No es poco habitual encontrar, en esa cacofonía que son las redes sociales, a individuos que proclaman orgullosos que los impuestos son un robo, que admiran a aquellos que evaden y eluden millones y que sostienen sin pudor alguno que, de poder hacerlo, harían lo mismo. Curiosamente suelen ser los mismos individuos que afirman taxativamente que el sistema público de pensiones es una estafa piramidal, un modelo insostenible destinado a colapsar y que, llegado el momento, tendremos que elegir entre sanidad, educación y pensiones. Y digo curiosamente porque, casualmente, cuando se preguntan de dónde vamos a sacar el dinero para hacer frente a los futuros gastos de una sociedad cada vez más envejecida nunca, pero nunca, se paran a pensar en si la respuesta está en todo ese dinero que se evade año tras año entre sus aplausos y admiración. Porque no es, precisamente, poco dinero.

No es fácil estimar la cantidad de impuestos que cada año se evaden de manera ilegal o que se eluden mediante triquiñuelas legales y huecos en la legislación. Los paraísos fiscales son entidades opacas que no proporcionan datos de sus clientes ni actividades, aunque filtraciones como los Paradise Papers y los Papeles de Panamá nos dan una idea de cómo las predicciones más catastrofistas se han quedado incluso cortas. No obstante, existe cada vez más literatura al respecto que nos permite empezar a cuantificar la verdadera magnitud del problema.

Un informe elaborado en 2019 por Tax Research LLP de Reino Unido a petición del grupo Socialista de la Eurocámara nos permite arrojar un poco de luz sobre las cifras reales de la evasión fiscal en la Unión Europea. Sus conclusiones son contundentes: al menos 825.000 millones de euros son evadidos cada año en la UE. Esto representa casi un 72% de todo el gasto combinado en sanidad, y más que todo el gasto combinado en educación (624.000 millones de euros). Y esto contando sólo la evasión fiscal, a la que habría que añadirle la elusión fiscal por parte de las grandes compañías y los individuos más ricos, que el informe estima que puede ascender a 190.000 millones de euros anuales, sumando un total de más de un billón de euros que desaparecen de las arcas públicas cada año. Con esta cantidad se podría pagar toda la deuda externa de la UE en menos de 15 años. Para añadir sal a la herida, el propio informe reconoce que sus cifras son, con toda seguridad, una infraestimación del montante real, al ser complicado calcular, por ejemplo, el volumen concreto de la economía sumergida de cada país.

La Unión Europea tiene una 'lista negra' de paraísos fiscales y posee la maquinaria necesaria para adoptar sanciones contra estos

Pero, ¿quién evade esos impuestos? ¿Está esta práctica distribuida por igual entre todos los estratos de la población? ¿Acaso no evade quien puede? Las respuestas están en este otro informe de 2017, que estimaba que el 0,01% de la población más rica evadía el 25% de sus impuestos, frente al 2,2% de impuestos que se evadían de media. Otra muestra más de cómo el sistema está montado para beneficiar siempre a los de arriba, incluso cuando estos hacen trampas.

Si bien el impacto económico de estas prácticas es importante, no lo es menos el impacto humano. Las políticas fiscales de muchos países obligan a recortar el gasto si no se ingresa lo esperado, lo que se acaba traduciendo en una merma de los servicios públicos (demasiadas veces sanidad y educación) para el ciudadano. Esto alcanza dimensiones grotescas en los países en vías de desarrollo, donde la evasión y elusión fiscal (especialmente por parte de las grandes multinacionales que operan allí) son rampantes. Se calcula que, de cada dólar que reciben los países pobres en ayudas y financiación extranjeras, se pierden dos dólares por el fraude fiscal. En 2008 la ONG Británica Christian Aid presentó un demoledor informe que estimaba que la falta de servicios públicos derivada de la evasión de impuestos relacionados con el comercio causaría la muerte de 5,6 millones de niños entre 2000 y 2015.

Permítanme que me repita:

5,6 millones de niños muertos en 15 años. Casi 1.000 niños al día.

¿Y todo para qué? ¿Para comprar un nuevo yate? ¿Un jet privado? ¿Una casa más grande? 1.000 niños. Cada día. Son cifras de genocidio.

Lo más sangrante de todo este asunto es que los propios Estados poseen herramientas para luchar contra la evasión y la elusión fiscal. La Unión Europea tiene una “lista negra” de paraísos fiscales y posee la maquinaria necesaria para adoptar sanciones contra estos. En 2019 la UE sancionó a 12 países o territorios por “no cooperar lo suficiente” en la lucha contra el fraude. Sin embargo, como bien señala Oxfam, Europa ha dejado deliberadamente fuera de su lista negra a al menos 35 paraísos fiscales, entre ellos algunos Estados miembro de la UE como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Malta. De poco sirven las listas negras si no se está dispuesto a barrer primero la porquería de tu propia casa.

Algunos países han anunciado que aquellas empresas que operen en paraísos fiscales no podrán beneficiarse de ayudas públicas en esta nueva crisis provocada por la pandemia global. Es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. Hay que hacer más. Mucho más. Necesitamos reforzar las agencias tributarias, endurecer las penas contra los defraudadores, dotar de recursos a los inspectores de Hacienda y, en general, cambiar nuestra percepción y darnos cuenta del alcance real del problema.

La evasión y la elusión fiscal no sólo lastran nuestro presente, también amenazan nuestro futuro. Cada año se escapan de entre nuestros dedos miles de millones de euros que podrían ser usados en crear una sociedad más justa y equitativa para todos. Los impuestos son una de las pocas herramientas con las que contamos para redistribuir la riqueza y dotar a todos los ciudadanos de las mismas oportunidades. En nuestras manos está el hacer todo lo posible para luchar contra esta injusticia, para lograr aunque sea una pequeña victoria contra la avaricia, la desigualdad y el capitalismo de rapiña que ha impregnado cada ámbito de nuestras vidas.