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Las derechas lucen eufóricas por recuperar el poder en algunos de los ayuntamientos y comunidades autónomas hasta hoy en manos “del cambio” e izan la bandera de la libertad como sinónimo de liberar a los ciudadanos de los tributos “confiscatorios” vigentes. Así,  aseguran  que suprimirán el impuesto de patrimonio en Comunidades Autónomas, reducirán el IBI –bienes inmuebles– en Ayuntamientos y pondrán  el tipo máximo impositivo del IRPF por debajo del 40% –45% actualmente– y el de sociedades en el 20% -–está en el 25%.  Propuestas que incidirán en un sistema fiscal que ya es injusto. Las rentas financieras pagan un máximo del 23% cualquiera sea el monto: 100.000 euros de intereses anuales tributan lo mismo que un trabajador con un salario anual de 25.000 euros.

Se argumenta que reducir la presión fiscal, dejar más dinero en el bolillo de las personas, redunda en un aumento de la actividad económica y en el bienestar de los ciudadanos. Dicen algunos que “es más probable el crecimiento económico y la creación de empleo disminuyendo los impuestos y estimulando la producción con cambios estructurales y no por vía del gasto público y los impuestos”.  Pero el problema no está en la probabilidad del crecimiento, sino en la calidad y naturaleza del mismo para la gente. El aumento de la actividad económica proveniente de más gasto público retorna a los ciudadanos vulnerables y el de la rebaja de impuestos no. Actualmente el crecimiento en economía está siendo compatible con desempleo, precariedad y  peor distribución del ingreso. 

El PIB es una magnitud monetaria, no física, y su incremento no tiene por qué traducirse en más bienestar social, que es lo que parece sugerirse cuando se lo vincula a la bajada de impuestos. Desde la revolución neoliberal de fines del siglo pasado y con más intensidad desde la crisis mundial de 2009, hasta en EE.UU. y Europa Occidental, el crecimiento económico, cuando se ha producido, ha ido en paralelo a un aumento de la explotación laboral, la disminución de los salarios reales y el recorte de los gastos sociales. Los estímulos fiscales para desatascar la Gran Recesión se materializaron mayoritariamente en ayudas a bancos quebrados y en medidas de desahogo financiero para el capital privado. El exceso de gasto público emergente de estas políticas se intentó cuadrar con recortes equivalentes en el gasto social. Sin embargo no fue suficiente y los déficits públicos se dispararon.

Riqueza financiera vs gasto social

La economía del siglo XXI está financierizada por la congestión de deudas, y el dinero no tributado no regresa a la economía real porque encuentra mejores resultados en el ámbito de las finanzas.  La actividad productiva, la que llamamos real,  está sometida a su vez a máximos niveles de fragmentación, competencia, modernización y automatización que ponen en cuestión la reproducción continuada del beneficio y la acumulación productiva del capital. 

La deuda de la economía mundial, la de los países avanzados, ha crecido al punto de superar y competir, en cifras absolutas, con los valores de la economía real. Las deudas condenan a la decadencia y al empobrecimiento social  al obligarse los Estados a destinar prioritariamente, como es el caso de España, las partidas más importantes del presupuesto público a pagar los intereses. Es dinero que se filtra para la circulación financiera parasitaria en detrimento de la acumulación productiva. Dinero para hacer más dinero.

Este predominio de lo financiero no va a cambiar porque se ha hecho autónomo a la forma productiva de la economía. Se valoriza  de manera inversa a partir de los tipos de interés, del rendimiento de los propios activos financieros creados a discreción, sin control, por las políticas  monetarias de los bancos centrales. Las finanzas ya no son préstamos que acompañan la inversión generadora de bienes y servicios económicos. El capital financiero estacionado en grandes gestoras de carteras de activos, Private Equity –Fondos de Inversión–, compromete con los inversores recuperaciones lucrativas no más dilatadas de los cuatro a cinco años. Resultados del 20% al 25% anual, rápidas y con poco riesgo. Aun cuando  presumen ser Capital Riesgo. Paradójico paradigma para los defensores de la libertad económica, el interés individual y el libre mercado.

La riqueza aparcada en forma financiera es timorata, puede evaporarse cuando el emisor, el deudor, no la paga. Un impago de deuda soberana, la emitida por países, una quiebra empresarial, de los negocios en general, convierte en papel mojado los contratos financieros. Las deudas pueden deshonrarse dejando a los acreedores totalmente desahuciados. Los patrimonios financieros, su valor actualizado, el de hoy, se determina en relación el tipo de interés de cada momento. Si éste sube,  el precio de los activos que conforman el patrimonio baja para mantener la misma utilidad. Por eso, el precio diario de las acciones, de las participaciones en fondos de inversión, de los bonos y las obligaciones de la deuda pública de los Estados, etc., no es el nominal de las emisiones, el facial del activo financiero, sino la cotización diaria en las bolsas y mercados financieros organizados y, también  no organizados.

El dólar es el principal activo financiero mundial y de reserva. No sólo es dinero legal en circulación, está amparado por la economía, hasta ahora, más poderosa del mundo. El tipo de interés de la deuda de largo plazo en dólares de EE.UU. –a 10 años– es la referencia de los gestores de carteras financieras para calcular las cotizaciones de todos los activos financieros en circulación. Así la riqueza monetaria mundial se ajusta constante e instantáneamente a su patrón principal: el dólar, a su valor como divisa y en forma inversa, como comentamos más arriba, al rendimiento de los activos seguros emitidos a plazo en esa moneda. Los patrimonios financieros existentes superan en montos,  ampliamente,  la riqueza productiva mundial y, por tanto, la economía globalizada tiembla dramática e instantáneamente ante cada incertidumbre que afecte a la cotización del dólar.  El probable impago de la deuda externa argentina o turca, un recrudecimiento de conflictos comerciales con China, el brexit, la Unión Monetaria Europea, una burbuja hipotecaria en EE.UU. son argumentos más que suficientes para desencadenar tormentas económicas de efectos multiplicadores planetarios.

Bajar los impuestos alimenta la especulación, la hacienda de los ricos y empobrece a la economía productiva y a los ciudadanos

Por todo lo indicado, el dinero en el bolsillo de los que no pagan los impuestos se sumará a la hacienda financiera privada de los poderosos, contribuirá a hinchar la especulación económica y sustraerá recursos al Estado del bienestar y de las personas, empobreciendo la vida de los ciudadanos más débiles y vulnerables.

Los pactos de gobierno del bloque de la derecha –Partido Popular, Ciudadanos y Vox– en comunidades autónomas y ayuntamientos  agravarán las condiciones de vida de la mayoría de los españoles. Alentará bajadas sustanciales de los impuestos cedidos a dichas administraciones regionales locales que repercutirán inmediatamente en la sostenibilidad y calidad del gasto social: sanidad, educación, dependencia, cultura, vivienda. Al eliminar la imposición de  patrimonio las regiones autónomas perderán ingresos en un impuesto justo y progresivo que grava inversamente la riqueza desigualmente repartida de los ciudadanos. 

El Estado del bienestar no es un lujo; construye una sociedad democrática moderna, del siglo XXI,  de ciudadanos emancipados; esto es, ni tutelados ni subordinados socialmente. Y sólo es posible si el garante y depositario de los derechos, entre ellos los económicos, el Estado democrático, el de todos, se los suministra. Es el único agente económico capacitado para  extraer legalmente recursos de una parte minoritaria de la sociedad y entregárselo a otra mayoritaria y precaria.

En suma, más Estado, más impuestos para dirimir en una sociedad contradictoria los recursos con justicia y progresividad para la mayoría social. E impuestos, los suficientes, para satisfacer los derechos económicos de una ciudadanía que, ya avanzado el siglo XXI, merece y exige vivir dignamente.

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Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del la autor y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.