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Joaquín Almunia, ex comisario de la Competencia de la Comisión Europea con categoría de vicepresidente, y negociador de la asistencia financiera a las entidades bancarias en la crisis entre 2012 y 2014, señaló el 5 de julio, en la celebración del décimo aniversario de la creación del Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria (FROB) lo siguiente: “Con todo el respeto por el supervisor [Banco de España] en 2012 y 2013 se nos escapó una entidad financiera, se nos escapó el Banco Popular. Quizás no hubiera pasado con un supervisor único europeo. Recuerdo algunos análisis de entonces para ver si tenía que pasar por reestructuración y no lo hizo porque pudo presentar un balance de forma que parecía mejor de lo que era”.

Almunia sigue siendo un hombre relevante en las instituciones europeas habida cuenta de que el pasado 21 de febrero fue nombrado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate europeo, para realizar una evaluación del programa financiero de Grecia que finalizó en 2018 en un informe que deberá presentar ante la junta de gobernadores del citado fondo en junio de 2020. Su designación se materializó a través de una propuesta conjunta del presidente del Eurogrupo, el ministro portugués de Finanzas Mário Centeno, y del director gerente del MEDE, Klaus Regling, quien trabajó bajo la dirección de Almunia cuando este era comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea. Sus palabras sobre la escapada del Banco Popular en 2012, por tanto, tienen interés no solo retrospectivo. Almunia está ahora, precisamente, trabajando para el fondo de rescate europeo.

Esas palabras cayeron como un jarro de agua fría en la sala repleta de ejecutivos de banca, funcionarios y analistas financieros. Y, claro, también entre quienes compartían la mesa redonda con Almunia, como la actual subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, nombrada a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez el 31 de julio de 2018.

Que Almunia decía lo que pensaba y había pensado bien lo que decía –su insatisfacción por cosas que se hicieron mal– fue evidente cuando al pronunciar su lapidaria frase anticipó: “Con todo el respeto por el supervisor…”.  Almunia creyó que a estas alturas del partido estaba diciendo una obviedad, pero fue suficiente reparar en la tensión que provocaron sus palabras en el auditorio para advertir que se equivocaba. Y en este caso el destinatario no podía ser más directo, aunque Almunia hablase genéricamente del “supervisor”. Porque la conferenciante en nombre del Banco de España, la subgobernadora Delgado, precisamente, había sido coordinadora ejecutiva –uno de los puestos de la cadena de mando que desde el Banco de España sigue las inspecciones de las entidades financieras– del Banco Popular en 2012.

Lo que apuntó Almunia es congruente con lo que explicó el 16 de junio de 2014 –Almunia todavía era vicepresidente de la Comisión Europea– el entonces presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, en la apertura de un seminario de la Universidad Menéndez Pelayo titulado ‘La Europa que deja la crisis’. 

“Por ejemplo, aquí en España. Es una pregunta que los españoles se deben plantear: ¿fue la Unión Europea la que ha creado la crisis? ¿Qué pasó con la crisis de la vivienda, con la burbuja? ¿De quién es la responsabilidad?”

He aquí la respuesta que dio Durão Barroso, con el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco González, sentado a su lado: “La supervisión [de las entidades financieras] era solamente nacional, era del Banco de España. Yo voy a ser muy sincero porque también soy amigo de España. Siempre que yo mismo y la Comisión Europea preguntábamos a las autoridades españolas –y el presidente del BBVA lo sabe bien porque seguía el asunto– siempre que preguntábamos ‘¿cómo están las cosas en la banca en España?, ¿cómo están las cajas? Hay rumores en el mercado de que las cajas están no tan bien’ [señalábamos], y la respuesta era ‘está todo perfecto, el Banco de España es el mejor banco [central] del mundo. No era el segundo mejor, era el primero. Está todo perfecto”.  

Durao Barroso pedía, pues, una autocrítica. “¿De quién fue la responsabilidad de la crisis en España?, ¿fue de Europa?, ¿de la Comisión Europea?, ¿del Banco Central Europeo?, ¿fue del Fondo Monetario Internacional?, ¿fue de la señora Merkel? En España hubo errores muy importantes de supervisión. Eso tiene que ser asumido”.

Hay, pues, una línea de argumentación coherente entre quienes protagonizaron desde la Comisión Europea –Durão Barroso y Almunia– la génesis y el desarrollo de la Gran Recesión iniciada en 2007/2008 y sus estragos en el sector financiero.

Pero se puede entender que Almunia considerase sus palabras lo que los jueces y abogados anglosajones denominan common ground, terreno común, cuando escuchan los argumentos en un litigio y preguntan a las partes a fin de determinar cuál es el conflicto. 

Porque antes que él, fue el entonces gobernador del Banco de España, Luis Linde, quien, el 10 de abril de 2018, a dos meses de ver cumplido su mandato de seis años, hizo un reconocimiento de que el Banco Popular se le había escapado al Banco de España. 

Veamos el relato de los hechos que hizo ante la Comisión de Investigación de la crisis financiera del Congreso de los Diputados. “La pregunta sobre si hicimos bien o mal en el año 2012 cuando aceptamos que el Popular resolviera ese tema por su cuenta, fuese a una ampliación de capital… es una pregunta totalmente legítima. Yo acababa de entrar entonces en el banco, recuerdo muy bien lo que ocurrió y apoyé lo que ocurrió, o sea que en absoluto quiero esquivar ninguna responsabilidad. La verdad es que yo me llevé una alegría, lo digo francamente, porque era una entidad menos a ser financiada por el Memorándum de Entendimiento con la UE [MOU]; nos parecía que si el Popular podía resolver el problema por su cuenta, ir a la ampliación por su cuenta y todo por su cuenta, era mejor para el sistema. Y además es verdad que entonces era el único banco privado que estaba en esa situación. Entonces nos pareció que si podíamos quitarle peso a la ayuda europea era mejor y si el Popular daba garantías de salir adelante por su cuenta, era bueno para todos. Eso es lo que yo pensé y pensamos todos”. 

Y a continuación Linde no elude responder a la pregunta formulada por los diputados sobre si fue un error no intervenir y nacionalizar el Banco Popular en 2012: “Pero efectivamente, post factum, uno se pregunta si realmente eso fue una decisión buena o mala, quizá fue mala, efectivamente. Porque es verdad que aunque el Popular entonces tomó esas decisiones y saneó, quizá no fue lo suficiente. Era un problema demasiado grave y demasiado importante quizá como para salir adelante por su cuenta solo. Pero esto se ve ahora, claro. Entonces, insisto, a todos nos pareció que estaba bien que el Popular lo hiciese por su cuenta, eliminaba gasto del préstamo europeo, nos parecía que tenía capacidad técnica para hacerlo, y en ese sentido nos pareció bien. Pero la pregunta es legítima, efectivamente, a la vista de lo ocurrido en los años posteriores”. 

En 2012, nada más llegar Linde, el tema de la inspección del Banco Popular era “propiedad”, por así decir, de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Es importante situar en contexto las piezas del puzle financiero español unos meses antes de 2012, en pleno desarrollo de la crisis.  

Julio 2011. El Banco Pastor es una de las cinco entidades españolas que suspende la prueba de esfuerzo (stress test) realizada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA)

Julio 2011. Se hacen públicos los resultados de la prueba de esfuerzo (stress test) realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). El Banco Pastor es una de las cinco entidades españolas que suspende la prueba, según los criterios europeos. Su solvencia, ante el escenario adverso de una caída del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 2% en 2011 y 2012 y una disminución del precio de la vivienda del 22%, puntúa un 3,3% frente al 5% exigido. Los resultados del Banco Pastor estimados bajo este escenario eran de 697 millones de euros de pérdidas.  

El Banco Popular, por su parte, aprobaba raspando con una nota del 5,3%, si bien corría serio riesgo de enfrentarse, según la hipótesis de trabajo, a unas pérdidas de 2.399 millones de euros. En paralelo, el estallido de la crisis del Banco de Valencia, del grupo BFA-Bankia, era cuestión de tiempo. No se trataba de saber si sería intervenido sino de cuándo tendría lugar la decisión. 

Unos días antes del desenlace, se desencadenó la operación Banco Pastor-Banco Popular, es decir, la compra del Banco Pastor por el Popular, de cuya gestación y negociación estuvo al corriente la Dirección General de Supervisión del Banco de España. El 10 de noviembre de 2011 se presentó la Oferta de Adquisición de Acciones (OPA), previamente pactada con el Pastor, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para acometer este “proyecto”, el Popular pidió apoyo a sus accionistas a través de una ampliación de capital para captar 1.247 millones de euros.

Once días después, el 21 de noviembre de 2011, un día después de las elecciones del 20-N, el Banco de España anunciaba la intervención del Banco de Valencia.

Se trataba para el Banco de España de crear un cordón sanitario entre bancos y cajas de ahorro. En otros términos, la crisis económico-financiera española era un problema de la mala administración de las cajas de ahorro, esas instituciones decimonónicas difíciles de controlar. Así, con la fusión por absorción de dos entidades con serios problemas de subsistencia, se vendía la teoría de que a lo sumo los problemas se limitaban a las cajas. 

Pero la fusión entre las dos entidades privadas con serios problemas ya entonces aceleró la crisis del Banco Popular. Lo que alegró a Linde, según su relato ante el Congreso de los Diputados, fue un recurso que prolongó la agonía.  

Ya en septiembre de 2012, el Banco de España contemplaba la nacionalización ante el eventual fracaso de las medidas propuestas por los administradores del Banco Popular: la emisión de bonos convertibles en acciones suscritos por el FROB hasta junio de 2013. En ese momento serían recomprados por el propio banco o bien pasarían a convertirse en capital.  

El precio de las acciones del Popular no dejaba de caer.  

Y fue así que el Popular decidió, con el apoyo de la comisión ejecutiva del Banco de España, según reconoció Linde en su comparecencia ante el Congreso, ir a una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. 

El folleto, aprobado el 12 de noviembre de 2012, no ocultaba los objetivos claramente desesperados de la operación. En lugar de sanear antes y ampliar capital después, se convocaba a los accionistas a aportar dinero bueno sobre dinero malo. 

El motivo de la oferta y el destino de los ingresos era la realización de saneamientos y provisiones, una vez acontezcan determinados “eventos adversos”, por aproximadamente 9.300 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2012 (3.300 millones de euros contra reservas y 6.000 millones de euros vía cuenta de resultados), los cuales incluyen 7.659 millones de euros en relación con la exposición al sector inmobiliario y de la construcción requeridos por los Reales Decretos Ley de 27/2012 y 18/2012.  

A 30 de septiembre de 2012, el Grupo había reconocido 3.845 millones de euros, de los cuales 2.573 millones se realizaron contra reservas y 1.272 millones de euros vía cuenta de resultados. Considerando lo anterior, los resultados de Banco Popular ascienden a 251 y 484 millones de euros a 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, respectivamente. Las dotaciones que se estima realizar contra la cuenta de pérdidas y ganancias podrían derivar en un resultado estimado del orden de –2.300 millones al cierre del presente ejercicio.

Las cuentas del Popular a 31 de diciembre de 2012, un mes y medio después de pedir 2.500 millones de euros a los accionistas, cerraron con pérdidas reales de 3.907 millones de euros, que fueron “amortiguadas” a 2.709 millones merced a la suspensión del dividendo y a las ayudas públicas de los créditos fiscales. 

La referencia de Almunia a que se necesitaba un supervisor único europeo para evitar que el Banco Popular se “escapase” de la intervención y reestructuración de 2012 tira piedras, por así decir, contra su presunto propio tejado. 

Las cuentas del Popular a 31 de diciembre de 2012, un mes y medio después de pedir 2.500 millones de euros a los accionistas, cerraron con pérdidas reales de 3.907 millones

El relato de Linde es sugerente: “A efectos prácticos, en enero de 2015 –en realidad fue en noviembre de 2014– el Banco Popular pasó a ser supervisado por el BCE y por el MUS, el Mecanismo Único de Supervisión. En realidad, ahí había dos niveles que diferenciar. El trabajo de los equipos conjuntos es entre el MUS y los supervisores propios de cada jurisdicción, en nuestro caso el Banco de España. Los joint teams, los equipos conjuntos, están formados por inspectores que vienen directamente del MUS y los puestos por la autoridad nacional, en nuestro caso el Banco de España. Aparte del trabajo de los joint teams, los equipos conjuntos, estaban las inspecciones de revisión in situ, las programadas por el MUS con personal de los servicios de inspección del Banco de España, pero bajo tutela del MUS. Por tanto, había dos inspecciones en paralelo y simultáneas, las del joint team y las in situ hechas por inspectores del Banco de España pero bajo el control y la responsabilidad del MUS”, señala Linde. 

Y añade: “En el año 2015 no hubo hitos relevantes, si bien ya en ese año se empezó a ver un deterioro apreciable de la cartera de créditos y adjudicados. En 2016 se comenzó a constatar que la tasa de cobertura de activos y productivos estaba por debajo de la media de sus comparables europeos. En el año 2015 se empieza a apreciar un problema de dotación de provisiones, problema que ya existía, pero que en 2015 se aprecia con más intensidad. Debido a esa situación, el MUS –no digo presionar porque no es esa palabra– instó y aconsejó al Banco Popular que se plantease ampliar capital, reforzar su dotación de capital, y el Popular decidió una ampliación de 2.500 millones de euros entre capital y prima de emisión, con una emisión de 2.000 millones de acciones y dando a los activos accionistas derecho preferente de suscripción. Hay que recordar que, de acuerdo con el Decreto 84/2015, el aumento de capital social no requiere autorización previa del supervisor que, en este caso, hubiera sido el BCE. El BCE no autorizó porque no existía esa obligación de acuerdo con la normativa vigente en ese momento. El supervisor marca la estrategia, aconseja esa ampliación, vigila cómo va, comprueba que va adecuadamente, que se completa adecuadamente, pero no autorizan la ampliación de capital –esto es importante constatarlo–, por supuesto ni el BCE ni el Banco de España, que no era el supervisor en ese momento, como todos sabemos”. 

Y ahora vayamos con la estructura de análisis de Linde a la aceleración de la caída. 

En el primer semestre de 2016, la caída de las acciones del Banco Popular en la Bolsa continuó, cerrando a 2,29 euros por acción cuando su valor teórico contable era de 5,82 euros por acción. El mercado descontaba con su cotización, por tanto, un 60% del precio registrado en libros. 

El 29 de abril de 2016, el Popular aprobaba, cuatro años después, una repetición de la jugada de 2012: una ampliación de capital de 2.505 millones. Fue aprobada por la CNMV el 26 de mayo de 2016. 

La caída del Banco Popular ha sido, mira por dónde, una de las más anunciadas y prolongadas en el tiempo de la historia bancaria española

Y el folleto, como en 2012, revelaba que los accionistas eran convocados para poner, otra vez, dinero bueno sobre dinero malo. El capital a captar sería utilizado, decía el folleto, para “provisiones o deterioros durante el ejercicio 2016 por un importe de hasta 4.700 millones de euros. De producirse esta situación, ocasionaría previsiblemente pérdidas contables en el entorno de 2.000 millones de euros en el ejercicio 2016, que quedarían íntegramente cubiertas, a efectos de solvencia, por el aumento de capital, así como una suspensión temporal de reparto de dividendo”.

Es decir: el Popular, que se le había “escapado”, Almunia dixit,  al Banco de España en 2012 –con Francisco Monzón (actual director general adjunto de Supervisión), Margarita Delgado y Jerónimo Martínez Tello en la cadena de mando a cargo de la supervisión– volvía, a la luz de la nueva y última ampliación de capital, a “escurrírsele” al Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo en 2016.  

Quizá porque la supervisión aquí y allí exhibía una continuidad total. Ramón Quintana, que había ascendido en octubre de 2012 a director general de Supervisión, después de ejercer durante años como director del Departamento de Inspección II y coordinador ejecutivo del mismo, era designado en enero de 2014 para tomar posesión en noviembre de 2014 de uno de los cuatro departamentos del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo a cargo de inspeccionar unas cien entidades financieras, entre ellas el Banco Popular. 

La ampliación de capital de 2016 fue la última escapada, la señal más clara de que la tolerancia del Banco de España, en 2012, del BCE, en 2016, con la política de poner dinero bueno sobre dinero malo –una de las prácticas bancarias más heterodoxas y costosas– había llegado a su fin. El dinero bueno autorizado por el Banco de España se aplicó en 2012 a cubrir pérdidas y no a fomentar nuevas actividades, lo mismo que la de 2016 tolerada por el BCE. En ambos casos estas ampliaciones ayudaron a presentar una imagen de la entidad que no era la real. 

La caída del Banco Popular ha sido, mira por dónde, una de las más anunciadas y prolongadas en el tiempo de la historia bancaria española.

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Ernesto Ekaizer es autor de dos libros clave para entender la Gran Recesión en España. El primero, del que se hicieron 10 ediciones, es Indecentes, Crónica de un Atraco Perfecto(Editorial Espasa) publicado en mayo de 2012. Y más recientemente, en octubre de 2018, después de cinco años de investigación, El libro negro. La crisis de Bankia y las Cajas. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos, del que se han realizado tres ediciones.