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El anfitrión de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en la presentación de las candidaturas municipales del Partido Popular en la Sierra Norte de Madrid está embargado desde hace cinco años. El presidente del PP de Torrelaguna, Luis Felipe Muriedas Hernández, casado y padre de dos hijos, dejó a deber casi 7.000 euros al colegio concertado de la capital donde estudió al menos uno de ellos. A finales de 2014, el juzgado decretó el embargo sin que Muriedas presentara siquiera oposición a la demanda del colegio. Según el político, el partido “no está al tanto” de su situación, que considera “un tema personal”.

Candidato a la alcaldía de Torrelaguna en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, Muriedas es el actual presidente del PP en esa localidad y ha liderado la oposición al alcalde socialista en la pasada legislatura. Torrelaguna, un pueblo de 5.000 habitantes, fue el escenario elegido por el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para presentar a los 42 candidatos a alcaldes en municipios de la sierra norte de la Comunidad el pasado 18 de febrero. Muriedas se mostró “contentísimo” y agradeció a ambos el gesto.

El embargo se remonta más allá de la última legislatura. Muriedas no contestó a la demanda presentada por el Grupo Educare en julio de 2014, por lo que el juez decretó la ejecución de la deuda a los pocos meses, según el expediente judicial. El embargo, con intereses y costas, asciende hoy a casi 9.000 euros. Pero sigue sin hacerse efectivo: Muriedas y su mujer no aparecen como titulares de ningún saldo bancario, ni Hacienda ha encontrado devoluciones de IRPF o IVA a su nombre. El juzgado deberá decidir ahora si le embarga la nómina, un contrato a tiempo parcial firmado el pasado octubre.

El grupo Educare es una red católica de colegios concertados que tiene siete colegios en la Comunidad de Madrid, entre ellos el Colegio Parque, en La Navata, que fue el primero en abrir en 1997, o el Peñalar, en Torrelodones, desde 2007, ambos en la sierra noroeste. Además, forman parte de la red el Valdefuentes, en Madrid capital, o el Antamira, en Paracuellos del Jarama. CTXT conoce cuál es el colegio demandante, pero omite señalarlo expresamente para proteger la intimidad de los menores.

El Partido Popular ha impulsado decididamente la educación concertada desde que gobierna la Comunidad de Madrid, y aquella supone ya el 30% de las plazas. En este caso, la deuda acumulada, y reconocida por escrito hace más de seis años por el propio Muriedas, de más de 7.000 euros, desmiente que el sistema no conlleve un coste adicional importante para las familias y suponga, por tanto, una barrera de entrada al sistema. Es decir, muestra cómo se levanta un muro de clase (social) subvencionado con dinero público.

Tras una “mañana caótica”, típica de la campaña electoral en la que está inmerso como candidato municipal, Muriedas atendió este martes a CTXT por teléfono. Según él, su partido no sabe que está embargado. “Es un tema personal y no lo tengo hablado con mi partido”, dijo. Según su primera versión, se trataría de “un pleito” que tiene con el colegio: “no estoy de acuerdo con la cantidad que me reclaman y vamos a ver cómo termina la cosa”, dijo. Sin embargo, hace años que él mismo reconoció la deuda y, el año pasado, recibió y firmó además el requerimiento de pago para evitar el embargo.

Preguntado por ese requerimiento que él mismo firmó en abril de 2018, respondió: “Yo en el juzgado de Torrelaguna no he recogido nada. Tendré que hablar con mi abogado”. En el expediente judicial, sin embargo, consta que el propio Muriedas firmó, manifestando que “queda[ba] enterado”, el requerimiento del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelaguna el 25 de abril de 2018. Y lo hizo como “administrador de la Sociedad Española de Investigación y Recuperación de Herencias”, una entidad constituida como “sociedad civil”. El requerimiento había sido emitido, vía exhorto, por un juzgado de Guadalajara, que es el que decretó el embargo.

Luis Felipe Muriedas Hernández y su esposa son dueños de una casa en Guadalajara y en esa provincia estaban domiciliados cuando el colegio inició los trámites para tratar de recuperar lo adeudado. El 18 de enero de 2013, Muriedas firmó, en su nombre y en el de su mujer, el “reconocimiento de deuda y pago de la misma”, que se comprometió hacer efectivo a razón de 400 euros al mes. Seis años después, sólo había abonado 600 euros del total de 7.312 euros.

Después de “hablar con el abogado”, Muriedas remitió a última hora del martes un mensaje vía WhatsApp. “Estoy en un acto y no puedo hablar”, explicaba. “El abogado me informa que se ha intentado agotar al máximo  la vía judicial y que no queda otra que pagar”, añadía. “Todos hemos padecido la crisis”. Muriedas Hernández señalaba, además, que no tiene dedicación exclusiva a la política municipal: “no cobro un solo euro del ayuntamiento”, lo cual es cierto. Este miércoles por la mañana, día de San Isidro, envió un nuevo mensaje: “Entre hoy y mañana se procederá a regularizar la deuda”.