Reconocer y visibilizar laboralmente las actividades domésticas y de cuidados es un primer paso para dignificar estos empleos, pero se antoja insuficiente si se atiende a los niveles salariales y a las pensiones de jubilación que todavía arrastran las personas empleadas en este ámbito. Esta es la principal conclusión que se puede extraer del informe publicado en los últimos días por el sindicato UGT, donde se señala que los sueldos de las personas que trabajan en el sector doméstico son cerca de un 60% menores al salario medio bruto en España.

La precarización, según el documento, no termina ahí. Como consecuencia de los bajos ingresos y el tiempo que pasó sin regularizar este sector, los empleados y empleadas del hogar tienen las pensiones más bajas de todo el Régimen de la Seguridad Social, hasta el extremo de que 7 de cada 10 subsidios en este ámbito necesitan de complementos para alcanzar la pensión mínima estipulada en el país. También son los asalariados con mayor parcialidad de todo el país, con casi la mitad de su fuerza laboral con contratos a media jornada.

Todo ello teniendo en cuenta que, tanto a nivel porcentual como en valores absolutos, España es el segundo país de la Unión Europea con más personas trabajando en este sector. Casi 629.000 personas –9 de cada 10 son mujeres, muchas de ellas migrantes– desempeñan empleos domésticos en España, lo que supone cerca de un 3,25% del total de ocupados en el país. En el conjunto de la UE, la media no llega al 1%.

Según UGT, estos datos demuestran además una fuerte vinculación de los trabajos en el hogar con el esfuerzo y la inversión en protección social de cada país, donde España no destaca especialmente. Para llegar a esta conclusión, el sindicato compara el volumen de empleos de trabajo doméstico con el de empleo en residencias y servicios sociales de asistencia. Y, en este caso, los ratios de España respecto de la UE se invierten. Nuestro país se sitúa en los últimos puestos de la región en cuanto al peso de los segundos en el mercado laboral, con una representatividad del 2,7%, casi la mitad que en el resto de países comunitarios (4,7%).

La tendencia se repite en la mayoría de Estados miembros: a más empleados en trabajos domésticos, menos en residencias y servicios sociales, y al contrario. Y, al mismo tiempo, a más inversión pública en necesidades sociales, menos empleo en el hogar y más en servicios relacionados con el cuidado.

De esta forma, en once de los doce países de la Unión Europea que tienen mayor gasto en protección social que España no se registra un peso del trabajo doméstico en el mercado laboral superior al 2%, con muchos de ellos por debajo del 1%. A su vez, en diez de los doce hay además un volumen de empleo en actividades de cuidados superior al 5%.

Por su parte, el asunto de las pensiones se ha hecho todavía más visible habida cuenta del importante aumento de los trabajadores y trabajadoras de más edad este sector durante la última década. Si en 2008 el personal doméstico que tenía más de 60 años apenas representaba el 6,3% del total de personas ocupadas en esta actividad, una década después el porcentaje prácticamente se ha duplicado hasta el 11,2%. Es decir, una de cada diez personas que trabajan en el hogar tiene más de 60 años. El ratio es muy superior a la media general de los trabajadores del país, donde solo el 6,5% supera esa edad.

Según UGT, este importante aumento del número de personas mayores en el sector viene motivado, entre otras razones, por la obligatoriedad de afiliación al Sistema Especial de la Seguridad Social a partir del año 2012, que sacó a relucir la informalidad y la falta de reconocimiento en la que había vivido el sector. Así, las diferencias respecto de hace una década son especialmente acusadas: en 2008, apenas un 0,8% de las personas de más de 60 años estaban afiliadas al Régimen Especial de Empleados del Hogar. Ahora, el ratio se eleva hasta el 13%.