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Es difícil encontrar otra región del mundo donde, durante la última década, las condiciones de vida hayan empeorado en mayor medida que en países como España, Grecia o Portugal. El sentido común dicta que ese deterioro es consecuencia de las políticas de austeridad fiscal. Sin embargo, aunque resulte contraintuitivo, la capacidad redistributiva del Estado ha aumentado de facto en esos países. A pesar de los intensos recortes del gasto público, el efecto contrarrestante de los “estabilizadores automáticos” (la activación, al llegar la recesión, de transferencias sociales como las prestaciones por desempleo) ha reducido el impacto de la crisis sobre la desigualdad. Dada la insuficiencia de los Estados de bienestar mediterráneos, eso no ha bastado para impedir la dramática extensión de la pobreza monetaria y la exclusión social. No obstante, nos obliga a buscar las razones del aumento de la desigualdad en otra dimensión: la de la distribución de la renta en el ámbito productivo, denominada “desigualdad primaria” o “de mercado”.

Desde que Kaldor estableciese su famosa paradoja, un número cada vez mayor de economistas cuestiona la relevancia de los costes laborales para explicar la competitividad externa de las economías. Dichos costes son sólo una parte del total (que incluye materias primas, suministros, transporte, costes financieros, etc); y, en muchos casos, los márgenes de beneficios influyen más en la determinación de los precios de venta. Además, los costes laborales se miden en relación a la productividad. Dada la importancia de las cadenas globales de producción, esa productividad depende de las decisiones tomadas por las empresas transnacionales acerca de dónde localizar cada una de las fases del proceso productivo. Ofrecer menores salarios se encuentra lejos de asegurar una atracción de las actividades de mayor valor añadido. Más bien al contrario. De hecho, las empresas concentran esas actividades en sus casas matriz. Por descontado, entre ellas se incluyen las de innovación tecnológica, que también se ve desincentivada por las estrategias de costes bajos.

paradójicamente, los bajos salarios destruyen, no crean, empleo

A pesar ello, la Troika ha insistido en promover una “devaluación interna” en las economías periféricas de la Eurozona. Se ha argumentado que, dada la imposibilidad de llevar a cabo devaluaciones del tipo de cambio (debido a la pertenencia al euro), la reducción de los precios domésticos era la única manera de disminuir los déficit comerciales crónicos de esas economías. Aunque también se podría haber actuado sobre los beneficios, esa reducción de precios se ha tratado de lograr mediante el ajuste salarial. Entre otras medidas, se ha rebajado la protección frente al despido, se han recortado las prestaciones por desempleo, y, sobre todo, se han debilitado los mecanismos de negociación colectiva. Cada vez hay más evidencias (ver, por ejemplo, aquí y aquí) que demuestran el fracaso de esta estrategia. Las economías en las que se han puesto en marcha esas reformas laborales son las que más tarde han salido de la crisis. Pero, además, en ellas la devaluación salarial se ha convertido en uno de los principales motores del empeoramiento de la distribución de la renta.

Las reformas laborales aprobadas han generado un fenómeno muy llamativo: una divergencia en la evolución de la participación salarial de las economías periféricas respecto a la seguida en el conjunto la Eurozona. Esa participación mide el porcentaje de la renta nacional que va a parar a los salarios de los/as trabajadores/as (incluida una estimación de los ingresos considerados laborales de los/as autónomos/as). Cuando ese porcentaje se reduce es porque se ha producido una brecha entre la mejora de la productividad de los/as trabajadores/as y la de sus salarios. Esto no siempre tiene que ir acompañado de una caída de los sueldos en términos absolutos, pero en este caso sí que ha sido así. El hecho es que, mientras en las economías centrales de la Eurozona la masa salarial aumentaba su participación en la renta, en la mayoría de las periféricas (Chipre, España, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta y Portugal) las medidas de devaluación interna han hecho que continuase empeorando, incluso en plena recuperación del PIB.

El vínculo de la caída de la participación salarial con la desigualdad de la renta es directo. Por lo general, un incremento de dicha participación tiende a mejorar la renta de las familias de ingresos medios y bajos, más dependientes de las rentas provenientes del trabajo. Por el contrario, el incremento de la participación de los beneficios tiende a mejorar la renta de las familias de ingresos altos, que acaparan las rentas del capital. Se suele argumentar que la reducción del salario relativo se compensa con la creación de empleo que los menores costes supuestamente promueven en las empresas. Nada más lejos de la realidad, desde el año 2009 (en el que se aprobaron las primeras reformas) se ha generado también una brecha entre las tasas de paro de las economías periféricas (en especial, las mediterráneas) y las del resto de la Eurozona. Aún hoy, después de años de intensa creación de puestos de trabajo (medio millón al año en el caso de la española), esa brecha sigue sin haberse cerrado. Esto no es razón, por supuesto, para negar la relevancia del desempleo para la desigualdad. Pero sí para constatar que, paradójicamente, los bajos salarios destruyen, no crean, empleo.

Lejos de revertir el proceso de destrucción de empleo provocado por la crisis, la reducción de los costes laborales ha ido paralela al mantenimiento de una brecha entre las tasas de paro de las economías mediterráneas y las del resto de la Eurozona

El deterioro de la participación salarial obedece a múltiples causas. Por supuesto, es consecuencia directa de la presión a la baja sobre los salarios que han provocado tanto el paro, como la desprotección promovida por las reformas laborales. De hecho, se ha producido una creciente inestabilidad laboral incluso en el caso de los contratos indefinidos a tiempo completo. Además, es muy probable que la extensión de las formas atípicas de contratación (temporalidad y parcialidad, falsos/as autónomos/as, etc) también haya contribuido a la caída del salario relativo. Varias de las economías periféricas mantienen unas tasas de temporalidad y/o parcialidad inferiores a la media de la Eurozona. No obstante, el incremento (de entre 1 y 3 puntos porcentuales) de ambas formas de contratación ha sido notable. La mayor temporalidad no sólo hace más probable la aceptación de salarios más bajos, sino que también evita el cobro de muchos complementos vinculados a la antigüedad. Mientras tanto, el aumento de la parcialidad, en ocasiones asociado a la extensión posterior de las horas extra, puede disminuir la remuneración por hora efectivamente trabajada.

Sin embargo, esta extensión del subempleo no se ha traducido en mayores diferencias entre los salarios de unos/as y otros/as trabajadores/as, probablemente debido al hecho de que la pérdida de derechos laborales ha sido generalizada. La dispersión salarial es en sí misma relevante, en especial si se incluyen los salarios de los puestos directivos. No obstante, al analizar las ratios que ofrece la OCDE, en prácticamente ninguna de las economías periféricas la desigualdad entre salarios ha empeorado. Hay que ser prudente con esta constatación, ya que esas ratios están calculadas para empleados/as a tiempo completo, lo cual impide captar el efecto de la extensión de la parcialidad (aunque sí capta el de la temporalidad). En todo caso, en Grecia (la economía que muestra la menor dispersión entre las periféricas) la ratio que mide lo que supone el salario del 10% de los/as trabajadores/as mejor pagados/as respecto al del 10% de los/as peor pagados/as se ha reducido de 3,33 a 3,27 veces, entre 2006 y 2016. Mientras tanto, en Portugal (la que muestra la mayor dispersión entre las periféricas) esa ratio ha disminuido de 4,29 a 3,95 durante el mismo periodo. Es decir, en ninguno de los casos la desigualdad entre trabajadores/as parece haber empeorado.

De este modo, en las economías periféricas el índice de Gini primario, que mide la desigualdad existente antes de la redistribución pública, se ha movido al son de la de la participación de los salarios en la renta nacional. Se pueden identificar varios patrones: Primero, en los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) la intensa caída inicial y la rápida recuperación posterior de esa participación, han promovido un incremento sustancial de la desigualdad de mercado durante los primeros años de la crisis, seguido de una reducción posterior. Segundo, en los países mediterráneos (Chipre, España, Grecia, Malta y Portugal) la pérdida continua de peso de los salarios sobre la renta (incluso durante la recuperación) ha traído consigo un empeoramiento prolongado de la distribución primaria. Finalmente, en el caso de Irlanda, sólo durante los primeros años de la crisis la caída del salario relativo acompañó al incremento del índice de Gini antes de transferencias sociales. Sin embargo, a partir de entonces, la relación entre ambas variables se debilitó, probablemente como consecuencia del desplome anormal de la participación salarial entre 2014 y 2015 (suponemos que debido a cambios en los criterios contables).

En conjunto, las reformas laborales implementadas en las economías periféricas con el objetivo de promover una devaluación interna han contribuido poderosamente al desequilibrio del patrón distributivo. Lejos de revertir el proceso inicial de destrucción de empleo provocado por la crisis, la reducción de los costes laborales ha ido paralela al mantenimiento de una brecha entre las tasas de paro de esas economías y las del resto de la Eurozona. Mientras tanto, aunque en valores medios inferiores aún a la media, las reformas han extendido la temporalidad y la parcialidad en prácticamente todos los países, algo a lo que se ha unido la creciente inestabilidad de los contratos indefinidos a tiempo completo. El mayor desempleo, la multiplicación del subempleo y la extensión de la inestabilidad, junto con el debilitamiento de la negociación colectiva, han reducido sustancialmente la capacidad negociadora de los/as trabajadores/as. Esto se ha traducido en una profunda caída de la participación salarial que se encuentra detrás del empeoramiento de la posición de las familias de ingresos medios y bajos en la distribución de la renta.

si se desea disminuir la desigualdad de la renta resulta imprescindible promover una recuperación y extensión de los derechos laborales

Por lo tanto, si se desea disminuir la desigualdad de la renta resulta imprescindible promover una recuperación y extensión de los derechos laborales, que, entre otras cuestiones, asegure la estabilidad en el empleo, el fortalecimiento de la negociación colectiva y una protección social efectiva frente a la falta de ingresos. Por supuesto, continuar con la senda emprendida en nuestro país de subidas del salario mínimo (hasta llegar, al menos, al 60% del salario mediano, como establece la Carta Social Europea), al mismo tiempo que se combate el subempleo (incluido el sufrido por los/as falsos/as autónomos/as), resulta imprescindible para mejorar la posición de las familias trabajadoras. Sólo así será posible revertir la caída de la participación salarial y, gracias a ello, poder mejorar la equidad de nuestro patrón distributivo.

Ricardo Molero Simarro (@ricmolsim) es profesor de Estructura Económica Mundial y de España en la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte de www.paradojadekaldor.com