Tras varios meses viviendo en la calle, José Comesaña (44 años) falleció el pasado domingo, 27 de octubre, en su tienda de campaña. Formaba parte de la Acampada contra la Pobreza instalada en Vigo desde hace dos años y medio, y fue encontrado por uno de sus compañeros en la madrugada del mismo día. No es, sin embargo, el único lugar en el que se ha organizado una campaña de estas características para protestar por las condiciones de vida de las personas sin techo. El 28 de septiembre, tan solo un mes antes, se podía leer en el Paseo del Prado, a la altura del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, una pancarta que rezaba: ‘NADIE SIN HOGAR’. A la derecha, una mesa informativa y dos sillas vacías. En los últimos cinco meses y medio, una hilera de tiendas de campaña había ocupado la avenida hasta llegar a Cibeles.

Mohamed [nombre supuesto], un joven argelino de rostro risueño, lleva casi dos años en el país y, en ese momento, hacía ya algo más de dos meses y medio que formaba parte de la acampada instalada en el centro de la capital. Antes de llegar a Madrid pasó por Marruecos y Melilla y, tras 57 días en el CIE de Aluche (“era como una cárcel”), se libró de la deportación por falta de pruebas sobre su nacionalidad. “Esta tierra, para vivir una vida limpia, es difícil”, reflexionaba sobre Europa; “no todos pueden aguantar como yo”. Las dificultades hacen que a veces se plantee regresar, pero no quiere volver al tipo de vida que tenía en Argelia. Él quiere trabajar. Durante varios meses lo hizo para alguien que le cedía una habitación y le pagaba 15 euros por jornadas que duraban todo el día. Cree que se quería aprovechar de él por ser extranjero, pero él replica: “no soy tonto, tengo tripa pequeña”. Apoyaba la manifestación para instar al Gobierno a que ayude a las personas en su situación, aunque no alberga muchas esperanzas: “si no ayudan a los españoles, cómo me van a ayudar a mí”, sentenciaba.

El de Mohamed no es un caso aislado. Solo en Madrid, se cuentan hasta 2.800 personas en su misma situación –mayoritariamente hombres de mediana edad–, de las que 650 duermen en la calle y el resto lo hacen en centros de acogida o en pisos habilitados previamente para ello. Nativas o extranjeras, gran parte de las personas que se ven abocadas a vivir en la calle llegan ahí por razones similares. En el último Recuento Nocturno de Personas Sin Hogar, realizado por voluntarios del Samur Social en 2018 (en su mayoría mujeres), el 76,3% de los encuestados decía estar desempleado, y el 56,1% reconocía como primer motivo de su situación la falta de trabajo, seguido por la falta de dinero (26,3%) y la inmigración (22,2%). Al final de la pirámide se encontrarían ser víctima de violencia de género (2,3%) y ser refugiado (1,2%). No es de extrañar, por tanto, que el principal anhelo entre las personas sin hogar sea encontrar un empleo que les permita habitar la ciudad sin habitar en sus calles. 

el 77,4% de las agresiones proceden de personas que no están en la misma situación que los agredidos, frente al 27,4% de otras personas sin hogar 

En este contexto surge el Movimiento Nadie Sin Hogar, promotor de la acampada en el Paseo del Prado, que reclama a las administraciones públicas una alternativa habitacional estable y duradera, que se ajuste a las necesidades de los individuos, y no a la inversa. Iniciaron la protesta el pasado 16 de abril, con la intención de introducir sus demandas en la campaña electoral de las últimas generales, pero, ante la ausencia de respuestas, se ha extendido durante meses hasta que la policía les desalojó, en la madrugada del 4 de octubre, a petición del Ayuntamiento. La pancarta que cubría el suelo del paseo una semana antes pasaba a presidir entonces la rueda de prensa convocada en Cibeles con motivo del desalojo.

“Sabíamos que pasaría tarde o temprano, pero no de esta manera”, confesaba Pepa; “de madrugada, sin avisar, como cuando vas a detener a un capo de la droga”, apostillaba Noe. Se trata de una pareja de españoles en paro –cocinera ella, exmilitar él– que viven en la calle desde hace tiempo, aunque esperan que sea algo temporal. A él no le renovaron el contrato porque arrastraba una condena por venta de drogas blandas: “era joven y necesitaba el dinero”, contaba. Desde entonces, trabaja en cualquier cosa que le ofrezcan, siempre en negro y con sueldos de poca cuantía. “Yo no quiero que me den una casa gratis”, argumentaba Pepa, “pero si cobro 400 euros, no me pueden pedir que pague 400 euros por una simple habitación”. Los albergues tampoco parecen una solución a largo plazo. “Son como un cementerio de elefantes, no son para alguien que quiere buscarse la vida”, razonaba Noe; “hay problemas de transporte, están lejos y no tienen recursos suficientes”. Además, decían, tienen problemas para que les dejen estar juntos. Lo que demandan es acceso a una vivienda asequible. Y en ese marco se mueven ya algunas iniciativas como Housing First, que sitúa en el centro de la estrategia social el acceso a la vivienda, sin condicionarlo al cumplimiento de objetivos previos. Ante la pregunta de por qué se producía el desalojo en ese momento, después de tanto tiempo, respondía Noe: “hay dos teorías”. La primera es que querían la zona “limpia” para el desfile del 12 de octubre. La segunda, argumentaba, es que la querían “limpia” para cuando vengan los expertos de la UNESCO a decidir si le conceden o no el título de Patrimonio de la Humanidad. “Quieren dar una imagen de Madrid que no existe. En Madrid hay pobreza, la gente lo tiene que saber”, completaba Pepa.

La pobreza y la exclusión social que padecen las personas sin hogar tiene una tercera compañera de viaje: la exposición a las agresiones físicas. Siguiendo el mismo informe del Samur mencionado anteriormente, el 55,1% de los encuestados afirma haber sido víctima de algún tipo de delito (robos, agresiones, violaciones), de los cuales solo el 30,4% dice haberlo denunciado a la policía. Sin embargo, el documento revela un dato especialmente interesante. Si nos fijamos en el origen de las agresiones, observamos que el 77,4% proceden de personas que no están en la misma situación que los agredidos, frente al 27,4% que proceden de personas sin hogar. Lo llamativo de esto es que tan solo dos años antes, en 2016, los porcentajes estaban invertidos: el 68,8% de las agresiones se produjeron por parte de personas sin hogar, frente al 31,2% que representaban las demás. Los mismos autores del informe explican que ese cambio tan acusado responde a un aumento de los delitos de odio, y subrayan la necesidad “de intervenir sobre el estigma que sufren las personas en situación de calle”.

Este estigma, sin embargo, no solo está caracterizado por el rechazo, sino principalmente por el desconocimiento, incluso cuando son motivo de preocupación social. Esa es una de las conclusiones principales que extrae el proyecto Homelessness as unfairness (el sinhogarismo como injusticia), puesto en marcha por la Comisión Europea en 2016. De acuerdo con este estudio, y en contraste con las cifras que mencionábamos anteriormente, el 76% de los europeos –encuestados– considera que el gobierno invierte demasiado poco en erradicar el sinhogarismo. A pesar de ello, la mayoría atribuye el origen del fenómeno a cuestiones individuales, como el alcohol o el abuso de las drogas; en lugar de achacarlo a elementos estructurales que, en realidad, tienen un impacto mucho mayor, como la falta de vivienda asequible o el desempleo.

Para el Movimiento Nadie Sin Hogar, el centro de la lucha radica precisamente en el peligro que conlleva estar expuesto permanentemente a las agresiones, algo que, argumentan, contradice el art. 15CE, al que recurren con frecuencia: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral […]”, dice nuestra Constitución. Y no es banal que mencionen este artículo y no el art. 47CE, que hace referencia de forma explícita al derecho a la vivienda. Saben, y así lo comunica Micky Carrera, su portavoz, que los artículos recogidos dentro de los principios rectores de la política social y económica, como este último, no tienen la misma protección jurídica que los contenidos dentro del apartado de derechos fundamentales, como el anterior. La demanda de una vivienda digna quedaría circunscrita a la obligación constitucional que tienen los poderes públicos de proteger la integridad física de los ciudadanos.

Y no cejan en su empeño. Tras el desalojo del Paseo del Prado, han continuado con la campaña de sensibilización y de presión política. El pasado 13 de noviembre, recién firmado el acuerdo para formar un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, les hicieron llegar una carta a ambos partidos en la que les demandaban su compromiso firme con la erradicación del sinhogarismo. En respuesta a una carta anterior, Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ya les había comunicado la voluntad del entonces presidente en funciones de impulsar una ley estatal de vivienda; y más recientemente, ha sido el Secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, quien les ha hecho llegar su apoyo en nombre del partido. En cualquier caso, su movilización continúa; y desde el lunes 18 de noviembre hasta nuevo aviso han decidido situarse cada mediodía frente al Ministerio de Sanidad para exigir la aprobación de un decreto que acabe con su situación.   

Se han tomado algunas medidas al respecto. El anterior Ayuntamiento, a través de la entonces llamada Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, aprobó una estrategia municipal para prevenir y atender este fenómeno. La Estrategia LARES 2015-2020 tenía como objetivo general lograr que nadie durmiera en la calle para el año 2020, lo que, a la luz de los datos, no parece que se vaya a conseguir. Micky valora positivamente el compromiso explícito de erradicar el sinhogarismo, pero considera que es insuficiente: “no se han cumplido los objetivos y los recursos no se adaptan a las necesidades de las personas”, opina. La Comunidad de Madrid también cuenta con su propio Plan de Inclusión de Personas Sin Hogar 2016-2021. Ambos proyectos están ideados para cubrir las 7 categorías de sinhogarismo más severo (de las 13 que recoge la normativa europea), y en ambos se plantea la importancia de abordar el problema de forma transversal y en coordinación con los distintos actores, así como la necesidad de poner a la persona en el centro de la intervención social, diseñando itinerarios personalizados. Sin embargo, ninguna de las dos instituciones ofrece de forma pública los informes anuales de evaluación de los avances y, a pesar de los numerosos intentos, ha sido imposible hablar con algún responsable institucional conocedor de esta realidad.

De vuelta al sábado 4 de octubre: es casi mediodía, no hay ni una nube sobre el cielo y la gente comienza a dispersarse. Atanas Velikov va de un lado a otro con un perro en sus brazos. En una de sus pausas, me explica en un perfecto español que hace ya 16 años que vino desde Bulgaria. No se entendía muy bien con su familia y poco después murieron. Una vez instalado en España, se ha dedicado a cuidar a señoras mayores, pero ahora no tiene trabajo. El perro que le acompaña, Bobby, es de la primera mujer a la que cuidó, ya fallecida. No quiere ir a un albergue, porque eso significa mandar a Bobby a una perrera. “No puedo abandonarlo”, alegaba. “No solo no puedo: no quiero hacerlo. Es mi única familia”. Atanas se enteró de la existencia de la acampada en la iglesia de San Antonio, y desde ese momento decidió unirse a ella. Aproximadamente en las mismas fechas, el Tribunal de Cuentas revocaba la sentencia que condenaba a Ana Botella y otros siete altos cargos de su gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone. El Ayuntamiento no vio motivos para recurrir la sentencia.