Estos días, cualquiera que se interese por el tema de las migraciones asiste con cierta estupefacción al despliegue de medios para el transporte y la acogida de afganos que huyen del poder talibán justo a la vez que se intenta deportar con nocturnidad a los menores no acompañados acogidos en Ceuta. Ya se sabe que en materia de inmigración es difícil ser coherente. Más fácil debería ser, por lo menos, cumplir la ley. Pero parece que tampoco eso. El Gobierno aprovecha el foco mediático sobre ciertos conflictos para hacer gestos humanitarios pero mantiene políticas inhumanas.

Lo de los gestos ya pasó antes. Se acogió con bombo, platillo, fanfarrias y despliegue de ministros a los rescatados por el buque Aquarius, a la vez que se dificultaban los rescates y se hacinaban en Canarias de mala manera a las familias que sobreviven al viaje en cayuco desde África.

Vuelve a suceder ahora. Se envían ministras a abrazar emocionadas a las afganas que escapan del terror y a cámaras que lo recojan convenientemente. A unos pocos afganos afortunados se les ofrece una vía segura hasta nuestro país y un plan razonable de integración. Es un gesto valioso, pero incompatible con que esos mismos días se inicie la deportación ilegal de centenares de menores no acompañados, que están bajo la tutela del Estado español.

El ministro Marlaska se está destapando como un auténtico peligro para los derechos humanos

El asunto es paradigmático porque enfrenta al Gobierno de izquierdas con sus mayores contradicciones. El ala socialista del Gobierno cree que es necesaria una realpolitik que implica mejorar las relaciones con Marruecos y tranquilizar a la población más conservadora de Ceuta y Melilla. Nada que objetar si se ejecuta respetando la ley y los derechos humanos de la población más vulnerable. Se puede ser realista y garantista, aunque parece que no es el caso.

Todo empezó con una orden del ministro de Interior ordenando enviar a Marruecos, de madrugada y sin ningún tipo de procedimiento administrativo a todos los menores no acompañados que llegaron a Ceuta en junio. El ministro Marlaska se está destapando como un auténtico peligro para los derechos humanos y su orden era claramente ilegal. Consciente, ante la amenaza de la Audiencia Nacional, escondió la mano negando la existencia misma de tal orden que, pese a los correos que demuestran lo contrario, pasó a llamarse recomendación. Ante las quejas de las asociaciones de defensa  de los derechos recurrió, una vez más, a la neolengua y pasó a llamar a las deportaciones “retornos asistidos”.

La legislación española y la internacional prohíben deportar a un menor sometido a la tutela del Estado

Ni el nuevo nombre, ni la alusión a un tratado con Marruecos cambian nada: la legislación española y la internacional prohíben deportar a un menor sometido a la tutela del Estado. Mucho más si se hace en grupo, prescindiendo de todo el procedimiento administrativo requerido, sin intervención de la fiscalía y sin permitirle siquiera alegar en contra. Es algo tan flagrantemente ilegal que incluso activistas por los derechos humanos que militan en el PSOE y ocupan puestos en el Parlamento protestaron por esta tropelía. No se entiende qué asesores jurídicos aconsejaron esta vía, pero parece que ninguno.

Para terminar el desaguisado, se ha querido pasar la responsabilidad al gobierno ceutí. Incluso así, una jueza ha parado el proceso y detenido las deportaciones que aún no han concluido. Frente a ello, el presidente del Gobierno ha salido a decir que siguen adelante. Tras reunirse con los responsables de la ciudad autónoma, ha declarado que se va a enviar a los menores a Marruecos por su propio interés. Una huida hacia adelante que sonroja a cualquier jurista y conmueve a cualquier ciudadano con alma.

Los menores merecen una especial protección jurídica por su vulnerabilidad, derivada de que son “personas en formación”. En el proceso de desarrollo de la personalidad deben estar especialmente protegidos. Así lo exigen la Constitución –en sus artículos 10 y 39– y los tratados internacionales firmados por España.

De hecho, la legislación española impone que en todos estos asuntos la prioridad sea siempre “el interés del menor”, que es la expresión utilizada por el presidente Sánchez. Pero este interés no puede ser determinado por los políticos en función de sus necesidades, sino que ha de ser apreciado para cada niño por la fiscalía y las autoridades responsables, a partir de sus circunstancias y necesidades personales. No cabe hablar genéricamente de un mismo interés de todos los menores no acompañados. Puede haber un menor que, en un impulso, se ha escapado de una familia acogedora que está deseando recuperarlo. Pero también puede haber otro que no tenga familia, o que la tenga en otro país o que esté sometido a maltratos o abusos. Devolver a estos niños en masa a Marruecos, sin un estudio personalizado de su situación y sin que intervengan los servicios sociales y la fiscalía para determinar qué es lo mejor para el libre desarrollo de la personalidad es un atentado contra los derechos humanos. No es proteger el interés de cada menor, sino el interés del Gobierno.

La superioridad moral de la izquierda no es un mito. Quien defiende un mundo en el que se respeten los derechos básicos, en el que los que nacen más fuertes no machaquen a los más débiles y en el que ninguna persona quede desprotegida (o sin sanidad o educación) se pone, sin duda, en una posición moral superior a la de quien defiende la ley de la selva.

Por eso el Gobierno de izquierda, cualquier gobierno que se considere mínimamente de progreso, tiene la obligación prioritaria de desarrollar políticas públicas que protejan al débil. Y también la de gobernar con el más estricto respeto a los derechos humanos.
Se agradecen los gestos que crean conciencia frente al drama de la inmigración, pero respetar los derechos de los niños no es algo opcional, sino una obligación que se está incumpliendo.

Si el Gobierno en el caso de Afganistán y en el del Aquarius ha demostrado que es posible, no solo una acogida digna a los refugiados, sino incluso garantizarles vías seguras, resulta desolador que inmediatamente después se olvide de todo ello y la emprenda contra los más débiles: los niños.

Un país en el que se intente anteponer el interés del Gobierno al interés de los menores en situación de riesgo no es un país respetable por muchas tiendas de campaña que monten en Torrejón. Y, desde luego, eso no es lo que sus votantes esperan de él. ¡Cumplan la ley, protejan a los menores desamparados y nos los deporten sin más!