España ya lo comprobó durante los peores tiempos de la crisis: mermar la fuerza laboral, con unos ratios de paro superiores al 25%, tiene un impacto devastador sobre el bienestar de la población. Provoca, entre otras cuestiones, un aumento desbocado de las tasas de pobreza y exclusión, y pone en jaque la sostenibilidad de un sistema de pensiones que depende directamente de las cotizaciones laborales. Junto a los problemas derivados del modelo productivo y del paro estructural, en España se está acrecentando otro complicado reto, también histórico: el desajuste demográfico. Así lo aseguran, por enésima vez, las estimaciones sobre población que ha publicado recientemente la ONU, que señalan que para 2050 nuestro país puede perder cerca de 8 millones de personas en edad de trabajar.

Un descenso en la proporción de población empleable que a día de hoy ya “está ejerciendo presión sobre los sistemas de protección social”. De esta forma, y según la proyección del organismo internacional, la población de entre 15 y 65 años pasará en España de los cerca de 30,5 millones de personas que hay en la actualidad a 27,5 millones en 2035; para mediados de siglo, apenas se alcanzarán los 23,5 millones de potenciales trabajadores.

Según la ONU, esto ocurrirá además en un contexto el que, si bien la población general también seguirá cayendo –algo más de tres millones para 2050–, lo hará a menor velocidad de lo que lo hace el grupo de personas en edad de trabajar.

Es decir, el envejecimiento del país, potenciado por la mejoría en la salubridad y el aumento de la esperanza de vida, está avanzando de forma aún más rápida que el saldo negativo de población que se está registrando en el país en los últimos tiempos.   

Un fenómeno sobre el que precisamente también han advertido muy recientemente las estadísticas demográficas publicadas por el INE, de nuevo poco halagüeñas con el equilibrio poblacional. Según el instituto público de estadística, durante 2018 volvió a haber más muertes que nacimientos en España –tercera vez en los últimos cuatro años–, con un crecimiento vegetativo negativo de más de 56.000 personas.

Los datos del INE recogen también un nuevo descenso en el número de nacimientos en el país. Una tendencia que se ha repetido durante nueve de los últimos diez años y que, en total, ha supuesto un descenso de la natalidad de cerca del 30%.

Esta situación encuentra explicación en el cada vez más bajo número de hijos que se tienen en nuestro país, que se situó durante 2018 en 1,25 por cada mujer –el más bajo de la década–, y en la cada vez más elevada edad media de la maternidad, que se sitúa en los 32,2 años.

Pero también existe otra circunstancia muy relacionada con las propias proyecciones presentadas por la ONU. Si es el organismo internacional el que advierte de la reducción continuada de la población en edad de trabajar, el INE señala por su parte un descenso de la población femenina en edad de tener hijos. Así, durante el año pasado el grupo de mujeres de 25 a 40 años –donde se concentran el 85% de nacimientos– se redujo un 2,5%. Una tendencia que también lleva repitiéndose desde 2009.

Todas estas estadísticas, unidas a las propias coyunturas socioeconómicas del país –precariedad laboral, escasez de políticas migratorias o desajuste fiscal– llevan tiempo generando una importante preocupación sobre la sostenibilidad del sistema de bienestar. Más aún cuando, según la OCDE, para mediados de siglo España será el país de Europa con la tasa de dependencia más alta, con cerca de 80 personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar.