La desigualdad y la pobreza son corrosivas para la integración social, el funcionamiento de la economía, y la estabilidad política. Para un gabinete de izquierdas, la lucha contra la desigualdad es un eje central de la acción de gobierno, tanto por razones ideológicas como por razones estratégicas. Su reducción es deseable por sí misma y porque constituye el cemento con el que construir coaliciones políticas estables.

La cuestión es cómo se consigue articular semejante círculo virtuoso en un contexto cada vez más hostil.  A los cambios estructurales que comparten todas las democracias avanzadas, el caso español suma varios rasgos particulares que complican todavía más la tarea. Entre los primeros están la cambiante relación entre riqueza, rentas e ingreso, y el consiguiente cambio en las distribuciones de las rentas de capital y trabajo (analizados entre otros por Atkinson y Piketty), la creciente heterogeneidad entre trabajadores y la dificultad de articular una negociación laboral coordinada,  la concentración espacial de ganadores (global cities/regions) y perdedores y sus implicaciones políticas, y la creciente dificultad de los Estados nación para fiscalizar fuentes de ingreso cada vez más móviles entre economías integradas globalmente. 

La tarea es titánica y el terreno de juego poco favorable, sobre todo con unas derechas que harán todo lo posible para bloquear la agenda 

A estas dinámicas compartidas, España suma tres legados más específicos: el primero, una dualización extrema, fruto de un proceso de modernización económica relativamente tardío y pilotado desde el Estado y el efecto acumulado de varias reformas laborales (las primeras, socialistas) cuyo objetivo era ajustar al ciclo una fuerza de trabajo caracterizada por una distancia creciente entre trabajadores protegidos, relativamente mejor pagados, y con un alto grado de protección en la seguridad social (insiders) y el resto (outsiders), expuestos a condiciones cada vez más precarias en todos los sentidos.  El segundo es la debilidad fiscal relativa con respecto a los países de nuestro entorno. Es bien sabido que recaudamos por debajo de la media de la Unión Europea, lo que limita, y mucho, el margen de acción presupuestaria para desarrollar estrategias ambiciosas contra la desigualdad y la pobreza, y que nuestras políticas de gasto son poco progresivas, en parte porque reflejan la distribución de derechos adquiridos en un sistema de seguridad social asociado a un mercado de trabajo altamente dualizado y dominado, en términos de esfuerzo relativo, por las pensiones (en gran parte, salarios diferidos).  El tercero es una estructura institucional descentralizada, donde las comunidades autónomas gestionan, con distinta pasión y fortuna, servicios públicos de calidad (sanidad y, con más heterogeneidad, educación) de mayor potencial redistributivo y políticas de garantía de rentas. Esta estructura, a su vez, canaliza políticamente tensiones distributivas territoriales entre las pocas áreas que se benefician de los cambios estructurales y el resto.

Este repaso, breve y genérico por necesidad, ayuda a entender por qué España combina altos niveles de rigidez e ineficiencia en el mercado de trabajo, reflejados en altas tasas de paro estructural o desempleo de larga duración, altos niveles de desigualdad –que responden poco y tarde  a la mejora del ciclo económico–, niveles obscenos de pobreza infantil –con especial incidencia en familias de antiguos asalariados de baja cualificación–, empleos precarios –y, por tanto, con un acceso muy insuficiente y limitado a protección social–, y una escasa movilidad social ascendente limitada por la ausencia de oportunidades laborales de las nuevas generaciones. A todo ello se suma la persistente limitación de recursos: el techo de déficit es una restricción real; los nuevos empleos son precarios y no generan contribuciones acordes a la evolución del ciclo, y el gasto en pensiones y el servicio de la deuda seguirán determinando, y mucho, el margen de maniobra. 

La tarea es titánica y el terreno de juego poco favorable, sobre todo con unas derechas que harán todo lo posible para bloquear la agenda (desde abusar de recursos en los tribunales, contraprogramar o simplemente no ejecutar allí donde gobiernen hasta bloquear directamente los órganos de coordinación entre administraciones). 

En este contexto conviene evitar dos errores desde el principio. El primero se refiere al diagnóstico y la conceptualización de lo que supone la lucha contra la desigualdad y la pobreza. El segundo se refiere a cuestiones de estrategia dentro de la coalición. 

El análisis comparado sugiere que se lucha de modo efectivo contra la desigualdad y la pobreza combinando tres pilares a la vez: 

1. Políticas que reduzcan las desigualdades de condición hoy, de manera que las familias más desfavorecidas puedan plantearse invertir en un futuro mejor para sus hij@s. Aquí se incluirían medidas destinadas a generar mayor igualdad de salarios, a eliminar la pobreza infantil o a aumentar el efecto redistributivo de las transferencias, por ejemplo.

2. Políticas que aumenten la igualdad de oportunidades en el medio plazo y fomenten un crecimiento inclusivo al tiempo que acercan la economía a la frontera tecnológica. Aquí se incluirían políticas destinadas a flexibilizar y apoyar las transiciones laborales y eliminar barreras de acceso a empleo de calidad para las generaciones jóvenes (en lugar de tratar de transformar a todos en outsiders como hizo la reforma de Rajoy), la inversión en conciliación y servicios para niños de 0-3 años, educación, investigación y desarrollo y, de forma cada vez más urgente, políticas que aprovechen la necesidad de dar respuesta al cambio climático como una oportunidad para modificar la suboferta de empleos de calidad en nuestro mercado de trabajo. De forma algo imprecisa, podemos referirnos a las primeras como redistribución, esfuerzos correctores de la asignación de recursos del mercado, y a las segundas como predistribución.

3. Políticas fiscales que generen los recursos necesarios para desarrollar tanto la pre como la redistribución. 

La clave del éxito radica en concebir la desigualdad como un problema dinámico: la igualdad se consigue aumentando la movilidad de los de abajo y reduciendo la acumulación de ventajas de los de arriba

La clave del éxito radica en concebir la desigualdad como un problema dinámico: la igualdad se consigue aumentando la movilidad de los de abajo y reduciendo la excesiva acumulación de ventajas de los de arriba.  En este sentido los esfuerzos pre y redistributivos son complementarios: para ser efectivos han de ser simultáneos, coordinados, y diseñados para reforzarse mutuamente.  El potencial error de diagnóstico consiste precisamente en olvidar esta idea y pensar que la redistribución y la predistribución son alternativas excluyentes entre sí. Un supuesto conflicto entre pensionistas y generaciones jóvenes, como si no hubiese forma de compatibilizar sus necesidades e intereses, es quizás la versión más extrema de los razonamientos que consideran la pre y la redistribución como estrategias alternativas y excluyentes. El problema es, sin embargo, más general.  

Priorizar la predistribución sin preocuparse de cómo asegurar el acceso a las nuevas oportunidades solo genera más desigualdad, como muestra la experiencia de Estados Unidos. Por decirlo de otro modo, no se puede ser Dinamarca solo con sus regulaciones laborales y sin su presión fiscal o su redistribución vía servicios y transferencias. Al mismo tiempo, concebir la lucha contra la desigualdad exclusivamente como un esfuerzo para recuperar derechos y regulaciones laborales pensadas para un trabajador industrial que ya no existe es un anacronismo que genera más presión fiscal, beneficios parciales a algunos sectores mejor organizados y contribuye más bien poco, de acuerdo a los estudios disponibles, a aumentar la movilidad y reducir la desigualdad en el medio plazo. 

Gravar más ‘a los ricos’ es deseable por razones de equidad y justicia social, pero no debe olvidarse que la progresividad es un instrumento al servicio de la generación de recursos para igualar, no un fin

La necesidad de evitar prejuicios y dogmas también afecta a las políticas de generación de recursos, sobre todo en un caso como el español. Gravar más ‘a los ricos’ es deseable por razones de equidad y justicia social, pero no debe olvidarse que la progresividad es un instrumento al servicio de la generación de recursos para igualar, no un fin en sí mismo. Es un instrumento que tiene sus límites (si contribuye a limitar los recursos totales, la progresividad excesiva recorta la redistribución efectiva) y que debe ser complementado con medidas como el aumento de la imposición indirecta (como, por ejemplo, la reducción/eliminación de tipos reducidos a sectores específicos), medidas mucho más realistas a corto plazo que la urgente coordinación internacional de impuestos sobre las rentas del capital. Conviene hilar fino y atender al contexto en el que se lanzan promesas re y predistributivas cuando no es sencillo generar los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

Intuyo que dentro del Gobierno hay distintas preferencias acerca de cómo y cuánto combinar el esfuerzo relativo en pre y redistribución y cómo financiarlo. Pero no debería haber desacuerdo acerca de la necesidad de evitar una cierta miopía estratégica según la cual cada miembro de la coalición captura para sí una parte de la agenda contra la desigualdad para poder imponer sus preferencias, sacar pecho y obtener crédito político parcial mirando por el rabillo del ojo a sus colegas de gabinete. 

Para obtener resultados y ampliar de forma efectiva la base electoral, reduciendo el margen de las derechas y de la abstención, es necesario coordinar muy cuidosamente las iniciativas que se adopten, tanto entre niveles de gobierno como entre ministerios. Sobre la primera, hay poco margen para el optimismo, sobre todo si la derecha continúa utilizando jueces e instituciones como arma de oposición. Sobre la segunda, el Gobierno tiene más control. Desconozco el detalle de los repartos competenciales entre los ministerios relevantes para esta agenda tan ambiciosa pero quizá sería bueno crear un foro transversal y discreto, centrado específicamente en desigualdad y pobreza, en el que las distintas posiciones se discutan sobre la base de datos e investigaciones recientes. De esta manera la mano derecha no se dedicará a deshacer lo que hace la izquierda, y la izquierda podrá ofrecer algo más que parches, gestos e ilusiones.

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Pablo Beramendi es catedrático de Ciencia Política en la Duke University.