“¿Qué resulta más escandaloso: los 6.000 muertos en las residencias de Madrid o que la empresa Clece, una de las que más ganó el pasado año –280 millones de euros– gestionando geriátricos, pida que el gobierno autonómico asuma las pérdidas que le ha ocasionado la pandemia?”. Quien así de contundente se expresa es Antonia –nombre ficticio–, una de las más de 200 personas que hoy preparan denuncias contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los directores de 26 residencias madrileñas por presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. La decisión de esconder su verdadero nombre es tan firme como la de preservar la identidad de su madre, residente en uno de los innumerables centros de personas mayores que fueron arrasados por la pandemia a principios de marzo.

El motivo de tanto secretismo es que teme que su denuncia puede ocasionar algún tipo de represalia contra su madre. No se fía de los responsables del centro madrileño “cuya gestión me resultó muy negligente y angustiosa en los peores momentos de la pandemia”. Así, que de las fotos ni hablar. Quiere protegerla y volver a verla tras dos meses y medio de aislamiento. Lo relevante ahora para Antonia es el proceso judicial en el que se ha comprometido, “que lo conozcan los miles de afectados que ahora no se atreven a dar el paso”, añade.

Entre marzo y abril, al menos uno de cada 10 residentes falleció y 4 de cada 10 trabajadores enfermaron en Madrid

A su descontento, y a la tenacidad de otras personas en situaciones aún más dolorosas, se debe la única contabilidad que hoy sirve para aproximarse a la devastación que ha dejado el paso el torbellino viral en las residencias de mayores. Datos que perfilan los estragos causados por el virus entre las 48.758 personas que viven en las 475 instalaciones madrileñas y empezar a depurar los presuntos delitos cometidos durante la pandemia: al menos uno de cada 10 residentes falleció y 4 de cada 10 trabajadores enfermaron en Madrid. Entre marzo y abril. La mayor catástrofe humana de la democracia. La cadena SER habla ya de 19.200 muertos en las residencias españolas: casi 6.000 en Madrid y 4.000 en Catalunya.

Organizaciones sociales, sindicatos, enfermeras, auxiliares y familiares ajustan a estas horas el foco. La Comunidad madrileña solo ha medicalizado 14 centros, frente a los 209 expedientes abiertos en el otro foco nacional de la infamia que es Catalunya, y las 40 investigaciones abiertas por la Fiscalía.

En abril, la administración regional madrileña intervino la Fundación Reina Sofía Alzheimer, dirigida por la empresa Clece, de Florentino Pérez; la residencia de Monte Hermoso, que ha registrado 49 muertos y 32 trabajadores enfermos; la de Usera, Mirasierra, Alcalá de Henares y Leganés de DomusVi, una fondo francés con capital británico que tributa en el paraíso fiscal de Jersey, donde fallecieron 118 personas y se tramitaron más de 50 bajas médicas entre el personal contratado; o la que el grupo Vitalia gestiona en Leganés, 84 muertos y 75 enfermos.

Pero hay más. Entre las grupos más sancionados y penalizados* durante los últimos cinco años, tal y como aparece reflejado en el portal de transparencia de la Comunidad, están Orpea, 64 multas por valor de más de medio millón de euros; Sanitas Mayores, 18 amonestaciones por no cumplir las condiciones pactadas en los pliegos de cuatro residencias; Valdeluz, “por incumplir la debida atención sanitaria a usuarios” y Los Nogales, sobre todo después de que saliera a luz un vídeo donde trabajadores presuntamente maltrataban a una de las residentes. Este centro acumula las dos penalizaciones más cuantiosas registradas en el último lustro. Otros de los grandes fondos que siempre ha estado en el ojo de la tormenta residencial es Aralia, propiedad del constructor José Luis Ulibarri, imputado en la Gürtel y la Púnica. A juicio de trabajadores y familiares consultados por CTXT, “un desastre sin paliativos”. 

José Luis González es uno de los tres letrados que la semana pasada presentaron ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid la primera de las querellas interpuestas contra los presuntos responsables de este desatino. Son diversos testimonios de familiares y trabajadores contra la gestión de 11 directores de residencias, que serán ampliadas a 20 en los próximos días, ubicadas en la ciudad de Madrid. La lista de agraviados no ha dejado de multiplicarse en toda la región desde que la iniciativa se hizo pública. Esta semana, por ejemplo, presentarán el segundo bloque judicial en Alcorcón y Leganés, dos de los municipios madrileños donde el virus ha dejado un mayor rastro de desolación. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado acusando al Ejecutivo central de “mirar para otro lado” a la hora de gestionar el brote letal de coronavirus declarado en cientos de residencias al tiempo que destaca que en Leganés –donde en tres residencias dirigidas por Vitalia, DomusVi y Nuestra Señora de Butarque se contabilizaron casi 200 fallecimientos– “pudimos salvar entre 160 y 180 vidas de mayores”.

Para el abogado José Luis González, “más allá de la discusión política, no hay duda alguna de que durante el estado de alarma las competencias de Sanidad y de los servicios sociales siguieron en todo momento en manos de las comunidades autónomas. Así lo especifican el real decreto dictado en marzo, la norma de ordenación sanitaria, la ley de servicios sociales y el decreto que regula el funcionamiento de las residencias”, asegura.

Pero, ante esta andanada de explicaciones de la presidenta madrileña en la Asamblea regional, ¿qué pirueta jurídica está utilizando para precipitar la responsabilidad sobre las espaldas del Gobierno central? Para González no es ningún misterio: escurrir el bulto. “El artículo 6 y el 12 del decreto del estado de alarma dice todo lo contrario de lo que defiende Díaz Ayuso. Dota de más competencias, refuerza a las comunidades autónomas al centralizar bajo su mando todo lo que tiene que ver con la sanidad privada. Y esa conclusión no está abierta a una interpretación política ni a la que pueda hacer un abogado que defiende los intereses de su cliente. En absoluto. Hay dos autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, uno referido a las residencias en Alcorcón y otro a las de Leganés, donde especifica que las competencias son de ámbito autonómico y que quien tenía que haberlas medicalizado e intervenido era la Comunidad de Madrid”, sentencia el letrado.

La administración regional no ha construido ningún centro para personas mayores desde 1983

El origen del problema, según el miembro de la Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y Diversidad Funcional de Madrid, Javier Garzón, hay que buscarlo en el sistema de control público que se ha realizado de las 475 residencias. El gobierno de Díaz Ayuso “sólo controla directamente 25 centros, el 5,8% del total y 6.200 plazas mientras financia a empresas privadas para que gestionen 22.000 plazas”. La administración regional no ha construido ningún centro para personas mayores desde 1983, ya que los 25 en los que mantiene la titularidad fueron transferidos al conformarse la autonomía. Y 16 de estas instalaciones tienen más de 40 años.

Diversos estudios sobre la situación de los servicios sociales llevan alertando de que las residencias de ancianos se han convertido en un lucrativo negocio en España. Especialmente para empresarios como Florentino Pérez, que semanas antes de desatarse la pandemia anunció la apertura en 2021 del mayor geriátrico de Lleida con el nombre de “Clece Vitam Ponent”; o SACYR, cuyo presidente Manuel Manrique recibió el pasado año una retribución de 8,16 millones de euros por el desempeño de su cargo.

Páginas web de compra y venta como Milanuncios reflejan hoy cómo la brújula de estas empresas se ha trasladado al sector residencial.

“La lista es larga: Intermediate Capital Group, CVC, Orpea, denunciada por sus trabajadores por ocultar las muertes de residentes en uno de sus centros de Madrid; DomusVi, Sanitas o HM Hospitales, que con este negocio cierran el círculo de la asistencia sanitaria privada. Las privatizaciones han precarizado el sector de cara a aumentar la tasa de beneficios de estas grandes empresas”, explica Carmen Turrero, sindicalista y autora de varias investigaciones sobre este tema.

Desde que en 2012 el Gobierno central tomó la decisión de congelar el presupuesto que dedicaba a la dependencia, la dependencia se ha convertido en la veta del gran negocio para los grandes fondos de capital. La Comunidad de Madrid dejó de percibir 50 millones de euros cada año de financiación estatal y lo compensó cediendo aún más la gestión a estas empresas. “La consecuencia de todo esto es que de las 48.758 plazas que hay en la Comunidad, las empresas privadas gestionan 42.500 plazas, el 87% del total, y además con la garantía de que un tercio de su financiación procede de la administración autonómica”, revela Javier Garzón. Ahora, el Estado sólo aporta el 16,3% del dinero, la Comunidad el 63,8% y los residentes el 19,9% restante, es decir, unos 253 millones de euros anuales. Aquellos que tienen plaza en una residencia pública abonan un porcentaje de su pensión, alrededor de 700 euros al mes de media, mientras que el precio de una plaza sin ayuda ronda los 2.000 euros mensuales. El resultado es que existe un déficit de plazas públicas para mayores. Algunos estudios apuntan que en Madrid hay más de 28.000 personas en lista espera, 14.000 de ellos con grados severos de dependencia. Cerca de 3.000 llevan en esta situación más de un año. “Según estos números, que consideramos muy exhaustivos, sería necesario construir unas 50 nuevas residencias en la Comunidad, lo que supondría una inversión pública de unos 500 millones de euros”, indica Garzón.

Existe un déficit de plazas públicas para mayores. Algunos estudios apuntan que en Madrid hay más de 28.000 personas en lista espera

La situación laboral de los 25.000 trabajadores, un 90% de ellos mujeres, siempre ha sido otro frente de la batalla. El Defensor del Pueblo ya avisó en su informe de 2018 de que Madrid “debía estudiar la posibilidad de revisar al alza las ratios mínimas” pero las cifras no han variado. Mientras la media por enfermera en el conjunto del Estado es de 109 pacientes, en Madrid se eleva, en algunos casos, a 261. El sueldo mensual de una cuidadora no llega a los 1.000 euros y el de una enfermera es uno de los más bajos de España, si se compara el Convenio de Dependencia autonómico con otros convenios del sector sanitario del país. Ni siquiera es obligatoria la presencia permanente de un médico. Durante el peor momento de la pandemia se contabilizaron 6.000 bajas por enfermedad que, en su mayoría, quedaron vacantes hasta que la amenaza comenzó a remitir. “La precariedad siempre ha sido el comportamiento habitual en este negocio”, concluye Garzón.

La madre de Antonia, por ejemplo, se encuentra en uno de los 18 centros públicos gestionados por empresas privadas que hay en Madrid. Allí murieron dos ancianos por el Covid-19 entre marzo y abril. Ella tuvo más suerte y aquí está, aunque nadie sabe a ciencia cierta si llegó a estar infectada. “Es una mujer muy sociable que tiene un trato cordial con el resto de pacientes y con el personal. Y como está contenta en esa residencia me dice que no cuente nada, que me calle”, añade su hija, que ya descuenta los días del calendario para poderla visitar. Sin embargo, a Antonia le cambia el tono de la voz cuando le preguntan por la experiencia vivida en otro centro totalmente privatizado en que estuvo su madre. “Resultó un horror”, sentencia sin ambages. Quizá por eso le irrita tanto escuchar que los responsables autonómicos no alterarán su modelo residencial ni que permitirán que nadie dicte los hábitos asistenciales de los mayores madrileños. “No hay derecho a que digan esas cosas cuando todos sabemos que los han tenido abandonados, sobre todo en las residencias privadas. Es un escándalo. Y te diré más: Creo que si tengo cerca a Díaz Ayuso cuando dijo aquello sobre la conveniencia o no de trasladar a ancianos a hospitales la abofeteo”. Y con esa sentencia se despide Antonia, apretando los puños y con la certeza de que costará destapar los motivos que desencadenaron el infierno que han vivido las residencias.

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*Fe de errores: en la primera versión de este reportaje se decía: Entre las residencias investigadas hoy están 10 del grupo Orpea, 9 de Sanitas, 7 de Amavir y 3 de Mensajeros de la Paz.