Lo han repetido hasta la saciedad expertos, investigadores y organismos de todo tipo: el calentamiento global es un hecho demostrado, con consecuencias tangibles y de una urgencia extrema. Las últimas cifras, sin embargo, no dejan demasiado lugar al optimismo: en 2018 se volvió a batir el record de emisiones de efecto invernadero en la atmósfera y nunca, desde que existen registros, ha habido una década en España tan calurosa como la que ha comprendido el periodo 2010-2019, recién terminado.

Así lo acredita un reciente estudio publicado por Observatorio de la Sostenibilidad, donde se señala que, durante esta década, la temperatura media anual en el país se ha situado en 15,7 grados centígrados, 1,7 más de los que se registraron hace 50 años, momento en el que los organismos oficiales comenzaron a contabilizar las cifras.

Los datos son aún peores si el análisis se limita exclusivamente al último lustro (2015-2019), cuando la temperatura media en España ascendió a 15,9ºC, frente a los 14ºC registrados en el periodo 1970-1979. Según las cifras del documento, extraídas de la base de datos de la AEMET, este calentamiento progresivo es perceptible en las comparaciones de todos y cada uno de los meses del año y en todas las estaciones, con incrementos muy marcados en primavera y verano.

Junto a esto, asegura el Observatorio de la Sostenibilidad, los últimos diez años también se han caracterizado por la presencia de fenómenos meteorológicos extremos, entre los que destacan las olas de calor, las inundaciones o la cantidad de superficie que se ha visto afectada por los incendios.

En el primer caso, el periodo 2010-2019 también ha dejado los registros más altos en cuanto a duración, intensidad y extensión de las temperaturas extremas. Los ejemplos son variados: en 2015 se vivió la ola de calor más larga, con una duración de 26 días; en 2017 se batió el record de eventos en un año, con cinco olas de calor; y durante agosto de 2012 las altas temperaturas llegaron a afectar 40 provincias, una extensión inédita hasta ese momento.

Estos registros se han traducido, según las estimaciones de la AEMET recogidas en el estudio, en que las olas de calor durante los meses de junio sean ahora diez veces más probables de lo que lo eran en la década de los 80 y los 90.

En lo que se refiere a otros fenómenos meteorológicos extremos, el documento pone de ejemplo episodios como las inundaciones provocadas por gota fría durante el pasado mes de septiembre en la zona la Vega Baja del Segura, cuando se registró un nivel de lluvias sin precedentes en los últimos 100 años y que dejaron importantísimos daños materiales y humanos.

Por su parte, y aunque 2019 ha acumulado la cifra de incendios más baja de la década, los últimos cuatro años han dejado más de 400.000 hectáreas quemadas en el país. Aquí también se pueden percibir los efectos del cambio climático: según un informe de la Comisión Europea, durante los primeros meses de año pasado las zonas más afectadas por los incendios en la Unión Europea fueron los pastizales y las marismas, algo que no había ocurrido con anterioridad. En el caso concreto de España, el impacto en espacios protegidos ha sido enorme: un 40% de la superficie que ardió en 2018 pertenecía al a red de ecosistemas vulnerables de la Unión Europea.

En la actualidad, nuestro país se encuentra entre los países del mundo con mayor peligro de desertificación, un proceso en el que el aumento de la temperatura, junto con la acción humana, es uno de los principales responsables. La situación es tan grave que, según la información publicada durante el año pasado por la organización WWF, un 20% del territorio nacional ya es victima de la desertificación, mientras que otro 75% –es decir, prácticamente todo lo que resta– está en riesgo de sufrir este problema durante los próximos años.

Frente a esto, la actitud de los diferentes gobiernos y administraciones parece todavía muy lejos de ofrecer soluciones inmediatas y contundentes a este problema. En España, plataformas como la propia WWF o Ecologistas en Acción llevan tiempo denunciando el abuso de prácticas muy agresivas como el regadío intensivo, mientras que a nivel europeo el propio Tribunal de Cuentas comunitario publicó hace apenas un año un documento especialmente crítico con las medidas adoptadas en la UE –“incoherentes e ineficaces”– contra el fenómeno de la desertificación.