Este país tendrá sus déficits, pero también ofrece grandes oportunidades en algunos ámbitos. Si en el sector turístico encontramos infinidad de posibilidades de sol y playa o en el gastronómico los alimentos más ricos y saludables con los que diseñar una buena dieta, el ámbito del periodismo español brinda a día de hoy la oportunidad de que cualquiera que ponga sobre la mesa cuatro o cinco obviedades firme un artículo diferenciable del resto de los publicados cada día. En un país que más que en Estado de Derecho vive en estado de propaganda, decir lo obvio en el sector del periodismo es garantía de ofrecer un producto original. La polémica tras los disturbios a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél es un buen ejemplo.

La labor de la policía es la de garantizar el orden. Por ello, cuando alguien en una protesta, no importa el motivo, rompe un escaparate a pedradas o quema mobiliario urbano, las fuerzas de seguridad allí presentes tienen la obligación de detener a esta persona y ponerla a disposición de un juez. Sin embargo, no es labor de la policía comenzar disturbios. No es función de la policía cargar sin justificación contra grupos de manifestantes en actitud pacífica, ni disparar balazos de goma contra los ojos de chicas que pasen por la calle. Ni mucho menos mofarse en redes sociales de la chica tras haber perdido un ojo. Tampoco debe la policía ser un actor político que use la fuerza de modo distinto según el perfil ideológico que tenga delante. Como tampoco es función de la policía adjetivar al ciudadano durante su servicio. No debe la policía llamar puta a una manifestante, ni calificar como antisistema ante la prensa a quienes acuden a manifestarse. Un adjetivo tan subjetivo que mientras la policía piensa en un encapuchado yo pienso en Rodrigo Rato con corbata cuando lo escucho. A la policía se le pide profesionalidad en sus actuaciones, no comentarios de texto en los periódicos.

La labor del Gobierno es la de garantizar la seguridad y la de controlar la calidad de las actuaciones de sus funcionarios. La labor del Gobierno, en este caso la labor del Ministerio del Interior dirigido por Grande-Marlaska, no es la de aplaudir acríticamente todas y cada una de las actuaciones de sus policías subordinados, ni la de mirar hacia otro lado cuando se cometen abusos de autoridad contra ciudadanos que pagan los sueldos de policías y ministros. Hacer esto, no investigar posibles abusos y malas praxis, es un atentado contra los derechos civiles. Imagínense lo mismo aplicado a otros ámbitos. Imagínense a un juez negándose a investigar denuncias de torturas de detenidos en comisarías. ¿Se imaginan?

La labor de la oposición es la de exigirle al Gobierno, en este caso al de Pedro Sánchez, que garantice el orden en las calles y que garantice también el escrupuloso cumplimiento de las funciones policiales. La oposición está ahí para señalar y criticar al Gobierno que permita actuaciones policiales que caigan en la brutalidad o en lo injustificado. Sería una dejación de funciones por parte de la oposición aplaudir las malas praxis policiales para ganar votos y, en lugar de hacer su trabajo como oposición, dedicarse a montar campañas partidistas intentando apropiarse de un cuerpo del Estado que pagamos todos, seamos de izquierdas o derechas.

La labor de los medios de comunicación es vigilar que las actuaciones de la policía a las órdenes del Gobierno y la actividad de la oposición sean las adecuadas. No es labor de los medios perseguir vía telediario o tertulia a los manifestantes violentos. Para eso ya están la policía y los jueces. Como tampoco es función del periodismo hacer una selección de imágenes a la carta que muestren actos violentos contra mobiliario urbano y eliminen de sus informaciones los actos violentos perpetrados por la policía contra manifestantes que no desarrollan actividades violentas. Además de vigilar al poder –y recordemos que el poder no lo ostenta quien quema una papelera, sino el policía que representa al Estado– es labor de los medios informar y dar contexto, nunca intoxicar a la población deslizando ideas como que quien protesta por el encarcelamiento del rapero Hasél, es un defensor de la violencia. No es cierto. Deberían los medios recordar que las protestas, con y sin violencia puntual, se dan a menudo en todos los países con libertades. Y que no se dan en páramos de tranquilidad y pacifismo como Arabia Saudí.

Es labor de los columnistas de opinión dejar claro que otros compañeros de profesión mienten a sabiendas de que lo hacen porque viven en continuo estado de propaganda bien financiada. Es labor de quien opina en los medios recordar que puede caerte como el culo un tipo de letras facilonas y violentas, tan corto de luces como para calificar de cómplice del fascismo a Julio Anguita el mismo día de su muerte. Pero nunca puedes, si aspiras a vivir en un país que respete los derechos civiles más básicos, permitir que alguien pise una cárcel condenado por las letras de sus canciones o por sus tuits infantiles.