Quien ha tenido relación con una empresa en problemas sabe que en estos casos los verdaderos amos son los acreedores y no los socios. Digamos que una empresa se encuentra en esta situación cuando tiene que solicitar préstamos para poder cumplir con los plazos de otros créditos que había pedido anteriormente. De esta manera, la empresa entra en una espiral de deudas de la que es raro que los socios salgan con algún beneficio, pues todo se lo llevan los intereses. Cuando se llega a este punto, la supervivencia de la empresa depende de la voluntad del banco, puesto que su rechazo a refinanciar un préstamo provocaría la disolución de la compañía.

Este es el caso de los grandes grupos de comunicación españoles. El mayor de ellos, PRISA, acumuló una gran deuda con el Santander para financiar su expansión desde los años noventa hasta el 2008. Debido a que PRISA tiene graves problemas financieros, hace tiempo que el banco puede utilizar las cabeceras del grupo para promover sus intereses. 

Una prueba de ello es la portada de El País del 17 de mayo de 2020. El periódico llevaba en su edición del domingo una entrevista a Ana Patricia Botín. Era la primera de una serie de entrevistas titulada “Los empresarios frente a la crisis”. En estas charlas ocho próceres explicaron al pueblo cómo salir de la crisis provocada por la pandemia de covid-19. El texto era más bien un panegírico dedicado a Ana Botín y no una entrevista. A modo de ejemplo, el periodista comenzaba informando del éxito de la aplicación “Ask Ana”. A través de esta app, Ana Botín, cual sibila de Boadilla, respondía a las tribulaciones de sus 200.000 empleados. 

En el cálculo del riesgo, Basilea valora negativamente las hipotecas concedidas por más del 80% del valor de una vivienda

Sin embargo, la finalidad de la entrevista no era solo ensalzar la figura de la presidenta del Santander. Ana Botín tenía un objetivo concreto. La banquera utilizaba la portada de El País para introducir de manera pública una propuesta dirigida al Gobierno. La finalidad encubierta de esta propuesta es crear una nueva burbuja hipotecaria. 

Según el plan presentado por Botín, el Estado ayudaría a los jóvenes a comprar su primera vivienda. Lo haría mediante un programa público de ayuda al endeudamiento, que sería financiado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Ana Botín decía: “En ese programa, el comprador pagaría tan solo un 5% del valor de la casa y el banco le daría la hipoteca por el 95% con una garantía del ICO del 20%.”

¿Por qué Ana Botín presiona al gobierno para que avale el 20% de las hipotecas?

El motivo tiene que ver con las restricciones para la concesión de hipotecas. El Banco Internacional de Pagos de Basilea se suele considerar como el banco central de los bancos centrales. Este fija la normativa bancaria en todo el mundo. Basilea identificó la concesión masiva de hipotecas como la causa del colapso financiero del año 2008, puesto que habían surgido burbujas hipotecarias que habían provocado un endeudamiento insoportable en muchos países. Entre ellos, España. 

Desde entonces, Basilea exige que los bancos tengan una solvencia mínima con la que puedan superar los malos tiempos. Este mínimo se calcula en función del riesgo asumido por el banco. En el cálculo del riesgo, Basilea valora negativamente las hipotecas concedidas por más del 80% del valor de una vivienda. Dado que los bancos españoles tienen dificultades para cumplir con los requisitos de solvencia, es muy raro que concedan hipotecas por más de ese 80%.

Este es el motivo por el que los bancos exigen el pago de una entrada del 20% del valor del piso para conceder un préstamo. De este modo, para acceder a una hipoteca por un piso de 200.000 euros, hay que tener ahorrados 40.000 euros para la entrada. A esta cantidad habría que añadir los impuestos y los gastos aparejados a la compra.

Así, solo puede comprar un piso quien pueda ahorrar una parte sustancial de su salario o quien haya heredado lo suficiente. Obviamente, esto deja fuera del acceso a la propiedad a buena parte de la población. Sin embargo, la propuesta de Botín permitiría que fuese suficiente con una entrada del 5% del valor de la vivienda para acceder a una hipoteca. Siguiendo con el ejemplo del piso anterior, bastaría con unos ahorros de 10.000 euros para hipotecarse por un piso valorado en 200.000. De esta manera, el acceso a las hipotecas –y a la propiedad– estaría abierto a la mayor parte de la población.

Por otro lado, vivir de alquiler es la situación en la que se encuentra la mayor parte de las personas jóvenes que no han heredado lo suficiente. Debido a la precariedad laboral y al precio de los alquileres, pocos pueden ahorrar tanto como para pagar la entrada de la hipoteca. Así, la inmensa mayoría de los jóvenes de clase obrera ha quedado expuesta a los alquileres excesivos. Esto se produce en un mercado inmobiliario descontrolado, que está formado por una multitud de caseros particulares y fondos oportunistas de origen estadounidense.

El derecho a tu primera hipoteca

Bajo la retórica de la protección de la juventud y de la familia, algunos gobiernos han implantado la medida que Ana Botín propone para España. Es el caso de los conservadores del Reino Unido y de los liberales canadienses. 

Los conservadores británicos ensalzan la figura del first-time buyer, es decir, el comprador de su primera vivienda. Lo promueven como símbolo del apoyo del gobierno de Boris Johnson a la juventud y a la familia. A través de este programa público, los compradores de una vivienda reciben un aval público del 20% de su valor, mientras el banco les presta el 80% restante mediante una hipoteca. Eso sí, en caso de que el first-time buyer no pueda cumplir con los plazos de la hipoteca, tendrá que devolver sus deudas al banco y al Estado. Llegado el caso no dudarán en desahuciar a los héroes caídos.

En realidad, lo que subyace bajo esta retórica es un intento deliberado de crear confusión entre el derecho a la vivienda, un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el derecho a la hipoteca, que no lo es. De esta manera, la banca, en connivencia con el gobierno, ha logrado sortear las normativas de Basilea. En particular, aquellas que exigen prudencia a la hora de prestar el dinero y que también tratan de evitar la irrupción de burbujas hipotecarias.

¿Qué consecuencias han tenido estas medidas?

La deuda doméstica es la suma de las deudas de todas las personas que viven en un mismo hogar. A nivel nacional esta deuda está compuesta por créditos al consumo y, sobre todo, por hipotecas. En el año 2009 la deuda de los hogares sumaba el 85% del PIB en España; el 117% en Irlanda, y el 97% en Estados Unidos. Hoy en día la deuda ha descendido hasta el 57% en España; al 38% en Irlanda y al 75% del PIB en Estados Unidos. Se trata de una de las mejores noticias económicas que nos ha dejado la última década y se debe a las restricciones a la concesión de hipotecas impuestas por Basilea. 

Sin embargo, los niveles de endeudamiento doméstico se han mantenido e incluso han crecido durante la última década en algunos países. Este es el caso de los países que sortearon la normativa de Basilea mediante avales públicos para las hipotecas. Desde que el gobierno conservador del Reino Unido implantó estas ayudas para la compra en el año 2013, la deuda de los hogares británicos se ha mantenido en torno al 85% del PIB. En Canadá, donde el Estado también avala la entrada de las hipotecas, la deuda se ha incrementado. Ha pasado del 81% del PIB en el año 2008 hasta el 101% actual, uno de los niveles de deuda doméstica más altos del mundo.

¿Cuáles han sido las consecuencias para el acceso a la vivienda?

El Reino Unido se encuentra inmerso en una burbuja inmobiliaria. Una burbuja que ni siquiera la covid-19 ha podido parar, ya que el gobierno ha concedido multitud de ayudas fiscales para la compra de viviendas durante la pandemia. La espiral de precios ha llegado hasta las zonas rurales. En ellas el precio de la vivienda ha subido un 14% en el último año. Esto recuerda a los tiempos más alocados de la burbuja española. En aquellos años, mucha gente tuvo que alejarse decenas de kilómetros de los centros de trabajo urbanos por la carestía de la vivienda. 

Las consecuencias de las políticas basadas en el acceso a la propiedad mediante el endeudamiento son catastróficas para el acceso a la vivienda. En el año 2013, el Reino Unido implantó las ayudas públicas para los first-time buyers. Entonces el precio medio de una vivienda era de 160.000 libras (186.000 euros) y ahora es de 242.000 libras (281.000 euros).

Los grandes beneficiados de esta política son los bancos. Estos han logrado aprovecharse de un modelo de vivienda basado en la deuda y en la propiedad. Los grandes damnificados son quienes quieren hipotecarse sin tener ahorros, puesto que se verán atados a una enorme deuda durante décadas. 

Las consecuencias de esta política basada en el endeudamiento se vieron con nitidez durante 2008. Esta crisis se llevó por delante a entidades como Caja Madrid, que tenía más de trescientos años de antigüedad. La explosión de la burbuja hipotecaria dejó una gran crisis económica y social. Su aspecto más sangrante fueron los centenares de miles de desahucios hipotecarios que tuvieron lugar en España.

Involucrar al Estado en la concesión de hipotecas privadas es una temeridad teniendo en cuenta lo que sucedió hace unos años. Pero un banco vive de sus endeudados. Qué duda cabe de que Ana Botín querría de nuevo una generación endeudada, cueste lo que cueste. Para ello, la banca no duda en utilizar todos los recursos a su disposición. 

Uno de ellos es su capacidad de influencia en la política a través del poder mediático. Durante la campaña electoral del año 2019, Pablo Casado proponía utilizar al Estado para fomentar la deuda hipotecaria. Esta propuesta que sigue vigente era calcada a la que proponía Botín y que ha implantado Boris Johnson. Aunque estas políticas sean temerarias para la economía y conculquen el derecho a la vivienda, los políticos que las promueven reciben el apoyo de los poderes mediáticos controlados por la banca.

Las medidas de apoyo al endeudamiento son ayudas para la banca, aunque estén encubiertas como si fueran ayudas para los jóvenes y las familias. Si un gobierno quisiera de verdad apoyar a la juventud, aprobaría medidas de vivienda similares a las de otros países como Austria. El 62% de los vieneses residen en viviendas de alquiler social y la deuda de los hogares austriacos nunca ha superado al 55% del PIB. Francia aprobó en el año 2012 que el 25% de las viviendas tenían que ser de alquiler social en 2025, mientras se mantenían controles rigurosos para la concesión de hipotecas. No es casualidad que Francia tenga la natalidad más alta de Europa y que el siguiente país sea Suecia, una nación caracterizada por su estado social.

Vender las hipotecas con alto riesgo de impago como medidas de apoyo a la juventud y la familia es un embuste. Para apoyar a la familia y a la juventud se debe proteger el derecho a la vivienda. Defender la existencia de un derecho a la hipoteca es una ilusión cuyas consecuencias son catastróficas, tal y como experimentamos en España hace unos años. Las viviendas públicas en alquiler social y las medidas destinadas a la regulación de los alquileres son los medios más efectivos para garantizar el acceso a una vivienda estable para todos.

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Este artículo se ha podido realizar gracias al apoyo de la Rosa Luxemburg Stiftung y de The Shift, The global movement to secure the human right to housing.