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La heroína y el sida anegaban los barrios populares cuando Lourdes Reyzabal (Madrid, 1973) conoció la Parroquia de San Carlos Borromeo. En la Iglesia Roja vallecana, el cura Enrique de Castro realizaba una labor de intervención social que inspiró a esta psicóloga especializada en infancia y adolescencia. En 1996 Reyzabal iniciaba su propia andadura creando la Fundación Raíces, dedicada al apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión, con especial hincapié en los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que, al término de 2013, el Ministerio de Empleo cifró en 2.800. “Son el colectivo más vulnerable: porque son niños, porque están solos y porque son migrantes”, afirma Reyzabal.

En los últimos ocho meses, Raíces ha seguido la pista a un grupo de chavales marroquíes de entre 10 y 17 años tutelados por la Comunidad de Madrid. Vivieron seis meses en el parque municipal de Isabel Clara Eugenia, en el barrio de Hortaleza, tras huir de los centros de primera acogida contiguos, responsables de su guarda y custodia. Al tiempo, los distintos organismos competentes se reunían en torno a mesas técnicas para intentar resolver el conflicto. No fructificaron. Entonces, el 23 de noviembre, la Asociación Mundo Justo, especializada en el trabajo con adultos en situación de vulnerabilidad social, decidió acoger, en un piso vacío situado en Rivas Vaciamadrid, a los ocho chavales que permanecían en el parque. Aquel cobijo duró hasta el 16 de diciembre, cuando, tras un informe elaborado por el consistorio de aquel municipio y enviado a la Fiscalía de Menores, la Comunidad de Madrid instaba a Mundo Justo a detener el recurso por no pertenecer a la red regional de acogida al menor. Los niños volvían a dormir en el parque, al raso. Desde la víspera de Nochevieja se desconoce su paradero.

Vivieron seis meses en el parque municipal de Isabel Clara Eugenia, en el barrio de Hortaleza, tras huir de los centros de primera acogida

Llegaron a nuestro país atravesando la frontera desde Ceuta o Melilla, escondidos entre mercancías, también en los bajos de algún vehículo, para cruzar después el estrecho subidos a una patera o escondidos en los barcos comerciales, sin que la policía portuaria, que porta detectores de latidos, les descubriera. Puesto que no migraron acompañados de un protector legal, la administración regional contrajo su tutela y otorgó la guarda y custodia a los centros de primera acogida del distrito.

Inhalan disolvente y pegamento para luchar contra el frío. “Los niños extranjeros se ven sometidos a un régimen de aislamiento cuando ingresan en los centros por primera vez. El periodo de observación en el llamado nido, un cuarto con literas, dura cinco, diez o quince días; es arbitrario. No pueden salir al patio, comen dentro y salen exclusivamente para ducharse. Los niños más sumisos lo aguantan, pero no aquellos con un instinto de supervivencia más desarrollado. Y, como son centros de acogimiento, no de reforma o cerrados, se marchan”, relata Lourdes Reyzabal.

La normativa interna que comenta la presidenta de Raíces no es una excepción. Reyzabal plantea que la Comunidad de Madrid vulnera la ley del menor cuando devuelve a los niños tutelados por otras administraciones a su localidad de procedencia. “Cuando un chico llega a Madrid desde Algeciras, si en el centro de primera acogida sospechan que Andalucía pudo emitir su tutela, le suben en un autobús con destino a aquella ciudad, esperando que allí sea detectado por la policía y reingresado en el sistema de protección. Lo hacen sin acompañamiento de un educador, sin coordinarse entre comunidades autónomas, sin proceder a una derivación de expediente. Los chicos viajan solos y, en ese periplo, muchos se cuelan en otro autocar de vuelta, pero aquí se les niega la acogida.”

En octubre Lourdes Reyzabal acompañó por primera vez a la educadora municipal al parque. Allí se encontraron con tres chicos que habían pernoctado en su centro correspondiente. Al acercarse, ambas advirtieron moratones esparcidos por el cuello y golpes en la cabeza. La mediadora del consistorio, de origen marroquí, tradujo el testimonio de los chavales: el vigilante de seguridad les había encerrado en la planta segunda para agredirles después. “Les llevamos al centro de salud, donde nos pidieron que les trasladáramos a urgencias pediátricas de La Paz. Al escuchar el relato de lo ocurrido y examinar las lesiones, el hospital envió, de oficio, los partes médicos al juzgado de guardia. El médico nos pidió que actuáramos desde fuera, que no era la primera vez que aquello ocurría. Estas denuncias suelen quedarse en nada: ¿cómo va a ir el Estado contra sí mismo? ”.

El vigilante de seguridad les había encerrado en la planta segunda para agredirles después

La Fundación Raíces decidió personarse en la causa. Actualmente existen dos procedimientos penales contra cuatro vigilantes de seguridad pertenecientes tanto al Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia como al Centro de Primera Acogida Hortaleza, las dos instituciones del distrito. “El Ayuntamiento de Madrid, a través de su educadora, tuvo conocimiento de la posible comisión de un delito contra la integridad física, pero no se ha sumado a la denuncia” añade Reyzabal. De hecho, Marta Higueras, delegada del Área de gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, afirmó con rotundidad, ante las cámaras de Ok Diario, que “los menores no escapan por ser maltratados sino para consumir drogas libremente”.

Tampoco ayuda la actuación de la policía que, como cuenta Reyzabal, al ver chicos en el parque a altas horas de la noche, tiritando e intoxicados por disolvente, no puede conducirlos directamente hasta su tutor legal, representado en el centro al que pertenezcan. Debe guiarlos hasta la sede del Grupo de Menores de la Policía Nacional, al otro lado de la ciudad, donde se les vuelve a conceder acogimiento. “La policía dice, textualmente, que no quiere hacer de taxista”. Varios vecinos han interpuesto denuncias por omisión de socorro.

Javier García Ugarte, educador y teólogo, director de Mundo Justo, se enteró por los medios de comunicación del desamparo en que vivían los niños del parque en Hortaleza. Por su relación personal con Alberto San Juan Llorente, responsable del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, propuso refugiar a los chicos, temporalmente, en uno de sus pisos de Rivas Vaciamadrid. La Comunidad aceptó. “Fue una acción humanitaria a la que dieron vía libre. Para que los chicos no murieran de frío en el parque. Después, como nuestros recursos tienen la autorización de servicios sociales pero no aquella necesaria para funcionar como centros de menores, nos obligaron a desalojarles y a que volvieran a los centros donde tienen plaza, esos de los que habían huido meses atrás”.

“A pesar de que tenemos un programa de reparto de comida a 150 familias del municipio o ayudas a madres solteras con hijos, en 15 años ningún trabajador del Ayuntamiento de Rivas ha pisado nuestras instalaciones. Hasta que han llegado aquí los niños de Hortaleza”, sugiere García Ugarte, que también refiere una correcta conducta de los chavales: “Durante los 23 días que vivieron en el piso se portaron perfectamente, no se produjo ningún tipo de incidente, ni entre ellos ni con los educadores. Desmintieron, con los hechos, ser esos niños violentos de los que hablaba la prensa. No puedo decir nada negativo de su comportamiento”.

Durante los 23 días que vivieron en el piso se portaron perfectamente, no se produjo ningún tipo de incidente, ni entre ellos ni con los educadores

“En un piso sin vigilantes de seguridad y sin salas de contención, los niños entraron, dejaron de consumir pegamento, no volvieron al parque ni cometieron delitos. Por tanto, si dentro se generan esos conflictos y fuera no, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué está pasando en los centros de protección a la infancia?”, sentencia Lourdes Reyzabal. La Fundación Raíces realizó un seguimiento de la estancia en aquel recurso.  “Cuando un niño se siente atacado, ataca. Son mecanismos de defensa básicos. Si se siente seguro, cuidado y respetado, no lo hará. Es así de sencillo”, asegura.

Luis Ortíz, director del Área de Ciudadanía, Igualdad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Rivas, defiende el informe enviado a la Fiscalía por su corporación. “La Comunidad de Madrid nunca realizó un traslado formal de los expedientes de los chicos, los tenía en un limbo administrativo. Trasladaron a los menores al municipio de manera unilateral, sin informar a nadie. Además, el piso carece de la acreditación necesaria y de proyecto educativo. Nosotros, como institución pública que debe garantizar derechos, no podemos observar una ilegalidad y dejar de ponerla en conocimiento de la justicia. Los menores deben estar en un servicio público con garantías, gestionado por la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias".

La Fundación Raíces denuncia que los niños están en medio de un fuego cruzado entre administraciones. Mientras, desde el pasado día 30 de diciembre, los chicos que retornaron al parque, expulsados del piso de Mundo Justo en Rivas, permanecen en paradero desconocido. La Junta de Castilla y León dio parte a la Comunidad de Madrid de haber localizado, al menos a dos de ellos, en Ávila. Una vez más, proscritos. “Su situación es nuestro fracaso”, termina Reyzabal.