Fue el 16 de diciembre de 2004. Entonces, cuando Deyda Hydara dio por finalizada su jornada laboral al frente de The Point Newspaper, el primer periódico de Gambia en antigüedad y en lectores que él mismo fundó, se montó en su coche y, junto a un par de compañeros, puso rumbo a su casa. Nunca llegó. En mitad del camino, unos tipos se apearon de otro vehículo y lo tirotearon hasta asesinarlo. Sus acompañantes sólo resultaron heridos. La razón: la línea editorial del rotativo era feroz contra Yahya Jammeh, el dictador gambiano que asaltó el poder en 1994 con un golpe de Estado y que lo mantuvo, ya bajo las sigas del partido político APRC (The Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, la agrupación que fundaron los militares tras el golpe) hasta 2016. 

“A mi padre lo mataron por denunciar todos los casos de corrupción y de violación de derechos humanos. Este periódico siempre se posicionó en contra del dictador. Por eso estuvo cerrado un tiempo y sufrió una brutal persecución”, afirma Baba Hydara, su hijo y actual editor del mismo rotativo. “Fue uno de tantos, una víctima más de las acciones de un régimen que asesinó, torturó e infligió gran sufrimiento al pueblo gambiano”. 

Yahya Jammeh gobernó con mano dura Gambia, el país más pequeño de África, con algo menos de dos millones de habitantes, durante 22 años. La magnitud de las atrocidades que se perpetraron en el país bajo su mandato sólo es comparable a la grandeza de sus delirios. Jammeh fue capaz de vender al mundo que había inventado una cura del VIH, un remedio que se aplicaba en un hospital gubernamental, también de su propia creación, y que provocó decenas de muertes al obligar a los pacientes a abandonar los tratamientos retrovirales. También dijo haber creado una pócima capaz de acabar con la brujería, que repartía entre la población acusada de ello, sobre todo entre mujeres. Respondía a las protestas con detenciones y tiroteos y se le acusa, de igual modo, de ser responsable de decenas de asesinatos y desapariciones, muchas de las cuales todavía se encuentran sin resolver. 

Cuando en 2016, tras las primeras elecciones democráticas o, al menos, las únicas que no levantaron las suspicacias de la Comunidad Internacional, el presidente fue depuesto y obligado a huir a los países vecinos, los damnificados por los crímenes de la dictadura, aprovechando la transición política, comenzaron a organizarse. Nueve familias se unieron entonces para fundar el Gambia Center for Victims of Human Rights Violations. Hoy, casi dos años después, las víctimas se cuentan por cientos y aumentan cada semana. 

“Necesitamos justicia, saber qué es lo que pasó durante tanto tiempo. Aquí puede venir quien quiera. Animamos a todo el mundo que se haya sentido perseguido por la dictadura a que acuda a nosotros para que podamos ayudarle. Ya lo han hecho unas 800 personas. La queja más común son los arrestos injustificados que se produjeron, pero hay gente que viene y nos dice que necesita saber qué pasó con su hija, con su hermano o con su padre”, explica Zainab Rilwan, responsable de Documentación de la asociación y una de sus fundadoras. 

Zainab cuenta que la Asociación ya ha documentado 30 casos de personas desaparecidas y 40 de asesinatos. Aunque podrían ser muchos más. Ella, prosigue, sigue buscando a su hermano. “Era soldado. Su nombre era Ebolo. En 2006 estuvo implicado en un motín y fue arrestado. No recuerdo bien, pero creo que era por marzo o abril. Un par de días después de su detención, el gobierno de la dictadura anunció que cinco de los presos que habían participado en aquel golpe iban a ser trasladados a otra cárcel. Ya no volvimos a saber nada de él. Dijeron por la televisión que el camión que los transportaba tuvo un accidente en el camino y que los prisioneros huyeron a pie. Al principio pensamos que era verdad. Pero después, cuando pasaban las semanas y no teníamos noticias suyas, empezamos a creer que lo habían asesinado. Nadie volvió a ver a mi hermano nunca más. Hoy estoy seguro de que lo mataron. Era un hombre joven, de 29 años, y tenía mujer e hijos. Nadie desaparece así…”, recuerda. 

Sentada en una silla en la sede de la Asociación, a las afueras de Serakunda, una de las ciudades más grandes de Gambia, a Zainab le cuesta hablar sobre su hermano. “Todo esto fue, y sigue siendo, muy duro para toda mi familia. Sus niños eran todavía pequeños, así que no fue difícil decirles que su padre se había ido de viaje. Poco a poco, conforme han crecido, han ido descubriendo la verdad. Mi madre lo pasó muy mal. Tuvo que ayudar mucho. Yo también tuve que hacerlo. No hay forma de explicar cómo nos sentimos. Simplemente, no podemos aceptar que eso pasara y que quede en el olvido”, afirma. Y prosigue: “Días antes de su detención estuvo en casa y nos dijo que estaba tranquilo, que él no era parte de aquella protesta. ¡Cómo cambia la vida! Un día estás hablando con él, al día siguiente te informan de que está arrestado y al otro ya no vuelves a verlo nunca más”. 

Los testimonios recogidos por el ‘Gambia Center for Victims of Human Rights Violation’ no difieren mucho del de Zainab. La asociación, que no tiene carácter político ni nació vinculada a ningún partido, ha documentado también torturas llevados a cabo por la Agencia de Inteligencia Gambiana (NIA por sus siglas en inglés) en la época del dictador, ha demostrado la existencia de coacciones para firmar declaraciones falsas y ha ayudado a localizar fosas comunes con restos humanos de asesinados durante la dictadura, que ya han comenzado a exhurmarse. “Cada mes llegan testimonios de gente que perdió a sus familiares injustamente. Trabajaremos para que esto no pase nunca más”, sentencia Zainab. 

 La comisión reparadora y sus audiencias

Los movimientos ciudadanos no han sido las únicas respuestas a los años de barbarie. Después de las elecciones de 2016, donde resultó ganadora una colación formada por siete partidos opositores al régimen, y capitaneada por Adama Barrow, actual presidente (que necesitó la intervención de la comunidad internacional porque su rival, Yahya Jammeh, se negó a aceptar la derrota y amenazó con una dura represión), se han sucedido las acciones. La más importante ha sido la impulsada por el Ministro de Justicia y reputado abogado gambiano Ba Tambadou, que había trabajado durante más de diez años para el Tribunal Penal de las Naciones Unidas para Ruanda (organismo encargado de depurar las responsabilidades del genocidio ruandés). Tambadou ha dirigido en Gambia la creación de la Truth, Reconciliation and Reparations Commision (Comisión para la Verdad, Reconciliación y Reparación, TRRC) por sus siglas en inglés). 

Esta Comisión, que por mandato gubernamental sólo tendrá dos años, más uno prorrogable, para alcanzar sus objetivos, está formada por once personas y trabaja para arrojar luz sobre los asesinatos sumarios, los secuestros, las desapariciones y todas las violaciones de derechos humanos acontecidas durante los 22 años de dictadura. Para ello ha comenzado ya una serie de audiencias que comanda su equipo legal, compuesto por cuatro juristas locales, y que seguirán un orden cronológico; empezaron el pasado febrero con el interrogatorio a los militares envueltos en los primeros crímenes, los de 1995, y finalizarán investigando los acaecidos en 2016, durante los últimos meses de mandato del expresidente. 

La TRRC no puede imponer penas a ningún interrogado, aunque estos confiesen crímenes durante las audiencias. Tampoco tiene el poder de conceder amnistías. Esa potestad corresponde únicamente a los jueces, que decidirán si basarse en las conclusiones de la TRRC, cuando ésta acabe su labor, para dictaminar sus penas. La Comisión, en cambio, sí deberá pedir la comparecencia de aquellas personas contra las que haya pruebas fehacientes de violaciones de derechos humanos. Si esta persona se niega, el organismo puede exigir a las autoridades que intervengan y el requerido podría ser llevado a declarar a la fuerza. Las víctimas, además, tienen la posibilidad de pedir voluntariamente su comparecencia para explicar lo sufrido. “Lo que haremos será recomendar al sistema judicial, en función de los testimonios, la encarcelación de los responsables de las torturas y los asesinatos”, explica Imram Darbor, coordinador de Proyección Externa del organismo. 

Las audiencias, que tienen periodicidad diaria, las retransmite en directo la televisión pública gambiana. “Necesitamos que el país entero entienda las cosas que pasaron y también que sepan que vamos a respetar el dolor de las víctimas. Muchas han sufrido demasiado tiempo sin poder decir nada”, afirma Imram. Y lo ejemplifica recordando uno de los casos más sonados: “En el año 2.000 hubo una manifestación estudiantil que fue violentamente reprimida por el dictador. La policía abrió fuego, mató a 16 chavales, todos jóvenes, e hirió a bastantes más. Algunos de los supervivientes de aquello han venido a decir que quieren hablar. Todavía tienen restos de las balas y de metralla dentro de sus cuerpos y lamentan que nunca hayan podido decir nada al respecto. Hasta ahora”. 

Por estas audiencias, finaliza Imram, deberán pasar también policías, militares y responsables de medios de comunicación para ayudar a esclarecer todos los crímenes cometidos. El gobierno gambiano también ha impulsado otra comisión de similares características para inspeccionar los crímenes financieros y la corrupción y otra encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución.

 Sanar el pasado, mirar al futuro

Lo cierto es que los escándalos atribuidos al dictador Yahya Jammeh, que actualmente se encuentra huido del país gambiano, son muchos y diversos, aunque algunos trascendieron más que otros, sobre todo de cara a la comunidad internacional. Hay varios ejemplos. Uno de los mas recientes e importantes por su influencia en el devenir de los acontecimientos fue el asesinato a manos de la policía del entonces opositor Solo Sandeng, en abril del 2016, acción que propició múltiples protestas civiles que serían el detonante para el derrocamiento del dictador. 

Pero los escándalos son muchos y muy prolongados en el tiempo. Jammeh reformó la Constitución para perpetuarse en el poder, pronunció discursos repletos de odio contra la etnia mandinga, la más numerosa en Gambia (él pertenece a la etnia Yola, a la que privilegió durante su mandato) y, en el momento de marcharse al exilio, lo hizo, según denunció Mai Ahmad Fatty, asesor del presidente actual, llevándose consigo unos 500 millones de dalasis (alrededor de 10.5 millones de euros) de dinero público, además de otros objetos de lujo como tres Roll Royce. Otras fuentes afirman, sin embargo, que el dinero sustraído fue bastante más.

“Gambia es muy pequeño; sólo hay dos millones de personas y las familias, como en otras partes de África, suelen tener muchos componentes. Es necesario reparar el sufrimiento y avanzar en la reconciliación porque, a menudo, las víctimas son familiares de los verdugos”, resume Imram Darbor. “Hay damnificados de todas las edades, de todas las etnias y de todas las afiliaciones políticas, incluso del partido político del dictador. De hecho, hay víctimas que eran parientes suyos”, dice Zainab Rilwan en la sede del Gambia Center For Victims of Human Rights Violation. 

Como Baba y Zainab, son muchos los gambianos que luchan por encontrar a sus hijos, a sus maridos, a sus mujeres, a sus amigos. Quieren cerrar una herida que todavía supura y enterrar hondo la llave para que nadie vuelva a abrir la cicatriz. “De todo lo que pasaba en Gambia, el presidente quería su parte. Yahya Jummeh hizo de la corrupción su forma de gobierno y de la represión su máximo aliado. Saber lo que pasó puede ser muy doloroso, pero antes de avanzar, antes de reconciliarnos todos, es imprescindible que sepamos la verdad. Lucharemos para que el dictador vuelva a Gambia, a nuestro país, y pueda terminar sus días en la cárcel. Por ahora es muy difícil, pero creemos firmemente que no va a ser siempre así”, finaliza Baba Hydara en la redacción de The Point Newspaper, sentado en la silla que un día ocupó su padre.