. Nos entristece y creemos impropio que desde el movimiento feminista haya organizaciones que emprendan acciones legales contra otras mujeres, recurriendo sus decisiones ante órganos jurisdiccionales solicitando medidas contra su legítimo derecho a la libre sindicación. No nos parece una herramienta política justificada recurrir a una justicia que desde el feminismo con tanto esfuerzo se lucha por cambiar porque se ha demostrado que no protege adecuadamente los derechos de las mujeres. No dejemos que decidan por todas.

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Entre las firmas se encuentran activistas feministas como Mireia Bofill, Begoña Zabala, Justa Montero, Amaia Pérez Orozco y Yayo Herrero; abogadas como Begoña Lalana; cargos públicos como la Concejala de Feminismos de Barcelona, Laura Pérez; escritoras y periodistas como Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta y Coral Herrera; profesoras y docentes como Raquel Osborne, Dolores Juliano, Mª Jesús Izquierdo e Itziar Ruíz Jiménez y directoras de cine y artistas como Isabel Coixet y Maria Galindo. Aquí el listado completo de firmantes.