Formarse, encontrar un trabajo e iniciar una vida independiente. La crisis destruyó gran parte de las expectativas de futuro de la población joven en el corto y medio plazo. En España, la desigual recuperación no ha logrado, además, recomponer estas metas: la precariedad laboral, la falta de oportunidad o el crecimiento de los precios de la vivienda siguen estableciendo diques a los proyectos de vida de los jóvenes. Según datos recientemente publicados por Eurostat, tres cuartas partes de la población de entre 20 y 30 años sigue viviendo con sus padres.

La tasa es veinte puntos superior a la media de la Unión Europea, donde algo más de la mitad de las personas jóvenes seguía viviendo con su progenitores en 2017.

Estas cifras nos sitúan como el sexto país de la Unión Europea con la edad de emancipación más alta. Al finalizar 2018, la edad media con la que los jóvenes españoles abandonaron el hogar de sus padres se situó en los 29,5 años, más de tres años y medio por encima de la media europea. Se trata de la edad de emancipación más alta registrada en España en la última década, desde el inicio de la crisis económica. En este momento, los jóvenes abandonan el hogar de sus padres casi un año más tarde de lo que lo hacían en 2007. 

Existen, además, importantes diferencias de género en las edades con las que los jóvenes logran emanciparse. En España, cerca del 73% de las mujeres de entre 20 y 30 años siguen viviendo con sus padres, mientras que entre los hombres el porcentaje casi llega al 80%. Ellas, además, tienen una edad media de independización significativamente más baja, 28,6 años, frente a los más de 30 de la población masculina. 

A nivel continental, países como Croacia, Eslovaquia, Malta o Italia ya han superando la barrera de los 30 años como edad media en la que los jóvenes deciden o pueden emanciparse. En el lado contrario se sitúan los países nórdicos, con Suecia (18,5 años), Dinamarca (21,1 años) y Finlandia (22 años) a la cabeza del continente. 

La emancipación encuentra una de sus principales barreras en la extendidísima precariedad laboral que sigue sufriendo gran parte de la población joven del país. Seis de cada diez trabajadores menores de 30 años en España tienen un contrato temporal, una tasa que triplica a la de la población general. Por su parte, más de la mitad de los jóvenes que tienen una jornada parcial lo hacen de forma obligada, al no haber encontrado otra fórmula de contratación. 

Si bien los ingresos de las personas jóvenes han aumentado de forma modera en los últimos tiempos –tras caer un 28% entre 2008 y 2016–, esto no ha sido suficiente para afrontar el encarecimiento del precio de la vivienda y del alquiler en el país. Según el Consejo de la Juventud de España (CJE), a finales de 2017 el acceso al alquiler para un hogar joven se comía un 50% de sus ingresos, mientras que para la compra había que destinar un 34% de los mismos.

Por otro lado, el documento del CJE advertía que la precariedad que afrontan los jóvenes del país se manifiesta también en los elevados índices de sobrecualificación que existen en este grupo de población. Más del 40% de los jóvenes menores de 30 años que tienen estudios superiores ocupa un puesto de trabajo con requisitos inferiores a su nivel de formación.