España no solo tiene un gasto en políticas sociales por debajo de la media de la Unión Europea. Muchas de estas medidas, además, son poco eficaces y arrastran un importante déficit redistributivo, lo que ha derivado en que todavía un cuarto de la población esté en riesgo de pobreza y exclusión. Esta es la principal conclusión de un informe que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país, donde se advierte que las capas más vulnerables, como jóvenes y personas en riesgo de pobreza, son los que menos se benefician de las políticas de gasto social. 

Una situación que no es de extrañar si se repasan los datos sobre inclusión y equidad: las transferencias sociales, los impuestos y las pensiones solo son capaces de reducir el coeficiente de Gini –un indicador para medir la desigualdad– en un 0,18%. En su comparativa con los promedios europeos, las políticas públicas en España tienen un 15% menos de capacidad distributiva.

En el análisis concreto de las partidas de gasto, la investigación señala que tanto la sanidad, como el sistema de pensiones y los subsidios de desempleo han mantenido –pese a la serie de reformas y recortes que se iniciaron en 2012– cierto nivel de equidad y eficiencia durante los últimos años. Esto no ha evitado, sin embargo, que estas partidas tengan que afrontar serios problemas en el presente y futuro, como los riesgos que atañen a la sostenibilidad de las pensiones, con una población cada vez más envejecida, o los altísimos niveles de desempleo estructural, que disparan el gasto en prestaciones. 

Junto a esto, el documento del FMI –un organismo que no se ha destacado en los últimos años por su apoyo a las políticas expansivas de gasto social– pone el foco en el resto de medidas públicas de asistencia donde, además de bajos niveles de inversión, detecta problemas de eficiencia y funcionamiento. Es el caso del gasto en exclusión social, vivienda o ayudas a las familias, que se sitúa en el 1,6% del PIB, de nuevo por debajo de los estándares europeos. 

Otros datos comparados también señalan que las prestaciones económicas en efectivo –las rentas mínimas– apenas se sitúan en un 30% de la renta media nacional, un porcentaje sensiblemente inferior al que tienen los países de nuestro entorno comunitario y que en algunas comunidades solo llega al 1-3% de las familias. 

Ante esta situación, que ha conducido a que los hogares de clase media se beneficien de la misma forma o incluso más de la redistribución que las familias con bajos ingresos, la investigación propone mejorar los sistema de acceso a las ayudas, especialmente entre las capas más necesitadas, reducir los procesos administrativos y aumentar la financiación en determinadas áreas de asistencia a familias. 

En última instancia, el estudio advierte de que, más allá de mejorar la eficiencia del gasto social y las políticas que lo rodean, también es necesario que España afronte cambios drásticos en su mercado laboral si quiere reducir los niveles de inequidad y mejorar los estándares de bienestar en el país. Así, junto al elevado desempleo, que condiciona los presupuestos de subsidios, el documento apunta a la fuerte dualidad entre contratos temporales e indefinidos como una de las principales causas de la desigualdad que existe en los ingresos, además de la baja productividad que arrastran algunos sectores.

Según el documento, esta brecha que existe en los costes de despido de un tipo de contrato y otro está impidiendo la creación de empleo fijo, para lo que recomienda –como ya ha hecho en otras ocasiones el FMI– la creación de un contrato único.