La exclusión residencial, cuyo último y más grave episodio es el sinhogarismo, ha crecido de forma exponencial durante los últimos años en la Unión Europea y cada vez afecta a perfiles más diversos, entre los que se incluyen familias con hijos, menores no acompañados, ancianos o población migrante. Así lo asegura un reciente estudio publicado por FEANTSA y la Fundación Abbé Pierre en el que se repasan los principales indicadores en este ámbito y donde se advierte que en la actualidad cerca de 700.000 personas se enfrentan a la falta de vivienda en la región. 

Según aseguran las organizaciones responsables de la investigación, ya desde su primer estudio anual en 2015 se ha venido registrando un crecimiento sin precedentes de población sin hogar en la Unión Europea, hasta el punto de que durante la última década el número de personas que se encuentra en esta situación ha crecido un 70%. 

En el caso de España, las últimas cifras oficiales indican que casi 23.000 personas acudieron a albergues y refugios durante el año 2012. El propio documento reconoce que los datos de nuestro país, además de antiguos, también son parciales: en su encuesta de hace ocho años el INE solo tuvo en cuenta las ciudades de más de 20.000 habitantes y las mediciones se realizaron incluyendo solo algunas de las categorías ETHOS, la clasificación que se usa en Europa para monitorizar la exclusión residencial. Otras mediciones mucho más recientes, también del INE, señalan que en 2018 cerca de 18.000 personas acudieron diariamente a los servicios públicos especializados, lo que supone un aumento del 9,5% respecto de 2016. Por su parte, Caritas asegura que el número de personas sin hogar en España puede llegar en la actualidad a las 35.000. 

La Encuesta Europea sobre Vivienda señala que hasta un 12,6% de la población que vive en España ha experimentado sinhogarismo en algún momento de su vida

Sin embargo, la cifra más preocupante sobre nuestro país proviene de la Encuesta Europea sobre Vivienda, donde se señala que hasta un 12,6% de la población que vive en España ha experimentado sinhogarismo en algún momento de su vida, frente al 5,4% de Italia, el 4,6% de Portugal o el 1,9% en Francia. 

La falta de actualización y homogeneización de las cifras sobre sinhogarismo no es un problema que se limite a España. Según advierten las organizaciones, los “problemas de invisibilidad y reconocimiento” son extrapolables al conjunto de la Unión Europea. La lógica es perversa: las personas que sufren exclusión residencial también son excluidas de bases de datos como las de Eurostat, que usan los hogares como unidades de medición.

Así, se pueden encontrar diferencias sustanciales entre las estadísticas que ofrecen unos países u otros: Alemania, que actualiza las cifras mucho más a menudo y tiene en cuenta las distintas categorías ETHOS, contabilizaba 337.000 personas sin hogar en su territorio a finales de 2018. En el lado contrario, Estados como Bélgica o Grecia no cuentan con datos a nivel nacional. 

La llegada de la pandemia del coronavirus, por su parte, ha añadido nuevos riesgos para la población sin hogar, que arrastra un peor estado de salud y que ha afrontando la llegada del virus sin un espacio donde cumplir las medidas de confinamiento y mayores dificultades para acceder a los servicios sanitarios y de información. Si bien muchos gobiernos han ofrecido alojamiento y cobertura a la población más vulnerable, el estudio también recuerda los peligros que va a generar en materia de vivienda el descenso de los ingresos y los problemas relacionados con el empleo. 

Más allá de la situación de las personas sin hogar y de los cambios vividos durante la pandemia, el estudio de FEANTSA y la Fundación Abbé Pierre también dedica un espacio importante a la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo y a los procesos de exclusión en los que, si bien no se dan situaciones de privaciones del hogar, sí que existen situaciones de vulnerabilidad muy avanzadas.

En el primer caso, el estudio denuncia la tendencia generalizada a dar prioridad al control de los flujos migratorios y de las fronteras, dejando en un segundo plano las necesidades esenciales de las personas refugiadas. Son ellos los que más sufren algunos de los rasgos que moldean el mercado de la vivienda en Europa, como los altos precios, la competitividad y las discriminación. Ante estas barreras, muchas veces insalvables, los solicitantes de asilo terminan recurriendo al mercado negro, a la infravivienda o la calle. 

Sobre los procesos de exclusión de la vivienda, la investigación dedica un capítulo a analizar los cambios en materia residencial que se han vivido en España durante los últimos años. Entre otros asuntos, el estudio señala que el fuerte impacto que la crisis de 2008 tuvo en nuestro país también se ha visto reflejado en la capacidad de la población para asumir los gastos relacionados con el hogar. A finales de 2018, más de un 15% de las población no podía hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler, un porcentaje cuatro puntos más alto que en 2008. 

El documento también menciona problemas enraizados como el escasísimo parque de vivienda pública o la especulación, y otros más modernos como la turistificación o la subida de los precios del alquiler. Según cifras del Banco de España, entre 2014 y 2019 el precio de los arrendamientos ha subido un 50%, mientras que el fondo buitre norteamericano Blackstone ya es el principal casero del país, con cerca de 30.000 viviendas en alquiler bajo su control. 

Por su parte, y a pesar de que ya no se registran las cifras de los peores años de la crisis, todavía siguen realizándose cerca 100 desahucios diarios por impagos de alquiler, mientras que los de hipoteca ascienden hasta los 42.