Obstáculos –físicos y burocráticos– para presentar solicitudes o procedimientos que se alargan en el tiempo y colapsan el sistema de asilo. Durante el año pasado, España apenas aprobó un 5% de las casi 120.000 peticiones de protección internacional que recibió en sus oficinas de asilo y refugio. Así lo corrobora un informe publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que denuncia que este porcentaje se sitúa a muchísima distancia de los ratios que se registran en los países de nuestro entorno europeo, donde, de media, son aceptadas un 30% de las peticiones.

España apenas aprobó un 5% de las casi 120.000 peticiones de protección internacional que recibió en sus oficinas

En un año en el que las peticiones de protección internacional se multiplicaron por dos, la organización apunta a la ausencia de un modelo migratorio legal y ordenado como la principal causa del colapso del sistema de protección internacional, que todavía acumula 124.000 expedientes sin resolver.

Los 60.200 que sí se resolvieron reflejan, a su vez, la realidad de un política de asilo cada vez más refractaria –durante 2018 se aprobaron el 25% de las solicitudes, por el 5% del año pasado– y que incluso está imponiendo un filtro selectivo por origen que impide a personas procedentes de países como Libia, Siria o Yemen acceder siquiera al trámite burocrático preliminar, la propia solicitud de protección.

CEAR señalá  obstáculos como el cierre de vías legales para reclamar asilo en las fronteras españolas, así como imposiciones arbitrarias como el visado de tránsito o la imposibilidad de solicitar el traslado desde las embajadas de nuestro país, una medida contemplada en la legislación, pero que ahora funciona solo para extensiones familiares.

Las consecuencias son de sobra conocidas y se reflejan en las cifras: mientras que miles de personas arriesgan la vida en el mar o en rutas migratorias controladas por mafias y traficantes de personas para llegar a nuestro país, apenas un 6% de las 120.000 solicitudes de asilo que recibió España en 2019 se presentaron en puestos fronterizos. En las embajadas y consulados solo se tramitaron 307 (por extensión familiar), y en los CIES se registraron poco más de 2.160 peticiones. 

Así, y según la organización, la política de visados está determinando de forma selectiva el perfil de los solicitantes de asilo en nuestro país, hasta el punto de que ocho de cada diez peticiones de protección que recibió España durante el año pasado fueron presentadas por personas de América Latina: cerca de 41.000 procedían de Venezuela, 29.360 de Colombia y 21.500 de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Perú. 

La colombiana es la nacionalidad que arrastra más solicitudes pendientes en nuestro país, con cerca de 34.000

Sin embargo, iniciar el procedimiento no asegura, ni mucho menos, el reconocimiento del asilo y las cifras lo muestan claramente. Si tomamos como ejemplo a las personas que solicitaron asilo desde Colombia, en 2019, solo 60 obtuvieron el visto bueno; otras 5.100 peticiones fueron denegadas. La colombiana es la nacionalidad que arrastra más solicitudes pendientes, con cerca de 34.000.

Algo parecido ha ocurrido con las personas con origen en los países centroamericanos, también muy golpeados por la violencia de las maras y las pandillas: hasta 2.000 personas procedentes de El Salvador vieron cómo su solicitud fue denegada durante el año pasado, mientras que apenas 265 recibieron protección en algunas de sus fórmulas. 

En última instancia, CEAR sí que reconoce los avances que se han conseguido realizar en la concesión de permisos de residencia por razones humanitarias, aunque estos se concentraron casi en exclusiva en personas de origen venezolano.