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CAPÍTULO 9. Pastor & Popular: hacia el naufragio con Margarita Delgado, Francisco Monzón y Jerónimo Martínez Tello en el control

El 15 de julio de 2011 fue uno de esos días de gran expectación en medio de la Gran Recesión en curso.

Los mercados y los medios de comunicación están en vilo. Se harán públicos los stress test, o pruebas de resistencia o esfuerzo que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ordenó para

toda la banca europea.

El Banco Pastor fue una las cinco entidades españolas que suspendió la prueba, según los criterios europeos. Su solvencia, ante el escenario adverso de una caída del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 2 % en 2011 y 2012 y una disminución del precio de la vivienda del 22 %, era del 3,3 % frente al 5 % exigido.

Los resultados del Banco Pastor estimados bajo este escenario eran de 697 millones de euros de pérdidas. El Banco Popular, por su parte, aprobaba por los pelos (5,3%), si bien se enfrentaría, según la hipótesis de trabajo, a unas pérdidas de 2.399 millones de euros.

Además del suspenso en solvencia, el Banco Pastor se enfrentaba a vencimientos de deuda de 447 millones en lo que quedaba de 2011, de 2.936 millones en 2012 y de 2.289 millones entre 2013 y 2014.

Los malos resultados obtenidos en las pruebas de resistencia presagiaban dificultades para refinanciar los vencimientos en un mercado mayorista afectado por la crisis de confianza durante aquellos meses. Y el eslabón más débil de la cadena era, cómo no, el crédito a promotores y constructoras, que ascendía a 5.190 millones, más de un 23 % del total de los créditos a la clientela.

Es decir: las campanas doblaban por el Banco Pastor.

Ya no podía seguir en solitario. Los accionistas de referencia del Pastor eran la Fundación Barrié de la Maza, con el 42,17 %; la familia Del Pino, a través de Financière Tesalia, con un 5,04 %; el empresario Amancio Ortega, a través de Pontegadea, con un 5,01 %, y Novacaixagalicia, principal competidor de Banco Pastor en Galicia, intervenida por el FROB, con un 5,25 %.

El Banco Pastor contrató a Morgan Stanley con el objetivo de buscar un comprador. Mostraron especial interés el Banco Sabadell y el Popular, y menos La Caixa y BBVA. Pero José María Arias, presidente de la Fundación Barrié de la Maza, que consideraba al Banco Pastor su buque insignia, se inclinó por el Banco Popular.

Aun cuando tenía su propia filial en Galicia, con más oficinas que el propio Banco Pastor, el Banco Popular lanzó el 7 día de octubre de 2011 una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones del Pastor y todas las obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles. La OPA fue de 1,115 acciones de nueva emisión del Popular por cada acción del Pastor y de 30,9 acciones de nueva emisión del Popular por cada obligación «obligatoriamente» convertible del Pastor. La ecuación de canje de acciones suponía valorar las acciones del Pastor un 31 % por encima del último precio cotizado en la Bolsa (3,03 euros por acción) y un 79 % de su valor teórico contable (4,96 euros por acción, para un promedio de 321 millones de acciones que resultarían afectadas en la operación). Noviembre de 2011 fue un mes importante en la crisis financiera española. El Banco Central Europeo (BCE) acababa de imponer, en agosto de 2011, un programa de ajuste al Gobierno zapatero, condición del apoyo para reducir la prima de riesgo a través de compras de bonos públicos españoles. Y había elecciones generales el domingo 20 de noviembre. Nadie esperaba sorpresas. La caída del PSOE era la crónica de una muerte política anunciada meses antes de la apertura de las urnas, cuando Rodríguez zapatero optó por la fórmula Dios-nos-pille-convocados el 29 de julio del 2011, es decir, anticipar las elecciones de marzo de 2012 en algo más de tres meses, a noviembre de 2011,

por el temor cerval a una intervención o rescate a la griega.

Mientras tanto el Banco de Valencia como el Banco de España aguantaban en cámara lenta la noticia: la intervención del Banco de Valencia. Y henos aquí con la operación del Banco Pastor y el Banco Popular.

La operación fue presentada ante la CNMV el día 10 de noviembre de 2011 y autorizada el día 18 de enero de 2012, iniciándose el canje el día 20. El 15 de febrero se daba cuenta al mercado, como «hecho relevante», que el 96,44 % de las acciones y el 99,04 % de las obligaciones obligatoriamente convertibles del Banco Pastor habían aceptado la OPA del Banco Popular, quien, haciendo uso de las prerrogativas legales de la Ley del Mercado de Valores, adquirió, de manera forzosa, las restantes acciones y obligaciones, de forma que el Banco Popular alcanzó a tener el 100 % de las acciones del Banco Pastor.

Como consecuencia de ello, y para liquidar la operación con los accionistas y obligacionistas de Banco Pastor, el Banco Popular emitió 382 millones de acciones que suponían un precio pagado a los accionistas y obligacionistas del Banco Pastor de 1.246 millones de euros.

Por tanto, respecto de 972 millones de euros de valor en Bolsa (321 millones de acciones a 3,03 euros) y 1.591 millones de euros de valor en libros (321 millones de acciones a 4,96 euros), los accionistas del Pastor, en conjunto, recibían una cantidad intermedia.

No parecía un mal negocio para unos y otros. Y además se podía expresar una cierta satisfacción por parte de los gallegos. Su patrimonio era valorado por el Popular en un 75 % frente al 12% en que había sido valorado Novagalicia Banco, la marca con la que las dos cajas gallegas (Caixanova y Caixagalicia) trataron de hacer frente a las mayores exigencias de capital regulatorio (10 % frente a 8 %) para las entidades que no cotizaran en Bolsa, según había decretado el Gobierno de José Luis Rodríguez zapatero en febrero de 2011.

El 16 de febrero de 2012 se materializó la toma de control del Banco Pastor por el Banco Popular. Posteriormente, el 28 de junio, se produjo la fusión: la absorción del primero por el segundo.

¿Y cuál fue el resultado de la operación?

Veamos. Las cuentas anuales del Banco Popular en 2012 informan que, al comparar el precio pagado por el Banco Pastor (1.246 millones de euros) con el valor de mercado de cada uno de sus activos y pasivos, surgía un «Fondo de comercio» de 1.743 millones de euros, es decir, muy superior al importe pagado de 1.246 millones.

¿Era posible esto? ¿No se deslizaría algún error?

No. Era así. Según el Banco Popular, el valor neto de mercado de los activos menos los pasivos arrojaba un resultado

negativo de 1.679 millones de euros. Se había adquirido, por tanto, un banco que, según su comprador, el Popular, carecía de valor, o según afirman en su memoria, se estaba pagando por «las sinergias esperadas y otros beneficios resultantes de la combinación de negocios, tales como la fuerza de trabajo».

Pero ¿qué sinergias se podían obtener de un banco que estaba cargado de activos con serias dificultades para su recuperación (crédito promotor), que tenía vencimientos de deuda muy fuertes a los que hacer frente en un futuro inmediato y que no había pasado las pruebas de resistencia de las autoridades europeas?

Era a todas luces temerario que ante este escenario nadie protegiera —ni sus administradores ni la Supervisión del Banco de España, representada por la cadena de mando Margarita Delgado-Francisco Monzón-Jerónimo Martínez Tello— el patrimonio del Banco Popular antes que erigirle en «salvador» de tan delicado banco, el Pastor, cuando él mismo había pasado las pruebas de resistencia por los pelos.

El registro de la operación era tan llamativo que la CNMV solicitó aclaraciones en mayo de 2013, a las que el Popular respondió el 30 de septiembre.

Resulta que el patrimonio de 1.664 millones del Banco Pastor había sido fuertemente «ajustado» a 3.343 millones, de manera que el valor patrimonial adquirido era negativo por la diferencia (1.679 millones), y por el cual el Popular, sin recibir ninguna ayuda pública —lo que hubiera sido comprensible o coherente, pues esos apoyos se habían canalizado a La Caixa y a Sabadell— pagó con acciones por un valor de 1.246 millones. Los accionistas del Popular deberían haberse opuesto a esta operación antieconómica para ellos y absolutamente rentable para los accionistas del Pastor.

Pero eso no iba a ocurrir. Y no ocurrió.

La respuesta a este intríngulis está, como suele suceder, en las cuentas. El Banco Popular pasaba de tener unas provisiones para riesgo de crédito de 2.724 millones a finales de 2011 a 6.293 millones a final de 2012.

¿Cómo se explica si por su cuenta de resultados solo pasaron pérdidas netas por riesgo de crédito de 181 millones? Pues, ¡elemental, querido Watson! Porque agregaron a sus propias provisiones las que había cargado el Banco Pastor, las provisiones específicas pendientes de asignación.

Las pepas.

Y, ya que estábamos en harina, por un importe que era muy superior a lo que se podía imaginar para un banco de un tamaño notoriamente inferior (30.545 millones de activos frente a 130.926 millones): 3.387 millones de euros, una cifra que superaba con creces todas las provisiones acumuladas por el Banco Popular con anterioridad (2.724 millones).

Se estaban dotando pérdidas sin pasar por la cuenta de resultados, sino sacando de la chistera un «fondo de comercio» a todas luces inexistente. El uso del fondo de comercio fue, precisamente, uno de los instrumentos para disfrazar la crisis de las cajas de ahorros de Estados Unidos en los primeros años ochenta del siglo xx, según apuntamos.

En ciertos círculos del Banco de España se acuñó una palabreja para definir lo que se estaba haciendo con la contabilización de las pérdidas: «achatarramiento».

El uso de expresiones que recogían las malas prácticas contables engrosó la cultura financiera de este periodo. Otro ejemplo fue el de las «operaciones escoba» diseñadas durante el periodo 2011-2014 —según denunciaría la Agencia Tributaria en 2018—, a través de las cuales el Banco Popular tejió una red de «vehículos» en Luxemburgo —de la mano de Thesan Capital y de los despachos luxemburgueses Faltz & Felgen y Numaria—, con el objetivo de ocultar morosidad de clientes en España.

¿Cómo se lo montaban? Se otorgaba financiación a un fondo o vehículo luxemburgués que este convertía en préstamos participativos de alguna sociedad con morosidad en dificultades. Este fue el caso de diversas sociedades de la promotora Marina d’Or, como Platja Amplaries, S. L., localizada en Castellón de la Plana, en la cual el propio Popular poseía el 25 % del capital a través de su filial Aliseda. Según la Agencia Tributaria, el entramado recibió al menos 197 millones de financiación.

Era obvio que las cuentas financieras del Banco Popular estaban siendo trucadas desde hacía tiempo, pero ¿cómo es posible que la cadena de mando Delgado-Monzón-Martínez Tello del Banco de España lo consintiera?

¿Cómo es posible que con los ejercicios de revisión de la calidad de los activos (asset quality review) para mejorar la transparencia de los balances de los bancos, practicados desde marzo de 2014, no se cortara de raíz, si es que no se habían identificado antes, estas malas prácticas?

Nada más llegar al Gobierno, a finales de 2011, según ya hemos apuntado, el nuevo Ejecutivo del PP aprobó dos decretos, uno el 3 de febrero y otro el 11 de mayo de 2012, tres días después de la intervención de Bankia por el FROB. Con carácter general, todas las entidades de crédito españolas debían cumplir, antes de 31 de diciembre de 2012, unos requerimientos de provisiones y de capital sobre los activos adjudicados y sobre toda la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria.

Ambos decretos no disimulaban la realidad: eran una bofetada del nuevo Gobierno al Banco de España, al ser este por delegación de aquel el responsable de la regulación prudencial y contable de los bancos españoles.

En el mes de junio de 2012, el Gobierno se vio obligado a solicitar, a iniciativa del Eurogrupo, la asistencia financiera del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) mediante una línea de crédito con un máximo de 100.000 millones de euros, cuyo destino exclusivo eran las necesidades generadas para la recapitalización del sector financiero. La línea de crédito vino acompañada de una serie de condiciones de política económica que, dada la finalidad exclusiva, para el caso de España se limitaban a políticas financieras recogidas en un Memorándum de Entendimiento (MOU, en sus siglas en inglés de Memorandum of Understanding) suscrito el 20 de julio de 2012. Entre las condiciones del MOU se encontraba la realización de un ejercicio de resistencia (stress test), que fue encargado por el Banco de España a dos firmas internacionales: Oliver Wyman y Roland Berger. Las pruebas de resistencia ofrecerían dos resultados en dos escenarios: un escenario base, para el que las entidades debían disponer de un capital regulatorio del 9 % de sus activos ponderados por riesgo (una cifra inferior al activo total, resultado de ponderar cada grupo de activos por un determinado porcentaje), y un escenario adverso, al que las entidades deberían enfrentarse con un capital mínimo del 6 % sobre sus activos ponderados por riesgo.

Pero antes de que estas pruebas se dieran a conocer, el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, volvía a ensayar una operación de fusión con otra entidad. Ya lo había intentado sin éxito con Bankia, en los meses de octubre de 2011 a primeros de febrero de 2012, pero ahora, después de la intervención de Bankia en mayo de 2012, y de la firma del rescate bancario posterior, en junio de 2012, el ambiente era más favorable que el del escenario CaixaBank-Bankia.

Fainé barajó, como parte de la posible alianza, que el puesto de vicepresidente de CaixaBank lo ejerciera Ángel Ron en sustitución de Juan María Nin, que llevaba un año y algunos meses en dicha posición. O la posibilidad de una copresidencia, tal como había contemplado con Rodrigo Rato meses antes.

Así fue que Fainé visitó a Mariano Rajoy en La Moncloa el martes 18 de septiembre de 2012 para informarle de sus planes, algo que ya había hecho con ocasión del proyecto de fusión con Bankia. Era un momento estratégico que un florentino Fainé había calibrado: dos días después, el 20 de septiembre, Rajoy recibiría en La Moncloa al president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Fainé habló con Rajoy de crear una gran entidad española producto de la integración de CaixaBank y Popular.

Artur Mas, por su parte, recuerda que Fainé, aparte de mencionarle en el Palau de la Generalitat el proyecto de fusión con Bankia, también le habló más tarde de la idea de una integración CaixaBank-Popular. «Fueron siempre comentarios y planes sin mucha concreción. No hablamos de propuestas formales».

El día 28 de septiembre de 2012 se hacían públicos los resultados de la prueba de resistencia. El Banco Popular mostraba un exceso de capital de 677 millones en el escenario base y un déficit de 3.223 millones en el escenario adverso.

A la vista de ello, era necesario proceder a recapitalizar con urgencia el Banco Popular y, claro, se buscaba hacerlo con cierto sigilo. Era, pues, el escenario que buscaba Isidro Fainé.

Pero el domingo 30 de septiembre, el consejo de administración del Banco Popular examinó el proyecto de integración en CaixaBank y decidió descartarlo en aquel momento. Al tiempo, decidía lanzar una ampliación de capital de 2.500 millones de euros para cubrir las necesidades apuntadas por las conclusiones de las pruebas de Oliver Wyman.

En un documento enviado al Banco de España en octubre de 2012, se concluía, con aceptación del Banco de España, que el Banco Popular sería capaz de cubrir sus necesidades de capital por sus propios medios, quedando integrado en el grupo de bancos con necesidades de capital superiores al 2 % de sus activos ponderados por riesgo (Grupo 3).

Se trataba de facilitar todo menos entregar activos al banco malo de nueva creación, SAREB, y mucho menos todavía hablar de intervención del FROB. En el documento entregado al Banco de España se recogían los aspectos más relevantes de la actuación que abordaría el Popular: a) realizar antes de fin de 2012 una ampliación de capital por un importe de hasta 2.500 millones de euros, y b) realizar antes de 31 de diciembre de 2012 saneamientos por aproximadamente 9.300 millones (el patrimonio neto del banco era de 9.942 millones en septiembre de 2012), de los que 3.300 lo serían con cargo a reservas y 6.000 contra resultados. En septiembre de 2012 el Popular ya había reconocido 3.845 millones de pérdidas hasta finales de dicho mes, de las que 2.573 millones se habían pasado por sus reservas. La propuesta al Banco de España incluía que, en caso de que las medidas anteriores no fuesen suficientes para paliar el déficit patrimonial identificado, se procedería a emitir bonos convertibles para que fueran suscritos por el FROB hasta junio de 2013, en cuyo momento, o bien los bonos serían recomprados por el propio Banco Popular, o bien se convertirían en capital mediante su conversión en acciones.

Es decir, ya se estaba hablando de la posibilidad de nacionalizar el Banco Popular tras la socialización de pérdidas que había supuesto unos meses antes la nacionalización de BFABankia.

Ante esta situación, el Popular procedió a instrumentalizar una ampliación de capital, aprobada por la CNMV el 12 de noviembre de 2012, mediante la emisión de 6.234 millones de acciones nuevas que supondrían un importe efectivo de capital de 2.500 millones de euros. Puesto que las acciones en circulación antes de esta oferta eran 2.924 millones, ello suponía tres acciones nuevas por cada acción antigua.

Pero, atención, ello implicaba también un reconocimiento implícito de la enorme fragilidad financiera del Banco Popular, puesto que el valor en libros de cada acción vieja era de 4,19 euros, cotizaban en aquellos momentos, al 30 de septiembre de 2012, a 1,70 euros, y se emitían las nuevas a poco más de 40 céntimos de euro. El 9 de noviembre de 2012, el precio en Bolsa de cada acción del Popular se había desplomado hasta 62 céntimos, cuando solo un año antes, a finales de 2011, había alcanzado los 3,52 euros por acción.

La situación, pues, era desesperada. Pero el propio Banco Popular pretendía insuflar una cierta tranquilidad al anunciar que determinados miembros de su consejo de administración, así como accionistas significativos, habían suscrito acuerdos irrevocables para acudir a la ampliación, los cuales representaban

1.048 millones de acciones nuevas, es decir, un 16,822 % del total. No parecía un gran compromiso de su núcleo de accionistas: el Opus Dei (Sindicatura de Accionistas del Banco Popular), Crédit Mutuel, Allianz, Américo Ferreira de Amorim, Unión Europea de Inversiones.

El destino de la ampliación no era incrementar el negocio, sino tapar agujeros. Y como era evidente para el mercado, tampoco se ocultaba.

Veamos. No era que primero se procedía a contabilizar los agujeros (en román paladino, pérdidas) y luego se ampliaba el capital —lo que durante la crisis bancaria española de finales de los años setenta y años ochenta se denominó «operación acordeón»—, a fin de lograr que los nuevos accionistas no corrieran con pérdidas anteriores a su inversión. Dicho de otra forma, evitar poner dinero bueno sobre malo. Y más aún, se hacía público que una parte de las pérdidas (3.300 millones de los 9.300 millones) se cubrirían con cargo a reservas, una práctica contraria no solo a las normas contables, sino al artículo 38 del mismísimo Código de Comercio. 

El folleto de ampliación de capital aprobado por la CNMV, si se quiere, cantaba la gallina: 

El motivo de la oferta y el destino de los ingresos [era] realizar saneamientos y provisiones, una vez acontezcan determinados eventos adversos, por aproximadamente 9.300 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2012 (3.300 millones de euros contra reservas y 6.000 millones de euros vía cuenta de resultados), los cuales incluyen 7.659 millones de euros en relación con la exposición al sector inmobiliario y de la construcción requeridos por los RD-L 272012 y 18/2012. A 30 de septiembre de 2012, el Grupo había reconocido 3.845 millones de euros, de los cuales 2.573 millones se realizaron contra reservas y 1.272 millones de euros vía cuenta de resultados […]. Considerando lo anterior, los resultados de Banco Popular ascienden a 251 y 484 millones de euros a 30 de septiembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011, respectivamente. Las dotaciones que se estima realizar contra la cuenta de pérdidas y ganancias podrían derivar en un resultado estimado del orden de –2.300 millones al cierre del presente ejercicio.

Nadie, por tanto, se podía llamar a engaño. Era pedir dinero a nuevos accionistas para tapar pérdidas.

Así, pues, el agujero que el Banco Popular confesaba tener aún pendiente de cubrir al solicitar 2.500 millones como capital era de 5.455 millones (9.300 menos 3.845) y además afirmaba que este agujero lo cubriría con los resultados del año (lo que daría lugar a pérdidas por 2.300) y el resto iría contra las reservas.

Todo lo que era anormal pasaba a ser la nueva normalidad. Era inverosímil el agujero, y no lo era menos que ninguna autoridad exigiese que se cumpliesen las normas (registrar todas las pérdidas en resultados, como más tarde advirtieran los inspectores-peritos de Bankia en sus informes periciales). Y la guinda: la anormalidad total de que se solicitase capital para tapar pérdidas. Y que así se hiciese constar en el folleto de emisión.

La ampliación de capital fue presentada como un éxito. En su memoria de 2012, el consejo de administración afirmaba:

Como se sabe, la ampliación de capital fue un rotundo éxito: se inició con el respaldo del 99,8 % de los accionistas en la junta convocada al efecto y, no solo se cubrió sin necesidad de acudir a los bancos aseguradores, sino que hubo que dejar de atender una sobredemanda nada menos que del 83 %. En su conjunto, fueron 73.000 nuevos inversores los que se incorporaron a nuestro capital, elevando la base accionarial hasta 320.000 accionistas. Este resultado ha puesto de manifiesto que contamos con el respaldo de los accionistas de referencia representados en el Consejo —hoy suponen más del 24% del capital—, con una clientela que apoya nuestro proyecto y con nuevos inversores institucionales que han decidido unirse al mismo, a pesar del sentimiento aún negativo hacia la periferia europea, sin duda, atraídos por el enorme valor que encierra nuestra acción.

Pero la realidad era otra muy diferente: este éxito escondía lo que de verdad había ocurrido en el año 2012.

Después de dos ampliaciones de capital por 3.746 millones de euros (1.247 para comprar el Banco Pastor y 2.500 para tapar agujeros), el patrimonio del Banco Popular, que en 2011 ascendía a 8.176 millones, solo había crecido hasta 9.319 millones (1.143 millones más). Como se insinuaba en el folleto, «los eventos adversos» habían acontecido solo un mes y medio después de pedir a los inversores capital fresco, el 12 de noviembre de 2012. El año se cerró con unas pérdidas antes de impuestos de 3.907 millones, reducidas a 2.709 millones merced a la ayuda pública que suponen los créditos fiscales, y el anuncio de suspensión de dividendos. Las provisiones que se hicieron fueron de 5.422 millones que sumadas a las que (indebidamente) se registraron procedentes del Banco Pastor (3.387 millones) más las existentes a final de 2011 ascendían a 10.750 millones.

En conjunto, el valor contable de cada acción se desplomó un 79 % solo en el año 2012, desde 5,57 a 1,17 euros por acción, y su precio en Bolsa lo hacía un 83%, desde 3,52 euros al inicio del año hasta 0,59 euros por acción.

Pero el poder de la tupida red comercial del Banco Popular, así como la complacencia de los guardianes del mercado —el Banco de España bajo la cadena de mando y control de Margarita Delgado-Francisco Monzón-Jerónimo Martínez Tello y Ramón Quintana, a partir de finales de octubre de 2012—, facilitó que el número de accionistas se doblara pasando de 149.000 a finales de 2011 hasta 316.000 en diciembre de 2012.

Lo que estaba por venir era imaginable.

En abril de 2013, Margarita Delgado dejaba el puesto de coordinadora ejecutiva del Departamento de Inspección III de bancos medianos para ascender al puesto de directora del Departamento I, en el que se supervisaba los bancos llamados sistémicos: Santander, BBVA, La Caixa y Bankia.

A mitad del año 2013, el consejo del Banco Popular anunciaba una operación de agrupación y canje de acciones, conocida en el mundo financiero como contrasplit. La operación no tenía impacto ni para el banco ni para los accionistas; el objetivo de estas operaciones era reducir la volatilidad (el riesgo) de la cotización al reducir el número de títulos en negociación. Sin que la operación afectara a la cifra de recursos propios, el 17 de junio de 2013 se canjearon 8.567 millones de acciones de 0,1 euros por 1.713 acciones nuevas de 0,50 euros de valor nominal. La reacción del mercado fue brutal y contraria a lo esperado. La cotización de la acción del Popular tras el anuncio de contrasplit cayó un 5,28 % en una sola jornada, la mayor del IBEX, y dejó los nuevos títulos a 2,51 euros por acción, mientras su valor en libros era de 5,94 euros por acción.

Esta diferencia entre el valor contable y el valor en Bolsa, como advertirían en el caso de la salida a Bolsa de Bankia los inspectores-peritos Sánchez y Busquets, era un indicio de deterioro que la normativa contable exige analizar y, si es necesario, dotar como una pérdida.

Ni los administradores del Banco Popular, ni sus vitalicios auditores PricewaterhouseCoopers —PwC llevaba más de treinta y cinco años auditándolo—, ni los guardianes de la CNMV y el Banco de España dieron explicación ni motivos para abstenerse de identificar las causas de esta discrepancia de valor entre lo que decía el mercado (2,51 euros) y lo que vendían los administradores (5,94 euros).

El valor en Bolsa se recuperó a final del año 2013 hasta 4,39 euros, pero habría de hundirse en los dos años siguientes aún más. El Popular iba caminando hacia su colapso a cielo abierto, a la vista de todos los que debían evitarlo. Los resultados del año 2013 apenas superaron los 250 millones de euros y cayeron hasta 105 millones en 2015. Las demandas de las organizaciones de consumidores OCU y ADICAE contra las cláusulas suelo de préstamos hipotecarios referenciados al Euribor, y contra la práctica totalidad de las entidades de crédito españolas, concluyeron en un macro-proceso judicial que motivó una sentencia del Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 2015. Notificada al Banco Popular el 21 de enero de 2016, obligaba a dotar ese año 350 millones de euros para cubrir el riesgo de devolución de cantidades indebidamente cargadas a los clientes al liquidarles las cuotas de sus préstamos.

El riesgo sobre la posible retroactividad de estas sentencias se asentó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo que el Banco Popular valoraba en un importe máximo de riesgo de retroactividad adicional de 334 millones, pero que estimó de pago remoto (y por ello lo dejó sin cubrir) a la vista del Dictamen Preliminar emitido el 13 de julio de 2016 por el abogado general de la Unión Europea, quien dejaba constancia de la potestad del Tribunal Supremo español para limitar el derecho a la retroactividad de las indemnizaciones por las cláusulas suelo hasta el 9 de mayo de 2013.

En 2016 se celebraba el 90º aniversario del Banco Popular. Y quien hubiera vaticinado años antes que sería el último como banco independiente no habría cosechado más que abucheos.

El Banco Popular se había creado en el Madrid de 1926 un 14 de julio con el nombre de Banco Popular de los Previsores del Porvenir. El promotor de su creación fue Emilio González-Lana Fagoaga, un ingeniero de minas que había desempeñado cargos parlamentarios en las filas del partido conservador. El 27 de enero de 1973 Luis Valls Taberner alcanzó la presidencia y durante los años ochenta y noventa del siglo xx consiguió situar al Banco Popular entre los más rentables y eficientes del mundo, el Lamborghini de la escudería de los siete grandes bancos españoles con el cual todos querían fusionarse.

El 19 de octubre de 2004, Luis Valls renunció al cargo de presidente a favor de Ángel Ron, un gallego licenciado en Derecho que había ingresado en el banco como administrativo en la Dirección Regional de Galicia.

La elección de su sucesor fue quizás el mayor error de un obsesivo, metódico y elegante Valls.

A Luis Valls se deben muchas reflexiones sobre lo que debe ser la banca y los banqueros, lo que le hizo ganar el apodo de banquero florentino. Siempre espigado y luciendo su piel tostada bajo sus sienes plateadas, Valls el Florentino lanzaba ironías muchas veces tan indescifrables como maquiavélicas.

En 1976, con motivo del cincuentenario de la fundación del banco, Valls se mostraba muy crítico con el crecimiento del balance y las que denominaba «modernas técnicas de gestión», y decía: 

Durante la pasada década, el Popular ha sabido salvar el peligro de los espejismos que produce en grado no despreciable la suficiencia en el dominio de las modernas técnicas de gestión. Dicen que los médicos entierran sus errores y los arquitectos los cubren con hiedra. En banca, los errores, los espejismos en la gestión, cuestan mucho dinero […]. Ha de dominar el olfato, el ojo clínico, ya que la erudición y la brillantez son útiles en otras profesiones […]. Desde otro punto de vista también se entiende que algunas fugas de cerebros sean saludables para la banca.

En el primer semestre de 2016, la caída de las acciones del Banco Popular en la Bolsa continuó, y ya cerraban a 2,29 euros por acción. Su valor en libros en esa misma fecha era de 5,82 euros por acción. Nadie exigía revisar las valoraciones de los activos que el mercado corregía con un descuento por encima del 60 % de su valor en libros.

En ese escenario, el 29 de abril de 2016 el consejo de administración del Banco Popular anunciaba una nueva ampliación de capital, y con características muy similares a la de 2012. La operación fue aprobada por la CNMV el día 26 de mayo de 2016. Se solicitaba al mercado 2.505 millones mediante la emisión de 2,004 millones de acciones nuevas de 0,50 euros de nominal más una prima de 0,75 euros; es decir, de 1,25 euros cada una. Ese precio para las acciones nuevas representaba un descuento del 46,9 % respecto del precio de mercado del día anterior a la aprobación por la CNMV. En el supuesto de que todas las acciones nuevas fuesen íntegramente suscritas, representarían un 91 % del número de acciones antes de la ampliación y un 48 % después de la ampliación.

Es decir: se estaba aumentando prácticamente el 100 % de las acciones por las que el Banco Popular solo recibiría 2.505 millones de euros, cuando su patrimonio antes de la ampliación era de 12.423 millones de euros. Esta diferencia de 9.918 millones era más que significativa.

¿Y para que quería esta vez el Banco Popular este dinero?

¿Había alguna duda?

No. Transparente hay que reconocer que lo era. Pero tanta transparencia aceptada por todos ya era muy preocupante. La excepcionalidad de la ampliación de 2012 para tapar agujeros ahora se volvía permanente.

El Popular confesaba que quería los fondos para cubrir

«provisiones o deterioros durante el ejercicio 2016 por un importe de hasta 4.700 millones de euros. De producirse esta situación, ocasionaría previsiblemente pérdidas contables en el entorno de 2.000 millones de euros en el ejercicio 2016, que quedarían íntegramente cubiertas, a efectos de solvencia, por el aumento de capital, así como una suspensión temporal de reparto de dividendo».

¿A alguien se le ocurrió exigir aquella vieja y conocida «operación acordeón», es decir, cerrar el instrumento, anulando el dinero malo saneando las pérdidas y abriéndolo después con la solicitud de dinero bueno?

No. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que había administrado la estrategia que se debía seguir para escenificar la crisis de Bankia paso a paso, no parecía prestar atención al Banco Popular. En sus enfrentamientos con el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el Banco Popular no figuraba en la agenda. Quizá tenía pensado que habría una solución. Si, como decía Rick (Humphrey Bogart) a Ilsa (Ingrid Bergman) en el film Casablanca, «siempre tendremos París», quizá De Guindos ya pensara «siempre tendremos al Banco Santander».

A partir de febrero de 2014, el BCE inicia la consulta para plasmar el reglamento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), cuya andadura oficial empezaría el 4 de noviembre de 2014. Por tanto, en 2016, España seguiría pagando la factura, pero la supervisión ya había sido transferida al MUS-BCE.

El Popular ya no era, por tanto, jurisdicción del Banco de España. Ahora los inspectores que habían ascendido de Cibeles a Fráncfort, al MUS, dirigían las operaciones. En particular, el exdirector general de Supervisión del Banco de España, Ramón

Quintana, que había seguido al Banco Popular durante 2013, ahora estaba a cargo de la entidad española desde Fráncfort.

El viejo Lamborghini se hundía lenta e inexorablemente.

Las similitudes de la ampliación de capital de 2016 con la de noviembre de 2012 eran bien obvias. Y ambas se asemejaban a la salida a Bolsa de Bankia, salvo que las siete cajas de ahorros reunidas en el SIP habían renunciado formalmente al derecho de suscripción preferente.

Que el caso Bankia estuviera en la Audiencia Nacional y en los medios de comunicación tampoco llamaba a recato y a guardar las apariencias. No había tenido lugar ningún proceso de aprendizaje de los efectos de decisiones pasadas. Se continuaba insistiendo en la alteración de los valores contables incluidos en los balances por la vía de negar lo que el mercado mostraba.

Pero, como ya sabemos, en 2016 a los vigilantes nacionales se había añadido uno más importante. Desde el 4 de noviembre de 2014, el Banco Central Europeo (BCE) había asumido las funciones supervisoras de los bancos europeos de países del euro con más de 30.000 millones de activos.

España se convirtió en el segundo país, tras Alemania, con más bancos supervisados por el BCE (quince frente a veintiuno de Alemania).

Sin embargo, como se ha señalado, el destino quiso que el alto responsable de la supervisión del Banco Popular en los meses cruciales de 2012-2013 tuviera continuidad en la misma persona en Fráncfort: el ahora director general Ramón Quintana.

Tras el anuncio de la ampliación, la acción del Banco Popular se hundía en la Bolsa española el 26 de mayo de 2016 un 26,5 %, y en una sola jornada de 2,35 a 1,73 euros. A final de junio, la acción terminaba cotizando a 1,15 euros. Los nuevos accionistas perdían en poco más de un mes un 8 % de su inversión.

El riesgo de colapso no aumentaba por días, sino por horas. Y las autoridades —Ministerio de Economía, Banco de España y CNMV— se habían aprovisionado de unos cuantiosos paquetes de palomitas para seguir el espectáculo.

Las coberturas estimadas en mayo (4.700 millones), que motivaban la ampliación de capital (2.506 millones), solo habían sido reconocidas hasta 696 millones a 30 de junio de 2016. Así pues, el consejo de administración del Banco Popular se reservaba para actuar durante la segunda parte del año 2016. Pero el consejo parecía sentirse confortablemente instalado en las poltronas. Frente a los requerimientos de capital que el BCE le exigía (10,25 %), afirmaba tener 15,25 % el 30 de junio de 2016 y se sostenía que, aun teniendo que abordar la cobertura de deterioros estimados de hasta 4.700 millones de euros, su ratio de capital sería del 13,25%, todavía bastante superior al que le exigía el BCE.

Y ante esta afirmación tan clara, ni el auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) ni ninguno de los supervisores alertó a unos inversores que confiaban todavía en los datos y cifras que se aportaban al mercado. Aun así, el resultado contable del primer semestre era escaso pero todavía positivo en 93 millones de euros, casi exactamente la mitad que los 188 millones de euros de los seis primeros meses de 2015.

El terremoto produciría un primer temblor en el último trimestre de 2016, una réplica de menor intensidad en el primer trimestre de 2017 y el cataclismo final el día 7 de junio de 2017. Unos informes de auditoría sistemáticamente «sin salvedades» (limpios) durante más de treinta y cinco años por la misma firma de auditoría (PwC); unas prácticas contables contrarias a las leyes, operaciones de salvamento de bancos a la deriva cuando ellos mismos eran unos náufragos; un supervisor del mercado, CNMV, que durante años admitió la negociación pública de la acción sin exigir la corrección valorativa de los balances a la luz de los precios practicados; unos supervisores prudenciales, el Banco de España y el BCE, que no cuestionaban los excesos de solvencia que los administradores decían tener respecto de lo que les exigían, y, no menos importante, un Gobierno, el de Mariano Rajoy, que abominaba de la palabra «rescate» de bancos desde que llegó al poder en diciembre de 2011. Porque, según el discurso oficial, los males del sistema financiero estaban concentrados en las cajas de ahorros.

El resultado antes de impuestos del Banco Popular en el año 2016 alcanzó pérdidas por 4.440 millones de euros (que merced al crédito fiscal de 1.218 millones de euros se quedaban en números rojos de 3.222 millones). La causa estaba en las coberturas de deterioros de sus préstamos por 4.439 millones de euros (tres veces más que el año anterior), pero apenas en sus inmuebles adjudicados (16.564 millones de los que 7.976 correspondían a terrenos), a los que dedicó 507 millones de euros para aumentar su cobertura (6.238 millones, apenas un 39 % de cobertura).

Y con todo, el consejo del banco sostenía públicamente que sus ratios de solvencia eran más que elevados. No había motivo para preocuparse: 

A diciembre de 2016 el ratio de apalancamiento phase in de la entidad es de 5,31 %, situándose por encima de los niveles mínimos que establece el Comité de Basilea (3 % del capital de nivel 1 sobre total balance). […]

A 31 de diciembre de 2016 los ratios de solvencia del grupo son del 12,13 % CET 1, 12,13 % Tier 1 y 13,15 % Capital Total. Cabe destacar que el grupo ha alcanzado este ratio de capital por sus propios medios, con un modelo de negocio vinculado principalmente a las empresas, sin recibir ayudas públicas y tras la integración de Banco Pastor y el negocio de tarjetas de Citibank en España. Es de resaltar también que el Grupo no ha traspasado activos inmobiliarios a la SAREB.

De acuerdo a los resultados del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP), el Banco Central Europeo establece para Popular, en 2017, un requerimiento de capital CET 1 de 7,875 %. Este ratio incluye un requerimiento regulatorio (Pilar 1) del 4,5 %, un requerimiento por Pilar 2 del 2 %, un colchón de conservación de capital del 1,25 % y un colchón de 0,125 % de entidad sistémica local impuesto por el Banco de España. Por su parte, el nivel de Tier 1 exigido asciende al 9,375 % y el de capital total, al 11,375 %. El Grupo cumple a 1 de enero de 2017 con holgura los requerimientos anteriores una vez considerado los ajustes por el phase in de dicho ejercicio, presentando un ratio CET 1 de 10,57%, un ratio Tier 1 del 11,32 % y un ratio de capital total de 12,33 %.

Ni el Banco de España ni la CNMV, ni mucho menos el auditor de toda la vida, PricewaterhouseCoopers, cuestionaron esta información que los administradores del Banco Popular aportaban al mercado. Pero el mercado donde se negociaban sus acciones no confiaba en ellos. Ni en quienes les encubrían. El precio de la acción en Bolsa había quedado, en diciembre de 2016, en 0,91 euros y su valor contable era de 2,57 euros (5,37 euros por acción a principio de ese año).

El deslizamiento del precio a la baja continuaba día a día. Los intentos de calmar al mercado se habían iniciado ya en septiembre de 2016 con el nombramiento de un nuevo consejero delegado, Pedro Larena, quien ahora junto con el presidente, Ángel Ron, asumía el desgaste.

El 1 de diciembre de 2016 un consejo de administración extraordinario anunciaba la apertura de un proceso de sucesión del presidente, para anunciar veinte días más tarde que el consejo había acordado por unanimidad proponer el nombramiento de Emilio Saracho Rodríguez de Torres como presidente del consejo de administración, nominación que sería aprobada por una junta de accionistas extraordinaria convocada para el mes de febrero de 2017.

De esta forma, las cuentas de 2017 eran todavía responsabilidad de Ángel Ron y las primeras de Emilio Saracho serían las correspondientes al primer trimestre de 2017. La junta extraordinaria se celebró el 20 de febrero de 2017.

El 3 de abril de 2017 se anunciaba la dimisión de Larena, el consejero delegado nombrado en septiembre anterior, y se daba cuenta al mercado que la auditoría interna del Banco Popular había detectado deficiencias relacionadas con la ampliación de capital de mayo de 2016, así como insuficiencia de provisiones que afectarían a los resultados de 31 de diciembre de 2016.

Se informaba, además, que el auditor externo, PwC, había sido informado y que las deficiencias encontradas no eran significativas como para justificar una «reformulación» de las cuentas anuales del Popular de 2016.

Era una declaración de guerra nada más poner el nuevo presidente, Saracho, un pie en el Banco Popular. La acción cayó ese mismo día un 10,4 % (desde 0,91 a 0,81 céntimos de euro).

¿Qué deficiencias había identificado la auditoría interna del Banco Popular?

Eran de dos tipos: pérdidas en razón de deterioro de préstamos y activos adjudicados por valor de 244 millones adicionales a las ya contabilizadas (que debían agregarse a las 4.439 millones cargadas en diciembre 2016), así como la existencia de al menos 405 millones de euros de préstamos otorgados para suscribir acciones de la ampliación de mayo de 2016. Es decir, para cerrar esa ampliación, el Popular había tenido que hacer de tripas corazón y regar con créditos a los inversores que no tenían fondos para acudir a la ampliación. El Popular desvelaba que, como poco, un 16% de la ampliación de capital era... humo. A pesar de ello, no hubo requerimiento del Banco de España, ni, al menos, instrucción de sanción por parte de la CNMV a raíz de la asistencia financiera canalizada por el Popular para la adquisición de acciones propias, habida cuenta de que la ley mercantil exige que sean sufragadas con cargo a bienes libres y estipula la constitución de reservas por idéntico importe a los créditos anotados en el activo.

El 5 de mayo de 2017 se hacía pública a través de la CNMV la información financiera correspondiente al primer trimestre de 2017, ya con el nuevo presidente Saracho. En ella se daba cuenta de que los resultados eran de pérdidas por 137 millones, como consecuencia de mayores dotaciones del riesgo inmobiliario por un valor de 469 millones de euros.

Sin embargo, el tono de la información era de optimismo y se informaba de que mejoraban los ingresos y que se habían logrado ahorros de costes, mejoras en las comisiones, lo que suponía que el margen de explotación aumentaba un 19 % en los primeros tres meses de 2017 respecto al idéntico periodo de 2016. Además, los activos dudosos, se aseguraba, comenzaban a bajar en 569 millones de euros. Y como resultado de estas mejoras, el ratio de capital, se apuntaba, se situaba en el 11,91 %, superior al 11,375 % que había fijado el BCE para el año 2017. El 23 de mayo, la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) del Banco Central Europeo, Elke König, concedió una entrevista a la agencia Bloomberg TV. Según explicó, «el Popular es un caso que estamos mirando», y agregó «pero no es el único que estamos mirando». Los mercados, cual cuervos sobre el cuerpo cada vez con menos vida del Popular, olían sangre. El 31 de mayo, la agencia Reuters difundía una información según la cual «König ha dicho […] que la Junta Única de Resolución (JUR) está siguiendo la situación (del Banco Popular) con particular atención con vistas a una posible intervención», dijo el alto cargo, añadiendo que los intentos de fusión de la entidad «podrían ser infructuosos». La agencia añadía: «Los preparativos generales están en marcha, aunque no se ha tomado ninguna medida concreta», citando a una «segunda fuente» sin aportar su nombre. Las retiradas de depósitos de las oficinas del Banco Popular fueron masivas.

El Popular se había desangrado durante cuatro largos años, desde que absorbiera al Banco Pastor. Y el final que se acercaba no iba a ser incruento. La caída de la acción se retroalimentaba con la huida de los depositantes provocando un efecto multiplicador. El Banco Popular, S. A. fue intervenido la noche del 6 de junio de 2017 tras sufrir los días previos una fuerte crisis de liquidez. La incertidumbre acerca de la solvencia del banco —más concretamente, del valor de sus activos vinculados con el sector inmobiliario— venía castigando progresivamente el valor de sus acciones en Bolsa, que habían cerrado el 30 de diciembre de 2016 a 0,9180 euros y a 0,3170 euros por acción el día 6 de junio de 2017, la última cotización de mercado.

La Junta Única de Resolución determinó que la «resolución» del Banco Popular era la forma de defender el interés público. Para ello decidió:

1. Dar de baja el nominal de las acciones del banco (4.196.858.092 acciones de 0,5 euros de nominal).
2. Convertir en acciones las seis emisiones de preferentes con un valor nominal de 1.346,4 millones de euros (¡ojo!, en balance estas preferentes ascienden a 1.246,1 millones).
3. Dar de baja las acciones nuevas emitidas por conversión de preferentes.
4. Convertir todos los bonos subordinados emitidos por Banco Popular y su filial 100 % Totalbank en acciones.
5. Convertir el total de las nuevas acciones emitidas en d) en un euro.
6. Transferir las nuevas acciones a Banco Santander por un euro.

La decisión de la JUR se sustentó en un informe preceptivamente encargado a un valorador independiente (la auditora y consultora Deloitte de Bélgica).

El informe, de carácter provisional, y el nombre de la auditora fueron confidenciales. Porque todos sabían, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, el primero, que Deloitte era una palabra maldita en España. Y aunque no era la firma española la encargada de hacer el informe, provocaba pudor dar en aquellos días su nombre. Lo ocultaron el tiempo que pudieron.

El FROB señaló que de la referida valoración resultan unos valores económicos que en el escenario central son de dos mil millones de euros negativos (2.000) y en el más estresado de ocho mil doscientos (8.200) millones de euros negativos.

El culebrón para los inversores en acciones y bonos del Banco Popular acababa de empezar. El Gobierno de Rajoy tenía una

consigna que repitió sin cesar: el asunto era jurisdicción de la Junta Única de Resolución y del Banco Central Europeo.

Las demandas civiles se extendieron por muchos tribunales y la demanda penal terminó en la Audiencia Nacional, y tocó al juez Fernando Andreu que había instruido la querella por la salida a Bolsa de Bankia en 2011.

Pero, a diferencia de Bankia, los perjudicados no resultaron ser solo clientes modestos. La existencia de fuertes inversores de México (Grupo Del Valle) y de Chile (Grupo Luksic) anticipaba una fuerte y potente batalla en los tribunales. Además, la presencia de relevantes fondos estadounidenses y el hecho de ser el Banco Santander un actor financiero en dicho país ha internacionalizado el proceso con la admisión de demandas en los tribunales de Nueva York.

La batalla de inversores ricos, multimillonarios, sedientos de venganza por considerarse estafados —esto no se nos puede hacer a nosotros— acaba de comenzar.

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El libro negro: La crisis de Bankia y Las Cajas. Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos. Ernesto Ekaizer. Espasa (2018).