La política de austeridad y ajustes aplicada en la Unión Europea ha ocasionado un incremento de las desigualdades entre las personas, claro, en favor de los que tienen más. También ha producido ese incremento entre los países. Y dentro de estos entre sus diferentes territorios, siempre en la misma dirección. Italia es el ejemplo máximo de esto, donde el norte rico se ha enriquecido aún más y el sur pobre se ha empobrecido. 

España es otro ejemplo de esto último, aunque menos acentuado. Hablemos de Andalucía. Es sobradamente conocido que se trata de la comunidad más extensa de España, la que cuenta con más población y figura entre las que tienen un nivel de riqueza más bajo. Lo que posiblemente no se ha hecho notar es que las maldades que ha traído el austericidio le han afectado de igual forma que a otros países, esto es, que han aumentado las desigualdades entre sus ciudadanos con menos recursos y los que más tienen, pero al mismo tiempo, su desigualdad económica y social con el conjunto de España también se ha acentuado. Sería ingenuo pensar que lo que ocurre fuera no va a suceder aquí, aplicando las mismas recetas de ajuste y austeridad.

Comparemos. En 2008 la renta por habitante era ya claramente más baja en Andalucía que la media en España: 18.600 euros frente a 24.300 en el conjunto del país. Esa diferencia se ha acentuado. En Andalucía, 10 años después, la renta per cápita ha disminuido ligeramente, mientras que en España ha aumentado, muy poco, el 3 por ciento, teniendo en cuenta que el dinero vale ahora un 11 por ciento menos, pero se ha distanciado de su comunidad más grande. La consecuencia es que la renta andaluza por persona equivale ahora al 74 por ciento de la española; antes de la crisis alcanzaba el 77 por ciento. 

El paro está lejos de solucionarse. En España hay ahora un 52 por ciento más desempleados que al comienzo de 2008. Son 1.350.000 personas más que entonces. En Andalucía el paro es un 60 por ciento mayor que hace 10 años, 340.000 personas más, lo que sitúa a esta comunidad con un 23 por ciento de la población desempleada, frente al 15 por ciento de 2008 y frente al 15 por ciento de paro en España en la actualidad. Ni que decir tiene que son las mujeres las que padecen un mayor porcentaje de paro: en Andalucía suponen el 27 por ciento. Y aquí de nuevo, las diferencias con el conjunto del Estado se han acentuado.  Son datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Eurostat, la oficina de estadísticas europeas ofrece también un dato muy revelador: sólo el 55 por ciento de los jóvenes, hasta 34 años, que ya no estudian tienen empleo en Andalucía. Eso quiere decir que la tasa de los que ni estudian ni trabajan entre la población joven supone el 45 por ciento. Son más, claro está, que en 2008. En España ese porcentaje de “juventud sin futuro” ha aumentado incluso más, pero era más bajo al comenzar la crisis y lo sigue siendo. Ahora supone el 36 por ciento de los jóvenes.

Pero no es este el único desastre que ha aumentado más en Andalucía que en toda España. Los sueldos ya eran más bajos que en la media del Estado, pero ahora esa diferencia se ha agrandado. Los salarios reales, descontando la inflación y dando al euro la misma capacidad de compra ahora que antes, son en España un 4,6 por ciento más bajos que en 2011, cuando la reforma laboral del PP entró en juego. En Andalucía, ya con salarios claramente menores que la media española, han disminuido aún más, el 7,4 por ciento. Claro está, esto no le ha ocurrido a los beneficios empresariales que en ese  periodo aumentaron en Andalucía un 6 por ciento. Para algo tenía que servir la reforma laboral. 

Ambas cosas, paro y bajadas salariales, explican que el riesgo de pobreza y exclusión social también haya aumentado más en Andalucía desde 2008, cuando la diferencia ya era notable. En España el 26,6 por ciento de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, según los criterios de la Unión Europea, con un incremento de casi el 3 por ciento en esos 10 años. En Andalucía afecta al 37 por ciento de la población, con un aumento de casi el 6 por ciento. 

Esto último ayuda a explicar a su vez cómo en una comunidad mayoritariamente cálida y luminosa, la pobreza energética sea mayor que en el conjunto de España.  El 12 por ciento de los hogares andaluces tiene dificultades para mantener la casa a la temperatura adecuada, lo que alcanza a casi un millón de personas, frente al 10 por ciento de la población española. Además un 10 por ciento de los hogares de Andalucía paga con retrasos sus recibos de electricidad o gas, frente al 7 por ciento en todo el país. Más duro es que 220.000 personas carezcan de suministro energético directamente. Los datos son de un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales en colaboración con La Caixa. 

Tampoco es ajeno a este empeoramiento generalizado de las condiciones de vida el elevado número de desahucios. De acuerdo con el INE, entre el final de 2016 y lo que llevamos de 2018, el número de viviendas sobre las que ha recaído una ejecución hipotecaria, por no pagar el préstamo, representa el 25 por ciento de todas las realizadas en España. Un porcentaje muy alto sobre el conjunto, ya que la población andaluza supone el 18 por ciento de la española.

La sanidad no se ha librado de los ajustes aplicados por Rajoy, pero en Andalucía han golpeado más. Se ha reducido el número de médicos del sector público: de 322 por cada 100.000 habitantes en 2008, se bajó a 305 en 2016. En España en cambio aumentaron algo y llegan a 382. El número de camas hospitalarias también descendió, pero más en Andalucía y llega a ser la que tiene menos plazas hospitalarias por habitante. 

Andalucía ha sufrido, y viene sufriendo todavía, los recortes y ajustes que impuso el austericidio de la Unión Europea y que aplicó en nuestro país el PP con Mariano Rajoy a la cabeza. Y los ha sufrido más aún que otras zonas de España porque es una comunidad más vulnerable, por su baja renta y su menor desarrollo productivo. De hecho, teniendo el 18 por ciento de la población española, su actividad económica, su PIB, representa únicamente el 13 por ciento del país. 

Todo esto no explica obviamente lo ocurrido en las elecciones autonómicas, pero ayuda a comprender qué suelo pisamos y reconocer los socavones producidos estos años. Es posible que gran parte del voto recibido por el partido de extrema derecha, Vox, o por Ciudadanos venga del rechazo al independentismo catalán o en algunos sitios a la xenofobia. Pero también es muy posible que la elevadísima abstención pueda deberse al desapego de un sector de la población que piensa que contra el austericidio no hay nada que hacer.

Recientemente he escuchado decir a Susana Díaz en una entrevista en la Cadena SER, tras las elecciones: “Ahora viene la parte de la política”. Ella se refería a la capacidad o habilidad de cada partido para negociar cómo se forma el Gobierno en Andalucía. Es algo muy distinto de lo que yo entiendo por política y de lo que principalmente puede vincular a los ciudadanos con ella. Se trata de tomar decisiones que afecten a la vida de la gente y cubran sus necesidades. Política es hacerlo además con decisión y pensando en los ciudadanos más que en el qué dirán: mercados, medios de comunicación y opinadores múltiples. Por ejemplo, el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. Está ya detallado, suma medidas para reparar los destrozos causados por la crisis, los ajustes y la pérdida de derechos sociales, como las descritas ahora sobre Andalucía. Era una cura de urgencia. Y por definición la urgencia no se puede demorar. O se actúa o habrá que lamentarlo, como ya dije cuando se presentaron esas medidas. Hay otras comunidades, las de menor renta, con situación parecida a la andaluza. Cuando se gobierna, el argumento de “no me dejan” es la forma más directa de invalidarse para ejercer el poder y facilitar que llegue gente como los ultraderechistas de Vox.