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En 1998 delegaciones diplomáticas de todo el mundo se reunieron en Roma para iniciar la búsqueda de un objetivo tan noble como idealista: redactar las reglas que crearan un tribunal permanente para juzgar a los máximos responsables de genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las negociaciones tuvieron como resultado el Estatuto de Roma que entró en vigor en julio de 2002, cuando 60 países anunciaron su ratificación.

La consecuencia directa fue el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya (Holanda). Hasta septiembre de este año 124 países formaban parte de él, siendo África su grupo regional más grande, con 34 Estados.

El entusiasmo del continente negro por la CPI parece haberse enfriado 14 años después. Burundi, Sudáfrica y Gambia han anunciado que se retiran del Estatuto de Roma y acusan al tribunal de tener un sesgo racista. El ministro de Información de Gambia, Sheriff Bojang, lo renombró como la “Corte Internacional Caucásica para la persecución y humillación de la gente de color”.

Los únicos cuatro condenados hasta ahora son africanos y de las 10 investigaciones abiertas actualmente por la Fiscalía, nueve conciernen a países del mismo continente

Las cifras, desde el punto de vista numérico, parecen estar de su parte. A saber: los únicos cuatro condenados hasta ahora son africanos y de las 10 investigaciones abiertas actualmente por la Fiscalía, nueve conciernen a países del mismo continente con la excepción de Georgia. Hay otros Estados bajo un “examen preliminar”, paso anterior al de “investigación”. Entre estos casos, se encuentran Afganistán e Irak, en ambos por supuestos se trata de abusos de tropas británicas y estadounidenses.

Varios líderes de la Unión Africana, organización que agrupa a 54 Estados, han llamado en el pasado a una retirada conjunta de todos sus miembros del Estatuto de Roma. Este escenario no se ha producido, pero tampoco se descarta. “Consideran que la CPI es un tribunal creado por Occidente para acabar con los dirigentes africanos que no son de su agrado. Esa es la lectura que hacen, pero yo no la comparto del todo”, explica Mbuyi Kabunda, profesor universitario de Relaciones Internacionales de África y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“Se trata de una solidaridad negativa que va en contra de los principios de los derechos humanos, la democracia y del Estado de derecho. Si los que han cometido crímenes son africanos, ¿por qué no se les iba a poder juzgar? ¿Por ser africanos? Deben responder por ellos”, añade Kabunda.

No obstante, la clave para entender el principal problema de la CPI no es tanto quiénes quieren abandonarla, sino quienes nunca han estado. Los países con más fuerza militar del planeta no han ratificado el Estatuto de Roma ni tienen intención de hacerlo. Hablando en plata: Estados Unidos, Rusia, China e Israel no están bajo la jurisdicción del alto tribunal. “Ese es el quid de la cuestión”, explica Kabunda. “Lo han rechazado siendo estados que deberían predicar con el ejemplo. Me preocupa, porque pone de manifiesto que son las propias potencias las que no respetan el Estado de derecho”.

La paradoja adquiere un doble giro con una lectura detallada del Estatuto de Roma. Su artículo 13 dice que el Consejo de Seguridad de la ONU (al que pertenecen Estados Unidos, Rusia y China como miembros permanentes) puede remitir la situación de un país a la CPI. El artículo 16 añade que el Consejo tiene la potestad de suspender durante 12 meses un juicio o una investigación ya comenzada. Es decir, que a pesar de que estos tres Estados no están obligados a acatar las órdenes del tribunal, sí pueden influir decisivamente en su funcionamiento.

Los frentes diplomáticos de la CPI en África

Desde el punto de vista legal, la retirada de un país del Estatuto de Roma es una decisión soberana, por lo que el alto tribunal está obligado a respetarla. No obstante, el presidente de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el jurista senegalés Sidiki Kaba, ha hecho una llamada a la calma y ha pedido un diálogo con Burundi, Gambia y Sudáfrica. “Debemos escuchar sus inquietudes, sus quejas y sus críticas", dijo en una rueda de prensa el pasado octubre en Dakar (Senegal).

De los tres países que han anunciado su retirada, Sudáfrica es el que tiene más peso político. Sus tensiones con la CPI se pusieron de manifiesto en junio de 2015, cuando este país alojó la 25ª cumbre de la Unión Africana. El evento contó entre sus invitados con el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, a quien el alto tribunal busca por genocidio en Darfur. Sudáfrica, como firmante del Estatuto de Roma, tenía la obligación de arrestarlo y extraditarlo a La Haya, pero se negó.

Los países con más fuerza militar del planeta, Estados Unidos, Rusia, China e Israel, no han ratificado el Estatuto de Roma ni tienen intención de hacerlo

Su gobierno se excusó argumentando la inmunidad que le correspondía a Al Bashir como alto cargo, pero le valió el reproche público del tribunal, que aún estudia si debe tomar medidas contra Sudáfrica. Aunque este país solicitó formalmente su retirada del Estatuto de Roma el 19 de octubre, el proceso para que esta sea definitiva dura un año. “Mientras tanto, sigue siendo parte de la CPI”, indicó el tribunal en comunicado.

“Lo de Sudáfrica es nada más y nada menos que un capricho de su presidente, Jacob Zuma”, explica el profesor Kabunda. “Es un estado democrático, con una de las constituciones más avanzadas y progresistas del mundo. Adaptar esta actitud significa, para mí, una marcha atrás”, añade.

Diferente es el caso de Burundi, al que la Fiscalía tiene en la lista de “examen preliminar” por la muerte de 430 personas, el arresto de 3.400 y el desplazamiento forzoso de 230.000. “Las milicias del gobierno de Pierre Nkurunziza han cometido crímenes y ejecuciones extrajudiciales y la inseguridad contra los opositores es total. Entiendo perfectamente que se quieran retirar de la CPI”, explica Kabunda.

Desde el punto de vista legal, la retirada de un país de la CPI es una decisión soberana, por lo que el alto tribunal está obligado a respetarla

Gambia en cambio podría dar marchar atrás y anunciar que finalmente no se retira de la CPI. Todo dependerá de cómo se resuelva la crisis política derivada de las elecciones celebradas el pasado 1 de diciembre. Ganó el opositor Adama Barrow, que en una entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle dijo que su país no abandonaría la CPI. No obstante el presidente, Yahya Jammeh, no ha reconocido por supuestos fallos, según el mandatario que lleva 22 años en el poder, en el escrutinio.

Para Kabunda, una clave para entender los movimientos de los países africanos en la CPI es conocer qué apoyos internacionales tienen detrás: Estados Unidos y China podrían presionar a sus aliados para que se retiraran del Estatuto de Roma, mientras que los respaldados por Reino Unido y, sobre todo, por Francia optarían por permanecer.

“Si Francia hubiera decidido salirse de la CPI, todos los países francófonos habrían seguido los mismos pasos. Están ahí porque el gran hermano les va a proteger y no les va a pasar nada”, explica Kabunda.

Un ejemplo para entender la influencia de Francia es el caso de Costa de Marfil. Este país celebró en noviembre de 2010 unas elecciones presidenciales en las que tanto el presidente, Laurent Gbagbo, como el líder de la oposición, Alassane Ouattara, se declararon vencedores. La ONU declaró mediante su enviado especial en el país que Outtara había sido el ganador, pero Gbagbo se negó a abandonar el poder.

El conflicto derivó en una guerra civil que dejó un saldo de miles de muertos y un millón de desplazados. Outtara contaba con el apoyo de la Unión Europea, Estados Unidos e incluso la ONU, y finalmente sus milicias vencieron. El golpe de gracia al presidente saliente se lo dio Francia, cuando su fuerza aérea bombardeó la residencia de Gbagbo en Abiyán.

Estados Unidos y China podrían presionar a sus aliados para que se retiraran, mientras que los respaldados por Reino Unido y, sobre todo, por Francia optarían por permanecer

Días después Outtara tomó el poder y Gbagbo fue arrestado y trasladado a La Haya, donde está siendo juzgado. “Parece un tribunal de vencedores. Efectivamente, sus tropas cometieron crímenes, ¿pero y las milicias de Ouattara? Nadie ha respondido por esos delitos y él está gobernando tranquilamente”, explica Kabunda, que asegura que “la intervención de Francia, bombardeando la residencia de Laurent Gbagbo, es otro crimen”.

Otros Estados africanos han amenazado con retirarse del Estatuto de Roma. En su Asamblea de Estados Partes, celebrada el pasado noviembre en La Haya, las representaciones de Kenia y Namibia fueron las más duras contra la actual senda de la CPI. Otras, como la de Chad, ni siquiera acudieron.

La tensión entre Kenia y la CPI no es nueva. Ha sido constante desde marzo de 2010, cuando la Fiscalía decidió motu proprio abrir una investigación por la ola de violencia desatada tras las elecciones de diciembre de 2007. Se calcula que murieron más de 1.000 personas y hubo 3.500 heridos y 350.000 desplazados.

La Fiscalía apuntó alto e intentó procesar tanto al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, como a su vicepresidente, William Ruto. Sus esfuerzos fueron en vano debido a la nula colaboración de las autoridades keniatas. "He insistido en mis intentos de asegurar la cooperación del Gobierno. Las pruebas documentales cruciales de la violencia postelectoral solo son accesibles para la Fiscalía en Kenia", denunció la fiscal Bensouda en un comunicado,en el que también señaló "esfuerzos deliberados y concertados para descarrilar la investigación a través de interferencias con los testigos".

Los jueces del tribunal se manifestaron en términos similares, pero finalmente decidieron cerrar ambos casos por falta de pruebas. Bensouda ha dicho que no descarta volver a presentar cargos si, en un futuro, logra reunir evidencias que les incriminen.

Según el profesor Kabunda, otra de las claves para aventurar qué países podrían anunciar próximamente su retirada de la CPI es fijarse en cuáles “respetan menos los derechos humanos o los violan”. A su juicio, estos son Chad, Nigeria “hasta cierto punto”, la República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, la República Centroafricana, Níger y Burkina Faso. En este grupo también incluye a Ruanda y Somalia, pero estos no forman parte del Estatuto de Roma.