“Se te hace el mundo pequeño y crees que los problemas del ámbito laboral son lo más importante. Yo tengo mujer e hijos, si no, no sé qué hubiera hecho”. Habla Antonio, un guardia civil con más de 11 años en el Cuerpo que podría ser uno más en la lista de 80 suicidios registrados entre 2012 y 2018. Una muerte cada 26 días. Más de 500 en los últimos 35 años. Nombres de agentes que se desconocen y tentativas que ni se contemplan en las estadísticas. Los profesionales de la rama de suicidología prometen soluciones tras la implementación de planes de prevención, comunicación y seguimiento psicológico. Este agente apunta al que dice ser el principal problema: “Mi psicólogo dentro del Cuerpo era un capitán, ¿cómo podía contarle el aislamiento y presión que sentía, si luego iba a comer con el otro mando con quién tenía problemas?”

En España, el suicidio es una asignatura pendiente desde 1980, cuando se decidió publicar por primera vez las estadísticas. En 2017, nuestro país contabilizó 3.679 muertes por esta causa, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mundo cada 40 segundos se produce un suicidio, un total de 800.000 anuales, y muchos más intentos, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Todavía no existe ningún plan nacional para restañar esta grieta de la salud pública. Una fisura que también se extiende por las filas de la Institución Armada de la Guardia Civil y de los demás colectivos que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que, como los datos confirman, no cuentan con el desarrollo de unos protocolos efectivos.

Aunque en los últimos 35 años la tendencia es descendente tanto en la población general como en los cuerpos policiales, la tasa de muertes voluntarias en la Guardia Civil (16,49 por cada 100.000 habitantes) sigue siendo superior a la de la Policía Nacional (11,78) y significativamente mayor que la de la población general (12,82). Son datos recogidos en el libro ¿Todo por la patria?, la única investigación sobre el tema elaborada por el psicólogo Daniel López Vega con datos proporcionados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y por el estudio estadístico que realizó con una muestra de 1.084 guardias entre 2012 y 2016. 

Para abordar este fenómeno en la Guardia Civil el primer obstáculo es la falta de transparencia en los datos. “Se ha intentado tirar por tierra el trabajo que hemos realizado”, recrimina Juan Fernández, secretario nacional de comunicación de AUGC: “Aún habiendo preguntas parlamentarias sobre la mesa, desde la Dirección se han falseado las estadísticas. Pero al final la realidad dice todo lo contrario”.

En 2017 la tasa de suicidio en la población general fue de 7,9, según fuentes del INE. En la Guardia Civil ascendió a 19,75. La Dirección General del Cuerpo no hace públicos sus datos. El servicio psicológico del grupo, por primera vez este año, ha mostrado diapositivas con estadísticas en algunas charlas de prevención dirigidas a los guardias. Son asociaciones de trabajadores como AUGC o Zero Suicidio Policial, quienes intentan mantener el tema en la agenda a través de preguntas parlamentarias. “Es casi imposible tener una opinión formada al respecto”, admite López Vega. 

El suicidio no puede entenderse sino como un fenómeno complejo, con múltiples causas, pero que puede prevenirse, según los expertos en salud mental. Estos insisten en la necesidad de poner en marcha canales de comunicación para prevenir, detectar factores de riesgo e intervenir en caso  necesario. “La Guardia Civil, por su idiosincrasia, por su forma de ser y trabajar, no establece vasos comunicantes con organismos externos, y esto aísla al guardia como persona y trabajador”, argumenta el portavoz nacional de AUGC.

La directiva de la Institución Armada alegó, en una nota de prensa emitida en 2015, que el 90% de los suicidios en su escuadrón se debe a motivos personales y externos. En ella no se aclara el método aplicado para explicar semejante hallazgo: “Fueron causas claramente desvinculadas de su actividad laboral y relacionadas con el ámbito personal, sentimental y familiar”. Mientras, los colectivos de guardias reclaman que sea reconocido un riesgo laboral. Como señala López Vega, ambas dimensiones, la personal y la laboral, pueden estar imbricadas: “Las causas individuales y ambientales son indivisibles. Ambas influyen y son responsables de que haya una alta mortalidad. Si tienes problemas laborales, pueden producir problemas matrimoniales, económicos... Las condiciones laborales de la Guardia Civil son muy malas, a pesar de que han ido mejorando”.

 ¿Un trabajo como otro cualquiera?

Desde los primeros estudios realizados a partir de la I Guerra Mundial, se ha asociado la conducta suicida en personas con tareas militares y policiales a experiencias traumáticas derivadas de enfrentamientos, situaciones hostiles, trato con delincuentes… y, por supuesto, al fácil acceso al arma de fuego reglamentaria. En la actualidad, esta última es uno de los factores de riesgo que completan el arco de otros componentes psicosociales, económicos, laborales y políticos. “No es de recibo que se nos eche la culpa del suicidio por tener al alcance nuestras armas”, discrepa Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT): “Entonces sería una circunstancia eximente que los políticos le metan mano a la caja del dinero público porque las tienen al lado”. Otro agente que reconoce haber sufrido ideación suicida relata su experiencia: “Cuando te quitan el sueño o te lo cambian varias veces al día durante meses, cuando tienes que sacar adelante un trabajo en el que si actúas mal, literalmente puede morir gente; y cuando te amenazan con sancionarte si te opones a pasar por el aro puede que pienses en ello como la única salida”.

Ser guardia civil es un oficio que ha pasado de generación en generación. Es el caso de Tomás F., un agente retirado que formó parte del Grupo especial de Seguridad (GES) y que cogió el relevo de su progenitor para “intentar reforzar a la Guardia Civil de los pueblos en su misión de combatir a ETA”. Con una mirada llena de cariño a la institución en la que se crió, hace balance de la dualidad de su naturaleza, policial y militar: “En aquellos años, no había horas. Estabas por y para el trabajo”.

Un cuerpo militar cuya ocupación reside en garantizar la seguridad y defensa ciudadana y que, en la práctica, se ha convertido en una institución con un sinfín de tareas agolpadas en horarios eternos y turnos descontrolados. Hoy, la AUGC y agentes de escala rasa exigen una revisión de tareas y derechos: la desmilitarización del Cuerpo, el rechazo a su dependencia del Ministerio de Defensa, una reestructuración del área de recursos humanos o abrir las puertas al derecho de sindicación, “que no es óbice de una naturaleza militar y dotaría de transparencia y democracia al Cuerpo”, manifiesta el portavoz de AUGC, Juan Fernández. Una ristra de derechos y garantías que, según esta asociación, convertirían al guardia en  “un ciudadano de primera, un trabajador perteneciente a una sociedad democrática respaldada por un Estado de Bienestar”.

El carácter militar de la institución deviene en una desigualdad manifiesta entre los de abajo (la llamada escala básica) y los de arriba, los cargos superiores. Relaciones laborales marcadas por una “completa asertividad”, reconoce el portavoz de la AUGC, estructuradas en una escala jerárquica de reparto de poder desigual, con consecuencias mayores para los de abajo y beneficios vitalicios para los de arriba. “No podemos abrir el pico. Carecemos de capacidad para defender nuestros derechos y, sin embargo, trabajamos día a día sin preguntarnos más allá”, dice Tomás F.

Con el paso de los años, no obstante, se han conseguido avances y reconocimientos. Los sindicatos y asociaciones profesionales de las fuerzas de seguridad estatales han logrado sentarse por primera vez este año en la mesa con el ministro del Interior para ejercer el derecho de negociación colectiva. “A pesar de que la cúpula lo tilda de ‘reunión’ –matiza Juan Fernández– la parte alta del organigrama nos ve como una amenaza por romper su statu quo”, advierte el portavoz nacional de AUGC. Los agentes hablan, quieren que el tiempo y los actores cambien. “La Guardia Civil es una organización que vive del historicismo, de lo que se inculcó en el siglo XIX y que se niega al cambio”, se queja Fernández. 

Una cabo sostiene que es el “sistema corporativista y la excesiva presunción de inocencia para los jefes” lo que limita el rango de actuación y defensa de la escala básica, cuyos integrantes abogan por dejar atrás el camino de la militarización en una institución que realmente desempeña, en su mayoría, laborales policiales, exceptuando aquellas realizadas en caso de guerra, estado de sitio o en misiones en el extranjero. El carácter hermético de la Benemérita, unido, como subraya la cabo, “a la falta de cultura democrática y su inmunidad jerárquica”, crean en el agente una postura de indefensión aprehendida (la persona que sufre adopta una actitud pasiva).

 Una entrada poco bienvenida

En nuestro país, el número de suicidios consumados es mayor en hombres (tres hombres por cada mujer), pero la intencionalidad es mayor en ellas. En cuanto a la variable sexo en la conducta suicida, los varones suelen utilizar medios más letales. Los últimos datos recogen 24 muertes en hombres y dos en mujeres dentro de la Benemérita entre 2016 y 2017. Las agentes no sólo se exponen a todas las características inherentes de la naturaleza de su oficio profesional, sino también a la discriminación por razones de género. “En 1988 las mujeres entraron por la puerta de atrás”, apunta Fernández: “Hasta hace apenas una década, cada mujer que accedía al Cuerpo era objeto de un informe que ella misma desconocía y en el que se daba cuenta de si en ella quedaban todavía rasgos de feminidad”. Alicia Sánchez, secretaria nacional del departamento de Igualdad y Mujer de AUGC, cuenta cómo en la Academia le obligaban a comunicar su período menstrual a la pregunta de “¿indispuesta?”. Al no haber respuesta—durante 3 meses fue su caso— “me llamaron al despacho del capitán para saber si estaba embarazada”. En la actualidad esta práctica no sigue vigente.

El año pasado se celebraba el 30º aniversario de la llegada de las mujeres a la Guardia Civil. Una entrada que marcó un hito en una Institución totalmente masculinizada durante 144 años de su historia. En la actualidad, casi un 7% de los funcionarios de la Benemérita son mujeres, una tasa que se ha mantenido estable durante estas tres décadas. Ellas se enfrentan a una presión desmesurada para poder conciliar su vida privada con la laboral, sobre todo en el momento de ser madres. Ejercer el derecho a la reducción de jornada por maternidad supone en muchas ocasiones “ser apartada, señalada y criticada, tanto por el superior como por tus compañeros”, explica Sánchez.

Los últimos datos, obtenidos del estudio del psicólogo López Vega en 2016, indican que un 12,61% de funcionarias se encontraba ese año de baja psicológica, frente al 6,57% de los hombres. “Mi vida personal cambió, perdí peso y anímicamente no aguantaba ni tener la pistola”, cuenta una agente de 37 años que, durante sus 19 años en el Cuerpo, ha estado de baja en dos ocasiones “por el estrés generado por una riña con un compañero y la presión laboral sufrida. Me han tratado como si estuviese loca y todo fuese un cuento”. Una de sus compañeras se atreve a recoger el testigo: “Soy madre soltera y no tengo ninguna facilidad, sólo encuentro pegas para compaginar mi trabajo con el cuidado de mi hija. Tengo disputas a diario con un sargento, pero la peor situación la viví cuando me revocaron el destino de información por ser ‘una mala influencia para mis compañeros’, su excusa para darme de baja por el embarazo”. 

Las infraestructuras de muchas unidades tampoco están dotadas del material necesario para la integración de la mujer: “Carecemos de vestuario y baño para nosotras. Si hay uno, es exclusivo para uso de los varones”, declara Sánchez. Hasta el año pasado no tenían acceso a chalecos antitrauma y antibala entre el material obligatorio. Ninguno de ambos se adaptaba a su fisionomía, lo que derivaba en un entorpecimiento de la movilidad y agilidad para desenfundar el arma. Algunas incluso han tenido que sentarse en el banquillo de la Sala quinta de lo Militar del Tribunal Supremo acusadas de insubordinación a su superior por negarse a utilizar el chaleco. Es el caso de la guardia Pilar Villacorta, suspendida con un mes de empleo y sueldo. Alicia Sánchez, que ahora ocupa el cargo de Villacorta en la cúpula nacional de AUGC, decidió costearse su propio chaleco antibalas (500 euros), lo que le costó la consideración de delito de insubordinación por parte de su superior y que el juez del caso desestimó por hallar en él “discriminación”. 

En su estudio de 2016, el psicólogo López Vega interpreta que ser mujer es un factor de riesgo que puede afectar, entre otros, a la conducta suicida de la persona. En un entorno en el que impera el carácter masculinizado, la mujer se ve obligada a realizar un sobreesfuerzo para integrarse con sus compañeros y lograr el reconocimiento de estos y de sus jefes.

 Falta de gestión emocional

Todos, ellas y ellos, encuentran problemas para exteriorizar sentimientos y emociones que puedan poner en cuestión su valía y valentía, más aún para tratar un tema como el suicidio, que es tabú en la sociedad y en los cuerpos policiales. Eva Pardo Pato perdió a su marido en 1994 cuando éste decidió quitarse la vida en su vivienda. Era un policía nacional que hubo de enfrentarse a ETA en los años más duros del terrorismo en el País Vasco.

“Es una pena que una persona fallezca, pero lo es todavía más cuando se trata de un suicido porque la gente se aparta de ti”, cuenta abiertamente esta viuda que ha tardado más de 20 años en superar la pérdida de su marido: “Las secuelas se quedan para siempre, hay cosas que no se pueden olvidar nunca, y que seguirán rondando porque en aquel momento no se tomaron ningún tipo de medidas ni de ayuda”. Tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil el único control psicológico son los exámenes evaluativos de entrada a la Academia y de algún curso o especialidad.

Pardo supo ver que su marido cambió de actitud y que algo extraño pasaba. Él lo achacaba a un simple dolor de estómago, motivo que justificaba su baja, por enfermedad común y no psicológica, a petición expresa de este policía: “Haberse dado de baja por depresión o estrés significaba admitir que tenía un problema psicológico, y eso no estaría bien visto por sus mandos. Lo que ocurre es que cuando un jefe se entera de la enfermedad o sufrimiento de uno de los suyos, piensa que es una persona débil y, por lo tanto, ya son inservibles. Y como no me sirve ya, pues le machaco, metiéndole más servicios o dándole los peores trabajos”, explica Pardo.

Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional ofrece cursos o formación específica sobre gestión emocional. Los agentes, sobrepasados por situaciones de estrés y presión tanto personal como laboral, no tienen otro recurso que pedir la baja. Únicamente el servicio interno de la organización es conocedor del número exacto. 

“Los compañeros piensan que eres un jeta por estar de baja. Salvo que conozcan de forma específica el problema por el que estás pasando, muchos no muestran su apoyo”, cuenta Eugenio Nemiña, secretario general de asuntos jurídicos de la AUGC sobre su experiencia personal. Hace tres años, tuvo problemas con su jefe, lo que le provocó “mucho estrés y la caída de pelo”. La baja va unida a la pérdida de sueldo, “y por supuesto, dificultades para futuros ascensos”, desvela el secretario de asuntos jurídicos. 

Otros agentes dicen sentirse resguardados por el calor y apoyo de su grupo de compañeros: “No veo problema para hablar con ellos de cualquier tema. Mi unidad es pequeña y nos conocemos todos”, interviene uno de ellos. Pero el miedo sigue siendo patente. “Las bajas te exponen a situaciones que estigmatizan y te dejan marcado como un rebelde, débil o menos capacitado para ciertas funciones”, explica otro compañero cuya ausencia en el trabajo le ha entorpecido su ascenso laboral. En general, encuentran más confianza para hablar entre iguales que con los mandos.

La Guardia Civil cuenta con un Plan Preventivo de Asistencia Psicológica, –el segundo hasta el momento–, liderado por el gabinete de Servicio de Psicología del Cuerpo. Este se divide en tres tareas: el control de la aparición de factores de riesgo que puedan derivar en conducta suicida, la detección y evaluación del personal en situación de riesgo, y las medidas preventivas tras una tentativa de suicidio. También cuentan con servicio telefónico de ayuda, anónimo y disponible las 24 horas del día. La Policía Nacional, a pesar de su también elevada tasa de suicidios, no cuenta con ningún plan.

La “alfabetización en la salud”, según el psicólogo López Vega, juega un papel fundamental en la prevención del suicidio. Las etiquetas, lejos de ayudar, acaban aumentando la estigmatización entre compañeros: “Nadie externaliza lo mal que uno puede llegar a sentirse por temor a que te llamen loco”, opina Tomás F. El sentimiento de aislamiento acaba siendo una sensación común en la propia persona y en el guardia. “Esa persona está haciendo su última llamada para ver si alguien le ayuda o le convence de lo contrario. Sabemos que ocho de cada diez personas que se han quitado la vida han avisado previamente. No es verdad eso de ‘el que lo dice no lo hace’, al contrario, por estadística lo hace”, apunta Fernando Pérez Pacheco, psicólogo y cofundador de la asociación Zero Suicidio Policial.

Los agentes piden a gritos la externalización de la atención psicológica y un cambio del Instituto Armado hacia una imagen más humana y actual. Los psicólogos del Cuerpo son sus superiores jerárquicos, lo que crea impedimentos a la hora de establecer una comunicación abierta y de confianza, según aseguran los guardias.  Es la pescadilla que se muerde la cola. Nemiña vuelve siempre al mismo ejemplo: “Si entro por la puerta del psicólogo o médico diciendo ‘a la orden mi capitán’ o ‘a la orden mi comandante’, mal empezamos. Estamos marcando las diferencias desde el primer momento y yo no me voy a abrir a hablar con esa persona”. 

 El papel de psicólogo en la Benemérita “no es de seguimiento terapéutico, sino de control de bajas y retirada de armas”, afirma el psicólogo López Vega. No pone en duda la validez y profesionalidad de los psicólogos internos, pero sí se muestra escéptico de que la directriz sobre la que operan pueda tener una virtud preventiva. 

Una vez han superado las pruebas físicas y psicológicas de la Academia, los agentes que se incorporan al Cuerpo no se someten a más revisiones periódicas de este tipo en toda su vida laboral. “Las revisiones continuas de los recursos humanos son elementales en la detección de situaciones de riesgo y, por lo tanto, pilares de las acciones preventivas”, recuerda López Vega.

La instalación de armeros (taquillas específicas para guardar las pistolas) es considerada por los expertos una medida preventiva que facilitaría un menor acceso al arma en momentos de zozobra emocional. En la Unión de Oficiales (UO) se muestran favorables a esta medida de protección: “No portar el arma a casa puede evitar un arrebato”, admite su presidente Francisco G. Ruíz. No obstante, esto no implica la solución total del problema: “Conocemos casos en los que el guardia, estando de baja y con el arma retirada, ha vuelto al trabajo, ha forzado la taquilla y…”, corrige el portavoz nacional de AUGC. Fernández considera que la mayor recurrencia de suicidios entre la Benemérita no se explica solo por la facilidad de acceder a un arma de fuego: “¿Por qué los cazadores con armas en sus casas no tienen la misma tasa de suicidios?”.

Parte de la respuesta se encuentre quizá en el carácter militar de la Guardia Civil. El primer código penal militar que especifica los delitos cometidos por los militares dentro del ámbito castrense aparece en el año 1985. En 2007m la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil introduce un artículo que limita la aplicación del código penal militar en el contexto de la Benemérita a casos excepcionales, tales como situaciones de guerra o estado de sitio. Sin embargo, en 2015, el rodillo parlamentario del Partido Popular consiguió aprobar una nueva versión del código penal militar que vuelve a someter a los guardias civiles a la jurisdicción militar en tiempos de paz.

La mayoría de los guardias de escala rasa consideran la sujeción al código penal militar una trampa en la que el agente no tiene salidas frente a situaciones de abuso de poder por parte de sus superiores. “Hay casos de prisión militar por simples discusiones que se interpretan como delitos de desobediencia, o faltas de disciplina. Cualquier situación absurda puede dar pie a que te veas en un juzgado y que te condenen”, expone Juan Fernández.

“El carácter militar reside en la función civil (policial), pero no hace de ella una función militarizada, por lo que debe estar restringido a lo imprescindible, donde le dé al Cuerpo más eficacia”, enfatiza Lorenzo Silva, guardia civil honorario y escritor de numerosas novelas con protagonistas del Cuerpo que le han permitido durante más de 25 años conocerlo a fondo: “Tiene sentido que el código penal militar se les aplique cuando lleven a cabo funciones de policía militar como en Afganistán”.

Creada hace 175 años, la Guardia Civil sigue siendo un mundo aparte donde la administración de su cultura militar y jerárquica perjudica a los puestos más bajos de la organización y plantea limitaciones a la hora de abordar su alta tasa de suicidios. “Depende mucho de las personas, pero hay algo que no funciona del todo bien en el sistema. Se carga más contra la oficialidad, pero aparte de las relaciones con los mandos, influyen otros factores como el hecho de tener cinco guardias para 700 kilómetros cuadrados, esa decisión no es de un teniente o coronel, sino del ministro o Gobierno. La Guardia Civil está infradotada”.

Queridos y también vapuleados durante años, su condición de militares les ha atado: “Como son militares, se piensa que siempre callarán, pero esta naturaleza, a su vez, le has permitido ser especialmente eficaces en la lucha antiterrorista”.

En efecto, si bien el término “militar” puede llevar a equívocos y usos convenientes según quien lo ejerza, no cabe duda de que sigue creando una brecha en la manera de relacionarse entre ellos. Gran parte de sus problemas, desde la salud mental de sus agentes hasta los casos de acoso laboral, mejorarían si la institución se abriese a la intervención de agentes evaluadores externos no sujetos a conflictos de interés. La atención de situaciones de estrés, derivadas de conflictos con superiores y atendidas por psicólogos que son al mismo tiempo parte de la jerarquía, han demostrado hasta el momento que el guardia no encuentra la libertad para verbalizar en confianza sus preocupaciones cuando viste el uniforme.

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Nota: el área de psicología interna de la Guardia Civil y la Dirección General del Cuerpo han preferido mantenerse al margen y renuncian a manifestarse como fuentes en este reportaje.