La obligación de “quedarse en casa” ha evidenciado profundos fallos del sistema de vivienda que requieren una intervención pública decidida por parte de todas las administraciones. A continuación, algunas de las deficiencias más destacables.

Confinamientos imposibles. El primer y más ostensible fracaso del modelo de vivienda es el gran número de personas incapaces de cumplir con la obligación de quedarse en casa porque sencillamente no tenían un techo en el que protegerse del contagio. Las cifras oficiales, como en tantos otros aspectos vinculados a la vivienda, no son claras, no obstante, se calcula que en España hay 15.000 personas durmiendo en la calle.

Se calcula que en España hay 15.000 personas durmiendo en la calle

Muchos gobiernos locales, al estallar la pandemia, reaccionaron con agilidad e importantes dosis de imaginación y, en tiempo récord, improvisaron centenares de alojamientos de emergencia además de disponer de cientos de habitaciones de hotel. Así, Barcelona ha llegado a ofrecer casi 3.000 camas para personas sin hogar y otros colectivos especialmente afectados.

Estos equipamientos de emergencia, por ejemplo, han tenido que alojar también a mujeres víctimas de violencia machista cuya vida corría peligro. La mayoría de víctimas, sin embargo, han tenido que permanecer 24 horas al día junto a su agresor. Hasta el punto que las peticiones de ayuda al Gobierno se han incrementado un 57,9% durante el estado de alarma.

Otros confinamientos imposibles que han precisado atención pública han sido los de las personas que malviven en pensiones o en infraviviendas. Todas ellas necesitan más pronto que tarde viviendas dignas de carácter estable. Para ello, los gobiernos locales van a necesitar sí o sí múltiples alianzas, tanto con el resto de administraciones, como con agentes privados.

Confinamientos de primera y de tercera. Por otra parte, tantos días en casa han evidenciado la importancia de la calidad de nuestros pisos. Las viviendas no están diseñadas para encerrarse en ellas, de acuerdo, pero el bienestar imprescindible no debería depender de la capacidad adquisitiva. Aspectos como disponer de luz natural, el confort climático y acústico, la conexión a Internet, el acceso a espacios exteriores ya sean de uso particular como balcones y terrazas, o de uso comunitario, como patios y azoteas, han resultado determinantes a la hora de hablar de confinamientos de primera o de tercera.

Las peticiones de ayuda contra la violencia machista al Gobierno se han incrementado un 57,9% durante el estado de alarma

Afortunadamente, el aislamiento ha tenido lugar en condiciones climatológicas favorables. Sin embargo, todo parece indicar que habrá nuevos confinamientos. Y nada impide que tengan lugar en épocas de frío o calor en las que la mala calidad de nuestros edificios obligaría, o bien a triplicar un consumo energético que ya es muy elevado –según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) los hogares españoles consumen un 20% de la energía total del estado–, o bien a soportar temperaturas extremas.

Otros aspectos claves para valorar el confort de la reclusión han sido los m2 disponibles o el acceso a espacios exteriores. Datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona identifican con claridad las profundas desigualdades habitacionales. En particular, los pisos de les zonas acomodadas de la capital catalana son, de media, tres veces más grandes, 87m2 más, que los de los barrios humildes.

Por su parte, la presencia de terrazas y balcones, si bien forma parte de la tradición constructiva de nuestras ciudades, ha ido desapareciendo de los nuevos edificios como consecuencia del encarecimiento del suelo y la especulación inmobiliaria. Es más, son muchas las viviendas en las que las terrazas se han cubierto para ganar m2 frente al televisor, protegerse del ruido de los coches o evitar el supuesto caos de la ropa tendida.

Seguramente, junto a la provisión de vivienda pública suficiente, incorporar criterios de calidad arquitectónica y eficiencia energética al parque existente, en especial a las viviendas de alquiler, representa un de los mayores retos que tenemos por delante. Ya sea en prevención de nuevas pandemias, para detener el cambio climático, o para afrontar las profundas desigualdades habitacionales.

No por casualidad, el prestigioso premio de arquitectura Miss Van der Rohe 2019 ha recaído en un proyecto de rehabilitación de tres grandes edificios de alquiler social de los años 60, en Burdeos, Francia. Un proyecto que no sólo evitó la demolición de 530 pisos, sino que los ha actualizado energéticamente, reduciendo su consumo un 50%, y los ha ampliado más de 20m2 a través de unas extensiones modulares que han permitido ganar espacio interior y al aire libre en tiempo récord y sin necesidad de realojar a los inquilinos.

Confinamientos en tiempos de burbuja. Durante las últimas décadas la proporción de ingresos que se considera razonable dedicar al pago de la vivienda ha pasado de un 10% a más del 30%. Ya antes de la crisis de la covid-19 eran muchas las familias, especialmente las que viven de alquiler, las que dedicaban más de un 40% de sus sueldos a la vivienda. Hasta el punto de que España era uno de los países europeos en los que las familias dedicaban una parte más elevada de sus salarios a pagar el alquiler.

La extrema vulnerabilidad económica de la población inquilina, caracterizada por la inestabilidad laboral y la escasa capacidad de ahorro, hace suponer que será la más castigada por el paro y los expedientes temporales de regulación de ocupación. En este sentido, resulta muy preocupante que Madrid y Cataluña hayan tenido que cerrar las convocatorias extraordinarias de ayudas en poco más de una semana ante el alud de peticiones.

En Barcelona, el escaso 1,6% de pisos públicos de alquiler contrasta con el 32,4% de viviendas de alquiler en manos de propietarios privados que poseen más de 10 inmuebles en la ciudad

De hecho, el incremento del alquiler de los últimos años coincide con una creciente concentración de viviendas en manos de empresas y grandes tenedores, una realidad que desmiente la supuesta atomización de la propiedad y la precariedad de la clase rentista. A falta de datos estatales vale la pena señalar que, según el Observatorio Metropolitano, en Barcelona, el escaso 1,6% de pisos públicos de alquiler, contrasta con el 32,4% de viviendas de alquiler en manos de propietarios privados que poseen más de 10 inmuebles en la ciudad.

Un Pacto de Estado por el Derecho a la Vivienda. Estas deficiencias, desde la ausencia de parque público de alquiler, la mala calidad constructiva, o los alquileres abusivos, ni son fortuitas, ni responden a predisposiciones genéticas propias. En realidad, son las mismas recetas que siguen proponiendo la Sra. Ayuso en la Comunidad de Madrid alentada por la Sra. Botín y el Círculo de Empresarios.

La respuesta pública, en cambio, ha de tener muy presentes los errores que nos han llevado hasta aquí, y a su vez, afrontar nuevos retos como la lucha contra el cambio climático, la conexión universal a Internet, el envejecimiento de la población, o la disminución de oficinas y centros de trabajo con motivo del teletrabajo.

En particular, la propuesta de Barcelona consiste en impulsar un Pacto de Estado al más alto nivel que reúna a todas las administraciones junto a los agentes económicos y sociales y permita presentar propuestas sólidas ante la Unión Europea. Así, este Pacto debería contener medidas de shock que proporcionen soluciones urgentes a los miles de personas sin hogar y a las familias incapaces de pagar unos alquileres imposibles, y que a su vez permitan ganar tiempo para construir propuestas de medio y largo alcance.

Bajar los alquileres y prorrogar los contratos, ampliar la moratoria de los desahucios como mínimo 6 meses más, recuperar el uso habitacional de los miles de pisos turísticos, y obligar a los grandes propietarios a dedicar un 30% de su stock al alquiler asequible, deberían ser algunas de las políticas de shock.

Otras políticas, sin embargo, precisan un poco más de tiempo e inversiones a la altura de los estándares europeos, situadas en torno al 1,5% del PIB. Aquí, los 679 millones de euros previstos en el Plan Estatal 2019, contrastan, por ejemplo, con los 35.000 millones que dedicó Francia durante el mismo período.

Estos recursos deberían servir, entre otras cosas, para impulsar una Estrategia Estatal de Rehabilitación Energética que reduzca la factura eléctrica, acabe con la pobreza energética, y genere miles de puestos de trabajo calificados.

Junto a la rehabilitación, otra medida urgente para dinamizar una economía verde es ampliar el ínfimo parque público de alquiler a través de métodos constructivos industrializados que, como el edificio en contenedores marítimos de Barcelona, permitan ahorrar tiempo y energía. Así como posibilitar la compra masiva de viviendas por parte de administraciones y promotores sociales a precios inferiores a los del mercado, como ya sucede en Francia.

La covid-19 no ha hecho más que poner en evidencia el total fracaso del modelo inmobiliario español

Finalmente, un plan ambicioso tiene que apostar por nuevas alianzas público-privadas para atraer recursos y aprendizajes. Como las famosas Housing Associations inglesas de alquiler asequible, o las colaboraciones público-comunitarias de larga tradición en Europa y que en Manresa, Barcelona y la Islas Baleares están impulsando el cooperativismo en cesión de uso, un régimen de tenencia donde la sostenibilidad y el cuidado mutuo son aspectos esenciales.

La covid-19, en definitiva, no ha hecho más que poner en evidencia el total fracaso del modelo inmobiliario español ampliamente denunciado por las organizaciones sociales. Dicho en palabras del doctor Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d’Hebrón, el coronavirus está ligado a la pobreza, a las condiciones difíciles y  a la habitabilidad deficiente. Así que atajar nuevas pandemias dependerá de revertir estas situaciones.

En este contexto, resulta muy preocupante la ausencia de la vivienda en las agendas de reconstrucción. Tampoco se entiende la escasa participación de las ciudades, cuya implicación ha resultado fundamental durante el coronavirus. Barcelona propone, como se ha dicho, un Pacto de Estado por el Derecho a la Vivienda para que quedarse en casa sea un derecho a disposición de todos y todas.

El mundo local tiene propuestas propias para impedir nuevas pandemias y revertir la crisis económica y exige que se las tenga en cuenta. Desatender su experiencia y su conocimiento del territorio puede llevar a errores garrafales que lamentemos durante décadas.

--------------------

Vanesa Valiño es asesora de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.