Es evidente que el gobierno de coalición ya nació a la defensiva como resultado de una alianza entre fuerzas en declive cuya mayor fortaleza era la contraposición ante lo que tenían en frente.

Una política defensiva en sí misma no es negativa como posición táctica, en un determinado momento, que permita acumular fuerzas a partir de ir granjeando pequeñas victorias. El problema viene cuando esta se torna en estrategia aceptando el marco del adversario. Lo que pudiera ser reformismo se convierte en un lento languidecer. ¿Un ejemplo? Lo vivido estas semanas a partir de lo sucedido en la frontera de Ceuta.

La sucesión de acontecimientos es la siguiente: España atiende a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en una situación sanitaria grave, fruto de la covid-19; Marruecos, en respuesta, facilita el cruce de la frontera sur a miles de personas del otro lado del muro que aísla a Ceuta del resto del continente africano; lógicamente, estas personas aprovechan la ocasión y ejercen su legítimo derecho a desplazarse y salir de un país –como recoge el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos–; el Gobierno español moviliza al ejército para sellar la frontera y pone en marcha devoluciones sumarias en “caliente”, eufemismo que sirve para ocultar cómo se devuelve colectivamente sin garantizar los mínimos requisito legales que se exigen para tal procedimiento. A partir de aquí, los papeles ya están repartidos.

La derecha española nunca ha dudado en darse la mano con quien fuera necesario para doblegar a quienes considera mercancías para la explotación

El PSOE, baluarte del régimen del 78, tras hablar con el rey, activa la maquinaria militar y diplomática para “hacer valer la soberanía española en Ceuta y Melilla”, en palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Un eufemismo para asegurar el control sobre dos de las últimas colonias en el norte de África. En nombre de los derechos humanos, el ministro de Interior, Fernado Grande- Marlaska, pone en marcha una de las mayores deportaciones ejecutadas por el Estado español. Haciendo gala de ello, expulsa sin cumplir los mínimos requisitos legales, como han denunciado por ejemplo el colegio de abogados de Ceuta y numerosas ONG, a más de 4.000 personas en menos de 24 horas. Además de otorgarle un suculento regalo de 30 millones de euros al Gobierno marroquí para que siga haciendo lo que se pide de él: actuar de portero matón en la frontera sur.

La derecha española hace lo que siempre ha hecho, nunca ha dudado en darse la mano con quien fuera necesario para doblegar a quienes considera mercancías para la explotación. La clase trabajadora como un mero engranaje más de la cadena productiva y reproductiva al servicio del capitalismo. La burguesía española no tuvo problema en apoyarse en el ejército de la Italia fascista de Mussolini y los batallones de Hitler en la Guerra Civil, al igual que estos días no ha dudado en apoyarse en la monarquía marroquí para mantener un régimen fronterizo que rechaza a las personas como sujetos de derechos y que las concibe exclusivamente como cuerpos explotables con obligaciones.

Hasta aquí todo en orden, esperar una actuación diferente de quienes durante años han levantado concertinas, muros, vallas y CIEs sería, sencillamente, una ilusión. La sorpresa, una vez más, nos la ofrece la izquierda progresista –representada por Unidas Podemos en el Gobierno y por una variopinta red de opinadores en los medios– que no ha dudado ni un segundo en sumarse a las “exigencias a Marruecos para que cumpla sus compromisos con España en la frontera” y en las llamadas a defender la soberanía nacional. Estos compromisos consisten en décadas de control militar y policial de una de las fronteras con la diferencia de renta más grande del mundo. Se reclama así al Gobierno marroquí que continúe reprimiendo y violando diariamente los derechos humanos de la población migrante. De no llevarse a cabo, se plantea la posibilidad de sanciones comerciales y económicas contra el régimen marroquí. No importa que la monarquía de Mohamed VI mantenga una férrea dictadura sobre la población, en la que las elecciones democráticas libres, la libertad de asociación, expresión o la libertad de prensa brillan por su ausencia; el problema es que no cumpla su papel como policía de fronteras. No existe un control migratorio “suave o de bajo calibre”, como intentaba justificar la ministra de Asuntos Sociales y futura secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Se deporta en masa, se mantienen los CIEs abiertos, se manda al ejército y a la policía a disparar gases de humo o no se hace. Y en este caso, una vez más, se ha hecho. 

En paralelo, defender la soberanía nacional se convierte en una prioridad, como no dudó en asegurar el PCE desde su cuenta de Twitter: “España debe defender su soberanía”. 

Defender la soberanía nacional implica que alguien la está agrediendo, en este caso, quienes el Ejército español tenía enfrente: personas a nado solo con la ropa que llevaban puesta –menores en una parte importante–. Ante ello, la respuesta consecuente fue apoyar el despliegue militar, reconociendo a la otra parte como potencialmente peligrosa y totalmente títere de quien les envía. Una justificación que gobiernos como el de Grecia llevan años empleando ante la llegada de las personas refugiadas de Oriente Medio “utilizadas por el gobierno turco para islamizar Grecia”. Sujetos sin voluntad y sin ninguna autonomía, lo que facilita su deshumanización. ¿Qué hubiera hecho este ejecutivo si la excusa del régimen marroquí no estuviera disponible? ¿Se hubiera respetado el libre derecho de circulación de las personas migrantes si Marruecos contara con un régimen plenamente democrático?

El nativismo que intenta imponer la extrema derecha defiende la idea de que son las poblaciones autóctonas, nativas, las únicas que cuentan con derechos

Sobra decir que lo esperable de cualquier fuerza progresista hubiera sido, desde el inicio de la legislatura, defender el legítimo derecho de cualquier persona a migrar, independientemente del motivo que le lleve a ello. Y como primer paso, asegurar un amplio dispositivo humanitario y permanente para atender a estas personas. Y como medida urgente ineludible, tumbar el entramado de políticas que legalizan la existencia de un dispositivo deportador y de control de fronteras por encima de la vida de las personas. En definitiva,  poner en marcha una política de fronteras abiertas que asegure pasos seguros que eviten la catástrofe humanitaria, social y política que vemos cada día. El objetivo del sistema fronterizo no es evitar el cruce de la población migrante, sino que lo hagan con derechos: estos se quedan en la valla. 

Una política de fronteras abiertas, no solo como una garantía de principios, cosa que no es menor, sino también como vía para tomar una posición de fuerza con la que romper el estrecho marco que los movimientos reaccionarios imponen a uno y otro lado de la frontera, y que no es otro que excluir sistemáticamente a un sector de la población del acceso a unos recursos que consideran limitados. Se trata de una tarea central: enfrentarse a la idea de que los recursos son limitados y, en consecuencia, al reparto de los mismos. Afrontar de pleno cómo y quién genera dichos recursos y riqueza, quién tiene acceso a los mismos y quién queda excluido.

El nativismo que intenta imponer la extrema derecha defiende la idea de que son las poblaciones autóctonas, nativas, las únicas que cuentan con derechos para acceder a los recursos que, se supone, sostienen el Estado de bienestar y conforman las sociedades europeas: recursos básicos públicos y empleo de calidad. Recursos que, como bien sabemos, no se generan mágicamente por la iniciativa de ningún empresario, sino por el esfuerzo diario de millones de trabajadores y trabajadoras, muchas de ellas migrantes. 

Se ha perdido la ocasión de poner sobre la mesa la ocupación del Sáhara Occidental y la estrecha connivencia entre la monarquía alauí y los empresarios marroquíes y españoles

En Ceuta, se ha perdido la ocasión de poner sobre la mesa los dos elementos centrales que subyacen en esta situación concreta: la ocupación del Sáhara Occidental por parte del gobierno marroquí y la estrecha connivencia entre la monarquía alauí y la clase empresarial marroquí y española, con el beneplácito del Estado español. La muerte de 28 trabajadores en un taller clandestino en Tánger, las miles de trabajadoras que son trasladas desde Marruecos a la península para trabajar en la industria agrícola y los años de expolio de las grandes compañías en el continente africano son las aristas de un mismo prisma. En estos momentos, empresarios españoles del campo siguen aprovechándose del trabajo semiesclavo de miles de jornaleras marroquíes y jornaleros subsaharianos para llenarse los bolsillos a costa de condiciones laborales de miseria –aprovechan además para enfrentarlos a los trabajadores locales–. 

Una política de un gobierno de izquierdas con vocación de construir un bloque social que permita salir de esta posición defensiva en la que nos encontramos saldría a denunciar estas situaciones, fomentaría el desarrollo –con fondos y recursos públicos– de organizaciones sindicales que ya defienden –desde la lucha y los conflictos concretos– alianzas estables entre trabajadoras, vengan de donde vengan, y comenzaría en paralelo un extenso plan de regularización. Rompería así la dualidad legal/ilegal que permite a la clase empresarial explotar a unos sin ningún control y precarizar a otros en un brutal régimen de competitividad. Como bien apuntara Marx, en una nota a propósito de la posición de poder de la burguesía británica ante los obreros irlandeses en Inglaterra: “Sabe que en esta escisión del proletariado reside el auténtico secreto del mantenimiento de su poderío”. Pensar y construir hoy una política internacionalista pasa por apoyar las legítimas luchas de emancipación de los pueblos y las clases populares marroquíes.

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Víctor de la Fuente es militante de Anticapitalistas.