El Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros presentado en el último pleno del Parlamento Europeo es un hito sin precedentes y marca un cambio importante en la construcción de la zona euro.

Tras unos primeros meses completamente bloqueada, la Comisión Europea, aprovechando una ambiciosa resolución del Parlamento Europeo y el acuerdo franco-alemán, ha presentado el llamado programa “Next Generation EU” que va a permitir invertir en España hasta 140.000 millones en cuatro años.

El instrumento está pendiente de validación por parte del Consejo Europeo el próximo día 19 de junio, aunque los países que hasta ahora se han opuesto al plan, los llamados “frugales”, llegan muy aislados y debilitados: Dinamarca ya ha señalado que está dispuesta a un acuerdo razonable, algunos partidos que forman parte de la coalición del gobierno en Holanda también apoyan el plan, así como Los Verdes austriacos, socios minoritarios del gobierno Kurz. Las perspectivas en el Consejo son, a día de hoy, positivas.

De los 2,3 billones de euros de las diferentes ayudas públicas nacionales a la economía por la covid-19 en la UE, un 47% las ha concedido Alemania

Por otro lado, sin una medida de esta magnitud, la unidad del mercado común y del euro está hoy seriamente amenazada, ya que la divergencia entre economías se ha disparado exponencialmente. La cifra que ilustra este riesgo: de los 2,3 billones de euros de las diferentes ayudas públicas nacionales a la economía por la covid-19 en la UE, un 47% las ha concedido Alemania, dedicando casi el equivalente al peso del PIB de España. Si queremos salvaguardar el mercado único y el euro, no puede ser que invierta más en la recuperación quien tiene más espacio fiscal en lugar de quien más lo necesita, ya que este desequilibrio es insostenible en el tiempo en el marco de un mismo mercado común y moneda única.

El mecanismo presentado por la Comisión se compone fundamentalmente de 3 pilares: una primera destinada al llamado programa de recuperación y resiliencia (con unos 405 millones en transferencias directas), un segundo bloque para generar garantías a través del Banco Europeo de Inversiones para movilizar recursos para el sector privado, y una tercera pata destinada a fortalecer la capacidad para responder en el futuro a crisis como la del covid-19, incluyendo una nueva línea llamada EU4Health para el refuerzo de los sistemas públicos de salud.

Estos recursos serán obtenidos fundamentalmente a través de la emisión de 750.000 millones en deuda con bonos europeos que tendrán una madurez de entre 3 y 30 años. Ese dinero será devuelto anualmente a razón de 20.000 y 30.000 millones al año a partir de 2028 hasta 2058 con recursos aún por definir.

Aunque los nuevos recursos para pagar la deuda emitida solo se negociarán de cara al próximo marco presupuestario, la Comisión Europea ya ha puesto algunas propuestas encima de la mesa: algunas son viejas o impuestos ya existentes (comercio de derechos de emisión, IVA e impuesto sobre el plástico) y otras nuevas que aún no existen (el mecanismo de ajuste en frontera del impuesto sobre el carbono y el impuesto digital, pendiente del resultado de las negociaciones internacionales). Se menciona, pero se deja totalmente abierta, la creación de un impuesto a grandes empresas y se excluye por el momento un recurso común proveniente del Impuesto de Sociedades, que se podría conseguir mediante la Base Imponible Común Consolidada que llevamos años reclamando para combatir la competencia fiscal dentro de la UE. En cualquier caso, un efecto positivo del Plan es que va a obligar a acelerar la puesta en marcha de todos estos instrumentos. 

La principal crítica que se ha hecho a la propuesta es su limitado volumen e impacto fiscal, que alcanzaría alrededor de un 1% del PIB europeo. Si bien es cierto que hubiéramos necesitado algo más significativo (como pidió el Parlamento, o España cuando lanzó su propia propuesta), un 1% del PIB no es algo desdeñable, y más importante aún es la puesta en marcha del instrumento de deuda compartida europea en sí, cuyo volumen siempre se podría decidir ampliar.

El gran caballo de batalla para las fuerzas progresistas será, por otro lado, la condicionalidad del plan. Si bien es razonable que la Unión Europea dé orientaciones generales del gasto sobre recursos que son movilizados por sus instituciones, debemos ser claros en que en ningún caso podemos volver a las contrarreformas sociales y la consolidación fiscal suicida que vivimos particularmente en el periodo 2011-2014. 

Desde esta perspectiva, el punto de partida es mucho mejor: el gasto se realizará a partir de los planes que desarrollen los propios países receptores de los fondos. Lejos quedan pues los Memorándums de Entendimiento y los hombres de negro que conocimos en la crisis pasada. Sin embargo, las orientaciones generales serán definidas en el llamado semestre europeo, un ejercicio tecnocrático sobre el que el Parlamento Europeo apenas tiene capacidad de incidencia. 

Las ayudas estarán condicionadas al respeto de los derechos fundamentales y el Estado de derecho, lo que dotará de herramientas ante la deriva de países como Hungría y Polonia

En segundo lugar, tras analizar los textos legales hemos detectado que estos incorporan un mecanismo previsto desde el año 2013 en la política de cohesión, que da la posibilidad a la Comisión Europea de suspender los fondos en el caso de que no se cumpla el marco fiscal europeo. Como es bien sabido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está hoy suspendido, pero es muy improbable que se mantenga así durante los cuatro años que durará el mecanismo de reconstrucción. Si bien ese propio marco fiscal está en estos momentos en revisión (y vamos a pelear en este mandato para cambiarlo significativamente), esta provisión es peligrosa, y podría ser usada para intentar volver a forzar consolidaciones fiscales en nuestros países a ritmos económicamente miopes y socialmente explosivos. Esa cláusula estuvo a punto de ser activada en el año 2016 con los fondos de cohesión destinados a España, aunque nunca llegó a hacerse.

Sin duda eliminar o limitar esta condicionalidad, y mejorar la capacidad de control del Parlamento serán dos prioridades para nosotros en el trámite legislativo que empezará pronto.

En el lado positivo de la condicionalidad, la Comisión ha propuesto que los planes nacionales deberán respetar los Planes Nacionales de Clima y energía, y la digitalización se ha señalado como otra de las grandes prioridades. También se confirma que las ayudas recibidas por este plan estarán condicionadas al respeto de los derechos fundamentales y el Estado de derecho, lo que dotará de herramientas ante la deriva autoritaria de países como Hungría y Polonia. Nos tocará pelear también en el Parlamento para ampliar la componente social del instrumento, algo que España debería hacer también en la negociación de cara al Consejo del 19 de junio.

Empezará ahora el debate para definir las prioridades de inversión de esos recursos en España, definiendo así los objetivos de la inversión que se van a mandar a Bruselas. La mayoría progresista de gobierno tiene una oportunidad muy importante para recoser las heridas aún latentes de la crisis anterior, dibujando un futuro donde la transición ecológica sea el buque insignia del programa. Hay que definir bien las prioridades de gasto, y sería importante tener un verdadero debate democrático al respecto dando todo el protagonismo a las Cortes, a la sociedad civil, y administraciones autonómicas y municipal.

Estamos en la casilla de salida, pero hay razones para el optimismo. Europa parece a punto de dar un salto de la importancia que tuvieron los fondos de cohesión a finales de los años ochenta. De nosotros depende saber aprovecharlo.

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Ernest Urtasun es eurodiputado de En Comú Podem. Vicepresidente de Los Verdes en el Parlamento Europeo.

 Jesus Hernández es asesor en el Parlamento Europeo.