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Teresa Ribera (Madrid, 1969) aparece resuelta y sonriente en el antedespacho del Ministerio de Transición Ecológica. La experta en cambio climático ha pasado nueve meses como ministra de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, y se muestra convencida de que el 28 de abril los votantes y las alianzas posteriores le permitirán continuar la ingente tarea, apenas esbozada, de pactar un Green New Deal a la española. Ribera es consciente de las limitaciones económicas y humanas que tiene su departamento, y de las dificultades de llegar a acuerdos con los tiburones del sector eléctrico, aunque subraya que la conciencia ecológica de los jóvenes y los líderes políticos ha evolucionado mucho en los últimos ocho años, desde que dejó la secretaría de Estado con Zapatero.

El periodo de Gobierno ha sido muy corto. Indudablemente el tema energético se ha colocado en la agenda con más fuerza y se han llevado adelante acciones. ¿Qué balance hace?

Creo que hemos iniciado el camino con fuerza y una buena orientación. Afrontar la transición energética requiere tener visión de conjunto. Es preciso tener claro a dónde se quiere llegar. Y es preciso hacerlo de forma adecuada para consolidar la confianza en la capacidad de cambio. Cometer errores puede llevar a frenar el proceso. Hay muchos temas diversos en torno a la transición energética. Hemos avanzado enormemente pero nos queda trabajo, por ejemplo, en torno a la fiscalidad sobre la energía, un asunto enormemente complejo. Las instituciones beneficiarias de la recaudación no son siempre las mismas y esto hace que el establecimiento de políticas fiscales requiera un análisis fino y una negociación nada sencilla. Nos preocupa también todo lo relativo al almacenamiento y la adecuación y modernización de las redes de transporte, distribución y conexión. 

Ha sorprendido sin embargo cierta marcha atrás en el compromiso de cierre de nucleares ¿Cómo lo están planteando? 

No ha habido marcha atrás. La política en el sector nuclear ha estado tan abandonada como en el del carbón. No existía un plan de residuos que permita organizar un desmantelamiento seguro. Es preciso avanzar de una forma segura, tanto en el ámbito del suministro como en el financiero en varios planos: descarbonización, cierre de nucleares, despliegue de renovables. En diez años podríamos conseguir una disminución del 37% de las emisiones. Nos parece un logro importante. 

Tampoco ha habido avances en la fijación del precio de la energía, una cuestión central para poder conseguir una transición ecológica, y crucial para encarar las preocupantes cifras de pobreza energética. ¿Qué ha pasado y qué se plantea hacer el Gobierno? 

En estos meses hemos realizado un importante trabajo interno de análisis y preparación pero no ha dado tiempo a transformarlo en política pública, aunque está esbozada. Nos preocupa cómo hacer funcionar la fijación del precio. Tenemos el objetivo claro de desarrollar el autoconsumo, activar las subastas por tecnologías y dar paso a un crecimiento renovable que se notará rápidamente. Al mismo tiempo, la Estrategia de Pobreza Energética nos ayudará a identificar causas y articular coberturas  para atacar este problema, con objetivos claros de reducción.  El reto es realizar intervenciones que sean compatibles con el marco comunitario 

Una transición energética que aborde los retos actuales en términos de descarbonización y de declive de los fósiles afecta a todas las áreas de Gobierno. En el pasado, hubo importantes incoherencias entre políticas públicas. ¿Hay  en este equipo convicción para sacar este reto adelante? 

Sin duda. Todo el equipo de Gobierno está alineado con los objetivos. Cuando en las reuniones planteo los retos y los plazos en los que hay que hacerlos, somos conscientes de la dificultad y complejidad de lo que tenemos por delante, pero también la necesidad.

¿Tiene su propio ministerio, en el que ya estuvo hace ocho años, recursos suficientes para cumplir una agenda tan ambiciosa?

 

No, no está dimensionado para esa agenda, debe crecer en recursos humanos y económicos. Falta mucho por hacer. La expectativa de los jóvenes es muy grande pero no la puedes gestionar de manera inmediata. Requiere cambios muy profundos, y hace falta tiempo. La gobernanza es clave y estamos trabajando en el fortalecimiento de los funcionarios y en la dotación de medios para poder llevarla a cabo. Hemos recopilado  y ordenado el material e información disponible y comprobado que hay margen para hacer las cosas mejor. Creo que en el trabajo interno se ha avanzado mucho.

¿Y los otros ministros le siguen? 

Respecto a hace ocho años, hoy el debate es más maduro y somos más conscientes de sus implicaciones. El presidente sabe que es prioritario. La ministra de Educación, la de Hacienda, el de Fomento… todos están concienciados. Creo que eso es muy positivo. 

¿No han quedado fuera de la agenda muchas otras cuestiones importantísimas para la transición ecológica, como por ejemplo el agua? 

El problema del agua en este país es acuciante y todas las previsiones y escenarios que nos ofrece la comunidad científica indican que se va a ir agravando. Y las políticas llevadas a cabo en los últimos años abocan a una situación de desabastecimiento. La UE nos advierte de incumplimientos en la obligada depuración y los propios tribunales impelen a abordar unas políticas completamente diferentes. Ha sido otro tema dejado de lado. El eslogan “Agua Para Todos” se convirtió una especie de mantra que nadie se atrevía a desobedecer. Igual que con respecto a la energía, necesitamos un planteamiento con visión de conjunto y de medio plazo. 

¿Y con el tema del regadío?

En el asunto de los regadíos nos encontramos con situaciones de diferente tipo. La más importante es la necesidad de terminar con las extracciones ilegales. Además, es preciso empezar a pensar en el medio y largo plazo, analizando qué implicaciones tiene el cambio climático en la disponibilidad de la reserva hídrica. Esto nos obliga a abordar la política hidrológica desde una perspectiva diferente, impulsando la desalación o la reutilización. 

Otro asunto del que se ha hablado poco en este período ha sido el de la biodiversidad. ¿Cómo se plantea si vuelven a gobernar? 

Estoy particularmente obsesionada con romper la falsa y estereotipada oposición entre “urbanitas” y habitantes del medio rural.  Lo que tiene que ver con la ordenación del territorio, los desequilibrios demográficos, la gestión de los parques o la biodiversidad estaba, hasta ahora,  muy desconectado entre sí y, sin embargo, debe ser gestionado con una mirada integral. Faltaba una visión de conjunto, que es la que estamos diseñando. De hecho, estimo que la Subdirección de Biodiversidad está infradimensionada y hemos de fortalecerla para realizar esas políticas transversales.

Con todo, estamos satisfechos de algunos de los logros alcanzados, especialmente en torno a la biodiversidad marina y, sobre todo, con la ampliación del Parque Nacional de Cabrera y la aprobación del Corredor Migratorio de Cetáceos en el Mediterráneo. A esto hay que sumar el fortalecimiento de la lucha contra las especies exóticas invasora o la gestión del Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

¿Qué ha hecho y qué hará el Gobierno socialista, si sigue gobernando, respecto al asunto Castor?
 

Se trata de una infraestructura sin recorrido y, por ello, hemos de emprender el desmantelamiento seguro del almacén y aclarar la compleja situación jurídica. La primera medida es asegurar el taponamiento definitivo de los pozos y, luego, desmantelar la plataforma. 

¿Y quién pagará la deuda? Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el almacén y que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a devolver en 30 años, con cargo a la factura… 

El asunto está judicializado y es de enorme complejidad. Tras las sentencias, es importante evaluar los distintos escenarios con los grupos parlamentarios para poder encajar la mejor solución posible en el marco de una nueva ley.   

¿Se arrepiente de haber dado luz verde a aquel decreto?
 

La propuesta de Declaración  de Impacto Ambiental del proyecto llegó avalada por todo tipo de organismos e instituciones, e incluía sistemas de alerta durante las operaciones que funcionaron. Sería frívolo pensar que una secretaria de Estado puede sustituir el criterio de tantos técnicos e instituciones sobre una declaración que, por otro lado, no fue recurrida por nadie, cuando lo habitual, sobre todo en casos complejos, es que se recurra. 

Pero es que, en este caso, el inversor, Florentino Pérez, no arriesgaba nada. Si salía mal, cobraba igual.

 

Este asunto pone sobre la mesa un debate muy necesario: qué riesgos estamos dispuestos a asumir y cómo se fijan los límites a las garantías del Estado sobre este tipo de proyectos.

¿Sabe ya cuál será el coste final del proyecto para las arcas públicas?
 

Sabremos el coste una vez tengamos clara la dimensión de esta operación y sus requerimientos técnicos. 

El Castor tiene elementos comunes con lo que se deriva de los tratados del libre comercio ¿no? La soberanía nacional cede ante las presiones empresariales… 

Efectivamente. Los tratados, como el CETA, presentan importantes problemas. No solo por el asunto de los tribunales de arbitraje, sino porque están pensados para garantizar el statu quo de hoy, no el de la transición que necesitamos. Que los grandes flujos comerciales sean ventajosos para los grandes operadores no significa que se produzca un reparto mejor y equitativo de ese beneficio. 

Ahora que va a ser diputada, díganos. ¿Está usted en la línea Ábalos de pactar con Ciudadanos, o prefiere un pacto con Unidas Podemos y los nacionalistas? 

¡Yo estoy en la línea de sumar 176! Mi prioridad es facilitar el avance de la agenda de transición ecológica con la mayor participación y respaldo posibles, de acuerdo con lo que marque el secretario general de mi partido, candidato a la presidencia del Gobierno. 

¿Y se ha sentido más cómoda estos meses hablando de cambio climático con Podemos o con C’s?
 

Como en el resto de la sociedad, hay gente en los partidos que tiene sensibilidad para la transición ecológica, y otros que no. He tenido acuerdos y desacuerdos con todas las fuerzas parlamentarias, desde Cs a Podemos.

¿Y diría que en el Parlamento hay una mayoría que entiende la necesidad de emprender la transición ecológica? 

En estos nueve meses he llevado tres decretos al Congreso y no me los han aprobado como a Pedro Duque, con el 100% de los votos, pero casi. Creo que hay una enorme mayoría sensible al cambio climático y una minoría dispuesta a movilizarse y a comprometerse con las medidas que hace falta tomar. 

¿Está asumida la necesidad de la transición a nivel social? 

Tenemos que hacer un importante trabajo educativo. Hay una mayoría que entiende el titular y una minoría que comprende el calado de lo que implica.