“Estoy casi fundido”. Leonardo Silveyra tiene 44 años pero aparenta muchos más. La crisis que su negocio atraviesa desde mediados de 2016 lo avejentó. Toma pastillas para la ansiedad, le cuesta dormir y sufre de bruscos cambios de ánimo. Este empresario de Rosario, la tercera metrópoli más grande de Argentina, ubicada a 300 kilómetros de Buenos Aires, padece las consecuencias de lo que las fuerzas políticas opositoras al presidente Mauricio Macri llaman un “industricidio”, neologismo que utilizan para referirse a la destrucción de la industria nacional. 

Desde diciembre de 2015 a junio de 2019 cerraron 23.051 pymes (pequeñas y medianas industrias) y se perdieron 146.855 puestos de trabajo industrial, según la última medición del Centro de Economía Política (CEPA), una entidad no gubernamental creada en 2012 por un grupo de académicos y profesionales. Los datos oficiales también dan cuenta de una fulminante contracción. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) lleva reflejados 17 meses consecutivos de caída industrial, una planilla que, según la estimación de todos los economistas, seguirá sumando cifras rojas durante varios meses más. 

En las elecciones primarias del 11 de agosto, la fórmula peronista conformada por Alberto Fernández le sacó 15 puntos porcentuales de diferencia (casi cuatro millones de votos) a la lista que encabeza el actual presidente

Silveyra encabeza la tercera generación de una familia dedicada a la industria del cuero. Empezó a trabajar con su papá en el negocio familiar cuando terminó el instituto, en el amanecer de los años noventa, en las mieles de una década que culminó con otro crack industrial y con el fatídico estallido social, político y económico de 2001.  

Aquella crisis la padeció al lado de su padre, sin la responsabilidad de la toma de decisiones. Recuerda su angustia cuando tuvo que malvender galpones, propiedades y vehículos para sostener el negocio. La de ahora la sufre como jefe de familia –tiene una hija adolescente– y como el único capitán de un barco que, literalmente, se hunde.

El empresario habla de una “tormenta perfecta” compuesta por “tarifazos” (como se conoce a la decisión del gobierno de Macri de quitar los subsidios a los servicios y dolarizar los servicios básicos); caída de consumo; aumento exorbitante de los costos de producción por una inflación acumulada de casi el 300% desde 2015; tasas de interés muy altas (superiores al 60% desde agosto del año pasado) que hacen imposible la financiación; y la apertura del mercado nacional a las importaciones. 

A fines de 2016, Silveyra cerró una de sus fábricas, la de calzado. Concentró todo el negocio en la otra, en la producción de plantillas. Pero los proveedores empezaron a irse. De 120 clientes pasó a solo cuatro. En 2015 tenía pedidos de 4.000 pares por semana, la misma cantidad que vendió en lo que va de año. A principios de octubre, asfixiado por las deudas, vendió el galpón donde producía las plantillas. “Junté todo, lo llevé a casa y me puse a vender por Internet. Estoy sobreviviendo con eso”, cuenta resignado. 

Silveyra está convencido de que Macri y su Gobierno recibirán este domingo [27 de octubre] en las urnas un “duro cachetazo” por haber destruido la rentabilidad de las empresas y por haber “secado los bolsillos” de trabajadores y pensionados. 

En las elecciones primarias del 11 de agosto, la fórmula peronista conformada por Alberto Fernández –quien fuera jefe de Gabinete del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)–  y la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015) le sacó 15 puntos porcentuales de diferencia (casi cuatro millones de votos) a la lista que encabeza el actual presidente. Todos los encuestadores hablan de una “diferencia irremontable”.

De confirmarse, la derrota de Macri tendrá una única explicación: la economía. Su gobierno, que, es cierto, heredó cuentas desequilibradas, sumergió al país en una crisis de la que nadie sabe cómo salir. Prometió “pobreza cero” y dejará un país con 4,5 millones de nuevos pobres. En 2015, según el Indec, sobrevivían en Argentina 11 millones de pobres y dos millones de indigentes. En 2019 son ya 14,4 millones de pobres y 3,1 millones de indigentes, en un país de 44,9 millones habitantes. Prometió “terminar con la inflación” y dejará al país en el podio de las naciones con mayores aumentos de precios, solo por debajo de Venezuela y Zimbabue. Desde la hiperinflación de 1989, hace 30 años que Argentina no tenía índices inflacionarios tan elevados: 40,3% en 2016; 47,6% en 2018; y 57% (estimado) para 2019. 

Prometió una “lluvia de inversiones” y los únicos capitales que en estos años apostaron por Argentina fueron los “golondrinas”, que aprovecharon el carry-trade (estrategia financiera en la que un inversor vende una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una tasa de interés más alta) para obtener rentabilidades exorbitantes sin necesidad de invertir en la economía real. 

El Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (Ocipex) estima que, en lo que va de 2019, por cada 1.000 millones de dólares financieros que arribaron, se fugaron más de 1.400 millones. “En Argentina se configuró un teatro de operaciones financieras de corto plazo prácticamente sin parangón a nivel mundial”, concluye el último informe de este organismo. 

El Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior estima que, en lo que va de 2019, por cada 1.000 millones de dólares financieros que arribaron, se fugaron más de 1.400 millones

Y donde hay ganadores, hay perdedores. Silveyra y su negocio son uno de ellos. Aunque los más afectados por la crisis son los sectores populares, las miles de familias a las que se les destruyó el poder adquisitivo. El dinero ya no alcanza ni siquiera para garantizar las comidas del día. Con las heladeras vacías, muchos argentinos se agolpan en comedores y centros asistenciales para poder alimentarse. 

“Nunca pensé que iba a tener que venir a buscar comida a un comedor”, admiten algunos de los nuevos asistentes al comedor San Cayetano, un emblemático establecimiento social del noroeste de Rosario que funciona desde la década del ochenta. 500 personas concurren todos los días con sus ollas, tupper u otros recipientes a buscar su almuerzo. La lista de espera suma un promedio de 20 vecinos por mes.

Angélica y Mirta, dos de las cocineras, hablan de gente que se quedó sin trabajo y de trabajadores a los que el sueldo les rinde mucho menos que antes. Son los nuevos peregrinos del lugar. Por desgracia, los recursos del comedor son limitados. La lista de comensales está completa. “Estamos colapsados, queremos atender a todos pero no podemos. La demanda se desbordó desde fines del año pasado. Nos preocupa mucho esta situación”, explican.

Sus recuerdos las llevan a la hiperinflación de 1989, a la pobreza sin freno de la década del noventa y a la dramática crisis del 2001. Las dos mujeres vivieron todos esos cachetazos dentro del comedor, ayudando a atenuar las consecuencias de los estallidos. Dicen no entender las variables de la macroeconomía. Saben poco y nada de los mecanismos que atentan contra el poder adquisitivo de la gente. Pero saben de miradas, gestos y comportamientos. “Lo único que sabemos es que hay menos plata en los bolsillos y que crece la desesperación. Eso es lo que me asusta”, repiten.

Un diagnóstico parecido hace Mónica Crespo, referente de la Cooperativa de Cartoneros de Rosario. Esta mujer, de 60 años, lleva más de veinte juntando lo que otros tiran. Pero una cosa era “cartonear” cuando la mayoría de la gente tenía alguna changa o algún trabajo y otra es hacerlo ahora, en medio de un “hambre que se palpa en cada contenedor de basura”. “Nos chocamos en la calle”, dice en su afán de graficar el incremento de los carros.

Son unas 450 las familias que están organizadas alrededor de esta cooperativa. Todos los días se acerca un nuevo desocupado a aprender lo que Mónica define como un “oficio como cualquier otro”. Argentina tiene hoy la tasa de desocupación más alta en catorce años. Un ciudadano de cada diez está desocupado. Son más de dos millones de personas en todo el país las que no tienen empleo (el 10,6% de la población activa). Hay que remontarse al segundo trimestre de 2005 para encontrar un nivel más elevado, aunque en aquel momento la tendencia era de recuperación tras el estallido de 2001. Según datos de Naciones Unidas y Cepal, Argentina es el tercer país del mundo en el que más aumentó la desocupación entre 2015 y 2018. 

La cooperativa calcula que en Rosario la actividad de juntar cartones se duplicó en los últimos dos años. Se pasó de 3.000 a 6.000 cartoneros. “Tan grande es la miseria que muchos se pelean por un pedazo de cartón”, señala Crespo. La materia prima escasea, ya no hay tanto cartón en los contenedores como antes. Hay menos actividad, menos producción y más locales comerciales vacíos.

La pobreza en la infancia y adolescencia alcanzó en 2018 al 51,7%, la cifra más elevada de la década, indicó el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina

Los pensionados más empobrecidos no tienen la fuerza para “cartonear”, pero sí para hacer la cola en los comedores en busca de un plato de comida. La mitad de los jubilados (2,8 millones) cobra el haber [la pensión] mínimo, hoy de 12.937 pesos (193 euros), un monto que no alcanza para cubrir la canasta básica de la tercera edad. El costo de vida de la población no activa subió un 57,2% en el último año. Las medicinas, por ejemplo, se encarecieron un 85% en lo que va del 2019.

El gobierno de Macri avanzó a fines de 2017 con una reforma previsional que modificó la fórmula para calcular los haberes. El presidente prometió que los jubilados iban a “ganarle a la inflación” con la nueva ecuación. Ocurrió lo contrario. Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, un jubilado que percibe la pensión mínima habrá perdido 35.000 pesos, lo que equivale a casi tres meses de cobro. 

Ernesto Sosa, representante de la Mesa Coordinadora de jubilados y pensionados de Rosario, dice no recordar un “panorama tan desolador”. “Hoy el jubilado deja remedios para poder comer todos los días. Debe elegir de qué manera morir. Cuando tienen que comprar cinco medicamentos miran los valores de cada uno, compran los más económicos y dejan otros que necesitan porque no les alcanza para comer. Somos uno de los sectores más débiles, junto con los niños, y necesitamos el apoyo de los activos porque ellos tendrán los mismos problemas cuando les toque jubilarse”, razona sobre el presente y el futuro del país.

El destino de las nuevas generaciones parece estar hipotecado en Argentina. La pobreza en la infancia y adolescencia alcanzó en 2018 al 51,7%, la cifra más elevada de la década, indicó el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El porcentaje será aún mayor en 2019. 

La vulneración de las infancias alcanza también a la vida social y recreativa. En Casilda, una pequeña localidad ubicada al sur de la provincia de Santa Fe (35.000 habitantes), no saben si en 2020 los chicos podrán utilizar la piscina climatizada. La última boleta de gas del club Casilda, la institución más concurrida y popular de la ciudad, llegó con un importe de 200.000 pesos (3.000 euros), el doble en la comparación interanual con 2018.

Según un relevamiento de la Universidad Nacional de Avellaneda, las tarifas de servicios públicos, como la electricidad, acumulan hasta un 3.624% de aumento desde 2015. El incremento del gas es de un 2.401% y el del agua, de un 1.025%.

El presidente del club Casilda, Mauricio Vittone, explica que este último mes consumieron 17.000 metros cúbicos y el mismo mes del año pasado 20.000. Sin embargo, el monto de la factura a pagar fue el doble. “Nos cuidamos lo más posible, pero más no se puede. Se usa para calentar el agua de la pileta, por eso es climatizada. Uno en su casa puede apagar un calefactor, pero acá es imposible”, indica. 

La piscina la utilizan los socios, alumnos de centros educativos y chicos con discapacidades. Vitonne se plantea no habilitar el ingreso el año que viene, una medida de urgencia que nunca se tomó en la historia de la entidad. “No sé cómo le vamos a decir a los padres que no van a poder traer a sus hijos a la piscina”, se lamenta.