Adquirir experiencia, completar la formación o conocer de primera mano el mundo profesional. Las becas y prácticas son herramientas habituales para que los estudiantes mejoren su inserción laboral. Pese a que este es su objetivo, los fraudes asociados a estos convenios se han convertido en el día a día habitual para muchas personas que realizan estas actividades en empresas e instituciones de nuestro país.  Así lo asegura el sindicato UGT en un estudio publicado recientemente sobre la situación de este colectivo. Contratos de prácticas encadenados, sustitución de puestos de trabajo o situaciones de precariedad y explotación laboral que están teniendo un tremendo impacto sobre la situación socioeconómica de los becarios y las propias arcas de la Seguridad Social.

Según las cifras recopiladas por UGT, durante el año pasado el Estado llegó a perder entre 1.100 y 1.600 millones de euros en cotizaciones por estas actividades fraudulentas, mientras que los becarios y personas en prácticas dejaron de percibir hasta 4.251 millones de euros en forma de salarios.

Para hacer este cálculo, el sindicato ha usado como referencia la Encuesta de Estructura Salarial que publica el INE, centrándose en el tramo de edad comprendido entre 20 y 29 años. Según el instituto estadístico, las personas de esta edad registraron durante el año pasado un salario medio anual de 14.350 euros. 

Esto, unido a las cerca de 886.000 personas que en nuestro país realizaron algún tipo de práctica, beca o formación, lleva al sindicato a concluir que estas actividades no laborales están cubriendo unos 300.000 puestos de trabajo en nuestro país bajo estás fórmulas de aprendizaje y formación.

Según el sindicato, los fraudes asociados a las becas y convenios de prácticas más extendidos están relacionados con la figura de las prácticas no laborales o curriculares –en muchos casos realizadas sin remuneración ni cotización a la Seguridad Social–. Estas son, las que tienen que realizar estudiantes o personas en formación para completar sus estudios y currículos académicos. 

Entre las irregularidades más habituales, destacan la ausencia de formación práctica para los becarios, el encubrimiento de relaciones laborales, la falta de reconocimiento de derechos laborales básicos o la instrumentalización de cursos online para lograr ampliar convenios de personas que ya han terminado sus estudios.

En un cálculo más modesto, y usando como referencia el salario mínimo interprofesional, UGT calcula que el impacto de las prácticas no remuneradas o mal pagadas durante el año pasado ascendió a 3.050 millones de euros en sueldos no cobrados, lo que supondría 1.143 millones de euros que no ingresó el sistema de cotizaciones de la seguridad social.

Por otro lado, la información publicada por UGT también ha contabilizado el impacto de estas prácticas a largo plazo, usando como referencia las fechas que coinciden con los principales años de recuperación del empleo en el país. Así, el fraude asociado a las prácticas no remuneradas ha llegado a acumular entre 2014 y 2018 un saldo negativo de 16.242 millones de euros en salarios y hasta 6.615 millones que deberían haber ido a parar a las arcas de la Seguridad Social.   

Recientemente, Comisiones Obreras ha denunciado que las irregularidades asociadas a los contratos de prácticas y becas de formación llega hasta las propias instituciones encargadas de regular estas situaciones. Según CC.OO., la reciente convocatorio de 12 becas de formación para realizar prácticas en el Congreso de los Diputados no se ajustan a la legislación y ocultan funciones habituales de una relación laboral.