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Cafetería del Congreso de los Diputados. Un grupo de empleados y empleadas de Ciudadanos están comiendo. Llega otro para sentarse y los primeros señalan los cuellos de los segundos, de los que cuelgan unas acreditaciones con unas cintas con los colores de la bandera LGTB. “Al final os las habéis puesto”, comentan los primeros, añadiendo que la iniciativa provenía de una de sus diputadas, y el gesto de los segundos cambia a uno de incomodidad. De no conformidad. De desprecio. Qué remedio, parecen decir sus caras. En sus muñecas, pulseras rojigualdas y naranjas. Es un espectro de colores que parecen apreciar más.

Esta anécdota vivida por alguien de mi entorno parece la metáfora perfecta de cómo los derechos de la comunidad LGTB, algo por lo que el mundo entero debería pelear, se han visto reducidos en algunos casos al mero postureo de una cinta colgando del cuello, a regañadientes, durante el mes de junio. Las lesbianas, los gays, las y los trans, las y los bisexuales, también votan. Y a Ciudadanos no se le puede escapar ningún nicho de mercado, perdón, de votantes.

Este año, los colectivos organizadores del Orgullo LGTB han hecho firmar un manifiesto a todo partido que quisiera participar, con diez requisitos para poder aparecer en la cabecera y en las carrozas. El primer punto del documento dice lo siguiente: “No valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar”. Ni Ciudadanos ni el PP lo han firmado y además han protestado porque consideran que se les veta. La posición de las organizadoras es firme: Santiago Rivero, portavoz de COGAM, declaró en Telemadrid que “el Orgullo es una evaluación continua. No te puedes sentar con Rocío Monasterio (de Vox) y al día siguiente estar en el Orgullo”. También dejó muy claro que “el Orgullo es una manifestación política” y que “los partidos se definen por sus acciones”. Comprobaremos esto dentro de unas líneas.

Otra de las organizadoras, FELGTB, a través de su presidenta Uge Sangil, ya dijo en octubre de 2018: “Estar en la pancarta del Orgullo no es un premio que se tenga a perpetuidad. Es compromiso y es acción”. En Ciudadanos no parecen estar comprometidos, visto su pacto con Vox, primero en Andalucía, y después en Madrid y en Murcia. Por la misma razón, tampoco parecen dados a la acción para frenar los ataques que la comunidad LGTB sufre por parte de la ultraderecha. Antes solo les bastaba con marear la perdiz y precisamente no definirse, pero han terminado haciéndolo al lado de los ultras, y eso nos lleva a sospechar que todo su circo ondeando la bandera multicolor durante aquella infame manifestación en Colón, de nuevo junto a PP y Vox, no era más que un burdo intento de pinkwashing para ocultar que lo único que les interesa de esta comunidad es el gaypitalismo.

¿Pinkwashing? ¿Gaypitalismo? Son dos términos relativamente nuevos, acuñados aproximadamente a partir de los años 90. El primero se refiere a una estrategia por la cual ciertos políticos intentan ocultar su ideología neoliberal detrás de su simpatía por las personas LGTB. El segundo habla de todo un sistema por el cual las empresas y otros poderes económicos han utilizado a este colectivo para llenarse los bolsillos. Todo comenzó cuando, gracias a los propios movimientos civiles, personas LGTB vieron por fin algo más abiertas las puertas de empleos que antes se les mostraban cerradas. Así, consiguieron acceder a puestos que les reportaron mejores sueldos. Al aumentar sus ingresos, pudieron rehabilitar algunos barrios que antes se consideraban marginales para vivir en un entorno seguro. Esos barrios se pusieron de moda y ese proceso de gentrificación hizo que los precios de alquileres y servicios subieran y solo pudieran permitírselo aquellas personas del colectivo que tuvieran más dinero.

se ha gestado eso que también conocemos como capitalismo rosa, al que no le importan tanto los derechos sociales y sí el negocio generado en torno a este colectivo: el dinero rosa

Como explicaba el tristemente fallecido artivista Shangay Lily en el libro de Los Chikos del Maiz La estanquera de Saigón: “Lo que en principio era una lucha por cambiar esta sociedad homófoba, pronto se convirtió en un sector de mercado egoísta, insular, aislado de otras luchas (...). A través de este proceso, el sector que se autoproclamó como “portavoz” y “líder” de la comunidad LGTB, lo que yo llamo la ‘oligayrquía’, impuso el peor capitalismo clasista y consumista como objetivo central de la comunidad, implantando un clasismo, racismo y machismo que beneficia al fascismo capitalista”. Dicho de otro modo, el capital ha desprendido al movimiento LGTB de su interseccionalidad y ha impuesto su propia visión neoliberal (apostando por políticas privatizadoras y por una sociedad individualista, ávida de estatus, poder y dinero) dando voz solo a aquellas personas que cumplen determinados requisitos. Así es como se ha gestado eso que también conocemos como capitalismo rosa, al que no le importan tanto los derechos sociales y sí el negocio generado en torno a este colectivo: el dinero rosa.

Pink is the new black

Desde aquella vez que Albert Rivera tuvo la descabellada idea de afirmar que denominar matrimonio a la boda entre una pareja homosexual es “algo que genera tensiones innecesarias y evitables”, hasta la ocurrencia de proponer que el Orgullo sea declarado fiesta de interés turístico (así, como si presenciar a miles de personas reivindicar sus derechos fuera lo mismo que observar el comportamiento de los animales exóticos del zoo), Ciudadanos ha utilizado toda una estrategia de pinkwashing. Desde las cintas de las acreditaciones que abrían este artículo, hasta sacar la bandera LGTB al mismo tiempo que paseas por Colón con tus colegas de Vox y PP defendiendo la “unidad de España”.

Otro ejemplo lo vivimos durante la noche de los Premios Goya, cuando los directores del documental Gaza ganaron uno de los galardones y lo recogieron denunciando el genocidio que Israel está llevando a cabo contra la población palestina. Toni Cantó, diputado por el partido naranja en las Cortes Valencianas, se ofendió mucho en Twitter: “A mí se me escapa por qué mis compañeros de profesión aplauden un boicot al único país de la zona que respeta los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBi”, dijo. Y es que Israel es otro actor político que este año se ha disfrazado de abierto y tolerante anfitrión del festival de Eurovisión, para así esconder sus políticas represivas que incluyen bombardeos a todo tipo de personas, sí, también a las LGTB, señor Cantó. A Ciudadanos esto ya no es que ni les importe, es que además defienden una posición sionista. Mira, una cosa más que les une a sus socios de gobierno, PP y Vox: es de sobra conocido el respaldo de las derechas liberales y ultras a Netanyahu y su Estado de apartheid.

homonacionalismo, o el discurso racista por el que se justifica una defensa de la patria occidental para protegerla de unos inmigrantes a los que se acusa, directamente y sin pruebas, de homofobia

Aquí entra en juego un nuevo término: homonacionalismo, o el discurso racista por el que se justifica una defensa de la patria occidental para protegerla de unos inmigrantes a los que se acusa, directamente y sin pruebas, de homofobia. Los homonacionalistas vuelven a utilizar al colectivo LGTB en función de sus propios intereses, en este caso xenófobos. En el caso de los de Rivera concuerda perfectamente, pues se han mostrado partidarios de las devoluciones en caliente, los CIES o las identificaciones policiales por perfil étnico, todas ellas prácticas contrarias a los derechos humanos. Parece que los autodenominados liberales no se han dado cuenta de que el LGTB es un movimiento civil que lucha  para que las personas puedan vivir libremente.

Leyes contra billetes

Como decía Santiago Rivero, portavoz de COGAM, los partidos se definen por sus acciones. Unidas Podemos, en mayo de 2017, registró en el Congreso su Ley de Igualdad LGTBI. Meses después, fue admitida a trámite pero PSOE, Cs, ERC y PNV solicitaron enmiendas. Aunque la más disparatada fue la que presentó el PP en febrero del año siguiente. Con ella pretendían reducir la ley a unas vergonzosas y ambiguas 33 medidas a base de quitar propuestas tan necesarias como las educativas, sanitarias o la creación de una Agencia Estatal de lucha contra la discriminación. Que el PP esté en contra de esas medidas y que trate de tumbarlas no debería sorprender a nadie. No olvidamos las famosas peras y manzanas de Ana Botella o a Fraga diciendo que “tenemos que acabar con leyes asquerosas”, por mucho que el vicesecretario del PP, Javier Maroto, quien es abiertamente gay, diga que su partido no tiene nada en contra de la homosexualidad.

En Ciudadanos no son ni de frutas ni de ascos, sino de dinero rosa, por eso siempre se disfrazan de gayfriendly cuando lo que pretenden es convertir todo en una máquina de hacer negocio. Por ejemplo, su diputada Patricia Reyes, que aprovechó el debate en el Congreso sobre la ley LGTBI de Unidas Podemos para colar su discurso a favor de los vientres de alquiler. Derechos sí, siempre que reporten beneficios. Estos son siempre para los mismos y parece ser que todo vale con tal de obtenerlos, también pactar con Vox, un partido que defiende las conocidas como terapias de conversión, que pretende revertir la orientación sexual o la identidad de género de una persona, ya sea con su consentimiento o con el de sus tutores. Estas prácticas son ilegales en Madrid desde 2016, y con la ley que propone Podemos se prohibirían en todo el país y ejercerlas supondría una multa de hasta 45.000 euros.

Rocío Monasterio fue quien impulsó una petición al Defensor del Pueblo para impedir que esas terapias se prohibieran, la misma Monasterio que también se ha manifestado en contra de que en las escuelas se eduque sobre los colectivos LGTB. Otros figuras del partido ultraderechista, como Fernando Paz, Francisco Serrano, Juan E. Pflüger, Mariano Calabuig, Lourdes Méndez o el propio Santiago Abascal, son ya conocidos por soltar unas cuantas perlas homófobas. Vox muestra incluso con orgullo en su web oficial un comunicado que reza así: “La celebración del “orgullo gay” (sic) se ha convertido, en los últimos años, en una imposición institucional, un problema de convivencia y en la causa de la vulneración de los más elementales derechos de las poblaciones donde se lleva cabo (sic)”. El texto sigue “denunciando” “las actividades claramente escandalosas en los lugares públicos a la vista de adultos y menores”.

Si es con estos con quienes Ciudadanos no tiene escrúpulos en pactar con tal de llegar al poder, no se entiende que ahora se extrañe si los colectivos LGTB les niegan la participación en la cabecera (finalmente solo aparecerán activistas del movimiento celebrando los 50 años de los disturbios de Stonewall) o en las carrozas. En su pataleta, los naranjas se quejan de que “se utilice a las personas LGTBI y sus derechos como arma arrojadiza para fines partidistas” cuando han sido precisamente ellos los que han incumplido la norma más simple del respeto a la comunidad: no pactar junto a partidos de extrema derecha, que quieren quitarles esos derechos a esas personas. Esta es, por tanto, la definitiva demostración de que al partido de Albert Rivera solo le ha importado este colectivo por puro oportunismo, por un negocio político y económico llamado capitalismo, que no duda en ponerse el disfraz que más le convenga en cada ocasión, en este caso el rosa, para buscar más clientes.

¿Qué hacer ante este vendedor de preferentes y las cintas con la bandera multicolor que obliga a sus empleados a llevar colgadas a regañadientes? Ojalá arrancárselas, porque no nos representan, pero siendo menos agresivas preferimos mandarles al gallinero del Orgullo, como el Congreso va a hacer con sus socios. Allí podrán quejarse y protestar lo que quieran, pasear su consumismo y hacerse fotos con banderas, ocultando que las únicas que les interesan son las del papel moneda. Mientras tanto, en la cabecera, otras estaremos manifestándonos porque sus billetes no pesen más que nuestros derechos.