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Viernes por la tarde y mes de julio quizá sea una de las ideales combinaciones para conseguir que una noticia tenga escasa o nula repercusión. Eso podría valer para el pasado viernes 12 de julio, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por una parte, y la Organización Internacional de Mercado de Valores (IOSCO, según sus siglas en inglés), por la otra, difundieron sendos comunicados en los que daban cuenta del nombramiento de Ana Martínez-Pina, vicepresidenta de la CNMV, y de Sagar Teotia, principal jefe de contabilidad de la Securities and Exchange Commissión (SEC) de Estados Unidos, para los cargos de copresidentes del llamado The Monitoring Group, el organismo que supervisa a las empresas auditoras en todo el mundo. Durante esta semana, hemos podido comprobar que la noticia no ha impresionado a los medios españoles y que, aparte de la reproducción de una información de agencia sobre el nombramiento, el pasado sábado 13 de julio, ha carecido de proyección relevante. Mira por dónde, ni siquiera la moda de que el nombramiento internacional contaba con una mujer y, además, española. Ni por esas.

Martínez-Pina se incorporó en 2003 al ICAC, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía, y ejerció, durante cuatro años, entre 2012 y 2016, nada menos que como su presidenta

En un pasado no tan remoto, cuando presentabas en los comités de los periódicos y otros medios una información, el redactor jefe de turno solía preguntar ¿dónde está la historia? O, en muchos casos, cual perro viejo que contaba con algún input previo sobre la noticia, afirmaba: si rascas un poco, puede que ahí haya una historia.

Y en el caso del nombramiento de Ana Martínez-Pina, ¡vaya si hay una historia para cualquier periodista financiero de este país! La misma noticia tenía su miga. Primero, porque Martínez-Pina era nombrada copresidenta de un organismo que está reescribiendo las normas que regulan el trabajo de las firmas de auditoría a la luz del fiasco que caracteriza a esta industria al menos desde mediados de los años 2000, según admite un documento del propio organismo de monitorización que promueve la reforma de los principios de actuación. Segundo, porque después de trabajar para la firma KPMG, Martínez-Pina se incorporó en 2003 al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía, y ejerció, durante cuatro años, entre 2012 y 2016, nada menos que como su presidenta. Y last but not least, porque en tercer lugar, junto con ella, en igualdad de condiciones, ha sido nombrado un hombre que fue socio, desde 2011, de la firma de auditoría Deloitte LLP en Estados Unidos, donde actuó como responsable nacional en asuntos contables, antes de regresar, en 2017, a un puesto relevante de la SEC, donde ya había trabajado entre 2009 y 2011.

¿Qué importancia tiene el hecho de que Martínez-Pina sea ahora copresidenta en The Monitoring Group junto con un exsocio de la norteamericana Deloitte, uno de los Big Four, o cuatro grandes, de la auditoría mundial y los servicios de consultoría, junto con las británica PwC (PriceWaterhouseCoopers), Ernst & Young y la holandesa KPMG?

La noticia es que, prácticamente durante sus cuatro años al frente del ICAC, el supervisor español de las firmas de auditoría, la abogada e inspectora de seguros Ana Martínez-Pina (Barcelona, 1971) libró una batalla que continuó abierta tras pasar en 2016 al puesto de vicepresidenta de la CNMV: la sanción contra Deloitte y su socio auditor, Francisco Celma, un hombre de gran influencia en medios de comunicación, por los trabajos de dicha auditora en el grupo Bankia. 

Porque, en efecto, el pasado 27 de mayo de 2019, Martínez-Pina prestaba declaración como testigo en el juicio oral del caso que investiga la salida a bolsa de Bankia el 20 de julio de 2011. Durante una hora y 45 minutos, la vicepresidenta de la CNMV explicó de forma tan firme como precisa a la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que representa el abogado Andrés Herzog, y a la fiscal Carmen Launa, de la Fiscalía Anticorrupción, las razones que la llevaron a abrir en junio de 2013 un expediente sancionador contra Deloitte y su socio auditor, Celma, que finalmente culminó en septiembre de 2014 con una multa de 12 millones de euros por falta muy grave en el cumplimiento de su deber de independencia, y dos infracciones graves por incumplimiento de las normas de auditoría. Que no había nada a ganar haciéndole preguntas a Martínez-Pina quedó en evidencia al terminar el turno de la acusación. El letrado de Deloitte, persona jurídica acusada, no hizo preguntas. Y Gabriel Castro, de la firma Garrigues, abogado del acusado Francisco Celma, se limitó a confirmar en diez minutos unos pocos hechos que, por cierto, tampoco requerían aclaración alguna por parte de la expresidenta del ICAC, como, por ejemplo, si recordaba que la entonces presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, le había enviado una carta el 31 de mayo de 2013 en la que asumía la responsabilidad por encargar trabajos a Deloitte. ¡Vaya si Martínez-Pina la recordaba! Esa misiva no logró su objetivo, a saber, evitarle a Deloitte y a su socio Celma la apertura de la investigación.

No coló. Ya entonces, la presidenta del ICAC señaló que escudarse en la CNMV no eliminaba el problema de independencia al que podían conducir los “otros” trabajos –que generaron una facturación muy superior a la del informe de auditoría de cuentas propiamente dicho– realizados por Deloitte para el grupo Bankia.

Como tampoco coló, un año más tarde, la carta que le envió a Martínez-Pina el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, a quien sumó su firma también la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, el 29 de abril de 2014.

La misiva no había conseguido frustrar la apertura del expediente. Y dado que el Banco de España conocía la inminente hoja de ruta de Martínez-Pina hacia la sanción contra Deloitte y el socio auditor Celma, el subgobernador Restoy intentó a mediados de abril otra envolvente más sutil: un intento final para archivar el expediente sin sanción.

Para ello, Restoy acude al gobernador del Banco de España, Luis Linde. Es necesario frenar la deriva de Martínez-Pina antes de que sea tarde. Ambos valoran que no es cuestión de hacer lobby directamente con el ministro Luis de Guindos. Y acuerdan una salida versallesca: invitar a Martínez-Pina a una comida de armisticio en la antigua biblioteca del Banco de España. También se invitará a la presidenta de la CNMV, y estará presente Javier Azcárate, representante del Banco de España en el Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC, órgano consultivo donde se discutirá, llegado el día, si Martínez-Pina sigue adelante, la sanción contra Deloitte y el socio auditor Celma.

Mientras la presidenta de la CNMV se cubre las espaldas llevando consigo al almuerzo a la vicepresidenta, Lourdes Centeno, la presidenta del ICAC llega sola ante el peligro.

Restoy llevará la voz cantante. Hay que ir a una modalidad de trabajo, explica, que ya se va generalizando en la Unión Europea: la interacción entre los bancos centrales y los auditores de cuentas de las entidades financieras. La razón es simple: ¿quién mejor que el auditor conoce la situación de esas entidades?, ¿quién mejor que el auditor puede aportar mayores garantías sobre la información que se pone a disposición del público en procesos de salida a bolsa?

Huelga pronunciar el nombre de Deloitte, todos saben de lo que se está hablando. De aparcar un asunto que puede hacer mucho daño a todo el sistema.  Porque, según explica Restoy, cuando el Banco de España y la CNMV sugieren a las entidades financieras que encarguen estos “trabajos” de consultoría, adicionales y en paralelo al informe de auditoría de cuentas, y dicha tarea es llevada a cabo, ya no se trata de una relación bilateral auditor-cliente. Restoy señala que conoce bien los problemas de independencia que teóricamente se plantean pero, al tiempo, está convencido de que las normas siempre presentan la flexibilidad necesaria sin comprometer la independencia del auditor.

A la salida del almuerzo, Elvira Rodríguez no puede dejar de hacer uno de sus habituales comentarios irónicos.

   –Ana, la verdad es que no sé cómo te has atrevido a venir a esta encerrona.

El agradable almuerzo en la biblioteca, un marco muy guay, con librerías repletas de obras encuadernadas y croquetas tradicionales de por medio, no será más que el prólogo de nuevas acciones. Todavía hay tiempo. Azcárate conoce el timing aproximado de las decisiones que están al caer.

Así que el 29 de abril de 2014, Restoy acude otra vez a Elvira Rodríguez para enviar una carta conjunta a la presidenta del ICAC y poner por escrito el tema que han abordado en la comida, a la que el subgobernador del Banco de España se refiere nada más empezar. “Estimada Ana, como tuvimos ocasión de comentarte en una reciente reunión, tanto la CNMV como el Banco de España necesitamos incrementar la interacción con los auditores de cuentas anuales en línea con las discusiones anuales en foros internacionales de supervisión. Una de las vías en que de hecho se materializa esta interacción de uso creciente en nuestra práctica supervisora es la petición de trabajos para ser desarrollados por las firmas de auditoría…”.

El 15 julio de 2014, se reúne el Comité de Auditoría de Cuentas para examinar la propuesta de resolución y la documentación del expediente. Tanto los representantes del Banco de España como de la CNMV y de las corporaciones de auditores se pronuncian contra la sanción de 12 millones de euros por una falta muy grave y dos graves a Deloitte, además de otros 40.000 euros al socio auditor Celma. El informe de este Comité Consultivo no es vinculante. 

Ana Martínez-Pina resuelve en septiembre de 2014 seguir adelante con las sanciones. En 2016, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, confirma las sanciones, rebajando la multa por ausencia en aquellos días de antecedentes infractores, a 10,4 millones. Deloitte y Celma recurren la resolución en la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la que suspende la tramitación por prejudicialidad penal, pendiente del juicio sobre Bankia en la Audiencia Nacional. Celma, al prestar declaración como acusado, asegura al tribunal de Bankia: “Estamos seguros de que lo vamos a ganar en el Tribunal Supremo”. En su día, al conocer la sanción del ICAC, el socio auditor dirá que es el resultado de la falta de experiencia del equipo que dirigía el ICAC.

Volvamos al presente. Ana Martínez-Pina comparte ahora, por un periodo de dos años, la copresidencia del Monitoring Group con quien en aquellos años de plomo era socio y ejecutivo responsable de Deloitte Estados Unidos.

Los nombramientos de Martínez-Pina y de Sagar Teotia influirán en la nueva regulación de las empresas auditoras. Según el documento de trabajo que inspira las reformas, “tras una serie de fallos en los informes financieros corporativos desde principios a mediados de la década de 2000, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), la Comisión Europea (CE), la Junta de Estabilidad Financiera (FSB), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) y el Grupo del Banco Mundial (WBG), se han unido para promover el interés público en el establecimiento de normas internacionales de auditoría y la calidad de la auditoría. Este grupo ha trabajado con la Federación Internacional de Auditores (IFAC) con el objetivo de restablecer la confianza en que el establecimiento de normas por las juntas independientes de IFAC responde al interés público”.

Al tiempo, Ana Martínez-Pina, según se ha apuntado, declaró en el juicio oral, el pasado 27 de mayo, en la recta final de la prueba testifical, pericial y documental, ocasión en la que ratificó la falta de idoneidad de los trabajos de valoración y revisión de los activos y pasivos durante el proceso de segregación que dio lugar a la creación de Bankia con valores a 31 de diciembre de 2009 nunca actualizados por el auditor. Con posterioridad, hubo fallos en los informes auditados a 31 de marzo de 2011 y 20 de junio de 2011, con los que Bankia salió a Bolsa el 20 de julio de 2011. Aquellos informes apoyaban el folleto aprobado por la CNMV que, a su vez, según tres sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo, contenía “graves inexactitudes”. Las dos primeras, de febrero de 2016, han permitido a los inversores minoristas recuperar de las arcas de la Bankia nacionalizada toda su inversión, es decir, 1.800 millones de euros.

El 22 de julio, la fiscal Carmen Launa presentará en el juicio oral su escrito de calificación definitiva tras nueve meses de juicio oral; un escrito que promete ampliar el delito de estafa de inversores con el cual su predecesor, el fiscal Alejandro Luzón, actual jefe de la Fiscalía Anticorrupción, calificó provisionalmente los hechos, incorporando el de falsedad de las cuentas anuales tipificado en el artículo 290 del Código Penal.