Cada invierno, las infecciones virales respiratorias tienen una alta prevalencia que sobrecarga los sistemas sanitarios. La reciente infección por el coronavirus 2019 (COVID-19) entra dentro de esta categoría de afecciones respiratorias estacionales, y los signos y síntomas que produce son en gran medida indistinguibles de otras infecciones por virus respiratorios. Lo que diferencia al COVID-19 de otros virus respiratorios es su mayor grado de infectividad, lo que ha hecho que se propague de forma rápida ocasionando la pandemia que actualmente padecemos; una pandemia que se ha extendido a los cinco continentes en un corto espacio de tiempo y ha sido declarada como Emergencia de Salud Pública internacional por la Organización Mundial de la Salud.

Actualmente, no existen terapias o vacunas efectivas para combatir el COVID-19. Mientras tanto, se  han promulgado medidas de contención como el uso de máscaras faciales, el confinamiento domiciliario de los personas, la restricción de los viajes, el cierre de centros escolares y comercios, y el aislamiento de las personas sospechosas; todas ellas contribuyen a retrasar la propagación del virus. Si bien estas restricciones reducen considerablemente la transmisión del virus, también es cierto que pueden dificultar la estimación de las características epidemiológicas del brote.

La tasa de mortalidad reportada en los países afectados varía sustancialmente debido, al menos en parte, a que la detección de casos todavía se centra principalmente en identificar pacientes con fiebre, tos o dificultad para respirar. Las personas infectadas que están asintomáticas o presentan sintomatología leve pueden contribuir al contagio pero no se contabilizan, lo que conduce a la subestimación del número de personas infectadas, a la sobreestimación de la tasa de mortalidad y también a la propagación de la pandemia. Los datos proporcionados hasta el momento no son fiables al ser defectuosos los procesos utilizados para su obtención. Es necesario señalar que una estimación de la prevalencia del COVID-19 es fundamental para conocer el potencial pandémico de la infección, lo que a su vez permitiría un mejor control de la propagación.

La variabilidad de las cifras publicadas sobre la letalidad de la pandemia por el COVID-19 también puede deberse a otras causas como son la edad y las condiciones preexistentes de los infectados, diferencias en los sistemas sanitarios y hospitalarios entre países, y también en los procedimientos utilizados para el diagnóstico del virus. El diagnóstico de un mayor número de personas afectadas para un número fijo de muertes significa que la enfermedad es probablemente menos mortal de lo que muestran los datos. La frecuente confusión de la tasa de letalidad del virus –que es el número de muertes confirmadas debido al virus dividido por el número total de casos confirmados de infección– con la tasa de mortalidad –que se refiere al número total de muertes por el virus dividido por el número total de población durante un período de tiempo definido– es otra posible fuente de error de estimación. En cualquier caso, cuando se habla de que la tasa de letalidad es tan solo, digamos, del 2% o el 3%, se está minimizando el impacto de la pandemia en la escala poblacional.

Es necesario aplicar las pruebas diagnósticas a las personas con síntomas más leves, así como en aquellos que han estado en contacto con personas infectadas o que hayan desde zonas afectadas por la pandemia

De lo anterior se desprende que la aplicación de pruebas diagnósticas para la detección de las personas infectadas es una de las primeras medidas a tomar para obtener un mapa de la propagación de la infección y adoptar las decisiones apropiadas. La realización de pruebas diagnósticas únicamente en las personas que muestran síntomas respiratorios no refleja el estado actual de la pandemia. Es necesario aplicar las pruebas diagnósticas a las personas con síntomas más leves, así como en aquellos que han estado en contacto con personas infectadas o que hayan desde zonas afectadas por la pandemia. Hasta el momento, ha habido una gran disparidad entre países en la utilización de pruebas diagnósticas de detección del virus. Así, por ejemplo, en Corea del Sur se han estado evaluando a más de 10.000 personas diarias con o sin síntomas, mientras que en otros países las personas con síntomas leves no se han investigado e incluso se les ha rechazado para recibir atención médica. No cabe duda de que para poder contar con un mapa epidemiológico completo lo ideal sería la utilización de pruebas diagnósticas de detección en toda la población, aunque esto es difícil de conseguir debido a la escasez de recursos.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que es necesario realizar pruebas de laboratorio de detección del COVID-19 al mayor número de personas con el objeto de conseguir una mayor y más efectiva prevención de la transmisión. Sin embargo, para que esta propuesta sea viable es necesario que se establezcan protocolos de rápida ejecución, de manera que las pruebas de diagnóstico se puedan realizar en los laboratorios de salud pública de manera eficiente y a bajo costo. En este sentido, recientemente se han desarrollado pruebas moleculares de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en tiempo real (rtPCR por sus siglas en inglés) para detectar una infección viral activa en muestras clínicas (hisopos nasales y faríngeos, líquido de lavado broncoalveolar, esputo) de manera eficiente ( entre 2 y 4 horas) y a bajo coste (alrededor de 15 dólares estadounidenses). Aquí y aquí.  Hay que tener en cuenta que la rtPCR puede producir falsos positivos debido a la interferencia técnica de los oligonucleótidos involucrados en el ensayo y a la reacción cruzada con virus relacionados. Por este motivo, en pacientes con características clínicas y epidemiológicas compatibles con la infección por COVID-19, pero con pruebas de rtPCR negativas, se debe realizar un TC de tórax, que tiene una alta especificidad para la detección de la afectación pulmonar de la infección. Las pruebas de serología que detectan la presencia de anticuerpos contra el COVID-19 servirían para fines de vigilancia o investigación pero no para fines diagnósticos.

La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto la descoordinación y falta de recursos de nuestro sistema público de salud

Si los centros hospitalarios no poseen las facilidades para responder a la demanda de las pruebas de detección viral, siempre sería posible habilitar centros de investigación que poseen amplia experiencia, con personal y medios técnicos suficientes, para realizar las pruebas de rtPCR a gran escala. Actualmente, debido a las medidas impuestas de inmovilización y confinamiento, estos centros de investigación han disminuido, o completamente cesado, sus actividades, pero si fuese necesario se podrían reactivar de forma inmediata.

Una vez conocida la magnitud y la extensión de la pandemia, la segunda medida es establecer con rigor y rapidez las estrategias necesarias para la óptima utilización de los recursos existentes. Esto implica:

1. Inventariar los medios disponibles tanto de camas (hospital y UCI) y personal como de tipo técnico (bombas de infusión, respiradores, ECMO –oxigenación por membrana extracorporeal– Extracorporeal Membrane Oxygenation en inglés) en cada territorio.

2. Que los centros de Asistencia Primaria sean el primer punto de contacto de las personas que puedan estar afectadas para establecer un diagnóstico inicial y formular un plan de tratamiento y seguimiento.

3. Comunicación directa y contínua (línea telefónica directa, página web del hospital, plataformas de redes sociales, mensajes de texto) entre los centros de Asistencia Primaria y los centros hospitalarios para conocer en todo momento el número de afectados en cada territorio y la situación clínica de los mismos, y también para determinar las pautas clínicas que se han de seguir;

4. Las necesidades de personal y de recursos deben anticiparse y, al mismo tiempo, se han de fijar planes de contingencia para la mejor distribución de los mismos.

5. Posibilitar y coordinar la participación de los profesionales sanitarios no activos y de los ciudadanos voluntarios en las tareas sanitarias y de soporte.

6. Informar a la población de la situación sanitaria con transparencia y de forma regular a través de los medios de comunicación pertinentes, y que además estos medios difundan las directrices marcadas.

7. Proporcionar orientación y ayuda a las territorios con recursos limitados, transfiriendo si fuera necesario personal sanitario (médicos, especialistas en medicina intensiva, enfermeras) y medios materiales. La asociación de la mortalidad con la disponibilidad de recursos de atención sanitaria es reconocida en este tipo de brotes respiratorios víricos.

La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto la descoordinación y falta de recursos de nuestro sistema público de salud, retardando el control de la infección y poniendo en riesgo a la población. Las causas de esta precariedad han sido los continuos recortes aplicados a la sanidad que se ha traducido en un empobrecimiento de la Asistencia Primaria, en una reducción de camas hospitalarias y en una disminución del número de profesionales sanitarios. Es preciso que estos recortes se reviertan de forma inmediata y que se impida el expolio de la sanidad pública por la actividad privada, como los movimientos sociales, los profesionales y la ciudadanía han venido denunciando desde hace tiempo.

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Manuel Galiñanes es cirujano cardíaco e investigador. Miembro de Marea Blanca y del Círculo de Sanidad Podem Catalunya.