Una sociedad fragmentada, desvinculada y con fallas importantes en sus herramientas de cohesión. La fotografía, deprimente, no es de los peores momentos de la recesión en España. Se trata, por el contrario, de la actualidad más inmediata en nuestro país, tal y como asegura la Fundación FOESSA en su último estudio sobre desarrollo social, publicado recientemente. Hoy, diez años después del comienzo de la crisis, en España viven 8,5 millones de personas en riesgo de exclusión, 1,3 millones más que antes de la crisis. Esto es, aproximadamente, uno de cada cinco habitantes.

No son, ni mucho menos, las únicas cifras que hacen mirar con preocupación los cimientos mismos de nuestra sociedad. Según las conclusiones del documento –un gigantesco trabajo de más de 500 páginas donde han participado 125 investigadores de 30 universidades–, si bien la situación ha mejorado respecto a 2013, los procesos de exclusión y pobreza se han enquistado hasta el punto de que se están convirtiendo en un rasgo permanente –y masivo– en el país.

De esta forma, factores como el aumento de la desigualdad y la debilidad del sistema redistributivo han asentado más si cabe un modelo quebrado de dos velocidades: apenas la mitad de la población disfruta una situación de integración y mínimo bienestar material, mientras que el número de personas que están en riesgo de exclusión social severa todavía se eleva por encima de los cuatro millones. De ellos, casi la mitad –tres veces más que en 2007– están en una situación extrema.

Pero incluso entre aquellos que se encuentran más o menos integrados existe un amplio grupo, de 6 millones de personas, que se mueve en los límites de la inseguridad y la exclusión. Es decir, tienen una situación socioeconómica inestable.

Para intentar explicar esta realidad, el documento de FOESSA analiza en profundidad dos de los principales elementos que están detrás de gran parte de estas situaciones en España: el mercado laboral y la vivienda, que además actúan de forma interconectada. Casi 4 de cada 10 personas que está excluida del trabajo también lo está de la vivienda.

Entre los que trabajan, la precariedad laboral, en forma de temporalidad o parcialidad, es un fenómeno estructural que se come gran parte de su mercado de trabajo, hasta el punto de que un 14% de las personas con empleo se encuentra en situación de exclusión social.

En el caso de la vivienda, el aumento de un 30% en el precio del alquiler durante los dos últimos años ha provocado, junto con otros obstáculos, que cerca de dos millones de personas vivan con la incertidumbre de quedarse sin vivienda por no poder hacer frente a los gastos derivados de la misma. Y si consiguen asumirlos, estos son en muchas ocasiones tan elevados que una de cada diez personas vive bajo el umbral de la pobreza severa tras haber pagado las deudas y costes asociados a su domicilio. 

En última instancia, estos dos factores, empleo y vivienda, confluyen en la realidad de miles de familias: uno de cada cinco hogares donde viven menores se encuentra en una situación de exclusión social. Si la familia es monoparental el porcentaje asciende al 28%, mientras que entre las numerosas es una realidad que afecta a una de cada tres.

Según los investigadores, estas situaciones socioeconómica que arrastran los distintos grupos de población en España también afectan de forma muy determinante a su comportamiento político y democrático. Existe zonas desfavorecidas con altos niveles de exclusión en las que el nivel abstención durante periodos electorales puede llegar a ascender al 75%, con las posteriores consecuencias de infrarrepresentación.