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La política latinoamericana experimenta hoy profundos vaivenes con un importante impacto en las condiciones de vida de las mayorías sociales. Las políticas de ajuste antisocial profundo llevadas a cabo en Brasil, Argentina o Ecuador, en buena medida fruto de la sumisión al Fondo Monetario Internacional, se conciertan con un sesgo cada vez más autoritario, por medio de mecanismos institucionales y judiciales que buscan controlar o eliminar toda oposición o disidencia política. 

La aprobación de normativas (fiscales y laborales fundamentalmente) derivadas del paradigma neoliberal fondomonetarista, la utilización de mecanismos de persecución judicial (el llamado lawfare) y la obturación de canales de participación y control democrático, conforman una ecuación que provoca pobreza, precarización, desigualdad y erosiona profundamente la construcción democrática, socavando la confianza de la gente en las instituciones, en los procesos de participación en la vida política y muy particularmente en el poder judicial. De hecho, el fenómeno es tan evidente que cada vez más expertos destacan la incompatibilidad entre las exigencias de las élites económicas y los mecanismos de la democracia liberal, y dejan claro que el neoliberalismo de hoy exige una gestión mucho más autoritaria que riñe con el Estado democrático y constitucional, y a la larga degenera en formas de gobierno neo-autoritarias (incluso neofascistas). Por añadidura, como se evidencia en Brasil, pero con coletazos evidentes en otros países, el racismo, la xenofobia, el machismo, la apología o justificación de la violencia y el menosprecio al Estado de derecho se expanden por la región latinoamericana, de la mano de nuevas figuras políticas emergentes en las derechas.

Para explicar las vías por las que se hacen efectivas estas nuevas formas de autoritarismo, es especialmente útil el concepto de “captura del Estado”, definida como “la influencia ilegítima que las corporaciones ejercen sobre las instituciones públicas nacionales e internacionales, manipulándolas para que actúen de acuerdo con sus prioridades, a costa del interés público y la integridad de los sistemas necesarios para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y proteger el medio ambiente”. Este concepto permite evaluar el grado de “secuestro” de la democracia. Así, en un Estado “capturado”, las políticas públicas e instituciones aparecen “sujetadas” por grupos de poder que interfieren y ponen al servicio de sus intereses el sistema judicial, poder ejecutivo, instituciones de control político, además de las narrativas mediáticas e incluso las líneas de pensamiento académico. Las consecuencias de la captura son múltiples, pero pueden agruparse en cinco grandes categorías: reducción de ingresos de los gobiernos, aumento de las desigualdades sociales y económicas, freno al crecimiento económico, potenciación de la corrupción y el conflicto, y erosión de la construcción democrática de instituciones políticas, así como de la credibilidad de los procesos democráticos.

Claramente, Bolsonaro y Macri aparecen como los campeones de este momento que, en directa oposición a las políticas del ciclo anterior, disuelve bienestar, democracia y Estado de derecho de manera acelerada, y propicia el saqueo de estos países, pilotado por las elites económicas. Sin embargo, otros líderes latinoamericanos están configurándose como las grandes estrellas de la posdemocracia y la precarización de sus países. En concreto, Lenín Moreno, presidente de Ecuador desde 2017, puede ser sin duda considerado como el elemento más acabado de esta saga de gobernantes al servicio de las élites económicas, lo cual puede demostrarse aplicando la matriz de análisis del concepto de captura del Estado a las más recientes decisiones del gobierno morenista.

Un repaso a las decisiones adoptadas desde la llegada al poder de Lenín Moreno demuestra cómo el Gobierno del Ecuador ha implementado políticas e impulsado procesos que han provocado todas las consecuencias señaladas dentro del concepto de captura. Se trata del “saqueo perfecto” a favor de las élites económicas.

Las primeras medidas se centraron en las relaciones de trabajo: se pusieron en marcha reformas laborales para abaratar la mano de obra en los sectores conectados con las empresas de los ministros implicados (como el sector del banano y el antiguo ministro de Trabajo, hoy ministro de Agricultura y conocido empresario bananero). A continuación se acometieron reformas fiscales para reducir impuestos a los inversores extranjeros y grandes empresas, que han supuesto una pérdida para las arcas del Estado del 1,2 % del PIB (según estimaciones del propio FMI) o de 1.310 millones en 2019 según otros análisis. Otra manera de contentar a las élites fue la temprana derogación de la “Ley Orgánica para evitar la especulación” (conocida como “ley de plusvalía”). De manera paralela, el Gobierno impulsó un “plan de adelgazamiento” del Estado, que ha implicado la supresión de ministerios, la reducción presupuestaria y los despidos en el sector público. Según las previsiones del FMI, la factura salarial del sector público debería reducirse en un 10%, lo que implicaría unos 140.000 despidos de funcionarios públicos.

Con la reducción de ingresos y la precarización de la mano de obra se fue estructurando la ecuación perfecta para prefabricar una situación de freno al crecimiento económico que abonó el argumento de la necesidad imperativa de acudir a las instituciones financieras internacionales para salir de una crisis económica autoinducida. Así, el FMI entró en escena.

Se ha escrito mucho de cómo el FMI orquestó el saqueo de América Latina a lo largo de la década perdida (Consenso de Washington). Muchas de estas propuestas se mimetizaron en el Consenso de Bruselas (no hace falta recordar lo sucedido en Grecia) y es bien sabido que la vuelta del Fondo a la región latinoamericana ha dejado a Argentina en una dolorosa y bien conocida situación de miseria. Menos conocido es el romance 2.0, entre el FMI y el Gobierno ecuatoriano y merece la pena dedicarle unas líneas.

El 21 de febrero de 2019 se anunció un compromiso entre el Fondo y Ecuador para respaldar un préstamo de 4.200 millones de dólares. El programa de reforma integral que Ecuador se compromete a acometer a cambio de ese préstamo incluye una serie de condiciones orientadas oficialmente al “restablecimiento de la disciplina fiscal y la sostenibilidad”. Bajo este amplio paraguas, los documentos del acuerdo contienen directrices, que afectan a la política económica, basadas en máximas familiares: austeridad, competitividad, reducción del déficit público, reducción de la “rigidez” del mercado laboral y reducción del Estado. 

La reforma laboral propuesta por el FMI tiene unas líneas ya conocidas en los países europeos que adoptaron las políticas de la Troika: contratos laborales “menos rígidos” para aumentar la participación de la fuerza laboral femenina y joven (el deje machista del FMI no hace falta remarcarlo); extensión del periodo de prueba; reducción de costes de contratación y despido o impulso del “emprendimiento”. Como en otros escenarios, la intervención del FMI implica una devaluación interna (precarización de la vida) de las mayorías sociales del país. Mientras se aplican estas medidas, tanto la tasa de pobreza como la de pobreza extrema han ascendido dos puntos entre junio de 2017 (Lenín Moreno fue proclamado presidente en mayo de ese año) y junio de 2019. Sin vergüenza alguna, el presidente Moreno se explayaba en público al respecto de las virtudes del trabajo infantil, poniendo como ejemplo de “emprendedor” a un niño (un “monito”) de cinco años vendiendo refrescos en las calles de Guayaquil.

Y más allá del saqueo económico, la entrada del FMI se ha alineado con las prácticas “posdemocráticas” que han ido subiendo de intensidad, combinando el desprecio por las instituciones democráticas con la directa utilización de las mismas para eliminar toda vía de resistencia política. Como en el resto de sus intervenciones, la entrada del FMI implica una pérdida radical de soberanía y un traslado del puesto de mando de la economía estatal hacia una instancia supranacional alejada de los mecanismos democráticos nacionales. Así, en una carta enviada al FMI en mayo, el ministro de Economía y la Gerente del Banco Central del Ecuador afirmaron que: “nos mantenemos listos para tomar decisiones políticas adicionales que puedan volverse necesarias para alcanzar los objetivos de nuestro programa de acuerdo a las políticas del FMI. Consultaremos por adelantado la ejecución de estas políticas con el FMI antes de cualquier cambio a nuestros planes políticos”. 

Con las instituciones gubernamentales capturadas, era necesario alinear, igualmente, los poderes del Estado a los intereses de las élites que secuestraron al gobierno. Esta tarea no ha resultado fácil. La Constitución de 2008 define a Ecuador como un Estado “participativo”, lo cual implica que la participación popular debe impregnar la vida política del país. Este fue el sentido de añadir a las funciones del Estado típicas la de transparencia y control social, y la electoral. Dentro de la de transparencia se creó el llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con tres competencias específicas: promoción del ejercicio de los derechos de participación ciudadana; desarrollo y ejecución de mecanismos de control social; y designación de algunas de las más altas autoridades del Estado.

En febrero de 2018, y mediante una consulta popular convocada con múltiples irregularidades jurídicas, el CPCCS que funcionaba desde un momento anterior a la toma del poder del actual Gobierno fue destituido. La Asamblea Nacional, a propuesta del presidente y mediante una alianza entre la derecha y los asambleístas aliados con Moreno, nombraron a un nuevo Consejo que funcionó hasta el fallecimiento de su presidente, en mayo de 2019. En ese periodo de tiempo, el Consejo destituyó a 28 autoridades públicas, incluyendo el Pleno de la Corte Constitucional. Posteriormente, mediante votación popular, fue elegido un nuevo Consejo, con una mayoría no alineada con Moreno. Su voluntad de fiscalizar los casos de corrupción vinculados al ámbito familiar del presidente (el caso de los INA papers) pronto provocó un hostigamiento político intenso, que finalizó el 14 de agosto de 2019 cuando cuatro miembros del CPCCS no alineados al Gobierno de Moreno fueron destituidos en un juicio político por la Asamblea Nacional. El procedimiento de juicio político fue instado por asambleístas de la alianza pro-gubernamental, los argumentos jurídicos para la destitución son inconsistentes, tanto como lo fueron los poderes extraordinarios de los que gozó el Consejo anterior. La persecución también ha implicado otros juicios políticos, así como la utilización de los jueces, siguiendo la línea del lawfare brasileño, para eliminar del escenario político a personajes claves como Rafael Correa o el excanciller Patiño.

Siguiendo la línea de Macri en lo socioeconómico y de Bolsonaro en lo (anti)democrático, Ecuador rueda en una pendiente de regreso a un pasado nefasto. La obturación de las vías de contienda en términos electorales y la apropiación de las funciones del Estado por parte del gobierno y sus élites, empujan a la necesidad de un desborde externo, una articulación popular que consiga acumular fuerzas para reconstituir una última línea de defensa democrática y social.

El ejemplo de Argentina ha sido sin duda una bocanada de aire fresco en la desesperanza, demostrando que ningún régimen se sostiene ni conserva credibilidad popular cuando, en su nombre, se inclina tan nítidamente la balanza de poder hacia el 1% de la población. Como dijo alguna vez Mujica, después de todo lo construido por las izquierdas ¿qué puede ofrecerle la derecha al pueblo latinoamericano?

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Adoración Guamán es profesora de Derecho en la Universitat de Valéncia y FLACSO-Ecuador. 

David Villamar es economista y matemático latinoamericano.