Seguir la pista del dinero, como le sugirió ‘Garganta Profunda’ a Bob Woodward durante la investigación del ‘Watergate’, siempre ha sido un buen consejo para alumbrar las maniobras en la oscuridad orquestadas por el PP en Madrid. Desde los tiempos de Esperanza Aguirre. Pero la palabra “dinero” no es precisamente la que ahora sale de los labios de un tabernero ilustre como Félix S. cuando habla de Isabel Díaz Ayuso y de los empresarios que dirigen el gremio de su sagrada profesión. A medida que la pandemia aprieta las tuercas del sistema sanitario y las elecciones se aproximan, su enojo se hace más visible y le congela el ánimo. “¿Qué precio estamos pagando como sociedad por la lealtad de las principal asociación de hostelería madrileña a un Gobierno regional que desdeña los subsidios sociales, subestima los derechos laborales de los trabajadores y ve las cifras de muertos diarios como el sacrificio inevitable de la campaña ‘Madrid en libertad’?” Félix, que no se llama Félix en realidad, asegura tener motivos para ocultar su nombre, y el de su cafetería, ante el maniqueísmo entusiasta que está mostrando un sector organizado de sus colegas a favor de la candidata del Partido Popular. Afirma no encontrar un solo motivo para ello y sí mucho interés político. “Uno de estos grupos, la antigua Asociación la Viña que ahora se llama Hostelería Madrid, me ha comunicado por carta que comenzarán a dispensarnos ayudas antes de las elecciones del 4 de mayo. ¿De dónde viene el dinero? Yo no lo sé, porque nadie de la Comunidad ha anunciado nada. Dicen que nos darán entre un 20% y un 40% de las pérdidas ocasionadas por la pandemia pero nos cobran 50 euros por el trámite y el 5% del importe que recibamos”, denuncia cargado de razones para la pesadumbre. Su negocio lleva meses sufriendo un particular calvario. Las cuentas no cuadran y las perspectivas no son halagüeñas.  

“¿Qué precio estamos pagando como sociedad por la lealtad de las principal asociación de hostelería madrileña a un Gobierno regional que desdeña los subsidios sociales?”, se pregunta Félix

En la misiva, la Asociación de Hostelería advierte de que tengan preparada una serie de documentos acreditativos para beneficiarse cuanto antes de la subvención, algo más de los 679 millones de euros que el Gobierno central asignó el 12 de marzo a la Comunidad de Madrid en concepto de ayudas directas, “que se tramitarán por concurrencia competitiva hasta que agotar los fondos”. Para Félix es “como si se tratara de una carrera a ver quien presenta los papeles antes y lo hace mejor”. La principal organización del sector también avisa de que el inicio más “probable” de todo este proceso, trascendental para cientos de hosteleros en graves apuros como Félix, se producirá “a partir del 15 de abril”, una vez que el Gobierno regional publique la convocatoria en el BOCM. Finalmente, será “el 1 de mayo”, apuntan a CTXT fuentes de la consejería de economía. Sólo en Madrid capital, hay 18.109 locales que ofrecen servicios de comidas y bebidas, es decir, bares, restaurantes, cafeterías y tabernas que han sufrido pérdidas millonarias en estos más de 400 días de pandemia, según el censo de comercios actualizado por el ayuntamiento dos meses antes del primer estado de alarma. Todos los profesionales consultados desconocen esta información.

“Bastante tenemos con hacer cuentas, estudiar créditos, sostener empleos, subsistir”, añade Belén, una de las propietarias de “La Lata de Cascorro”, un coqueto restaurante situado en la frontera norte del barrio de Lavapiés, en la cabecera alta del Rastro. “Mi sospecha ahora es: ¿Cuánto dinero ganarán por cobrarnos a todos el 5% de la subvención que nos toque y un fijo de 50 euros por hacernos los trámites en un proceso que, anuncian, será por concurrencia competitiva?”, se cuestiona Félix.

Para intentar despejar las dudas, una de las portavoces de Hostelería Madrid explica que entre las funciones habituales que desempeña la asociación es la de funcionar como una gestoría al uso entre sus clientes. “De la misma manera que el departamento fiscal hace nóminas, tenemos un departamento de subvenciones que tramita este tipo de solicitudes previo pago del servicio. Y si el asociado tiene contratado con nosotros sus asuntos laborales o fiscales entonces está exento de abonarnos ese 5% del importe de la subvención directa que le corresponda”. Pero algunos hosteleros siguen viendo sombras en todo esto e insisten en la relación directa entre el desconocimiento que tienen sobre los planes regionales para repartir ayudas directas, la falta de transparencia mostrada por la Gobierno de Ayuso con los 679 millones de euros concedidos por el Ejecutivo central hace mes y medio, y la defensa cerrada mostrada por ciertos empresarios hacia la candidata popular. Hablan de manipulación por generalizar la idea hacia el interior del gremio de que la mejor ayuda directa que se le puede hacer es que sigan abiertos porque no hay pruebas científicas que corroboren que sus locales han contribuido a la expansión del coronavirus.

Antonio Ruda es un antiguo sindicalista acostumbrado a bregar con la patronal madrileña desde comienzos de la Transición.  Asegura que en algunos establecimientos ha trabajado gente contaminada por el virus. No puede precisar nombres pero sí que en el ánimo de los empresarios pesaba menos la pandemia “que tener el local abierto”, remata. La hostelería parece haberse convertido en el campo de experimentación ideal de la psicopolítica neoliberal y la falsa ilusión de libertad que difunde para que el propio empleado se convierta en su más fiero explotador en medio de una competencia laboral desaforada. Para ellos, abrir cada día es la única opción de mantener sus empleos. Sin alternativa. El corresponsal del periódico italiano La Stampa para España, Francesco Olivo, reconoce un cierto malestar observar que Madrid sea en la única región de Europa donde las medidas se aplican por razones políticas más que sanitarias. “He visto situaciones, aglomeraciones de personas en terrazas y restaurantes, que me hacen dudar mucho. Creo que está en su derecho de adoptar las reglas que consideren  oportunas pero no deben ser tan políticas, por su enfrentamiento frontal a las decisiones del gobierno central, ni tan hipócrita. Sería mejor que dijera, como han hecho otros gobiernos en el mundo, que prefieren sacrificar a unos cuantos ciudadanos para salvar la hostelería”.

El dinero como razón de ser. Las pérdidas estimadas a causa del prolongado cierre son pantagruélicas en Madrid, “el 75% en comparación a los niveles de facturación anteriores a la pandemia”, según apuntó recientemente el director de la asociación Hostelería Madrid, Juan José Blardony. Y ya han cerrado 6.000 de las 30.000 empresas que había en la región. Esta es la razón principal que ha empujado a la patronal a defender que la mejor ayuda para cerrar la hemorragia financiera que padecen sería que el Gobierno central les concediera un porcentaje de la facturación mensual que tenían antes de la pandemia. Un sueño en medio del caos generalizado, a juicio de los economistas.

Pero Antonio Ruda aporta otra mirada para explicar la hecatombe económica que ha aflorado en la hostelería. “Los negocios y los empleos no sobreviven sólo por la ampliación del horario de cierre y las terrazas. Esta es una de las grandes falsificaciones que se están cometiendo en las circunstancias de emergencia sanitaria que tenemos. El verdadero salvador del empleo hostelero son los ERTES”, asegura. “Ya me gustaría que todos los que reclaman libertad de apertura también permitieran a sus trabajadores ejercer la libertad sindical en sus empresas, y que les respetaran su calendario laboral, y que no pagaran sus horas extraordinarias en ‘negro’, una de las causas que impide a muchos de ellos recibir los ERTES que les correspondería porque el empresario no ha cotizado”, denuncia.

 Ya han cerrado 6.000 de las 30.000 empresas que había en la región

Como ocurre con la mayoría de los delitos fiscales, no hay un cálculo preciso del volumen de dinero que los defraudadores escamotean a la hacienda pública. Hace unos años, el sindicato más representativo de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, fijó en 60.000 millones el fraude tributario que genera la economía sumergida en España, un 24,6% del PIB al que habría que añadir otros 30.000 millones de euros que no se pagan en cotizaciones sociales. Y el campo de funcionamiento idóneo de estas actividades informales se encuentra en el sector de los servicios, principalmente en la hostelería y el turismo, responsable del 3% del dinero que el Estado no ingresa. “Nadie quiere cerrar los bares y las tabernas pero yo como cliente quiero tener una seguridad a la hora del consumo. No ha habido colaboración por su parte en el esfuerzo social porque ha primado más el beneficio económico individual que las cifras de la pandemia”, concluye Antonio Ruda que ahora forma del colectivo “Parroquianos sin ira”, un grupo de usuarios habituales de los servicios hosteleros que sienten amenazada la condición ancestral del bar “como punto de encuentro y amistad”.

Por más que se revisen los datos, fríos como sierras, de esta dramática crisis, el ejecutivo de Ayuso no parece estar en la mejor disposición para proclamar que mejor que en Madrid no se vive en ningún lugar del mundo. Con el 15% de la población total del país, acumula el 19,2% de los casos positivos registrados, el más alto de España, mientras que el fetichismo por el libre mercado que la presidenta acostumbra a mostrar en público no ha hecho remontar el vuelo a una economía local que, si se cumplen las previsiones realizadas por el observatorio regional del BBVA, navegará este año por debajo del crecimiento medio nacional, 5,1% frente al 5,4%, y alejada de comunidades como Valencia, que ya ha destinado más de 340 millones en ayudas a la hostelería “fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas” que albergan un poco más de esperanza de llegar vivas al final de este drama. “La política no tiene que sobreactuar ni enredarse en broncas que emiten un mensaje negativo como país. Necesitamos unidad y búsqueda compartida para una salida común a esta inesperada tragedia”, apunta Francesc Colomer, secretario de turismo del Gobierno de la Comunidad valenciana.

La consejería madrileña de economía prefirió no meterse en camisa de once varas cuando esta revista preguntó a uno de sus portavoces hasta qué punto el adelanto electoral ha influido en el bloqueo que ha sufrido el plan de rescate para pymes y autónomos diseñado por el ex consejero de Ciudadanos Manuel Giménez –85 millones para restauración, hostelería, turismo y viajes– y en el estado de congelación en el que se hallan los 679 millones de euros del Gobierno central. “Hemos repartido ayudas por valor de 184 millones de euros desde el comienzo de la pandemia. No hemos estado con los brazos cruzados por la celebración de elecciones. Y respecto al real decreto del 13 de marzo, nosotros nos hemos ceñido a lo que dice esa orden pero los convenios con el ejecutivo se acaban de firmar ahora”, asegura el portavoz en conversación telefónica.

El departamento de Cultura y Turismo de la Comunidad se reafirma en que Madrid ha aprobado ayudas al sector mientras defiende una política que “ha permitido y facilitado” la actividad de profesionales y empresas “dentro del más estricto cumplimiento de las medidas de seguridad”. En la relación de subvenciones que facilitan sólo aparecen bonos turísticos, programas gastronómicos, conciertos y campañas promocionales destinadas a atraer al público. Solo el plan de avales y créditos de Avalmadrid hace referencia específica a la hostelería. Consiste en la convocatoria de 44 millones de euros en avales con líneas destinadas a préstamos rápidos de hasta 50.000 euros en plazos de 30 a 60 meses.

“Eso no son ayudas directas. Son garantías que aseguran de alguna manera las líneas de crédito de los bancos. Y aunque muchos no cierren, quedarán endeudados”, sostiene Félix, el tabernero, que lleva meses haciendo equilibrios sobre el alambre financiero para sostener su pequeño negocio. Y lo que más le escama: la presencia de Avalmadrid en un momento en que su reputación se tambalea a raíz de las sospechas por privilegiar a Isabel Díaz Ayuso en el proceso de embargo de un piso familiar en el barrio de Chamberí y, más recientemente, por el caso de la sociedad Sismédica S.L., la empresa que la presidenta ocultó a la Asamblea en su declaración de bienes, que mantiene una deuda tributaria con el Ayuntamiento y cuya investigación parlamentaria quedó abortada al convocar elecciones en ese reino de los dineros que empieza a ser la Comunidad de Madrid.