La exministra ecologista Cécile Duflot (Villeneuve-Saint-Georges, 1975) es la actual directora de Oxfam en Francia. Ex secretaria general de los verdes entre 2006 y 2012,  la responsable de Vivienda en los inicios del mandato de François Hollande se retiró de la política tras el terremoto de las presidenciales de 2017, en las que el Partido Socialista se hundió. Duflot decidió continuar con su lucha por la urgencia climática y la justicia social por la vía asociativa. Mientras la gauche iniciaba entonces una lenta e inacabada recomposición, las escasas buenas noticias para los progresistas franceses han llegado hasta ahora a través de la sociedad civil.

Un ejemplo paradigmático de movilización exitosa es L’Affaire du Siècle (El caso del siglo). Las ONG Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à Tous y la Fundación Nicolas Hulot reunieron más de dos millones de firmas a principios de 2019 para denunciar al Estado francés ante los tribunales por su inacción climática. Dos años después, el Tribunal Administrativo de París les ha dado la razón. Condenó el 3 de febrero a la Administración por haber incumplido sus compromisos internacionales en la reducción de emisiones de CO₂ y a principios de abril le exigirá que adopte una serie de medidas. Una sentencia seguida de cerca en España por los grupos locales de Oxfam y Greenpeace y por Ecologistas en Acción, que impulsaron una iniciativa similar en septiembre del año pasado.

“Es importante que se multipliquen estos procesos en todos los países, sobre todo en los del norte, ya que los países más ricos son los principales responsables del cambio climático”, explica Duflot. En una extensa entrevista por Skype, no solo analiza esta sentencia “histórica” en uno de los primeros grandes procesos de justicia climática en Europa, sino también el aumento de las desigualdades económicas debido a la covid-19 y el gris panorama de la izquierda francesa para las presidenciales de 2022.

El Tribunal Administrativo de París condenó en febrero al Estado francés por un delito de daño ecológico por su inacción en la reducción de emisiones de CO₂ en el llamado “Caso del Siglo”. ¿Cuál es la importancia de esta sentencia?

Es una decisión histórica, ya que por primera vez la justicia ha condenado al Estado francés por “ausencia culpable” y “daño ecológico”. Que haya esta condena por “ausencia culpable” significa que los jueces entienden que el Estado no ha actuado lo suficiente contra el cambio climático y esta inacción representa una falta. Es decir, se ha dado una traducción jurídica al hecho de que los gobiernos sucesivos no han estado a la altura de lo que se debe hacer ni de sus compromisos internacionales para frenar el calentamiento global. Además, dos meses después de la sentencia, el Tribunal propondrá una serie de medidas y pedirá al Estado que las adopte para afrontar la urgencia climática.

Cuando impulsaron el “Caso del Siglo” a finales de 2018 y reunieron más de dos millones de firmas –una movilización digital inédita en Francia–, ¿creían que el caso terminaría de esta manera?

No, siendo sincera no lo esperábamos. Cuando impulsamos el “Caso del Siglo”, lo hicimos porque creíamos que era nuestro papel, teniendo en cuenta todos los procesos climáticos que se estaban produciendo en el mundo, pero no esperábamos una sentencia tan clara ni con un impacto tan grande. Además, en ese momento recibimos muchas críticas. Nos dijeron que no serviría para nada, que era un falso proceso. Que solo lo impulsábamos por el impacto mediático, pero que la justicia no nos daría la razón. Todas estas críticas quedaron desmentidas con la sentencia del 3 de febrero.

El Tribunal solo condenó al Estado a indemnizar con un euro a cada una de las cuatro oenegés que lo denunciaron. ¿No se trata sobre todo de una sentencia simbólica?

Respecto a la indemnización, fuimos las cuatro ONG las que decidimos pedir solo un euro, ya que no queríamos que se nos acusara de enriquecernos con el proceso. Pero no creo que tenga solo valor simbólico, sino que se trata de una sentencia potente e histórica. Si más adelante queremos demostrar la responsabilidad de los dirigentes, nos basaremos en esta sentencia. Y el Tribunal también le exigirá al Estado que aplique determinadas políticas.

¿Esperan que represente un precedente en la jurisdicción francesa para futuros procesos climáticos? ¿También a nivel internacional?

Durante el juicio, la fiscal se refirió a la decisión de la justicia holandesa en el caso de Urgenda, el primer proceso climático ganado. Con el “Caso del Siglo”, sabemos que otros países podrán inspirarse en esta sentencia, ya que traduce en el derecho nacional el Acuerdo del Clima de París. Esto conlleva que todos los países firmantes están potencialmente afectados y que este pacto deja de ser un simple papel. Mis compañeros en España de Oxfam y Greenpeace han reproducido argumentos jurídicos del “Caso del Siglo” adaptándolos al derecho español. Es importante que se multipliquen estos procesos en todos los países, sobre todo en los del norte, ya que los países más ricos son los principales responsables del cambio climático.

Hace cinco años la sentencia de la Justicia holandesa en el caso de Urgenda representó prácticamente una primicia mundial. Pero en los últimos años este tipo de procesos se han multiplicado en países como Pakistán, Estados Unidos, Portugal, Irlanda o Francia. ¿Cómo analiza esta ola mundial de la justicia climática?

Es una decisión histórica, ya que por primera vez la justicia ha condenado al Estado francés por “ausencia culpable” y “daño ecológico”

Creo que es un reflejo de que la lucha contra el cambio climático es más necesaria que nunca, pero continúa la inacción gubernamental. Tras el Acuerdo de París en 2015, hubo un periodo de cierto bajón en los movimientos ecologistas en Francia, ya que creíamos que ese pacto iba a ser aplicado. Pero luego nos dimos cuenta de que el acuerdo no se estaba aplicando y esto provocó cierta decepción. La justicia climática es la respuesta a las promesas incumplidas. Es decir, apostar por uno de los pilares de la democracia y pedir justicia para que se condene la inacción de las autoridades y se las obligue a actuar.

¿Esta ola de justicia climática también refleja la voluntad del ecologismo de no centrarse tanto en la responsabilidad individual y dar una mayor importancia a las políticas públicas?

Según un informe de la consultoría Carbone 4, solo una cuarta parte de la reducción de emisiones de CO₂ para frenar el calentamiento global depende de la responsabilidad individual. Si cambiamos nuestros hábitos y formas de desplazarnos, como mucho reduciremos el 25% de las emisiones necesarias. El 75% restante depende de las políticas públicas. Si no cambiamos las políticas a nivel estatal y europeo, no conseguiremos frenar el cambio climático, independientemente de la buena voluntad de los ciudadanos. La justicia climática nos permite evidenciar la inoperancia de culpabilizar a los ciudadanos y que hace falta que el Estado asuma una mayor responsabilidad.

Tras la sentencia del “Caso del Siglo”, ¿qué medidas espera que el Tribunal Administrativo exija al Estado?

Hay tres sectores en los que necesitamos políticas más ambiciosas: los transportes, la agricultura y la construcción. Queremos que el Tribunal obligue al Estado a ir más lejos en estos ámbitos. Unas exigencias que coinciden con el análisis del Consejo Superior del Clima o el Consejo Económico y Social sobre la nueva ley climática –presentada el 10 de febrero en el Consejo de Ministros– que ya advirtieron de que esta no es suficientemente ambiciosa. Tras la sentencia del “Caso del Siglo”, la respuesta del Gobierno ha sido claramente insuficiente. Su respuesta ha consistido en esta nueva legislación verde que no está a la altura de lo que pidieron los 150 ciudadanos de la Convención Ciudadana por el Clima, que se reunieron por iniciativa del mismo Gobierno.

¿Por qué consideran insuficiente este proyecto de ley climático, que empezará a debatirse en la Asamblea Nacional a finales de marzo?

Porque no incorpora la mayoría de propuestas de la Convención Ciudadana por el Clima y las que incluye han quedado diluidas. Numerosas temáticas se han visto reducidas como la limitación del tonelaje de los vehículos, el desarrollo del sector ferroviario o la artificialización de los suelos con restricciones en la construcción de centros comerciales, pero sin regular la construcción de almacenes. Esto conllevará que con esta ley solo se alcance una reducción del 20% o 40% del objetivo fijado de reducción de emisiones de CO₂ antes de 2030 –Francia pretende reducirlas un 40% respecto a los niveles de 1990, aunque la UE elevó el objetivo al 55%–.

Mis compañeros en España de Oxfam y Greenpeace han reproducido argumentos jurídicos del “Caso del Siglo” adaptándolos al derecho español

Macron impulsó la Convención Ciudadana por el Clima para demostrar que los ciudadanos no estaban de acuerdo con las medidas para ir hacia una sociedad más ecológica. Pero los 150 ciudadanos, que representaban la diversidad de Francia, se pusieron de acuerdo y propusieron medidas ambiciosas. Lo que demuestra que no hay ningún motivo para no impulsar políticas más valientes.

La pandemia de la covid-19 ha supuesto un aumento considerable del gasto público para hacer frente a las crisis sanitaria, económica y social. ¿Esta crisis puede resultar un obstáculo para la causa ecológica? ¿O una oportunidad?

Es una oportunidad. Desde hace más de una década, los científicos que trabajan sobre la pérdida de biodiversidad advertían de que esta acabaría desembocando en una pandemia mundial, que sería respiratoria y viral. Justo es lo que ha sucedido. Hemos visto que prácticamente ningún país, independientemente de su riqueza, ha logrado salir indemne de la pandemia. Por lo tanto, espero que esto favorezca una toma de conciencia a nivel planetario y nos obligue a reaccionar y a movilizarnos. 

Según denuncian en el último informe de Oxfam sobre desigualdades económicas, las fortunas de las personas más ricas del mundo aumentaron unos 3.900 millones entre marzo y diciembre de 2020, mientras buena parte de la humanidad se veía inmersa en una profunda recesión. ¿Se ha producido un aumento de las desigualdades más importante que tras la crisis de 2008? ¿Por qué?

Sí, esto se debe a una política de apoyo público muy importante, como hemos visto en Europa, con la compra de activos por parte del BCE. Este aumento del gasto público ha evitado que la crisis tuviera un impacto más importante, pero ha beneficiado, sobre todo, a los más ricos. Ha habido una política del “coûte que coûte” (cueste lo que cueste), según la expresión de Macron, pero que no ha beneficiado al conjunto de la población. Se han aplicado medidas que no son forzosamente negativas, como las indemnizaciones de paro temporal; pero estas ayudas no han llegado a las personas precarias, con contratos temporales o en situaciones de extrema pobreza. Esto ha favorecido que en un país como Francia haya hasta ocho millones de personas que deben pedir ayuda alimentaria. 

Mientras tanto, los más ricos han mantenido una situación estable y algunos de ellos, como Jeff Bezos, se han aprovechado de la crisis para enriquecerse. El aumento de las fortunas de los grandes multimillonarios hubiera permitido vacunar al conjunto de la población mundial y evitar que las personas pobres cayeran en la extrema pobreza. En definitiva, el dinero existe, pero se encuentra en manos de unos pocos. 

Francia es considerada a menudo como un país igualitario y poco amigo de los ricos. Pero en el informe de Oxfam muestran que las grandes fortunas se multiplicaron por cuatro en la última década y esto permitió que se convirtiera en uno de los países con un mayor enriquecimiento de las grandes fortunas. ¿A qué se debió?

No deja de ser significativo que Bernard Arnault se haya convertido en el tercer hombre más rico en el mundo, a pesar de ser un empresario de un pequeño país como Francia. Esto se debe a las políticas económicas y fiscales adoptadas durante la última década o, mejor dicho, a la ausencia de políticas para favorecer una mayor distribución. Un buen ejemplo de ellas son las medidas adoptadas en los últimos años, como la supresión del Impuesto sobre la Fortuna o la “flat-tax” que limitó en un 30% la tributación máxima de los dividendos. Es el reflejo de las teorías neoliberales predominantes en las últimas décadas que dicen que, a medida que los ricos sean más ricos, esto favorecerá un goteo que beneficie a los más pobres. Pero todos los estudios nos muestran que es falso.

¿De qué manera los distintos niveles de patrimonio y la herencia contribuyen a acentuar estas desigualdades? ¿Y cómo se pueden combatir este tipo de desigualdades patrimoniales?

En muy pocos casos las grandes fortunas resultan fruto del mérito individual de una parte de la población. La mitad de los multimillonarios en Francia son herederos. A nivel mundial, muchos de ellos lograron reunir grandes fortunas gracias a monopolios o con el apoyo de organismos estatales. Es decir, la concentración de riqueza no se produce de manera natural ni por meritocracia. Para combatirlo, debemos aumentar los impuestos sobre el patrimonio y las herencias. Por ejemplo, un impuesto especial de sucesiones para aquellos que hereden fortunas de 150 millones de euros o más. El objetivo no es aumentar los impuestos a aquellas familias que van a dejar como herencia su casa a sus hijos, sino a aquellos patrimonios tan abultados que de ninguna manera benefician al colectivo. Como decía el Abbé Pierre, “el contrario de la pobreza no es la riqueza, sino el reparto”.

Falta poco más de un año para las elecciones presidenciales francesas de 2022. La división de la izquierda entre varios probables candidatos, como el insumiso Jean-Luc Mélenchon, la socialista Anne Hidalgo o el verde Yannick Jadot, favorece una repetición del duelo Macron-Le Pen. ¿A qué se debe esta fragmentación?

El mandato de François Hollande dejó muchas heridas sin cerrar. Pero, como presidenta de una oenegé apartidista como Oxfam, prefiero no pronunciarme sobre cuál debería ser la estrategia de los partidos de izquierdas.

Ante una posible repetición del duelo entre el neoliberalismo macronista y la ultraderecha, ¿pueden estar de brazos cruzados en Oxfam? 

Es una buena pregunta y seguimos estos comicios con preocupación. Oxfam forma parte de dos coaliciones: el Pacto del poder vivir –impulsado por el exministro Nicolas Hulot– y el Colectivo urgencia social y ecológica. Tenemos como objetivo que dialoguen conjuntamente ONG, asociaciones y sindicatos para impulsar políticas que respondan al mismo tiempo a la urgencia social y ecológica. Durante mucho tiempo, hubo una oposición entre los sindicatos que defendían los puestos de trabajo y la ecología que alertaba sobre los peligros del planeta. Pero ahora trabajamos conjuntamente para encontrar soluciones.