A principios de los noventa, desde el movimiento ecologista empezamos a denunciar las construcciones en cauces y otras zonas inundables, tanto por el daño ambiental que generaban (numerosos vertidos contaminantes, destrucción del bosque de ribera, que tan útil es para paliar los efectos de las avenidas, etc.), como por el riesgo que suponían para la seguridad de las personas.

Desde algunas administraciones nos tachaban de alarmistas y de “ir contra el progreso”. En 1996 tuvo lugar la tragedia del camping de Biescas (Huesca), en la que murieron 87 personas a causa de una avenida de agua. A partir de ese momento, decidimos hacer un esfuerzo para poder estimar cuántas construcciones de todo tipo existían en nuestro país en los cauces y zonas de influencia de éstos. De esta manera, cuando se cumplió un año de la tragedia, en agosto de 1997, hicimos público los resultados de nuestra búsqueda: más de 25.000 construcciones situadas en los cauces y zonas de alto riesgo de inundación, en su mayoría viviendas, aunque también había campings, polideportivos, residencias, colegios, bares, etc. La entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, nos tachó de alarmistas, dijo que estábamos asustando a los turistas, y que sus expertos le habían asegurado que sucesos como los de Biescas tardarían tres mil años en repetirse. Sin embargo, tan sólo tres meses después tuvo lugar la tragedia del barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, donde una avenida de agua mató a 25 personas.

A partir de ese momento, en el que los principales medios de comunicación llegaron a reclamar en sus editoriales que se nos hiciera caso, pareció que por fin se iba hacer algo. Efectivamente, en 2001, desde Ecologistas en Acción conseguimos la inclusión del artículo 28 en la Ley de Plan Hidrológico Nacional, y digo conseguimos, porque dicho artículo lo promovimos, redactamos y defendimos nosotros/as en su totalidad. En dicho artículo se indica que las administraciones central y autonómicas, cada una en el ámbito de sus competencias, deberán proceder a la eliminación de todas las construcciones que están situadas en los cauces, y en aquellas zonas inundables que se consideren de riesgo para las personas. En un artículo bien claro y sin ningún tipo de ambigüedades.

Ya han pasado 17 años desde que se aprobó ese artículo y se encuentra en vigor. En ese tiempo, ¿qué han hecho las diferentes administraciones? Lo cierto es que poco. La gran mayoría de los ayuntamientos nada. El Seprona denunciar las nuevas construcciones que ha detectado y, en algunas provincias o zonas, hacer un censo de las construcciones existentes. Algunos gobiernos autonómicos (pocos, se cuentan con los dedos de una mano) han censado y localizado en mapa las construcciones existentes en zonas de alto de riesgo de inundación. Y el Gobierno central ha realizado un mapeo de todas las zonas inundables del país, diferenciando entre periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Todo lo hecho, aunque a nuestro entender es poco, está bien; pero sobre lo que realmente resulta efectivo, la eliminación de construcciones en cauces y zonas de riesgo, tal y como indica la normativa, nada de nada. Resulta conflictivo y nada rentable políticamente. A consecuencia de esta inacción, el número de construcciones en zonas inundables, de forma legal o ilegal, sigue aumentando.

Desde Ecologistas en Acción estimamos que existen actualmente más de 40.000 construcciones situadas en cauces y zonas de alto riesgo de inundación. Asimismo, según el propio Ministerio para la Transición Ecológica, 710.000 personas tienen sus viviendas situadas en zonas inundables dentro del periodo de retorno de 10 años.

Hace unas semanas ha tenido lugar la tragedia de Sant Llorenç, en Mallorca, en la que murieron 13 personas. El sitio donde se produjo estaba considerado como de alto riesgo. Desde Ecologistas en Acción volvimos a reclamar que se cumpla la normativa, y que se dejen esas zonas libres de construcciones. Todo el mundo nos da la razón, pero por desgracia todo sigue igual, ninguna administración actúa de verdad. El martes 16 de octubre, en el Consejo Nacional del Agua, cuando desde Ecologistas en Acción le pedimos a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que aplicara el artículo 28 del Plan Hidrológico Nacional y procedieran a demoler las construcciones situadas en cauces y zonas de riesgo, respondió que era muy complejo, y se salió por la tangente. Los representantes de las comunidades autónomas allí presentes se mantuvieron en silencio, sin darse por aludidos, a pesar de que las competencias son parcialmente de ellos. Al día siguiente se celebró el funeral por la víctimas, multitudinario y televisado, con muchas autoridades presentes, tal y como se hizo cuando Biescas y Badajoz, y después nada, a esperar a que se produzca la siguiente tragedia.

Porque tragedias como las de Biescas, Badajoz o Sant Llorenç volverán a repetirse con seguridad en otros lugares de España. Es cierto que la tormenta que produjo la tragedia de Sant Llorenç fue muy copiosa, pero no fue ni mucho menos excepcional, pues todos los años, en diferentes puntos de España, caen unas cuantas tormentas similares y algunas bastante más intensas que la de Sant Llorenç. De hecho, en estos últimos días se han producido ya en diferentes sitios de España varias tormentas de intensidad y cuantía similar. Tormentas de esa intensidad son propias de nuestro clima. Todos los años se producen, lo que ocurre es que, cuando caen en poblaciones no situadas en zonas de riesgo, solo producen daños materiales, y cuando caen en medio del campo, pasan incluso desapercibidas.

La situación actual es la siguiente: tormentas de la intensidad de la de Sant Llorenç y mayores van a seguir produciéndose en nuestro país, y muy posiblemente cada vez serán más frecuentes, a consecuencia del cambio climático, una de cuyas consecuencias previstas para nuestro país es la concentración en el tiempo de las precipitaciones. Como no se está actuando sobre las construcciones en los cauces y demás zonas de riesgo, su número sigue aumentando de manera continua (tristemente lo único que frenó temporalmente este aumento fue el estallido de la burbuja inmobiliaria). A consecuencia de ello, el riesgo de que se repitan sucesos como los de Biescas, Badajoz y Sant Llorenç cada vez es mayor. Además, los encauzamientos de los cauces han demostrado que resultan inútiles en estos casos: en las tres tragedias mencionadas, los cursos de agua que las produjeron se encontraban encauzados. Es más, los encauzamientos llegan a agravar el problema, pues producen incluso sensación de falsa seguridad, construyéndose inmediatamente a continuación de los mismos.

Ante lluvias torrenciales, lo único que es realmente útil es mantener los cauces y zonas de alto riesgo de inundación libres de cualquier tipo de construcción, y recuperar el bosque de ribera preexistente, tal y como exige la legislación vigente. Nunca podemos prever a medio plazo donde va a llover, cuándo y cuánto, pero siempre sabemos por donde va a correr el agua. Y los cauces, aunque lleven secos desde hace años, si existen es porque por ellos ha pasado alguna vez el agua, y por tanto, tarde o temprano necesariamente volverá a pasar. 

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Santiago Martín Barajas. Área de Agua de Ecologistas en Acción.