El 11 de enero de 2015, los centenares de miles de franceses que salieron a la calle para condenar los atentados contra Charlie Hebdo y el Hyper Cacher ovacionaron a la policía que intervino ante esos ataques. Las fuerzas de seguridad eran uno de los servicios públicos más respetados en Francia. Cinco años después, su popularidad ha caído en picado. Su imagen se ha visto empañada por los múltiples casos de violencia policial, tanto en las manifestaciones como en sus intervenciones en la banlieue. Una indignación por el uso abusivo de la fuerza, que se acentuó tras la paliza al productor de música negro Michel Zecler y el brutal desmantelamiento de un campamento de afganos en París a finales de noviembre.

Si hay una persona en Francia que no ha parado de denunciar los abusos de las fuerzas de seguridad es David Dufresne. Este polifacético periodista, de 52 años,  desató la alerta en diciembre de 2018, ante los numerosos casos de violencia policial en las protestas de los “chalecos amarillos”. Lo hizo primero a través de su cuenta de Twitter con la iniciativa “Allo Place Beauvau” –en referencia a la sede del Ministerio del Interior– y después en el digital Mediapart. En septiembre de este año estrenó el exitoso documental Un pays qui se tient sage (Un país que se porta bien), que lleva a las pantallas este trabajo de denuncia.

Dufresne también fue uno de los miembros destacados de la plataforma #StopLoideSécuritéGlobale, que impulsó las protestas contra el proyecto de ley de “seguridad global”. Unas 500.000 personas –133.000 según las autoridades– se manifestaron el 28 de noviembre en todo el territorio francés contra la violencia policial y este polémico texto que restringe la difusión de imágenes de las intervenciones policiales, entre otras medidas para reforzar a los cuerpos de seguridad. Estas movilizaciones se repitieron durante los fines de semana de diciembre, pero con menor número de manifestantes.

“Aunque Macron lo niegue, estamos inmersos en una tendencia liberticida en Francia”, asegura Dufresne. En una larga entrevista telefónica, analiza los motivos de la creciente indignación en Francia por la violencia policial y los detalles de la polémica ley de seguridad, aprobada en el Parlamento y que será debatida a principios de 2021 en el Senado.

La popularidad de la policía ha disminuido de forma considerable en los últimos cinco años. Solo el 37% de los franceses confían en ella, según un sondeo reciente del instituto Ifop. ¿Cómo lo explicas?

Básicamente, porque desde hace 15 años la policía francesa actúa de forma cada vez más represiva en lugar de preventiva. Ha cambiado la estrategia y se obliga a los agentes a obtener resultados inmediatos, lo que se llama una “política de las cifras”. También se ha reducido la formación inicial de los policías, que ha pasado de 12 a 8 meses. Además, ha caído el reclutamiento de agentes y las comisarías disponen de efectivos cada vez más reducidos. Todo esto hace que las operaciones policiales no sean buenas y recurran a un uso excesivo de la fuerza. 

Cada vez hay más imágenes de denuncia de esta violencia policial.

Sí, la percepción de la violencia policial se ha visto acentuada porque  cada vez hay más gente que graba vídeos y hace fotografías sobre lo que pasa en las manifestaciones. Empezó con las protestas contra la reforma laboral de François Hollande, en 2016, pero esta práctica se multiplicó con los “chalecos amarillos”, en 2018. Entonces, una parte de la población que era favorable a la policía, puesto que no conocía cómo actuaba, descubrió sus formas de intervención. Todo esto nos ha conducido a la situación actual, en la que se está produciendo un intenso debate y una división social sobre el rol de las fuerzas de seguridad y la voluntad del Gobierno de protegerlas ante cualquier crítica mediante la ley de “seguridad global”, que prohíbe la difusión de imágenes de las intervenciones policiales

¿Todos estos abusos policiales se deben a casos aislados de agentes violentos, aseguró Emmanuel Macron en una entrevista para el digital Brut el 4 de diciembre? ¿O hay un problema estructural?

Es la gran pregunta, pero hasta hace dos años ni siquiera podíamos debatir sobre estas cuestiones. Macron negaba la existencia de la violencia policial en Francia y ahora se ve obligado a debatir sobre ello. Lo que dicen los policías es que estos abusos se deben a manzanas podridas dentro del cuerpo. En cambio, los observadores consideran que no se trata de un problema individual, sino estructural. Creo que no es descabellado hablar de una violencia policial sistémica en Francia.

No es descabellado hablar de una violencia policial sistémica en Francia.

No es un poco excesivo hablar de una “violencia sistémica” de la policía francesa…

Quizás el sistema no se fundamenta en esta violencia, pero sí que la permite. En el caso de Michel Zecler, por ejemplo, vemos cómo tres o cuatro agentes actuaron con gran violencia, pero el resto de los miembros de ese dispositivo se quedaron quietos y no hicieron nada para evitarlo. Esta situación nos muestra un espíritu de cuerpo que prevalece, lo que permite que los agentes más racistas y violentos no sean frenados. Algunos agentes y sindicatos policiales reconocen también verdaderos problemas en la jerarquía y las cadenas de mando. Hay un problema estructural. Es evidente.

La violencia policial no es ninguna novedad en Francia. En 2005 ya originó la revuelta de las “banlieues”. ¿Cree que la evolución del modelo de orden público ha favorecido la degradación actual?

Durante décadas, el modelo de orden público a la francesa consistió en absorber los golpes y mantener a la multitud a distancia. De esta manera se evitaban los enfrentamientos con los manifestantes y había menos heridos. Consistía en pensar que era mejor que se rompieran vitrinas en lugar de que hubiera cuerpos mutilados. Esto cambió, sin embargo, a partir de los años ochenta. La policía francesa creyó que disponía de un savoir-faire y que era la mejor del mundo. Desde entonces se encerró en sí misma y actúa de forma cada vez más brutal. Utiliza armas consideradas por el mismo Ministerio del Interior como armas de guerra; por ejemplos, las balas de goma LBD, granadas de dispersión, etc.  La mayoría de protestas termina mal, con disturbios y con lanzamientos de gas por parte de la policía. Todo esto nos ha llevado a una situación en la que el conjunto de la institución policial debe ser cuestionada.

¿Qué es lo que se debe cuestionar? ¿La manera de gestionar el orden en las manifestaciones? 

Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, Amnistía Internacional o la Liga Derechos Humanos no han parado de denunciar los abusos policiales en las manifestaciones. Es evidente que hay un problema y resulta aún más grave teniendo en cuenta que manifestarse forma parte del ADN francés. Este país se ha construido a base de protestas. De hecho, el problema de los abusos policiales también está relacionado con  el cambio en la relación entre la política y las manifestaciones. Los dirigentes reconocen cada vez menos las protestas como un elemento político y esto favorece que los antidisturbios carguen con mucha más facilidad que en el pasado. Los policías ven a los manifestantes como potenciales delincuentes.

Otro problema recurrente son los controles por criterios faciales.

Cuando Macron dice que quiere hacer un gran sondeo sobre este tipo de prácticas, está reconociendo que existe un problema entre una parte de los jóvenes franceses y la policía. Estos problemas de racismo no los encontramos en la policía científica o judicial, pero sí en las intervenciones en la vía pública. Todas aquellas acciones policiales en la calle para combatir la pequeña delincuencia o mantener el orden merecen una profunda reflexión. 

Los que están en el punto de mira del ejecutivo son los ciudadanos y las redes sociales. Es a ellos a quienes quieren amordazar. 

La Asamblea Nacional aprobó el 24 de noviembre en primera instancia la ley de “seguridad global”, que restringe la difusión de imágenes de la policía. ¿A qué se debe esta fijación del ejecutivo macronista por los vídeos grabados por manifestantes o periodistas?

Los sindicatos de policías presionaron al presidente y al Gobierno para que no se puedan seguir difundiendo las imágenes de las acciones policiales. Pero aplicar una medida de este tipo sin la vulneración de derechos fundamentales es casi imposible. La libertad de expresión está garantizada en la Constitución desde hace más de un siglo. Además, si se termina aplicando, entraría en contradicción con el derecho europeo. El mismo Macron reconoció que sería imposible de aplicar, ya que la gente seguiría difundiendo imágenes a través de las redes en otros países.

Ahora mismo ya es muy difícil grabar a los policías, porque estos golpean o detienen a los manifestantes que intentan hacerlo y rompen el material a vídeoreporteros. Estos vídeos ciudadanos en las manifestaciones han cobrado cada vez más relevancia a partir de las protestas de los “chalecos amarillos”. Los que circularon entonces permitieron documentar numerosos casos de violencia policial. Los diputados macronistas cometieron un error al querer modificar la ley de 1881 sobre la prensa –uno de los pilares de la libertad de expresión en Francia–, porque indignó a los periodistas. Pero, en realidad, los que están en el punto de mira del ejecutivo son los ciudadanos y las redes sociales. Es a ellos a los que quieren amordazar. 

Pero los responsables parlamentarios de La República en Marcha (partido de Macron) ya anunciaron una “reescritura completa” del artículo 24 que restringía la difusión de imágenes. ¿No le tranquiliza este anuncio?

No, para nada. La restricción de difundir imágenes de la policía también se encuentra incluida en la ley contra el “separatismo” islamista con un artículo muy similar al 24. En el caso de la ley de “seguridad global”, todo el texto resulta problemático. Su verdadera naturaleza es intimidar para que todo el mundo tenga miedo de difundir imágenes de la policía. Creo que este mensaje ya está calando. En Francia, mucha gente está convencida de que está prohibido grabar a los agentes, cuando se trata de una práctica legal. Por un lado, está la ley y, por el otro, el espíritu de la ley, que representa una deriva autoritaria del gobierno. Aunque Macron lo niegue, estamos inmersos en una tendencia liberticida en Francia.

¿Qué otras medidas de la ley de “seguridad global” restringen libertades?

Por un lado, el uso de cámaras por la policía durante las intervenciones y que estas sean transmitidas directamente a los jefes del comando puede resultar problemático respecto a las libertades individuales. Por el otro, la legalización del uso de drones en las protestas. Aunque no estaba permitido por la ley, la policía ya empezó a utilizar drones por su cuenta. Pero el Consejo de Estado –la instancia superior de la justicia administrativa– sentenció que había que dejar de utilizarlos para grabar las manifestaciones. En lugar de exigir a las fuerzas de seguridad que cumplieran con esta exigencia, el poder legislativo prefirió cambiar la ley para permitir esta práctica tan controvertida.

Durante las protestas de los “chalecos amarillos” se alcanzaron unos niveles de violencia policial inéditos en Francia –con una persona muerta, miles de manifestantes heridos, 26 que perdieron un ojo y 5 que se quedaron una mano—. A pesar de ello, no ha habido autocrítica del Gobierno. ¿Cómo lo explica?

Porque en Francia existe una confusión entre el Estado y la policía. En los últimos años, en un momento de crecimiento de las desigualdades, las autoridades utilizaron a la policía para protegerse e imponer su modelo social. Por este motivo, el Gobierno no puede criticar a la policía, ya que, si critica al último muro que la protege, ¿entonces qué le queda? Esto no hace más que reflejar la falta de valentía de nuestros dirigentes. A pesar de ello, empezamos a escuchar críticas, aunque sean muy tímidas, de Macron y en la mayoría presidencial. Los sindicatos de policías están muy enfadados. Se ha abierto una ventana de oportunidad. Pero me temo que el Estado considera que no puede emprender una verdadera reflexión porque perdería  a sus aliados en la policía.

La verdadera naturaleza de la ley de 'seguridad global' es la intimidación, para que todo el mundo tenga miedo de difundir imágenes de la policía.

Ante las críticas por la violencia policial, el gobierno francés anunció una mejora en la formación de los policías o una mayor transparencia en la acción de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN). ¿Le parecen medidas acertadas?

Sí, son medidas en el buen camino, pero muy insuficientes. Respecto a la mejora de la transparencia del IGPN, resulta un chiste de mal gusto, ya que se trata de un organismo compuesto por policías que trabaja en beneficio de los intereses del cuerpo y del Ministerio del Interior. Sobre la formación, me parece una buena idea que se aumente, dado que los agentes solo reciben una instrucción inicial de 8 meses, mientras que en los países escandinavos suele ser de 3 años.

¿Cómo se podrían reducir los casos de violencia policial? ¿Qué soluciones propone?

Debemos empezar con un verdadero debate sobre esta cuestión, como sucedió en Reino Unido en los ochenta y los noventa, tras una serie de crímenes racistas por parte de la policía. En Francia tenemos que hacer tabla rasa e impulsar un debate honesto que no esté limitado a periodistas y sociólogos afines al poder. No resultaría una iniciativa fácil, ya que las lógicas de unos y otros no serían las mismas. Unos defenderían una reforma de la policía, otros un cambio en la naturaleza de sus funciones y otros más un aumento de la presencia policial. Sería un debate complejo, pero absolutamente necesario.