El 23 de febrero de 1981, ejercía mis funciones en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Madrid. Por circunstancias del destino que nunca hubiera imaginado, ese día le correspondía la guardia al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid. En aquellos tiempos, las guardias de los fiscales eran localizadas, ya que no tenía mucho sentido permanecer 24 horas en el mismo despacho que el  juez de guardia.

Ello me permitía seguir con mi vida normal que, en aquella época, simultaneaba con mi condición de profesor en el CEU San Pablo, donde impartía clases de Derecho Civil por las tardes. Regresaba en mi coche por el trayecto habitual que me obligaba a tomar el lateral del puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta tomar el Paseo de la Habana. En la esquina del Paseo de la Castellana con Joaquín Costa existía y existe un edificio cuya fachada remodelada, oculta una terraza que entonces era visible.

Sin tener conciencia de ello, todo aquello que hacemos habitualmente como rutina se fija en una especie de disco duro que te alerta de las alteraciones inesperadas. Desde donde me encontraba, esperando que abriese el semáforo, se veía perfectamente a un gran número de personas, asomadas en la terraza y mirando hacia la Plaza de Castilla. La escena me llamó la atención por inusual. En principio no le di mayor importancia, no llevaba la radio del coche puesta y me dirigía a una gasolinera que existía en la explanada enfrente del estadio Bernabéu. Mientras esperaba para repostar escuché comentarios sobre la irrupción de un grupo armado en el Congreso de los Diputados, pero sin precisar más detalles.

Llegué a casa sobre las siete de la tarde, naturalmente alterado. Conocía perfectamente el perfil ideológico del juez de guardia, cuyo nombre no voy a facilitar porque ya ha fallecido; un tanto ultramontano y enfervorizado franquista. Cualquier actuación del juez de guardia, dirigiéndose al Congreso de los Diputados y deteniendo a los golpistas, era ilusoria y además podría agravar la situación. Permanecí en casa siguiendo atentamente las noticias y hablando con los amigos más cercanos. Mis temores iban en aumento, y alcanzaron su punto álgido cuando, sobre las ocho de la tarde, se nos informa de que el secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos, el general Alexander Haig, había manifestado, razones e informaciones tendría para ello, que “se trataba de un asunto interno de los españoles”.

Según avanzaba la noche, las noticias eran cada vez más preocupantes. No recuerdo exactamente la hora, pero si la llamada del fiscal general del Estado, José María Gil Albert. Me comunicó que el llamado Gobierno de subsecretarios, presidido por Paco Layna, había tenido noticias de que el diario El Alcázar iba a sacar un comunicado, no sólo con el apoyo explícito a los golpistas sino con la noticia de que el golpe había triunfado.

La respuesta tenía que ser inmediata e implicaba solicitar el secuestro de la edición. Había tomado la decisión de ir en persona al juzgado de guardia y le advertí del talante ideológico del juez de guardia y por supuesto le dije que le acompañaría en cumplimiento de mis funciones. Al cabo de un rato me volvió a llamar diciéndome que había pensado que, como se trataba de una cuestión de secuestro de un diario, consideraba más oportuno que el fiscal encargado de los asuntos de prensa, Eduardo Torres Dulce, redactase la petición y le acompañase.

Lo que me comentó, casi inmediatamente, sobre el resultado de sus gestiones, me lo esperaba, pero no por ello me quitó la profunda preocupación. El fiscal general del Reino y el encargado de los asuntos de prensa llegaron al juzgado de guardia manifestando que traían un escrito para pedir el secuestro de la edición de El Alcázar. El   juez de guardia les expulsó del despacho, diciéndoles que se sentía coaccionado y les ordenó que esperasen fuera hasta que adoptase una decisión. Se volvió a poner en contacto conmigo y le dije que como fiscal de guardia no podría oponerse a mi presencia, incluso dentro de su despacho.

José María Gil Albert me tranquilizó y me dijo que no me preocupase porque había hablado con Paco Layna y pensaba enviar dos tanquetas policiales al edificio donde se editaba El Alcázar, cercano al diario El País, para impedir la salida de cualquier ejemplar, y así sucedió. Por más que busco mis recuerdos, no puedo precisar si, en el momento de esta conversación, había salido ya el famoso editorial del diario El País: “Con la Constitución”.

A la vista de los acontecimientos y ante la falta de noticias fiables, mi pesimismo fue en aumento y también mi indignación por el silencio del rey, que permanecía impasible ante todo lo que estaba sucediendo, y cuya intervención podría, como así se demostró, terminar con la intentona golpista. Recuerda que entré en la habitación de mis hijos y pensé, con rabia y pesadumbre, que por qué iban a tener que vivir en un país que despreciaba la democracia. Por fin, sobre la una y cuarto de la madrugada, el rey pronunció su esperado mensaje y ordenó a todos los jefes militares el mantenimiento de la legalidad constitucional. Me fui a dormir sin pensar lo que me esperaba a la mañana siguiente en la Junta de los 32 fiscales que componíamos la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Madrid.

Nada más comenzar, presenté un escrito condenando el golpe militar y haciendo una declaración de apoyo a la democracia. El silencio fue mayoritario pero enseguida surgieron voces que se opusieron alegando que se trataba de una decisión política y la Fiscalía no se podía meter en política (sic). El rechazo a la propuesta fue abrumador. Sólo tres votamos a favor, Jesús Vicente Chamorro, Enrique Abad (ya fallecidos) y el que escribe estas líneas. El fiscal general, alarmado por lo sucedido, me dijo que se encargaría de subsanar este clamoroso desprecio a la democracia, convocando a la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. No recuerdo si al día siguiente o pasadas 48 horas, se aprobó un comunicado en los términos parecidos a los que yo había planteado.

Otro suceso de ese día, afortunadamente con resultado más positivo, se produjo en el Consejo General del Poder Judicial. El presidente Federico Carlos Sainz de Robles y el vocal Fernando Ledesma se encontraban en Palma de Mallorca realizando una visita de inspección. Al conocer los sucesos, surgió la necesidad de hacer un comunicado apoyando la democracia y condenando el golpe. Teniendo en cuenta la dificultad de comunicaciones en aquella época, se encargó telefónicamente al portavoz del Consejo, Gonzalo Casado, para que contactase con la mayoría de los vocales posibles, les informase de la existencia del comunicado y solicitara su adhesión al mismo. No estoy en condiciones de profundizar más en los detalles, pero tengo constancia de que a pesar de que finalmente fue firmado, hubo reticencias por parte de alguno de los vocales. Finalmente el comunicado se firmó y lamentablemente fue el único órgano institucional que se enfrentó a los golpistas.

Han transcurrido 40 años desde estos lamentables sucesos. Los escritos dirigidos al rey, firmados por militares, deben servir de aviso a muchos despistados u oportunistas para tomar conciencia de las grietas democráticas que todavía perduran. Se detectan signos que deben, razonablemente, preocuparnos. La democracia no es un producto que se prestigie con la obtención de un certificado de calidad, por muy prestigioso que sea el organismo, en este caso The Economist, el que nos lo otorga. Antes de ofenderse infantilmente ante la puesta en cuestión de la categoría y el nivel de la democracia, conviene que dediquen unos momentos a la lectura de Winston Churchill.

Solo como eslogan se puede sostener que nuestra democracia es plena. Como respeto profundamente a muchas de las personas que lo han afirmado, estoy seguro de que están dispuestos a mantener un debate sosegado, con análisis y argumentos propios de una democracia madura. Me parece una controversia que sirve de cobertura para no afrontar los graves problemas que nos acucian. Para terminar vuelvo a tomar una de las máximas del político inglés: “Si abrimos una disputa entre pasado y presente, habremos perdido el futuro”.