La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló una interpretación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por bajas médicas intermitentes justificadas ha puesto en evidencia, una vez más, la necesidad de derogar cuanto antes la reforma laboral. Esa ley contraviene el convenio de la OIT que establece que no puede haber despidos basados en bajas motivadas por una cuestión de salud. La sentencia ha servido para recordarnos, una vez más, que aquel paquete desregulador promovido por la Unión Europea, aprobado primero por Zapatero en 2011 y empeorado después por Rajoy en 2012, tenía como primer objetivo empobrecer a los trabajadores, utilizando una expresión del economista y político portugués Francisco Louca para referirse a leyes similares votadas en Portugal. 

Este artículo 52.d es uno de los más injustos y crueles de la reforma, como ha señalado el líder de CCOO, Unai Sordo, porque permite el despido de trabajadores que están en baja perfectamente justificada. La sentencia del TC es terrible porque afectará a personas con enfermedades crónicas, y puede forzar a los trabajadores de baja a incorporarse sin estar recuperados de sus dolencias por miedo a un despido. Tiene además un claro sesgo de género, ya que este tipo de bajas cortas e intermitentes suele tener que ver con posturas forzadas y con puestos de trabajo feminizados, especialmente en el sector servicios, como las camareras de piso. España sigue teniendo una realidad lacerante que es la del subregistro de enfermedades de origen profesional, camufladas como de origen común. 

El principal argumento perverso pone la productividad o los resultados de las empresas por encima de la salud, y es la expresión más salvaje del neoliberalismo. Hace casi cincuenta años, el 13 de septiembre de 1970, Milton Friedman dio el pistoletazo de salida a la ofensiva neoliberal con un famoso artículo, ‘La responsabilidad social de la empresa es crear beneficios’, que consideraba que el principal objetivo de los directivos empresariales es maximizar el valor de la acción a corto plazo, y que por tanto la empresa ya no es un lugar donde hay que llegar a consensos internos entre los trabajadores y los accionistas. Era la justificación ideológica, bajo el principio de la eficiencia económica, de la explotación de los trabajadores.

De esta forma, los gestores de las grandes empresas han logrado que los riesgos e incertidumbres que las fluctuaciones de la demanda generan en toda actividad económica se trasladen desde el capital (mayores o menores beneficios) a los trabajadores (mayor o menor desempleo). El empleo y los salarios se han convertido en la principal variable de ajuste (a falta de fiscalidades progresivas y de devaluación de la moneda) en situaciones de crisis.

Pero poner los beneficios empresariales por encima de los derechos de los trabajadores no solo es moralmente reprobable, sino ineficiente en términos económicos. Los países con mayor desarrollo de mecanismos de representación y participación de los trabajadores en la empresa (Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia) tienen una alta productividad y competitividad. Su productividad, según la OCDE, está por encima de la media de la zona euro, de la UE-28, de la OCDE e incluso del G-7 (en este caso, excepto Finlandia). Asimismo, según el Índice Global de Competitividad 4.0 de 2018 del Foro de Davos, estos cinco países están entre los dieciséis más competitivos del mundo.

La modernización de un país significa la capacidad de afrontar conjuntamente, por parte de la gran mayoría, los diferentes retos que va encontrando. La modernización de las relaciones laborales está profundamente vinculada a la existencia de instituciones, normas y costumbres que representen y canalicen adecuadamente las demandas de los diferentes grupos sociales. Unas relaciones laborales modernas son las que permiten que las empresas y los trabajadores afronten los nuevos retos tecnológicos, productivos y de internacionalización desde la regulación política del conflicto capital/trabajo, lo que facilita, aunque no garantiza, el consenso social. Las reformas laborales impuestas por Alemania al Sur de Europa han devuelto el poder unilateral al propietario en la empresa, un rasgo propio del siglo XIX.

Sin embargo, tal como expresó Rudolf Meidner, uno de los principales ideólogos de la democratización de las empresas, “el poder sobre las personas y sobre la producción pertenece a los propietarios de capital. Si no les privamos de su propiedad absoluta sobre el capital, nunca podremos cambiar los cimientos de la sociedad y avanzar hacia una verdadera democracia económica”. El economista actual más influyente, Thomas Piketty, defiende la necesidad de pasar de la propiedad privada a “la propiedad social”.

Es urgente, por tanto, que el nuevo gobierno de izquierda que intentan formar el PSOE y Unidas Podemos anuncie y emprenda, sin dilación ni medias tintas, la derogación de la reforma laboral, y que convoque a los agentes sociales para consensuar un nuevo marco laboral más justo, equitativo, garantista y democrático. Contra el patrioterismo ultraliberal que propugnan la derecha y la extrema derecha, la mejor alternativa es el “patriotismo solidario”: más redistribución, más derechos, y más justicia y cohesión social.