Probablemente no aparecerá en las secciones de feminismo de los periódicos, ni estará en los principales debates mediáticos en torno al 8M, pero incidir en la legislación laboral es una de las medidas más importantes que puede tomar el Gobierno para mejorar la vida de las mujeres. Quizás incluso, la más importante. Y si no, que le pregunten a las kellys.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arrancó su mandato proclamando que su horizonte es la derogación de la última reforma laboral de 2012 –la del PP–. Es verdad que luego matizó que es imposible derogarla en sus totalidad, pero al menos, se ha propuesto acabar con “los aspectos más lesivos” de la misma, y hay algunos muy importantes. La anterior reforma está fuera del mapa. No hay que olvidar que la llevó a cabo el mismo PSOE en 2010, aprovechando el shock de la crisis, y que fue contestada con una huelga general algo tardía. Los sindicatos mayoritarios dijeron entonces que desregulaba el mercado de trabajo, aumentaba la temporalidad, abarataba el despido y reforzaba el poder empresarial. La siguiente del PP de Rajoy aún supuso una vuelta más de tuerca y es la que ahora está en el punto de mira. Es necesario señalar que la precariedad laboral –el trabajo barato– ha sido una apuesta central de los diferentes gobiernos para la economía española. Hoy, tal y como parece plantearlo el mismo Gobierno, no podemos esperar muchos avances en derechos económicos, pero quizás sí revertir algunas de las grandes derrotas de la última década.

Ante las declaraciones de Díaz, Nadia Calviño, la ministra de Economía y reconocida neoliberal de la Comisión Europea, corrigió. Dijo que no se puede estar “constantemente tejiendo y destejiendo reformas laborales”, que el despido por bajas médicas sí, pero que lo demás, pues ya veremos y que mucho concierto social. De hecho, el rol de Calviño está claro. Ella juega el papel de contención de las posibles veleidades radicales de Podemos, y sus declaraciones sirven de parapeto para tranquilizar a patronales y mercados. Es la cancerbera del déficit, la sabuesa de Bruselas. Precisamente, la agencia de calificación de crédito Moody's acaba de avisar de que revertir las leyes laborales desreguladoras puede implicar castigos en los intereses que paga España por su deuda, síntoma claro de la importancia que tiene acabar con este tipo de reglas. Ya sabemos, el capital contra la vida.

Tres de cada cuatro empleados a tiempo parcial son mujeres, no solo para compatibilizarlo con las tareas de cuidados que recaen sobre ellas, sino que además más de la mitad no lo han elegido

Sobre todo para las trabajadoras, si tenemos en cuenta que ellas tienen los empleos de menor calidad y reciben los peores salarios. Tres de cada cuatro empleados a tiempo parcial son mujeres, no solo para compatibilizarlo con las tareas de cuidados que recaen sobre ellas, sino que además más de la mitad no lo han elegido sino que quieren trabajar más horas. En el trabajo más precario, aquellos que aúnan un contrato temporal y a tiempo parcial, también son mayoría: el 76% –dos de cada tres– son mujeres, según datos del Ministerio de Trabajo. En la precariedad, la brecha de género se va estrechando, pero no porque las mujeres accedan a empleos de mayor calidad, sino por abajo, porque también están empeorando las condiciones de los hombres. El trabajo en general se “feminiza” en el sentido de que cada vez más adquiere características que antes definían buena parte del empleo de las mujeres, que se consideraba como una forma de obtener un salario complementario al del marido. La consecuencia de la generalización de la precariedad es que España es uno de los países de la UE con más porcentaje de trabajadores pobres, –2,6 millones de personas tienen uno o varios empleos pero no rebasan el umbral de la pobreza–. Antes de la crisis ya teníamos cifras crecientes de pobreza y a este escenario desastroso contribuyeron luego las dos reformas laborales. Aunque nos dijeron que era un ajuste temporal que había que hacer por el bien de la “recuperación” de la economía, no hay visos de mejora en el ámbito laboral mientras se proclama que hemos dejado atrás la crisis y se recuperan o se multiplican los beneficios empresariales. Es como si una vez apaciguada la clase media que recupera algo de sus condiciones de vida, no importase que el empeoramiento de los que están más abajo se haya vuelto estructural.

Como señala la ministra Díaz, uno de los elementos que están muy relacionados con este aumento de la precariedad es la cuestión de las subcontrataciones. En ese aspecto central también ha prometido meter mano el gobierno –entre otras medidas, pretende recuperar algo del poder de negociación perdido por los sindicatos desde el 2010–. Subcontratar significa que una empresa puede externalizar una parte de su actividad a otra que se dedica a básicamente a gestionar trabajadores. Se llaman empresas multiservicios y su actividad ha ido creciendo desde la crisis. A partir del 2016, un 90% de las compañías con un volumen de facturación superior a los 12 millones de euros ya recurría a ellas para cubrir servicios de seguridad, limpieza, mensajería, jardinería, transporte, logística, marketing, etc. También las usan muchas de las medianas empresas y buena parte de los servicios complementarios de las administraciones públicas. En los conciertos –que son la mayoría de las formas de colaboración público-privada– está permitido. Por ejemplo, en muchas residencias de ancianos o centros de día, donde las concesionarias pueden subcontratar a cuidadoras a través de otras empresas. En esta operación, las trabajadoras pierden muchos derechos laborales en una actividad esencial de la que dependen vidas humanas. Y si la calidad del empleo empeora, como sabemos, también lo hace la atención.

El ejemplo de las ‘kellys’

Las luchas de las kellys han sido emblemáticas, tanto por sus movilizaciones, como porque se dan en uno de los sectores, el de la economía turística, donde más trabajo precario se acumula. Las camareras de pisos de los hoteles han conseguido poner sobre la arena pública qué implicaciones han tenido estas externalizaciones para su vida cotidiana, y para la de muchas mujeres de trabajos feminizados –en las propias lavanderías de los hoteles, la limpieza, el telemarketing, etc.–. Resumiendo mucho, implica un abaratamiento considerable de los costes para las empresas. Las diferencias de salario entre una trabajadora contratada por un hotel o a través de una empresa multiservicios puede ser de hasta un 40% –de 1.200 a 700 euros en una jornada a tiempo completo–. Pero también supone regímenes vaciados de derechos en sectores que ocupan los puestos más bajos de la estructura laboral y que, como hemos dicho, son en general realizados por mujeres, y migrante, como explica el investigador Ernest Cañada, miembro de Alba Sud, una asociación catalana especializada en investigación y comunicación para el desarrollo y cuyo trabajo se centra en tres áreas, turismo responsable, trabajo justo y bienes comunes. Las consecuencias: tienen que estar siempre disponibles aunque se las contrate por días o meses; si cometen cualquier fallo o exigen derechos no se las contrata más; pierden antigüedad; días festivos y otros derechos; capacidad de negociación colectiva o la posibilidad de conciliar… Así, al compás de la precarización, se generan problemas de salud físicos y psíquicos: hemos visto sus bolsos llenos de calmantes para poder seguir trabajando. Y todo este proceso de desplome de derechos que afecta a millones de mujeres –y hombres– ha ocurrido en unos pocos años.

¿Qué es lo que hay que revertir para impedir las subcontrataciones?

El punto central aquí es la cuestión de qué convenio rige. (Los convenios son acuerdos que se negocian entre empresa y trabajadores y que regulan todos los aspectos de la relación laboral: salarios, jornadas, vacaciones, etc.) La reforma del 2012 permite a las empresas aplicar sus propios acuerdos, aunque las condiciones laborales fuesen mucho peores que las del convenio del sector, una norma que antes era de rango superior y había de respetarse. De esta manera, los sindicatos, que tienen más fuerza si representan a un mayor número de trabajadores, han perdido poder de negociación.

Esta es la clave que permitió externalizar para reducir costes salariales a las empresas y aumentar beneficios. (Antes no se externalizaba porque no salía a cuenta ya que las condiciones laborales de la empresa subcontratada no podían ser peores que las de la empresa central.) El resultado de esta reforma es que a un hotelero que hoy contrata el trabajo de las camareras de piso a través de una empresa multiservicios, le resulta mucho más barato que antes. A esto hay que sumar las negociaciones amañadas que han llevado adelante muchas empresas multiservicios para redactar sus propios convenios –con sindicatos sin representatividad o que montaba la misma empresa de manera fraudulenta–. De manera que sus convenios podían ser infinitamente peores para los trabajadores que los negociados a nivel de sector, con la consecuencia de que los salarios y las condiciones laborales se han desplomado en estas externalizaciones. De ahí la importancia de que vuelva a prevalecer el contrato sectorial por encima del empresarial. Esto es lo que se está planteando hacer el gobierno.

Pese a ello, quizás no se recupere el trabajo estable de la situación anterior, como explica Ernest Cañada en referencia al sector hotelero. Y esto tiene que ver con la estructura empresarial de ese sector que, a partir de la crisis, pasó de financiarse prioritariamente mediante créditos a hacerlo a mediante fondos de inversión. Para ello, los fondos exigen tener los mínimos gastos fijos posibles, y entre ellos, el más importante siempre son los trabajadores. La financiarización de las empresas, una tendencia en alza, juega en contra de los derechos de las trabajadoras.

Mucho por hacer

Frenar estas externalizaciones es una de las medidas anunciadas por el gobierno que hoy más puede afectar a las condiciones de trabajo de las mujeres más precarias del sector servicios –la mayor parte de la fuerza laboral femenina–. Pero tendrá que dar la batalla, la patronal ya ha dicho que está firmemente en contra de esta posibilidad. Y de fondo suena la música de la concertación en un gobierno que se siente débil.

Además de esta reforma, el gobierno tiene por delante algunas promesas recogidas en los programas electorales del PSOE o de Unidas Podemos. Una, muy importante para el feminismo, es la equiparación de derechos de las trabajadoras domésticas en el régimen de la seguridad social –hoy son trabajadoras de segunda–, un compromiso eternamente pospuesto. Otros pasos que se plantean en el Ministerio de Trabajo son desarrollar los planes de igualdad para que sean efectivos, luchar contra el fraude laboral, los falsos autónomos y becarios, la contratación temporal, y las horas extras no pagadas, entre otras cuestiones fundamentales. También, redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que se enfrente a los nuevos retos como la uberización de la economía –por ejemplo, el caso de Deliveroo y el trabajo prestado a terceros a través de plataformas digitales–. Habrá que estar atentas a esta nueva vía de precarización del trabajo femenino puesto que algunas de estas plataformas ya están ofreciendo tareas puntuales de cuidados –el sector más feminizado de todos por la tradicional división sexual del trabajo–: desde acompañar al médico, recoger a los niños del colegio, realizar compras, hasta organizar un cumpleaños.

Mucho por hacer, por tanto, en el mundo del trabajo para mejorar las condiciones de vida de todas. El próximo 8M el feminismo tendrá que hablar también de esta cuestión fundamental y presionar al gobierno –junto con otros movimientos y organizaciones sociales– para que cumpla sus promesas.