En un alarde de oportunismo solo reservado a los oportunistas premium, el PP y Vox no se han opuesto al Ingreso Mínimo Vital, aprobado por el Congreso. Casado y los suyos votaron incluso a favor y los ultraderechistas de Abascal se abstuvieron. Los creadores del término #damepaguita para calificar esa nueva prestación (probablemente la campaña vía bot más miserable de todo el periodo de confinamiento) han debido valorar que si quieren seguir en la pomada no pueden contar solo con los votos de los pijos de Núñez de Balboa. Se produjo así el milagro de que la primera nueva medida post pandemia, nacida de la izquierda más allá del PSOE, se aprobrara sin ningún voto en contra. Además de un acto de justicia en favor de los más vulnerables, el Ingreso Mínimo Vital supone el acto de inauguración del nuevo modelo social y económico que debe surgir tras esta tremenda crisis.

Los datos del destrozo son todavía incompletos, pero nadie duda en calificarlos de desoladores. El Gobierno calcula que en todo el año la actividad económica, el PIB, se hundirá un 9 por ciento, algo nunca visto antes. Incluso en 2021, aunque habrá cierta recuperación, la actividad no llegará al nivel que tuvo en 2019. En este 2020 pueden destruirse 1.800.000 empleos. Ello a pesar de los ERTEs, a los que se han acogido unos 4 millones de trabajadores, con el empleo suspendido, evitando despidos. La inversión de las empresas registrará previsiblemente una caída mayor aún, pese a la ayuda del Gobierno para que consigan créditos. A otros países europeos no les va a ir mejor.

Lo que viene a partir de ahora no es la recuperación, es la reconstrucción, no lo olvidemos. Tras un choque de esta magnitud, por poco que dure (todavía no sabemos si habrá recaída), no hay una recuperación, una vuelta a lo que había y ya está. Hay que reconstruir las estructuras sociales y económicas. Ya sabíamos que eran injustas, por el aumento de la desigualdad y de la población vulnerable. Y que el modelo de crecimiento causaba a pasos acelerados la destrucción del planeta. Ahora sabemos que además el sistema era ineficiente y débil tras años y años de desregulación y de eliminación de lo público.

Todavía está por terminar de perfilarse y aprobarse el Fondo para la Reconstrucción de la Unión Europea, pero de los 750.000 millones de euros con que contará, España podría recibir unos 140.000 millones. Antes llegará dinero ya aprobado para hacer frente al gasto sanitario y de salud, y también para ayudar a mantener el empleo a costa de los ERTEs.

España debería aprovechar los recursos de la reconstrucción para transformar el país y hacerlo más justo, sólido y eficiente. El Fondo Europeo lo facilita en algunas aspectos. De hecho, considera que el dinero debe emplearse en transformar la actividad productiva hacia la ecología, con energías limpias; desarrollar la digitalización; mejorar los sistemas sanitarios; dotar a los países de organismos de investigación y de científicos de alto nivel; destinar al menos el 15 por ciento de los fondos europeos de carácter social a apoyar a los jóvenes y, como mínimo, el 5 por ciento a sacar a los niños de la pobreza; poner la industria europea al servicio de las necesidades de Europa y facilitar financiación a las empresas que no pueden conseguir el dinero acudiendo a los mercados, especialmente las pymes.

Aquí repaso algunas de las carencias que han aflorado por la pandemia, para entender qué debe hacerse con los recursos de la reconstrucción.

Potenciar la sanidad pública y política de cuidados y dependencia.

El sistema sanitario público no era sólido como nos habían hecho creer. La crisis del coronavirus lo ha puesto en evidencia. Lo había advertido ya la Marea Blanca. Si posiblemente no lo era antes, con los recortes y la entrega de parte de la gestión a manos privadas, dejó de serlo definitivamente. Se hizo ver entonces que la apuesta por lo público restaba eficiencia y hacía el sistema inviable. Llegada la hora de la verdad, ese tinglado ha sido uno de los principales obstáculos para hacer frente a la pandemia. 

Entre 2011 y 2017, según la Organización Mundial de la Salud, el gasto sanitario por habitante en España descendió un 13 por ciento. El número de camas en hospitales bajó en 6.700.  

Parte del dinero para la reconstrucción debería ir a reforzar el sistema de salud y recuperar la gestión pública en todos aquellos hospitales y ambulatorios entregados al negocio de la gestión privada.

Entre 2011 y 2017, según la Organización Mundial de la Salud, el gasto sanitario por habitante en España descendió un 13 por ciento

Pero hay otra cara de la salud que ha estado en el centro de la pandemia: las residencias para mayores. De los 28.322 muertos por covid-19 contabilizados hasta ahora, 19.500 han fallecido en residencias. Muchos en condiciones dantescas, por la falta de equipamiento médico. En el caso de Madrid, la decisión de la Comunidad de no trasladar a enfermos de residencias a hospitales supuso entregarlos a la muerte. Son centros en su grandísima mayoría privados, que desde hace tiempo han crecido al calor del negocio de empresas constructoras, de servicios y de fondos de inversión. Auténticos aparcamientos de ancianos, como los calificaba el reportaje de CTXT. El 73 por ciento de los ancianos internos lo estaban en residencias privadas, en total 271.000 personas, aunque en muchos casos la estancia era costeada por las comunidades autónomas. Y no sólo eso, muchas residencias públicas tienen entregada la gestión al sector privado. De tal manera que sólo 50.000 ancianos de los 373.000 alojados en residencias lo son en centros gestionados por la Administración Pública: el 13 por ciento de todo el sistema. Son datos de Envejecimiento en red, una plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Las residencias no están calificadas como centros socio sanitarios, algo que puede explicar la espantosa situación vivida. Esta debería ser la primera medida a tomar: considerarlos centros socio sanitarios. Y de ese modo contar con dinero de la Unión Europea para reforzar la atención sanitaria y la salud pública. Desde ese principio, deberían nacionalizarse las residencias concebidas como negocio, que reciben dinero público por los ancianos que viven en ellas.

Invertir en energías limpias y acabar con las prácticas contaminantes y anti ecológicas.

La inversión productiva deberá contar con la ayuda de la inversión pública, a la vista del desplome. El Gobierno calcula que este año la inversión caerá el 25 por ciento, lo que supone 63.000 millones de euros menos que el pasado. Y en 2021 aún no se habrá salido de esta sequía: todavía se invertirán 32.000 millones menos que en 2019. Sólo una fuerte inversión del Estado puede corregirla y el dinero podrá venir del Fondo de Reconstrucción, pero para invertir en cosas diferentes de las que realizaban hasta ahora. En energías limpias. Por ejemplo, la solar está todavía a niveles raquíticos, después del parón aplicado por el PP, por instigación del oligopolio eléctrico. La generación de energía solar es cuatro veces mayor en Alemania, un país con menos horas efectivas de sol, que en España.

Reindustrializar el país y establecer industrias estratégicas.

Junto a las deficiencias sanitarias y el abandono de ancianos al cuidado de especuladores, una de las carencias que han aflorado en la pandemia es la industria. En casi toda Europa, pero en nuestro país más. Las grandes empresas optaron por trasladar su producción a países con mano de obra barata, a veces en condiciones denunciadas, como el trabajo infantil. La Unión Europea había ayudado también lo suyo forzando a países como España a renunciar a la industria. En el reparto productivo, le tocó sobre todo el turismo. Ahora la industria manufacturera, la fabricación, representa en España el 12 por ciento de la actividad económica. Al comenzar el milenio suponía el 18 y ya había bajado. La excepción es Alemania, que ha mantenido el mismo peso de la industria. Hay otro agravante: gran parte de lo que se fabrica en la actualidad se hace de forma fragmentada en varios países, muchos de ellos lejanos y fuera de la Unión Europea. De esa manera no es posible contar con productos, si la cadena de fabricación se interrumpe, aunque sea en situaciones de gran necesidad. Es muy conocido el caso de la fabricación de coches. En ocasiones, como en esta pandemia, se debe interrumpir por falta de componentes fabricados fuera. Es algo propio del mundo actual, pero evitable en sectores que deberían considerarse estratégicos, por el riesgo que supone carecer de ellos en situaciones extremas. 

La industria manufacturera, la fabricación, representa en España el 12 por ciento de la actividad económica. Al comenzar el milenio suponía el 18 y ya había bajado

Llegado el caso, España, y Europa entera, ha carecido de capacidad para fabricar con rapidez cosas tan simples como mascarillas. Para esto y otros recursos esenciales, como los test de detección rápida del virus o los respiradores, los países europeos han tenido que acudir a China, la fábrica del mundo. En un sistema de producción globalizado, resulta que gran parte de los suministros proceden de pocos lugares. Es fácil conseguir dinero rápidamente en el mercado mundial para comprar productos indispensables, pero mucho más difícil adquirir esos productos cuando todos demandan lo mismo.

Lo que cuento es tan evidente que la Comisión Europea establece entre los objetivos de su plan de reconstrucción inversiones estratégicas para asegurar cadenas de suministro vitales a escala europea y cadenas de producción dentro de la Unión. Algo que se abandonó al albur del mercado.

Para España es clave centrarse en eso y no pensar que el turismo y la construcción deben seguir siendo nuestros pilares económicos. Son dos sectores con productividad más baja que la industria y con empleo más precario.

Implantar un impuesto a las grandes fortunas.

Nuestro sistema impositivo es injusto, por lo poco que tributan los que más tienen. En el IRPF, por los ingresos del trabajo se paga un tipo efectivo del 12,5 por ciento, mientras que por los ingresos del capital se tributa el 8,3 por ciento. En este apartado abundan más los más ricos. Con el IVA, los más pobres tributan el 24 por ciento de lo que ganan; los más ricos, tan sólo el 9 por ciento, según los datos de tipo efectivo del IVA en relación a los ingresos en cinco tramos de renta que publica Eurostat. Esto lo convierte en el impuesto más injusto y el que más se ha subido en los últimos años. Y lo más vergonzoso: 27 grandes multinacionales españolas ganaron 25.000 millones de euros en 2016 y sólo pagaron en impuestos, en todo el mundo, 65 millones, el 0,3 por ciento de sus beneficios, según la Agencia Tributaria.

Pero, además, el Estado tiene menos capacidad recaudatoria que la mayoría de los países de la zona euro. Recauda lo equivalente al 35 por ciento del PIB. La media de la eurozona el 41 por ciento.

Es necesaria una reforma fiscal. Pero como paso transitorio, tras los destrozos de la pandemia, sería muy bueno implantar un impuesto a las grandes fortunas. La propuesta de Unidas Podemos, presentada en la comisión para la reconstrucción del Congreso, estima que se podrían recaudar 11.000 millones de euros. La asociación de técnicos de Hacienda, Gestha, calcula un poco menos, 9.800 millones.  Además del dinero que se consiga sería un buen ejemplo de que por fin los ricos van a contribuir algo más en una situación crítica.