El pasado cinco de noviembre, a las puertas de las segundas elecciones generales en un año, varias organizaciones sociales nos vimos en la obligación de denunciar ante el Ministerio Fiscal la feroz campaña de criminalización que Vox emprendió contra los menores sin acompañamiento familiar. Una campaña que incluía vídeos y declaraciones públicas manipulando la realidad y señalando particularmente como problema un centro de acogida muy concreto, el de Hortaleza. De aquella campaña sabemos que Vox logró 52 escaños en el Congreso de los Diputados. Lo que haga la Fiscalía General del Estado con la denuncia aún está por saber. La sociedad ha sacado más odio y violencia. 

Pero este no es un artículo sobre Vox, a estas alturas no aportaría nada nuevo señalar su estrategia de criminalización de las personas migrantes. Este es un artículo sobre la responsabilidad del resto de la sociedad. Sorprende la tibieza con la que el resto de partidos han recibido esta noticia y sobre todo la facilidad con la que algunos representantes políticos aceptan cuestionar la obligación de España respecto a garantizar la protección de cualquier menor. “No tengo competencias para poner un muro en Aranjuez ni para soltarles en el desierto”, decía hace poco la presidenta de la Comunidad de Madrid mostrando su sensibilidad hacia los menores, la flexibilidad para defender la unidad del estado a conveniencia y de paso su falta de conocimiento en geografía. Sorprende también el silencio de algunos medios hacia la noticia. Parece que los actos de violencia se miden distinto en función de a quién van dirigidos. 

El problema no es que existan personas sin escrúpulos dispuestas a destrozar la convivencia social para ganar un puñado de escaños o sillones, el problema es que hay demasiadas personas con puestos de responsabilidad dispuestas a aceptar este juego, a quitarle importancia. El problema es también que quienes deberían estar lanzando un mensaje contundente en defensa de los menores tienen miedo de mancharse en el debate. 

El racismo, al igual que el machismo y la homofobia, ganan sobre todo cuando parecen ser la única lógica desde la que se puede hablar. Es entonces cuando pasan de esconderse bajo la apariencia de “opinión legítima” a conducta justificable y finalmente a violencia contra los más débiles. Dejemos de señalar lo evidente y empecemos a exigir a quienes tienen responsabilidades públicas que no se pongan de perfil. Pactar o incluso guardar silencio ante los discursos del odio equivale a ser colaboradores necesarios de quienes tiran la granada y esconden la mano.

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José Miguel Morales es secretario general de Andalucía Acoge.