Trabajar y percibir un salario ha dejado de ser sinónimo de bienestar. Principalmente, por la baja calidad del empleo que se ha estado generando desde el inicio de la recuperación económica, caracterizado por fenómenos cada vez más extendidos como la parcialidad y la temporalidad. Estas son algunas de las abrumadoras conclusiones del dossier La vulneración del Derecho al Trabajo Decente: Empleo y Exclusión Social, publicado recientemente por la fundación de estudios FOESSA.

Según el documento, cerca de la mitad de las familias que tienen al menos uno de sus miembros trabajando ya no tienen asegurada su plena integración social. Son personas que caminan por la frontera de la exclusión y que experimentan el deterioro de la cada vez más difusa relación entre trabajo y bienestar. De esta forma, asegura la fundación, la calidad del empleo se antoja más que insuficiente para cubrir las necesidades de los hogares.

Entre ellas, bienes básicos como la vestimenta, la alimentación o los suministros de la vivienda. Más de un 36% de los hogares que tienen a alguno de sus sustentadores trabajando se han visto obligados a recortar gastos en alguno de estos recursos, mientras que el 17% de los mismos se han visto obligados a recurrir a ayudas económicas externas del sector público o la propia familia.

La difícil situación de muchos de estos hogares viene marcada además por un importante componente de género. La tasa de exclusión severa en los núcleos familiares donde la persona que trabaja es una mujer es un 70% más alta que aquellos donde la persona de referencia es un hombre. En el caso de los ratios de pobreza severa, el porcentaje de hogares encabezados por mujeres que trabajan (4,5%) dobla al de los hombres (2,1%).

Si bien es cierto que un empleo sigue siendo la herramienta más segura para escapar de la desprotección social, igual de inequívoco es que el fenómeno de la pobreza laboral está ya completamente insaturado en España: el 12,3% de la población ocupada del país está en una situación de pobreza y exclusión, y el 2,1% de los trabajadores sufren este fenómeno de forma severa.

Para explicar este panorama, el dossier de FOESSA hace hincapié en dos de los principales fenómenos que se están enquistando dentro del mercado laboral de nuestro país: la parcialidad y la temporalidad. En el primer caso, cerca de una de cada tres personas que trabaja a jornada reducida en España está en situación de exclusión. Además, tener este tipo de contratos es, en la mitad de las ocasiones, una situación obligada ante la falta de otras opciones.    

Por su parte, la temporalidad también se ha terminado por configurar como un modelo de contratación que empuja de forma notable hacia la exclusión. El 23% de las personas con un contrato temporal sufre esta situación, tres veces más que entre aquellas que disfrutan de un contrato indefinido.

FOESSA no es primer organismo que ha llamado la atención sobre la preocupante situación de la pobreza laboral en nuestro país. En octubre de 2018, el informe sobre el estado de la pobreza en España elaborado por EAPN señaló que dentro del grupo de población en situación de pobreza había mayor proporción de personas trabajando –33%– que en paro –26,5%–. De esta forma, apuntaba la plataforma, la pobreza viene aún más determinada por las situación laborales que por el propio desempleo.